Sudáfrica 1996 (rev. 2012)

1. REPÚBLICA DE SUDÁFRICA

2. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

3. CIUDADANÍA

1. Hay una ciudadanía Sudafricana común.
2. Todos los ciudadanos están:
   1. igualmente investidos de los derechos, privilegios y beneficios de la ciudadanía.
   2. igualmente sujetos a las obligaciones y responsabilidades de la ciudadanía.
3. Requisitos para nacionalización, Condiciones para revocar la ciudadanía, Requisitos para obtener nacionalidad por nacimiento
   La legislación nacional debe regular la adquisición, pérdida y recuperación de la ciudadanía.

4. HIMNO NACIONAL

5. BANDERA NACIONAL

6. IDIOMAS

1. Los idiomas oficiales de la República son: Sepedi, Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, Ingles, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu.
2. Protección del uso del idioma
   Reconociendo el uso y status históricamente decreciente de las lenguas indígenas de nuestro pueblo, el Estado debe tomar medidas prácticas y positivas para elevar el estatus y propiciar el uso de estas lenguas.

3

1. Idiomas oficiales o nacionales
   El gobierno nacional y los gobiernos provinciales pueden usar cualquier idioma oficial concreto para los propósitos de gobierno, teniendo en cuenta el uso, factibilidad, gasto, circunstancias regionales y el balance de las necesidades y preferencias de la población como un todo o en la provincia afectada; pero el gobierno nacional y cada gobierno provincial deben usar al menos dos idiomas oficiales.
2. Idiomas oficiales o nacionales
   Las municipalidades deben tener en cuenta el uso del idioma y las preferencias de sus residentes.
3. Idiomas oficiales o nacionales
   El gobierno nacional y los gobiernos provinciales, mediante legislación y otras medidas, deben regular y controlar el uso de sus lenguas oficiales. Sin detrimento de las previsiones de la subsección (2), todas las lenguas oficiales deben gozar de la misma estima y deben ser tratadas equitativamente.
4. Protección del uso del idioma
   Una junta Pan-Sudafricana establecida por la legislación nacional debe:
   1. Promover y crear las condiciones para el desarrollo y uso de:
      1. todos los idiomas ,oficiales;
      2. los lenguajes de Khoi, Nama, y San; y
      3. el lenguaje mediante signos; y
   2. Promover y asegurar el respeto por:
      1. todos los lenguajes comúnmente usados por comunidades en Sudáfrica, incluyendo el Alemán, el Griego, Gujarati, Hindi, Portugués, Tamil, Telegu y Urdu; y
      2. Árabe, Hebreo, Sánscrito y otras lenguas usadas con propósitos religiosos en Sudáfrica.

7. DERECHOS

1. Dignidad humana
   Esta declaración de derechos es una piedra angular de la democracia en Sudáfrica. Encierra los derechos de todas las personas en nuestro país y afirma los valores democráticos de la dignidad humana, la igualdad y la libertad.
2. El Estado debe respetar, proteger, promover y satisfacer los derechos de la declaración de derechos.
3. Los derechos de esta declaración están sujetos a las limitaciones contenidas o referidas en la sección 36, o en cualquier otro lugar de esta declaración.

8. APLICACIÓN

1. La Declaración de derechos se aplica a toda Ley, y obliga al legislativo, al ejecutivo y al judicial y a todos los órganos del Estado.
2. Una disposición de la declaración de derechos vincula a una persona física o jurídica en el caso, y en la medida, que le sea aplicable, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho y la naturaleza de cualquier obligación impuesta por el derecho.
3. Cuando se aplique una previsión de la declaración de derechos a una persona física o jurídica en los términos de la subsección (2), un tribunal:
   1. en orden a dar efecto a un derechos de la declaración, debe aplicar, y si es necesario desarrollar, la Ley común en la medida que la legislación no de efecto a ese derecho; y
   2. puede desarrollar normas de derechos común para limitar el derecho, a condición de que la limitación esté de acuerdo con la sección 36.1.
4. Una persona jurídica es titular de los derechos de la declaración de derechos en la medida requerida por la naturaleza de los derechos y la naturaleza de esa persona jurídica.

9. IGUALDAD

1. Garantía general de igualdad
   Toda persona es igual ante la Ley y tiene el derecho a igual protección y beneficio de la Ley.
2. Garantía general de igualdad
   La igualdad incluye el completo e igual disfrute de todos los derechos y libertades. Para promover la realización de la igualdad, pueden ser proyectadas legislación y otras medidas dirigidas a proteger o promocionar a personas, o categorías de personas, marginadas por injusta discriminación.
3. Igualdad sin distinción de género, Igualdad sin distinción de origen familiar, Igualdad sin distinción de color de piel, Igualdad sin distinción de fe o creencias, Igualdad sin distinción de idioma, Igualdad sin distinción de raza, Igualdad sin distinción de orientación sexual, Igualdad sin distinción de religión, Igualdad de personas con discapacidades, Igualdad sin distinción de edad, Igualdad sin distinción de estatus social
   El Estado no puede discriminar injustamente a una persona, directa o indirectamente, por una o más causas, incluyendo la raza, género, sexo, embarazo, estado matrimonial, origen étnico o social, color, orientación sexual, edad, invalidez, religión, conciencia, creencia, cultura, lengua y nacimiento.
4. Ninguna persona puede discriminar injustamente a otra persona, directa o indirectamente, por una o más causas en los términos de la subsección (3) Debe ser establecida legislación para impedir o prohibir la discriminación injusta.
5. La discriminación por una o más causas indicadas en la subsección (3) es injusta salvo que se establezca que la discriminación es justa.

10. DIGNIDAD HUMANA

11. VIDA

12. LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LA PERSONA

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad de la persona, que incluye el derecho:
   1. Protección contra detención arbitraria
      a no ser privado de libertad arbitrariamente o sin causa justa;
   2. Protección contra detención arbitraria
      a no ser detenido sin vista en una causa;
   3. a estar libre de todo tipo de violencia ya de procedencia pública o privada;
   4. Prohibición de la tortura
      a no ser torturado en forma alguna; Y
   5. Prohibición de tratos crueles
      a no ser tratado o castigado en forma cruel, inhumana o degradante.
2. Toda persona tiene derecho a su integridad física y psicológica, que incluye el derecho:
   1. Derecho a formar una familia
      a tomar decisiones acerca de la reproducción;
   2. a tener seguridad y control sobre su propio cuerpo; Y
   3. Referencias a la ciencia
      a no estar sujeto a experimento médico o científico sin su informado consentimiento.

13. ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE Y TRABAJOS FORZADOS

14. INTIMIDAD

15. LIBERTAD DE RELIGIÓN, CREENCIA Y OPINIÓN

1. Libertad religiosa, Libertad de opinión/pensamiento/consciencia
   Toda persona tiene el derecho a la libertad de conciencia, religión, pensamiento, creencia, y opinión.
2. Las prácticas religiosas pueden ser realizadas en las instituciones del Estado o ayudadas por el Estado, supuesto que:
   1. esas prácticas sigan normas hechas por las autoridades públicas apropiadas;
   2. sean conducidas sobre una base equitativa; y
   3. la asistencia a ellas sea libre y voluntaria.

16. LIBERTAD DE EXPRESIÓN

1. Libertad de expresión
   Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que incluye:
   1. Libertad de prensa
      la libertad de prensa y de los otros medios;
   2. la libertad para recibir o impartir información o ideas;
   3. Referencia al arte
      la libertad de creación artística; y
   4. Derecho a la libertad académica, Referencias a la ciencia
      la libertad académica y la libertad de investigación científica.
2. Libertad de expresión
   El derecho de la subsección (1) no se extiende a:
   1. la propaganda para la guerra;
   2. la incitación a la violencia inminente; o
   3. la defensa del odio que ese basada en raza, etnicidad, género o religión, y que constituya mediación para causar daño.

17. REUNIÓN, MANIFESTACIÓN, PIQUETE Y PETICIÓN

18. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

19. DERECHOS POLÍTICOS

1. Todo ciudadano es libre para hacer opciones políticas que incluye el derecho:
   1. Derecho a formar partidos políticos
      a formar un partido político.
   2. a participar en las actividades o reclutar miembros para un partido político; y
   3. a hacer campaña para un partido político o causa.
2. Todo ciudadano tiene el derecho a elecciones libres, justas y regulares para cualquier cuerpo legislativo establecido en los términos de la Constitución.
3. Todo ciudadano adulto tiene derecho:
   1. Voto secreto, Sufragio Universal
      a votar en las elecciones para cualquier cuerpo legislativo establecido en los términos de esta Constitución y a hacerlo en secreto; y
   2. a aspirar a un cargo público, y si fuese elegido, a ostentar el cargo.

20. CIUDADANÍA

21. LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y RESIDENCIA

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de movimiento.
2. Toda persona tiene derecho a abandonar la República.
3. Todo ciudadano tiene derecho a entrar, permanecer y residir en cualquier parte, en la República.
4. Todo ciudadano tiene derecho a un pasaporte.

22. LIBERTAD DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PROFESIÓN

23. RELACIONES DE TRABAJO

1. Toda persona tiene derecho a prácticas laborales justas.
2. Todo trabajador tiene derecho:
   1. Derecho de asociación a sindicatos
      a formar y a afiliarse a un sindicato;
   2. a participar en las actividades y programas de un sindicato; y
   3. Derecho a huelga
      a la huelga.
3. Todo empleador tiene derecho:
   1. a formar y a afiliarse a una organización de empleadores; y
   2. a participar en las actividades y programas de la organización de empleadores.
4. Todo sindicato y organización de empleadores tiene derecho:
   1. a decidir su propia administración, programas y actividades;
   2. a organizarse; y
   3. a formar y a afiliarse a una federación.
5. Todo sindicato, organización de empleadores y empleador tienen derecho a tomar parte en la negociación colectiva. Puede ser establecida legislación nacional para regular la negociación colectiva. En la medida que la legislación pueda limitar un derecho de este capítulo, la limitación debe cumplir con la sección 36 (1).
6. La legislación nacional puede reconocer las disposiciones de garantía sindical contenidas en convenios colectivos. En la medida que la legislación pueda limitar un derecho de este capítulo, la limitación debe cumplir con la sección 36 (1).

24. MEDIO AMBIENTE

25. PROPIEDAD

1. Derecho a contar con propiedad
   Nadie puede ser privado de sus bienes excepto en los términos de Derecho de aplicación general, y ninguna Ley puede permitir una privación arbitraria de la propiedad.
2. Protección contra la expropiación
   Los bienes pueden ser expropiados sólo en términos de Derecho de aplicación general:
   1. por un propósito público o en interés público; y
   2. bajo compensación, cuyo importe y el momento y forma de pago según acordados con los afectados o decididos o aprobados por un tribunal de justicia.
3. Protección contra la expropiación
   El importe de la compensación y el tiempo y la manera el pago deben ser justos y equitativos, reflejando un equipo equitativo entre e interés público y los intereses de esos afectados, teniendo en consideración todas las circunstancias relevantes, incluyendo.
   1. el uso habitual de los bienes;
   2. la historia de la adquisición y el uso de la propiedad;
   3. el valor de mercado de la propiedad;
   4. la extensión de la inversión directa del estado y la subvención en la adquisición y la mejora útil del capital de la propiedad, y
   5. el propósito de la expropiación.
4. Protección contra la expropiación
   Para los propósitos de esta sección:
   1. el interés público incluye el compromiso de la nación a la reforma de la tierra, y a las reformas para propiciar el acceso equitativo de todos los sudafricanos a los recursos naturales; y
   2. la propiedad no está limitada a la tierra.
5. El Estado debe adoptar una legislación razonable y otras medidas, con sus medios disponibles, para fomentar las condiciones que posibiliten el acceso a la tierra de los ciudadanos sobre bases equitativas.
6. Una persona o comunidad cuya tenencia de tierra sea legalmente insegura como resultado de leyes o prácticas pasadas, racialmente discriminatorias, tiene derecho, en la medida prevista por una Ley del Parlamento, ya para una tenencia segura o para una reparación equivalente.
7. Una persona o comunidad desposeída de bienes después del 19 de Junio de 1913 como resultado de leyes o prácticas pasadas racialmente discriminatorias tiene derecho, en la medida prevista por una Ley del Parlamento, ya para la restitución de esos bienes o para una reparación equivalente.
8. Ninguna disposición de esta sección puede impedir que el Estado adopte legislación y otras medidas para conseguir tierra, agua y la reforma requerida, en orden a la reparación de los resultados de la discriminación pasada, supuesto que cualquier separación de las previsiones de esta sección esté de acuerdo con las previsiones de la sección 36 (1).
9. El Parlamento debe establecer la legislación referida en la subsección (6).

26. VIVIENDA

1. Toda persona tiene derecho al acceso a una vivienda adecuada.
2. El Estado debe adoptar una legislación razonable y otras medidas, con sus medios disponibles, para conseguir la realización progresiva de este derecho.
3. Nadie puede ser desahuciado de su casa, o su casa puede ser demolida, sin una orden de un tribunal de justicia considerando todas las circunstancia relevantes. Ninguna legislación puede permitir desahucios arbitrarios.

27. CUIDADO DE LA SALUD, ALIMENTO, AGUA Y SEGURIDAD SOCIAL

1. Toda persona tiene derecho a acceder a:
   1. Derecho a la salud
      los servicios de cuidado de la salud, incluyendo cuidado de la salud procreadora;
   2. Derecho al agua
      suficiente alimento y agua; y
   3. seguridad social, incluyendo, si ellos fuesen incapaces para mantenerse a ellos mismos y a sus dependientes, apropiada asistencia social.
2. El Estado debe adoptar una legislación razonable y otras medidas, con sus medios disponibles, para la realización progresiva de cada uno de estos derechos.
3. Derecho a la salud
   A ninguna persona puede ser denegado tratamiento médico de urgencia.

28. MENORES DE EDAD

1. Derechos de los menores de edad
   Todo menor tiene el derecho:
   1. a un nombre y a una nacionalidad desde el nacimiento;
   2. Derechos o deberes de los padres
      al cuidado de la familia o paternal, o a un cuidador apropiado alternativo cuando sea removido del entorno familiar;
   3. a una alimentación básica, a refugio, a servicios de cuidado básico de la salud, y a servicios sociales;
   4. a ser protegido del maltrato, abandono, abuso o degradación;
   5. Límites relativos al empleo de menores de edad
      a ser protegido de prácticas laborales de explotación;
   6. Límites relativos al empleo de menores de edad
      a no ser requerido o tolerar que realice trabajo o preste servicios que:
      1. sea inapropiado para la persona de la edad de un menor; o
      2. ponga en peligro el bienestar, educación, la salud física o mental, o desarrollo espiritual, moral o social del menor;
   7. Privilegios para menores de edad en procesos criminales
      a no ser detenido excepto como una medida de último recurso, en cuyo caso, en adición a los derechos que un menor disfrute según las secciones 12 y 35, el menor puede ser detenido sólo por el más corto apropiado periodo de tiempo, y tiene el derecho a ser:
      1. mantenido separado de las personas mayores de 18 años; y
      2. tratado de manera, y mantenido en condiciones, que tengan en cuenta la edad del menor;
   8. a tener a un abogado en ejercicio a su servicio asignado al menor por el Estado, y por cuenta del Estado, en las actuaciones civiles que afecten al menor, si, de otro modo, pudiera resultar una injusticia sustancial; y
   9. a no ser utilizado directamente en conflictos armados, y a ser protegido en tiempos de conflicto armado.
2. Los mejores intereses de un menor son de suprema importancia en toda materia que afecte al menor.
3. En esta sección "menor" significa una persona con menos de 18 años de edad.

29. EDUCACIÓN

1. Toda persona tiene derecho:
   1. a una educación básica, incluyendo una educación adulta básica; y
   2. Acceso a la educación superior
      a una educación superior, que el Estado, a través de medidas razonables, debe hacer progresivamente disponible y accesible.
2. Educación gratuita
   Toda persona tiene derecho a recibir educación en la lengua oficial o lenguas oficiales de su elección en las instituciones educativas públicas donde esta educación sea razonablemente factible. En orden a asegurar el acceso efectivo y realización de este derecho, el Estado debe considerar todas las alternativas educativas, incluyendo instituciones
   1. equidad;
   2. factibilidad;
   3. la necesidad de reparación de los resultados de las prácticas y leyes pasadas racialmente discriminatorias.
3. Toda persona tiene el derecho a establecer y mantener, a su propio cargo, instituciones educativas independientes que:
   1. no discriminen por razón de raza;
   2. estén registradas por el Estado;
   3. mantengan niveles que no sean inferiores a los niveles de las instituciones educativas públicas
4. La subsección (3) no excluye los subsidios del Estado para las instituciones educativas independientes.

30. LENGUA Y CULTURA

31. COMUNIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y LINGÜÍSTICAS

1. No puede ser denegado el derecho la personas pertenecientes a una comunidad cultural, religiosa o lingüística, con otros miembros de la comunidad:
   1. a disfrutar de su cultura, practicar su religión y usar su lengua; y
   2. a formar, afiliarse y mantener asociaciones culturales, religiosas y lingüísticas y otros órganos de la sociedad civil.
2. Los derechos de la subsección (1) no pueden ser ejercitados de manera incompatible con cualquier previsión de la declaración de derechos.

32. ACCESO A IA INFORMACIÓN

1. Toda persona tiene derecho de acceso:
   1. Derecho a la información
      a cualquier información poseída por el Estado; y
   2. a cualquier información que sea guardada por otra persona y sea requerida para el ejercicio o protección de cualquier derecho.
2. Derecho a la información
   Debe ser establecida legislación nacional para dar efecto a este derecho, y pueden prevenirse medidas razonables para mitigar la carga administrativa y financiera del Estado.

33. ACCIÓN ADMINISTRATIVA JUSTA

1. Toda persona tiene derecho a que la acción administrativa sea legal razonable y procedimentalmente justa. '
2. Toda persona cuyos derechos hayan sido adversamente afectados por la actuación administrativa tiene derecho a que se le den razones por escrito
3. La legislación nacional debe ser establecida para dar efecto a estos derechos, y debe
   1. proveer por la revisión de la actuación administrativa por un tribunal de justicia, cuando se apropiado, por un tribunal independiente e imparcial;
   2. imponer la obligación sobre el Estado de dar efecto a los derechos de las subsecciones (1) y (2), y
   3. promover una administración eficiente.

34. ACCESO A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

35. PERSONAS ARRESTADAS, DETENIDAS Y ACUSADAS

1. Toda persona que sea arrestada por cometer una ofensa criminal tiene derecho:
   1. Protección contra la auto-incriminación
      a guardar silencio;
   2. a ser informada con prontitud:
      1. de su derecho a guardar silencio; y
      2. de las consecuencias de no permanecer en silencio
   3. a no ser obligado a hacer cualquier confesión o admisión que pudiese ser utilizada como evidencia contra esa persona;
   4. Protección contra detención arbitraria
      a ser llevada ante un tribunal de justicia tan pronto sea razonablemente posible, pero no más tarde de:
      1. cuarenta y ocho horas del arresto; o
      2. del fin del primer día hábil del tribunal de justicia después de la expiración de las cuarenta y ocho horas, si las cuarenta y ocho horas expiran fuera de las horas hábiles del tribunal o en un día que no sea un día hábil del tribunal;
   5. Protección contra detención arbitraria
      en la primera aparición ante el tribunal de justicia después de ser arrestada, a ser imputada o a ser informada de las razones para que la detención continúe, o a ser liberada; y
   6. a ser liberada de la detención si los intereses de la justicia lo permiten, con sujeción a condiciones razonables.
2. Toda persona que sea detenida, incluyendo todo prisionero condenado, tiene el derecho:
   1. a ser informada con prontitud de la razón para ser detenida
   2. Derecho a un abogado
      a escoger, y consultar con un abogado en ejercicio, y a ser informada de este derecho con prontitud;
   3. Derecho a un abogado
      a tener un profesional legal asignado a la persona detenida por el estado y a expensas del estado, si una injusticia sustancial se produjera, y a ser informado de este derecho de inmediato;
   4. Protección contra detención arbitraria
      a combatir la legalidad de la detención de la persona ante un tribunal de justicia y, si la detención es ilegal, a ser liberada;
   5. Dignidad humana
      a condiciones de detención que sean compatibles con la dignidad humana, incluyendo al menos el disfrute y provisión, a cargo del Estado, del alojamiento adecuado, alimentación, material de lectura y tratamiento médico; y
   6. a comunicar y ser visitado por:
      1. el cónyuge o pareja;
      2. parientes próximos;
      3. consejero religioso elegido;
      4. profesional de la medicina en ejercicio elegido.
3. Derecho a un juicio justo
   Toda persona acusada tiene derecho a un juicio justo, que incluye el derecho:
   1. a ser informada de los cargos con suficiente detalle para contestarlos;
   2. a tener un tiempo adecuado y medios para preparar la defensa;
   3. Derecho a juicios públicos
      a un juicio público ante un tribunal de justicia ordinario;
   4. Derecho a juicios expeditos
      a que su proceso comience y concluya sin una dilatación irrazonable;
   5. a estar presente cuando sea juzgada;
   6. Derecho a un abogado
      a escoger y estar representada por un abogado en ejercicio y a ser informada de este derecho con prontitud;
   7. Derecho a un abogado
      a que la persona acusada tenga asignado un abogado en ejercicio por el Estado y a cargo del Estado, si, de otro modo, resultase una injusticia sustancial, y a ser informada de este derecho con prontitud;
   8. Protección contra la auto-incriminación, Presunción de inocencia
      a ser presumida inocente, a guardar silencio, y a no declarar durante las actuaciones;
   9. Derecho a examinar evidencia/testigos
      a aportar y rebatir prueba;
   10. Protección contra la auto-incriminación
       a no ser compelida a dar prueba auto-incriminatoria;
   11. Derecho del acusado a ser juzgado en su idioma nativo
       a ser juzgada en un lenguaje que la persona acusada entienda, si esto no es posible, a que tenga las actuaciones traducidas a esa lengua;
   12. Protección frente a leyes ex post facto
       a no ser condenada por un acto u omisión que no fuese una infracción penal bajo una Ley nacional o internacional en el momento que fue cometido u omitido;
   13. Prohibición de juzgar dos veces por la misma causa
       a no ser enjuiciada por una infracción criminal respecto de un acto u omisión por la que esa persona haya sido previamente absuelta o condenada;
   14. a beneficiarse de la menos severa de las penas establecidas si la pena establecida para la infracción penal ha sido cambiada entre el momento en que la infracción fue cometida y el momento en que fue condenada; y
   15. Derecho a apelar decisiones judiciales
       a apelación ante, o revisión por, un tribunal superior.
4. Cuando esta sección exige que se dé información a una persona, esta información debe ser dada en un lenguaje que la persona entienda.
5. Regulación de recolección de evidencia
   La prueba obtenida de manera que viole esta declaración de derechos debe ser rechazada si la admisión de dicha prueba hiciera el juicio injusto o de otro modo fuese en detrimento de la administración de justicia

36. LIMITACIÓN DE DERECHOS

1. Dignidad humana
   Los derechos de la declaración de derechos pueden ser limita los en los términos de una Ley de aplicación general en la medida de que la limitación sea razonable y justificable en una sociedad demócrata abierta basada en la dignidad humana, la igualdad y libertad, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo:
   1. la naturaleza del derecho;
   2. la importancia del propósito de la limitación;
   3. la naturaleza y extensión de la limitación;
   4. la relación entre la limitación y su propósito;
   5. y los medios menos restrictivos para alcanzar el propósito.
2. Excepto como está previsto en la subsección (1) o en cualquier otra provisión de la Constitución, ninguna Ley puede limitar los derechos recogidos en la declaración de derechos.

37. ESTADOS DE EMERGENCIA

1. Sólo puede ser declarado un estado de emergencia en los términos de una Ley del Parlamento, y sólo cuando:
   1. la vida de la nación esté amenazada de guerra, invasión, insurrección general, desorden, desastre natural u otra emergencia pública; y
   2. la declaración sea necesaria para restaurar la paz y el orden.
2. Una declaración de un estado de emergencia, y una legislación establecida u otra acción tomada como consecuencia de esa declaración puede ser efectiva sólo:
   1. de futuro; y
   2. por no más de 21 días desde la fecha de la declaración, salvo que la Asamblea Nacional resuelva amparar la declaración. La Asamblea puede ampliar la declaración de un estado de emergencia por no más de tres meses de una vez. La primera ampliación de un estado de emergencia debe ser adoptada por una resolución con el voto de apoyo de una mayoría de miembros de la Asamblea. Cualquier subsiguiente ampliación debe ser adoptada por una resolución con el voto de apoyo de al menos el 60 por ciento de los miembros de la Asamblea. Una resolución en los términos de este parágrafo puede ser adoptada sólo siguiendo un debate.
3. Cualquier tribunal competente puede decidir sobre la validez de:
   1. una declaración de estado de emergencia;
   2. cualquier ampliación de la declaración de un estado de emergencia; o
   3. cualquier legislación establecida, u otra acción tomada, en consideración de un estado de emergencia.
4. Cualquier legislación establecida como consecuencia de un estado de emergencia sólo puede derogar la declaración de derechos en la extensión en que:
   1. la derogación sea estrictamente requerida por la emergencia; y
   2. la legislación:
      1. sea compatible con las obligaciones de la República bajo el derecho internacional aplicable a los estados de emergencia;
      2. se ajuste a la subsección (5); y
      3. sea publicada en la Gaceta del Gobierno tan pronto como sea posible después de ser legislada.
5. Ninguna Ley del Parlamento que autorice una declaración de un estado de emergencia, y ninguna Legislación establecida u otra acción tomada como consecuencia de una declaración, puede permitir o autorizar:
   1. indemnizar al Estado; o a cualquier persona, con respecto a un acto injusto;
   2. cualquier derogación de esta sección; o
   3. cualquier derogación de una sección mencionada en la columna 1 de la Tabla de Derechos No Derogables, en la medida indicada opuesta a esa sección en la columna 3 de la Tabla.

   Tabla de derechos no derogables

   Garantía general de igualdad

   Fila 1

   Columna 1. Número de sección

   9

   Columna 2. Título de sección

   Igualdad

   Columna 3. Extensión de protección

   Con respecto a discriminación injusta solamente sobre los fundamentos de raza, color, origen étnico, o social, sexo, religión, o lengua.

   Dignidad humana

   Fila 2

   Columna 1. Número de sección

   10

   Columna 2. Título de sección

   Dignidad humana

   Columna 3. Extensión de protección

   Enteramente

   Derecho a la vida

   Fila 3

   Columna 1. Número de sección

   11

   Columna 2. Título de sección

   Vida

   Columna 3. Extensión de protección

   Enteramente

   Fila 4

   Columna 1. Número de sección

   12

   Columna 2. Título de sección

   Libertad y seguridad personal

   Columna 3. Extensión de protección

   Con respecto a la subsección (1) (d) y (e) y (2) (c).

   Prohibición de la esclavitud

   Fila 5

   Columna 1. Número de sección

   13

   Columna 2. Título de sección

   Esclavitud, servidumbre y trabajos forzados

   Columna 3. Extensión de protección

   Con respecto a la esclavitud y servidumbre.

   Derechos de los menores de edad, Límites relativos al empleo de menores de edad

   Fila 6

   Columna 1. Número de sección

   28

   Columna 2. Título de sección

   Menores

   Columna 3. Extensión de protección

   Con respecto a:

   • la subsección (1) (d) y (e);

     los derechos de las subsecciones (i) y (ii) de la subsección (1) (g); y

     la subsección (1) (i) respecto de los menores de 15 años y más jóvenes.

   Regulación de recolección de evidencia, Derecho a examinar evidencia/testigos, Derecho del acusado a ser juzgado en su idioma nativo, Prohibición de juzgar dos veces por la misma causa, Derecho a apelar decisiones judiciales, Derecho a juicios públicos, Derecho a un abogado, Presunción de inocencia, Protección frente a leyes ex post facto, Protección contra detención arbitraria, Protección contra la auto-incriminación

   Fila 7

   Columna 1. Número de sección

   35

   Columna 2. Título de sección

   Personas arrestadas, detenidas y acusadas:

   Columna 3. Extensión de protección

   Con respecto a:

   • las subsecciones (1) (a), (b) Y (c) Y (2) (d);

     los derechos de los parágrafos (a) a (o) de la sub­ sección (3), excluyendo el parágrafo(d);

     la subsección (4); y

     la subsección (5) con respecto a la exclusión de la prueba si la admisión de la prueba hiciera el proceso injusto.

6. Cuando cualquier persona sea detenida sin vista de la causa como consecuencia de la derogación de derechos resultante de una declaración de un estado de emergencia, las siguientes condiciones deben ser observadas:
   1. Un miembro adulto de la familia o amigo de! detenido debe ser contactado tan pronto como sea razonablemente posible e informado de que la persona ha sido detenida.
   2. Registro público de prisiones
      Debe ser publicada una nota en la Gaceta del Gobierno nacional dentro de los cinco días de ser detenida la persona, indicando el nombre de la persona detenida y el lugar de la detención y refiriendo la medida de emergencia en cuya virtud haya sido detenida.
   3. Al detenido debe permitírsele escoger, y ser visitado en cualquier momento razonable, por un médico en ejercicio.
   4. Al detenido debe permitírsele escoger, y ser visitado en cualquier momento razonable, por un representante legal.
   5. Un tribunal debe revisar la detención tan pronto como sea razonablemente posible, pero no más tarde de 10 días después de la fecha en que la persona fue detenida, y el tribunal debe liberar al detenido salvo que sea necesario que la detención continúe para restaurar la paz y el orden.
   6. Un detenido que no sea liberado en los términos de la revisión de! parágrafo (e), o que no sea liberado en los términos de una revisión bajo este parágrafo, puede solicitar a un tribunal la revisión de la detención en cualquier tiempo después de haber pasado 10 días desde la anterior revisión, y el tribunal debe liberar al detenido salvo que todavía sea necesario que continúe la detención para restaurar la paz y el orden.
   7. Derecho a un abogado
      El detenido debe poder comparecer en persona ante cualquier tribunal que considere la detención, a ser representado por abogado en ejercicio en esas audiencias, y a hacer comparecencias en contra de una detención continuada.
   8. El Estado debe presentar razones escritas al tribunal para justificar la detención continuada del detenido, y debe dar copia de estas razones al detenido al menos dos días antes de que el tribunal revise la detención.
7. Si un tribunal libera a un detenido, esa persona no puede volver a ser detenida de nuevo con los mismos fundamentos salvo que el Estado acredite primero una buena razón de Derecho para volverla a detener.
8. Las subsecciones (6) Y (7) no se aplican a las personas que no sean ciudadanas sudafricanas y que sean detenidas como consecuencia de un conflicto internacional armado. En lugar, el estado debe cumplir con los valores que obliguen a la República en base a derecho Internacional humanitario con respecto a la detención de personas.

38. EJECUCIÓN DE LOS DERECHOS

39. INTERPRETACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS

1. Cuando interprete la declaración de derechos, un tribunal de justicia, tribunal o foro:
   1. Dignidad humana
      debe promover los valores que subyacen en una sociedad democrática basada en la dignidad, la igualdad y la libertad,
   2. Derecho internacional
      debe considerar el Derecho Internacional; y
   3. debe considerar el Derecho Extranjero.
2. Al interpretar cualquier legislación, y al desarrollar la ley común o el derecho consuetudinario, cada tribunal, tribunal o foro debe promover el espíritu, el significado y los objetos de la Carta de Derechos.
3. La Carta de Derechos no niega la existencia de otros derechos o libertades reconocidos o conferidos por el derecho consuetudinario, el derecho consuetudinario o la legislación, en la medida en que sean consistentes con el proyecto de ley.

40. GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

1. En la República, el gobierno está constituido según esferas de gobierno nacional, provincial y local, que son distintivas, interdependientes e interrelacionadas.
2. Todas las esferas de gobierno deben observar y adherirse a los principios de este capítulo y deben orientar sus actividades según los parámetros que este capítulo establece.

41. PRINCIPIOS DE GOBIERNO COOPERATIVO Y RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

1. Todas las esferas de gobierno y todos los órganos del Estado en cada esfera deben:
   1. preservar la paz, la unidad nacional y la indivisibilidad de la República;
   2. asegurar el bienestar de! pueblo de Sudáfrica;
   3. procurar un gobierno efectivo, transparente, responsable y coherente de la República como un todo;
   4. Deber de obedecer la constitución
      ser leal a la Constitución, a la República y a su pueblo;
   5. respetar el status constitucional, instituciones, poderes y funciones de gobierno en las otras esferas;
   6. no asumir ningún poder o función excepto las conferidas a ellos por esta Constitución;
   7. ejercitar sus poderes y realizar sus funciones de una manera que no invada la integridad geográfica, funcional o institucional del gobierno en otra esfera; y
   8. cooperar unos con otros en la confianza mutua y la buena fe para:
      1. fomentar relaciones amigables;
      2. asistirse y ayudarse uno a otro;
      3. informarse mutuamente y consultar sobre asuntos de interés común;
      4. coordinar sus acciones y legislación uno con otro;
      5. adherirse a procedimientos acordados;
      6. evitar procedimientos legales de uno contra otro
2. Una ley del Parlamento debe:
   1. establecer o proporcionar estructuras e instituciones para promover y facilitar las relaciones intergubernamentales; y
   2. Proveer mecanismos y procedimientos apropiados para facilitar la resolución de disputas intergubernamentales.
3. Un órgano de estado involucrado en una disputa intergubernamental debe hacer todos los esfuerzos razonables para resolver la disputa por medio de los mecanismos y procedimientos previstos para tal fin, y debe agotar todos los demás recursos antes de que se acerque a un tribunal para resolver la disputa.
4. Si un tribunal no está convencido de que se han cumplido los requisitos de la subsección (3), puede remitir una disputa a los órganos del estado involucrados.

42. COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO

1. Estructura de las cámaras legislativas
   El Parlamento se compone de:
   1. la Asamblea Nacional; y
   2. el Consejo Nacional de Provincias.
2. La Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de Provincias participan en el proceso legislativo en la forma prevista en la Constitución.
3. Selección del Jefe de Estado, Supervisión legislativa del ejecutivo, Selección del Jefe de Gobierno
   La Asamblea Nacional es elegida para representar al pueblo y para asegurar el gobierno del pueblo bajo la Constitución. Lo hace al elegir Presidente, al suministrar un foro nacional para la pública consideración de las cuestiones, al aprobar la legislación y examinar cuidadosamente y vigilar la acción del ejecutivo.
4. El Consejo Nacional de las Provincias representa a las provincias para asegurar que los intereses provinciales son tomados en consideración en la esfera nacional de gobierno. Lo hace principalmente al participar en el proceso legislativo nacional y al propiciar un foro nacional para la consideración pública de cuestiones que afecten a las provincias.
5. Periodos legislativos extraordinarios
   El Presidente puede convocar al Parlamento a una sesión extraordinaria en cualquier momento para conducir cualquier asunto especial
6. La sede del Parlamento es Ciudad del Cabo, pero una Ley del Parlamento, legislada de acuerdo con la sección 76 (1) y (5), puede determinar que la sede del Parlamento se establezca en cualquier otro lugar.

43. AUTORIDAD LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

44. AUTORIDAD LEGISLATIVA NACIONAL

1. La autoridad legislativa nacional como investida en el Parlamento:
   1. confiere a la Asamblea Nacional el poder:
      1. Procedimiento de reforma constitucional
         para enmendar la Constitución;
      2. Políticas reservadas para la primera cámara
         para aprobar legislación con relación a cualquier materia, incluyendo una materia en un área funcional enunciada en el Anexo 4; pero excluyendo, con sujeción a la subsección (2), una materia del área funcional enunciada en el Anexo 5; y
      3. para asignar cualquiera de sus poderes legislativos; excepto el poder de enmendar la Constitución, a cualquier cuerpo legislativo en otra esfera de gobierno; y
   2. confiere al Consejo Nacional de Provincias el poder:
      1. Procedimiento de reforma constitucional
         para participar en la enmienda de la Constitución de acuerdo con la sección 74;
      2. Políticas reservadas para la segunda cámara
         para aprobar, de acuerdo con la sección 76, legislación con referencia a cualquier materia del área funcional enunciada en el Anexo 4, y cualquier otra materia que la Constitución exija que se apruebe de acuerdo con la sección 76; y
      3. para considerar, de acuerdo con la sección 75, cualquier otra legislación aprobada por la Asamblea Nacional.
2. Políticas reservadas para la primera cámara, Políticas reservadas para la segunda cámara
   El Parlamento puede intervenir aprobando legislación, de acuerdo con la sección 76 (1), con relación a una materia enunciada en el Anexo 5, cuando sea necesario:
   1. para mantener la seguridad nacional;
   2. para mantener la unidad económica;
   3. para mantener los niveles nacionales esenciales;
   4. para establecer los niveles mínimos precisos para la prestación de servicios; o
   5. para prevenir la acción irrazonable tomada por una provincia que sea perjudicial para los intereses de otra provincia o para el país como un todo.
3. Políticas reservadas para la segunda cámara, Políticas reservadas para la primera cámara
   La legislación con respecto a una materia que sea razonablemente necesaria o incidental para el ejercicio en el Anexo 4 es, a todos los efectos, legislación en relación con una materia del Anexo 4.
4. Deber de obedecer la constitución
   Cuando ejercite su autoridad legislativa, el Parlamento está limitado sólo por la Constitución, y debe actuar de acuerdo con ella y dentro de los límites de la Constitución.

45. REGLAMENTO Y PROCEDIMIENTOS COMUNES Y COMITÉS CONJUNTOS

1. La Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de Provincias deben establecer un comité de normas comunes para hacer un reglamento y procedimientos que afecten a los asuntos comunes de la Asamblea y del Consejo, incluyendo un reglamento y procedimientos:
   1. para determinar procedimientos que faciliten el proceso legislativo, incluyendo el establecimiento del tiempo límite para completar cualquier fase en el proceso;
   2. para establecer comités conjuntos compuestos por representantes de ambas Asamblea y Consejo para considerar e informar los proyectos de Ley enunciados en las secciones 74 y 75 que sean remitidos a dicho comité:
   3. para establecer un comité conjunto para revisar la Constitución al menos anualmente; y
   4. para regular la actividad:
      1. del comité de normas comunes;
      2. del Comité de Mediación;
      3. del Comité de revisión constitucional; y
      4. de cualquier comité común establecido en los términos del parágrafo (b).
2. Inmunidad de legisladores
   Los miembros del gabinete, los miembros de la Asamblea Nacional y los delegados al Consejo Nacional de las Provincias tienen los mismos privilegios e inmunidades ante un comité conjunto de la Asamblea y el Consejo que tienen ante la Asamblea o el Consejo.

PARTE A. LA ASAMBLEA NACIONAL

PARTE B. EL CONSEJO NACIONAL DE PROVINCIAS

PARTE C. PROCESO LEGISLATIVO NACIONAL

83. EL PRESIDENTE

84. PODERES Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE

1. Facultades del jefe de gobierno, Facultades del jefe de estado
   El Presidente tiene los poderes confiados por la Constitución y la legislación, incluyendo aquellos necesarios para rechazar las funciones de Jefe del Estado y jefe del ejecutivo nacional.
2. Facultades del jefe de gobierno, Facultades del jefe de estado
   El Presidente es responsable de:
   1. prestar asentimiento y firmar los proyectos de ley;
   2. Constitucionalidad de legislación
      devolver un proyecto de ley a la Asamblea de la Nación para que reconsidere la constitucionalidad del proyecto de ley,
   3. Constitucionalidad de legislación
      remitir un proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que decida sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley,
   4. Periodos legislativos extraordinarios
      convocar a la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional de Provincias o el Parlamento a una sesión extraordinaria para realizar negocios especiales;
   5. hacer los nombramientos que la Constitución o la legislación requiera que haga el Presidente, que no sea como jefe del ejecutivo nacional;
   6. nombrando comisiones de investigación;
   7. Referéndum
      pidiendo un referéndum nacional en términos de una Ley del Parlamento;
   8. recibir y reconocer a representantes diplomáticos y consulares extranjeros;
   9. nombrando embajadores, plenipotenciarios y representantes diplomáticos y consulares;
   10. Facultad de indulto
       perdonar o suspender a los infractores y remitir cualquier multa, sanción o decomiso; y
   11. conferir honores.

85. AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA REPÚBLICA

1. Nombre/estructura del(os) ejecutivo(s)
   La autoridad ejecutiva de la República está f otorgada al Presidente.
2. Reconocimiento constitucional del gabinete/ministros, Facultades del gabinete, Facultades del jefe de estado, Facultades del jefe de gobierno
   El Presidente ejercita la autoridad ejecutiva, junta con los otros miembros del Gabinete, al:
   1. hacer efectiva la legislación nacional excepto cuando la Constitución o una Ley del Parlamento establezca otra cosa;
   2. desarrollar y realizar la política nacional;
   3. coordinar las funciones de las departamentos del Estado y las administraciones; y
   4. Inicio de legislación general
      preparar e iniciar la legislación; y
   5. ejercitar cualquier función ejecutiva prevista en la Constitución o en la legislación nacional.

86. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

1. Requisitos para ser Jefe de Gobierno, Selección del Jefe de Gobierno, Requisitos para ser Jefe de Estado, Selección del Jefe de Estado
   En la primera sesión tras su elección, y cuando sea necesario cubrir una vacante, la Asamblea Nacional debe elegir a una mujer o a un hombre de entre sus miembros para ser Presidente.
2. El Presidente del Tribunal Constitucional debe presidir la elección de Presidente, o designar a otro juez para hacerlo. El procedimiento expuesto en la parte A del Anexo 3 se aplica a la elección de Presidente.
3. Reemplazo del jefe de gobierno, Reemplazo del jefe de estado
   Una elección para cubrir una vacante de Presidente debe ser llevada a término en un momento y fecha determinados por el Presidente del Tribunal Constitucional, pero no más de 30 días después que la vacante se produzca.

87. TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE

88. MANDATO DEL PRESIDENTE

1. Duración del cargo de Jefe de Gobierno, Duración del cargo de Jefe de Estado
   El mandato del Presidente comienza con la toma de posesión y termina cuando se produce la vacante o cuando la siguiente persona elegida Presidente toma posesión del cargo.
2. Límites a los periodos de jefe de gobierno, Límites a los periodos del jefe de estado
   Ninguna persona puede ostentar el cargo de Presidente por más de dos mandatos, pero cuando una persona es elegida para cubrir una vacante en el cargo de Presidente, el período entre esa elección y la siguiente elección de Presidente no se considera un mandato.

89. REMOCIÓN DEL PRESIDENTE

1. La Asamblea Nacional, por resolución adoptada con el voto de apoyo de al menos dos tercios de sus miembros, puede remover al Presidente de su cargo sólo bajo las fundamentos de:
   1. una violación grave de la Constitución o de la Ley;
   2. una mala conducta grave; o
   3. incapacidad para realizar las funciones de su cargo.
2. Cualquiera que haya sido removido del cargo de Presidente en las términos de la subsección (1) (a) o (b) no puede recibir ningún beneficio de ese cargo, y no puede desempeñar ningún cargo público.

90. PRESIDENTE EN FUNCIONES

1. Cuando el Presidente esté ausente de la República o de otra manera esté imposibilitado para cumplir las obligaciones de Presidente, o durante la vacante en el cargo de Presidente, un titular de cargo actuará como Presidente en el orden que sigue:
   1. El Vicepresidente.
   2. Un Ministro designado por el Presidente.
   3. Un Ministro designado por los otros miembros de! Gabinete.
   4. El Presidente de la Asamblea, hasta que la Asamblea designe a uno de sus miembros.
2. Un Presidente en funciones tiene las responsabilidades, poderes y funciones de! Presidente.
3. Juramentos de obediencia a la constitución
   Antes de asumir las responsabilidades, poderes y funciones del Presidente, el Presidente en funciones debe jurar o afirmar fidelidad a la República y obediencia a la Constitución, de acuerdo con el Anexo 2.
4. Una persona que como Presidente interino ha jurado o afirmado su fidelidad a la República no necesita repetir el procedimiento de juramentación o afirmación para cualquier período subsiguiente como Presidente interino durante el período que finaliza cuando la persona que se elige Presidente asume el cargo.

91. GABINETE

1. Reconocimiento constitucional del gabinete/ministros
   El Gabinete se compone del Presidente, como Jefe del Gabinete, un Vicepresidente y Ministros.
2. Vicepresidente o Vice Primer Ministro, Selección del gabinete, Remoción del gabinete
   El Presidente designa al Vicepresidente y a los Ministros, asigna sus poderes y funciones, y puede cesarlos.
3. Requisitos de los miembros del gabinete
   El Presidente:
   1. Vicepresidente o Vice Primer Ministro
      debe seleccionar al Vicepresidente de entre los miembros de la Asamblea Nacional;
   2. Selección del gabinete
      debe seleccionar cualquier número de Ministros de entre los miembros de la Asamblea nacional;
   3. Selección del gabinete
      puede seleccionar no más de dos Ministros de fuera de la Asamblea.
4. El Presidente debe designar a un miembro del Gabinete para ser representante de la actividad del gobierno en la Asamblea Nacional.
5. Vicepresidente o Vice Primer Ministro
   El Vicepresidente debe ayudar al Presidente en la ejecución de las funciones de gobierno.

92. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES

1. Vicepresidente o Vice Primer Ministro
   El Vicepresidente y Ministros son responsables de los poderes y funciones del ejecutivo asignados a ellos por el Presidente.
2. Remoción del gabinete
   Los miembros del Gabinete son responsables colectiva e individualmente ante el Parlamento por el ejercicio de sus poderes y realización de sus funciones.
3. Los miembros del Gabinete deben:
   1. Deber de obedecer la constitución
      actuar de acuerdo con la Constitución; y
   2. Supervisión legislativa del ejecutivo
      facilitar al Parlamento informes completos y regulares referentes a las materias bajo su control.

93. VICEMINISTROS

1. El presidente puede nombrar:
   1. cualquier número de Viceministros de entre los miembros de la Asamblea Nacional; y
   2. no más de dos viceministros fuera de la Asamblea, para ayudar a los miembros del gabinete y pueden despedirlos.
2. Los viceministros nombrados en términos del inciso (1) (b) son responsables ante el Parlamento por el ejercicio de sus poderes y el desempeño de sus funciones.

94. CONTINUACIÓN DEL GABINETE TRAS LAS ELECCIONES

95. JURAMENTO O AFIRMACIÓN

96. CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DEL GABINETE Y VICEMINISTROS

1. Los miembros del Gabinete y Viceministros deben actuar de acuerdo con un código de ética prescrito por la legislación nacional.
2. Los miembros de! Gabinete y Viceministros no pueden:
   1. desarrollar cualquier otro trabajo retribuido;
   2. actuar de cualquier manera que sea incompatible con su cargo, o exponerse ellos mismos a cualquier situación que suponga el riesgo de crear un conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus intereses privados; o
   3. usar de su posición o de cualquier información confiada a ellos para enriquecerse o beneficiar a cualquier otra persona indebidamente.

97. TRASPASO DE FUNCIONES

98. ASIGNACIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES

99. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

100. INTERVENCIÓN NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

1. Facultades del jefe de gobierno, Facultades del jefe de estado, Facultades del gabinete
   Cuando una provincia no pueda o no satisfaga una obligación ejecutiva en los términos de la legislación o de la Constitución, el ejecutivo nacional puede intervenir para adoptar cualquier medida apropiada para asegurar el cumplimiento de esa obligación, incluyendo:
   1. la remisión de una directiva a un ejecutivo provincial, describiendo la extensión de su defecto en el cumplimiento de sus obligaciones y estableciendo cualesquiera medidas requeridas para cumplir sus obligaciones; y
   2. la asunción de la responsabilidad de la obligación correspondiente en esa provincia en la medida necesaria para:
      1. mantener los niveles nacionales esenciales o establecer los niveles mínimos en la prestación de un servicio;
      2. mantener la unidad económica;
      3. mantener la seguridad nacional;
      4. prevenir que la provincia ejercite una acción no razonable que sea perjudicial para los intereses de otra provincia o para el país como un todo.
2. Si el ejecutivo nacional interviene en una provincia en los términos de la subsección (1) (b):
   1. debe darse cuenta de la intervención en el Consejo Nacional de Provincias dentro de 14 días de su primera sesión después que la intervención comenzó; y
   2. la intervención debe finalizar si el Consejo desaprueba la intervención dentro de los 180 días posteriores a la intervención o al final de ese período no ha aprobado la intervención; y
   3. el Consejo debe revisar la intervención regularmente y hacer cualquier recomendación apropiada al ejecutivo nacional.
3. La legislación nacional puede regular el proceso establecido por esta sección.

101. DECISIONES DEL EJECUTIVO

1. Una decisión del Presidente debe ser por escrito si:
   1. es tomada en términos de legislación; o
   2. tiene consecuencias legales.
2. Una decisión escrita del Presidente debe ser refrendada por otro miembro del Gabinete si esa decisión afecta a una función asignada a ese otro miembro del Gabinete.
3. Proclamaciones, reglamentaciones y otros instrumentos de Legislación subordinada deben ser accesibles al público.
4. La legislación nacional debe especificar la manera en que, y la extensión en que, los instrumentos mencionados en la subsección (3) deben ser:
   1. presentados en el Parlamento; y
   2. aprobados por el Parlamento.

102. MOCIONES DE NO CONFIANZA

1. Remoción del gabinete
   Si la Asamblea Nacional, por votación apoyada por una mayoría de sus miembros, aprueba una moción de no confianza en el Gabinete excluyendo al Presidente, el Presidente debe reconstituir el Gabinete.
2. Remoción del jefe de estado, Remoción del gabinete, Remoción del jefe de gobierno
   Si la Asamblea Nacional, por votación apoyada por una mayoría de sus miembros, aprueba una moción de no confianza en el Presidente, el Presidente y los otros miembros del Gabinete y cualquier Vicepresidente deben dimitir.

103. PROVINCIAS

1. Tamaño de la segunda cámara, Unidad gubernamental subsidiaria
   La República tiene las siguientes provincias:
   1. Eastern Cape (Cabo del Este)
   2. Free State (Estado Libre)
   3. Gauteng
   4. KwaZulu-Natal
   5. Limpopo
   6. Mpumalanga
   7. Northern Cape (Cabo del Norte)
   8. North West (Noroeste)
   9. Western Cape (Cabo del Oeste)
2. Las áreas geográficas de las respectivas provincias comprenden la suma de las áreas geográficas indicadas reflejadas en los diversos mapas a los que se hace referencia en el Aviso que figura en el Anexo 1A.

PARTE A. ÓRGANOS LEGISLATIVOS PROVINCIALES

PARTE B. EJECUTIVOS PROVINCIALES

PARTE C. CONSTITUCIONES PROVINCIALES

PARTE D. CONFLICTO DE LEYES

151. ESTATUS DE LAS MUNICIPALIDADES

1. La esfera de gobierno local se compone de municipalidades, que deben ser establecidas en todo el territorio de la República.
2. La autoridad ejecutiva y legislativa de una municipalidad está otorgada a su Consejo Municipal.
3. Una municipalidad tiene el derecho de gobernar, bajo su propia iniciativa, los asuntos del gobierno local de su comunidad, conforme a la legislación nacional y provincial, según lo previsto en la Constitución.
4. El gobierno nacional o provincial no puede comprometer o impedir la capacidad o derecho de una municipalidad para ejercitar sus poderes o realizar sus funciones.

152. OBJETIVOS DEL GOBIERNO LOCAL

1. Los objetivos del gobierno local son:
   1. procurar un gobierno democrático y responsable para las comunidades locales;
   2. asegurar la provisión de servicios a las comunidades de una manera sostenible;
   3. promover el desarrollo social y económico;
   4. Protección del medio ambiente
      promover un medio ambiente seguro y saludable;
   5. fomentar la participación de las comunidades y de las organizaciones de la comunidad en las materias de gobierno local.
2. Una municipalidad debe esforzarse, dentro de su capacidad financiera y administrativa, en alcanzar los objetivos expuestos en la subsección (1).

153. OBLIGACIONES DE DESARROLLO DE LAS MUNICIPALIDADES

154. MUNICIPALIDADES EN GOBIERNO COOPERATIVO

1. Los gobiernos nacional y provinciales, mediante medidas legislativas Y otras, deben apoyar y potenciar la capacidad de las municipalidades para manejar sus propios asuntos, para ejercitar sus poderes y realizar sus funciones.
2. el diseño de una legislación nacional o provincial que afecte al status, instituciones, poderes o funciones del gobierno local debe ser publicado para comentario público antes que sea presentado en el Parlamento u órgano legislativo provincial, de manera que permita a los gobiernos locales organizados, municipalidades, y otras personas interesadas una oportunidad de plantear alegaciones respecto del borrador de legislación.

155. ESTABLECIMIENTO DE MUNICIPALIDADES

1. Gobierno municipal
   Existen las siguientes categorías de municipalidad:
   1. Categoría A: una municipalidad que tiene autoridad municipal ejecutiva y legislativa exclusiva en su área.
   2. Categoría B: Una municipalidad que comparte la autoridad municipal ejecutiva y legislativa con una municipalidad de categoría C en cuya área se comprende.
   3. Categoría C: Una municipalidad que tiene una autoridad municipal ejecutiva y legislativa en un área que incluya más de una municipalidad.
2. La legislación nacional debe definir los diferentes tipos de municipalidad que pueden ser establecidas en cada categoría.
3. La legislación nacional debe:
   1. establecer los criterios para determinar cuándo un área debe tener una única municipalidad de categoría A o cuando debe haber municipalidades de las categorías B y C.
   2. establecer criterios y procedimientos para la determinación de los límites municipales por una autoridad independiente; y
   3. con sujeción a la sección 229, hacer previsiones para una apropiada división de poderes y funciones entre municipalidades cuando un área tenga municipalidades de las dos categorías B y C. Una división de poderes y funciones entre una municipalidad de categoría B y una municipalidad de categoría C debe diferir de la división de poderes y funciones entre otra municipalidad de categoría B y esa municipalidad de categoría C.
4. La legislación a la que se refiere la subsección (3) debe tener en cuenta la necesidad de proveer los servicios municipales de una manera equitativa y sostenible.
5. La legislación provincial debe determinar los diferentes tipos de municipalidad que deben ser establecidos en la provincia.
6. Cada gobierno provincial debe establecer municipalidades en su provincia de una manera compatible con la legislación dada en las condiciones de la subsección (2) y (3) y, por medidas legislativas y por otras, debe:
   1. proveer por el seguimiento y sostenimiento del gobierno local en la provincia; y
   2. promover el desarrollo de la capacidades del gobierno local para posibilitar que las municipalidades realicen sus funciones y manejen sus propios asuntos.
7. El gobierno nacional, con sujeción a la sección 44, y los gobiernos provinciales tienen la autoridad legislativa y ejecutiva para velar por la realización efectiva por las municipalidades de sus funciones en relación con las materias enumeradas en los Anexos 4 y 5, regulando el ejercicio por las municipalidades de su autoridad ejecutiva a que se refiere la sección 156 (1).

156. PODERES Y FUNCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES

1. Una municipalidad tiene la autoridad ejecutiva en relación a, y el derecho a administrar:
   1. los asuntos del gobierno local enumerados en la Parte B del Anexo 4 y la Parte B del Anexo 5; y
   2. cualquier otro asunto que le haya sido asignado por legislación nacional o provincial.
2. Un municipio puede hacer y administrar reglamentos para la administración efectiva de los asuntos que tiene el derecho de administrar.
3. Legislación nacional vrs. sub-nacional
   Sujeto a la sección 151 (4), un estatuto que esté en conflicto con la legislación nacional o provincial no es válido. Si hay un conflicto entre un estatuto y una legislación nacional o provincial que no funciona debido a un conflicto al que se hace referencia en el artículo 149, el estatuto debe considerarse válido mientras la legislación no sea operativa.
4. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben asignar a un municipio, por acuerdo y sujeto a cualquier condición, la administración de un asunto enumerado en la Parte A del Anexo 4 o Parte A del Anexo 5, que necesariamente se relaciona con el gobierno local, si:
   1. que ese asunto sería administrado de manera más efectiva localmente; y
   2. el municipio tiene la capacidad de administrarlo.
5. Una municipalidad tiene el derecho de ejercer cualquier poder sobre un asunto razonablemente necesario para, o accesorio al, desempeño efectivo de sus funciones.

157. COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES

1. Un Consejo Municipal consiste en:
   1. los miembros elegidos de acuerdo con las subsecciones (2) y (3); o
   2. si lo prevé la legislación nacional,
      1. miembros designados por otros Consejos Municipales para representar a esos otros Consejos; o
      2. ambos miembros elegidos de conformidad con el parágrafo (a) y los miembros designados de conformidad con el subparágrafo (i) de este parágrafo.
2. Gobierno municipal
   La elección de los miembros de un Consejo Municipal según lo previsto en el inciso (1) (a) debe estar de acuerdo con la legislación nacional, que debe prescribir un sistema:
   1. una representación proporcional basada en el segmento de votantes del municipio de ese municipio, y que prevé la elección de los miembros de las listas de candidatos del partido redactados en el orden de preferencia de un partido; o
   2. de representación proporcional como se describe en el parágrafo (a) combinado con un sistema de representación de barrio basado en el segmento de ese municipio de la lista nacional de votantes comunes.
3. Un sistema electoral en términos de la subsección (2) debe resultar, en general, en representación proporcional.

4

1. Si el sistema electoral incluye la representación del barrio. la delimitación de las salas debe ser realizada por una autoridad independiente designada en términos de, y funcionamiento de acuerdo con los procedimientos y criterios prescritos por la legislación nacional.
2. [derogado]
4. Una persona puede votar en un municipio sólo si esa persona está registrada en el segmento de ese municipio de la lista nacional de votantes comunes.
5. La legislación nacional a que se refiere el inciso (1) (b) debe establecer un sistema que permita a las partes e intereses reflejados dentro del Concejo Municipal que hace el nombramiento, estar justamente representados en el Concejo Municipal al cual se hace el nombramiento.

158. MEMBRESÍA DE CONSEJOS MUNICIPALES

1. Todo ciudadano que esté calificado para votar en un Concejo Municipal es elegible para ser miembro de ese Consejo, excepto:
   1. cualquiera que sea designado por, o esté al servicio de, la municipalidad y reciba remuneración por esa designación o servicio, y que no haya sido eximido de esa inhabilitación según la legislación nacional;
   2. cualquiera que sea designado por el, o esté al servicio del, Estado en otra esfera, y reciba remuneración por esa designación o servicio, y quien haya sido removido de la pertenencia de un Consejo Municipal en las condiciones de la legislación nacional;
   3. cualquiera que esté inhabilitado para votar para la Asamblea Nacional o esté inhabilitado en los términos de la sección 47(1),(c) (d) o (e) para ser miembro de la Asamblea.
   4. un miembro de la Asamblea Nacional, un delegado al Consejo Nacional de Provincias o un miembro del órgano legislativo provincial; pero esta inhabilitación no se aplica a un miembro de un Consejo Municipal que represente al gobierno local en el Consejo Nacional; o
   5. a un miembro de otro Consejo Municipal; pero esta inhabilitación no se aplica a un miembro de un Consejo Municipal que represente a ese Consejo Municipal en otro Consejo Municipal de una categoría diferente.
2. Una persona que no sea elegible para ser miembro de un Consejo Municipal en los términos de la Subsección (1) (a), (b), (d) o (e) puede ser candidato para el Consejo, con sujeción a las limitaciones o condiciones establecidas por la legislación nacional.
3. Las vacantes en un Consejo Municipal deben cubrirse en términos de legislación nacional.

159. MANDATOS DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES

1. El término de un Concejo Municipal no puede ser más de cinco años, según lo determine la legislación nacional.
2. Si un Concejo Municipal es disuelto en términos de legislación nacional, o cuando expira su período, una elección debe realizarse dentro de los 90 días de la fecha en que el Concejo fue disuelto o su período expiró.
3. Un Consejo Municipal, que no sea un Consejo que ha sido disuelto después de una intervención en términos del artículo 139, sigue siendo competente para funcionar desde el momento en que se disuelve o expira su período, hasta que el Consejo recién elegido haya sido declarado elegido.

160. PROCEDIMIENTOS INTERNOS

1. Un Consejo Municipal:
   1. toma las decisiones que afecten al ejercicio de todos los poderes y a la realización de todas las funciones de la municipalidad;
   2. debe elegir su presidente;
   3. puede elegir un comité ejecutivo y otros comités, con sujeción a la legislación nacional; y
   4. puede emplear a las personas que sean necesarias para la realización efectiva de sus funciones.
2. Las siguientes funciones no pueden ser delegadas por un Consejo Municipal:
   1. la aprobación de ordenanzas;
   2. la aprobación de presupuestos;
   3. la imposición de tasas y otros impuestos, gravámenes y derechos; y
   4. la recaudación de préstamos.

3

1. Una mayoría de miembros de un Consejo Municipal debe estar presente antes que una votación pueda ser realizada sobre cualquier materia.
2. Todas las cuestiones que afecten a las materias mencionadas en la subsección (2) serán resueltas por una decisión adoptada por un Consejo Municipal con el voto favorable de una mayoría de sus miembros.
3. Todas las otras cuestiones ante un Consejo Municipal serán decididas por la mayoría de los votos emitidos.
3. No puede ser aprobada una ordenanza por un Consejo Municipal salvo:
   1. que a todos los miembros del Consejo se les haya dado un razonable conocimiento; y
   2. la ordenanza propuesta haya sido publicada para comentario público.
4. La legislación nacional puede establecer criterios para determinar:
   1. el tamaño de un Consejo Municipal;
   2. si los Consejos Municipales pueden elegir un comité ejecutivo o cualquier otro comité; o
   3. el tamaño del comité ejecutivo o cualquier otro comité de un Consejo Municipal;
5. Un Consejo Municipal puede hacer ordenanzas que establezcan el reglamento y procedimientos sobre:
   1. sus disposiciones internas;
   2. sus asuntos y actuaciones; y
   3. el establecimiento, composición, procedimientos, poderes y funciones de sus comités.
6. Un Consejo Municipal debe conducir su actividad de una manera abierta, y puede celebrar sus sesiones a puerta cerrada, o las de sus comités, sólo cuando sea razonable hacerlo teniendo en cuenta la naturaleza del asunto que sea gestionado.
7. Los miembros de un Consejo Municipal tienen derecho a participar en sus actos y en los de sus comités en una manera que:
   1. permita a los partidos e intereses reflejados en el Consejo estar justamente representados;
   2. sea compatible con la democracia; y
   3. pueda ser regulada por la legislación nacional.

161. PRIVILEGIO

162. PUBLICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES

1. Una ordenanza municipal puede ser impuesta sólo después que haya sido publicada en la gaceta oficial de la correspondiente provincia.
2. Una gaceta provincial oficial debe publicar una ordenanza municipal a petición de la municipalidad.
3. Las ordenanzas municipales deben ser accesibles al público.

163. GOBIERNO LOCAL ORGANIZADO

164. OTRAS MATERIAS

165. AUTORIDAD JUDICIAL

1. La autoridad judicial de la República está conferida a los tribunales de justicia.
2. Independencia judicial
   Los tribunales son independientes y están sujetos sólo a la Constitución y a la Ley, que deben ser aplicadas imparcialmente y sin miedo, favor o prejuicio.
3. Ninguna persona u órgano del Estado puede interferirse en el funcionamiento de los tribunales.
4. Los órganos del Estado, a través de medidas legislativas y otras, deben asistir y amparar a los tribunales para asegurar la independencia, imparcialidad, dignidad, accesibilidad y efectividad de los tribunales.
5. Una orden o decisión emitida por un tribunal vincula a todas las personas y órganos del Estado a quienes sea aplicable.
6. El Presidente del Tribunal Supremo es el jefe del poder judicial y tiene la responsabilidad de establecer y supervisar las normas y estándares para el ejercicio de las funciones judiciales de todos los tribunales.

166. SISTEMA JUDICIAL

167. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Número de jueces de la Corte Suprema, Establecimiento del Tribunal Constitucional
   El Tribunal Constitucional se compone de un Presidente, de un Vicepresidente y de otros nueve jueces.
2. Una cuestión ante el Tribunal Constitucional debe ser decidida al menos por ocho jueces.
3. El Tribunal Constitucional:
   1. es el más alto Tribunal en todas las materias constitucionales;
   2. Facultades del Tribunal Constitucional
      puede decidir sobre
      1. Interpretación constitucional
         materias constitucionales, y
      2. cualquier otro asunto, si el Tribunal Constitucional concede el derecho de apelación por el hecho de que el asunto plantea un punto discutible de la ley de importancia para el público en general que debe ser considerado por ese Tribunal; y;
   3. constituye la decisión final si una materia de su jurisdicción
4. Interpretación constitucional, Facultades del Tribunal Constitucional
   Sólo el Tribunal Constitucional puede:
   1. decidir disputas entre órganos de! Estado en la esfera nacional o provincial que afecten al status constitucional, poderes y funciones de cualquiera de esos órganos del Estado;
   2. decidir sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley parlamentario o provincial pero sólo puede hacerlo en las circunstancias anticipadas en la sección 79 o 121;
   3. decidir sobre las solicitudes previstas en la sección 80 o 122;
   4. decidir sobre la constitucionalidad de cualquier enmienda a la Constitución;
   5. decidir que el Parlamento o el Presidente ha dejado de cumplir una obligación constitucional; o
   6. certificar una constitución provincial en los términos de la sección 144.
5. Interpretación constitucional, Facultades del Tribunal Constitucional
   El Tribunal Constitucional constituye la última decisión sobre si una Ley del Parlamento, una Ley provincial o conducta del Presidente es constitucional, y debe confirmar cualquier orden de invalidez dada por el Tribunal Supremo de Apelación, por un Tribunal Superior, o por un Tribunal de similar status, antes de que la orden tenga fuerza.
6. La legislación nacional o el reglamento del Tribunal Constitucional debe permitir a una persona, cuando sea por intereses de justicia y con la venia del Tribunal Constitucional:
   1. llevar directamente una cuestión al Tribunal Constitucional; o
   2. Derecho a apelar decisiones judiciales
      apelar directamente al Tribunal Constitucional desde cualquier otro Tribunal.
7. Una cuestión constitucional incluye cualquier asunto que implique la interpretación, protección o cumplimiento de la Constitución.

168. TRIBUNAL SUPREMO DE APELACIÓN

1. El Tribunal Supremo de Apelación se compone de un Presidente de! Tribunal Supremo, de un Vicepresidente y el número de jueces de apelación establecido por una Ley del Parlamento.
2. Un asunto ante el Tribunal Supremo de Apelación debe ser decidido por el número de jueces determinado por una Ley del Parlamento.

169. TRIBUNALES SUPERIORES

1. El Tribunal Superior de Sudáfrica puede decidir:
   1. Interpretación constitucional
      cualquier asunto constitucional excepto una cuestión que
      1. el Tribunal Constitucional ha aceptado escuchar directamente en términos del artículo 167 (6) (a); o
      2. es asignado por una Ley del Parlamento a otro tribunal de un estado similar al Tribunal Superior de Sudáfrica; y
   2. cualquier otro asunto no asignado a otro tribunal por una Ley del Parlamento.
2. El Tribunal Superior de Sudáfrica consta de las Divisiones determinadas por una Ley del Parlamento, que la Ley debe proveer por:
   1. el establecimiento de Divisiones, con uno o más asientos en una División; y
   2. la asignación de jurisdicción a una División o un asiento dentro de una División.
3. Cada división del Tribunal Superior de Sudáfrica:
   1. tiene un Juez Presidente;
   2. puede tener uno o más Presidentes Adjuntos de Jueces; y
   3. tiene el número de otros jueces determinados en términos de legislación nacional.

170. TRIBUNALES DE MAGISTRADOS Y OTROS TRIBUNALES

171. PROCEDIMIENTOS DEL TRIBUNAL

172. PODERES DE LOS TRIBUNALES EN MATERIAS CONSTITUCIONALES

1. Interpretación constitucional
   Al decidir una materia constitucional en su ámbito, un tribunal:
   1. Constitucionalidad de legislación
      debe declarar que cualquier Ley o conducta que sea incompatible con la Constitución es inválida en la medida de su inconsistencia; y
   2. puede dar cualquier orden que sea justa y equitativa, incluyendo:
      1. una orden limitando el efecto retroactivo de la declaración de invalidez; y
      2. una orden suspendiendo la declaración de invalidez por cualquier período y en cualesquiera condiciones, para permitir que la autoridad competente corrija el defecto.

173. PODER INHERENTE

174. DESIGNACIÓN DE CARGOS JUDICIALES

1. Requisitos de los jueces de tribunales ordinarios, Requisitos de los jueces de la Corte Suprema, Requisitos de los jueces del Tribunal Constitucional
   Cualquier mujer u hombre cualificado apropiadamente que sea adecuado e idóneo puede ser designado cargo judicial. Cualquier persona para ser designada para el Tribunal Constitucional debe ser también ciudadano sudafricano.
2. Requisitos de los jueces de tribunales ordinarios, Requisitos de los jueces del Tribunal Constitucional, Requisitos de los jueces de la Corte Suprema
   La necesidad de que la magistratura refleje ampliamente la composición racial y de genera de Sudáfrica debe ser considerada cuando los cargos judiciales sean designados.
3. Selección de los miembros de la Corte Suprema, Selección de los miembros del Tribunal Constitucional
   El Presidente, como jefe del ejecutivo nacional, tras consultar a la Comisión de Servicio Judicial y a los líderes de los partidos representados en la Asamblea Nacional, designa al Presidente y al Vice presidente del Tribunal Constitucional y, tras consultar a la comisión de Servicio Judicial, designa al Presidente y al Vicepresidente del Tribunal Supremo.
4. Selección de los miembros del Tribunal Constitucional
   Los otros jueces del Tribunal Constitucional son designados por el Presidente, como jefe del ejecutivo nacional, después de consultar con el Presidente del Tribunal Constitucional y con los líderes de los partidos representados en la Asamblea Nacional, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
   1. La Comisión de Servicio Judicial debe preparar una lista de candidatos con tres nombres más que el número de designaciones a hacer, y someter la lista al Presidente.
   2. El Presidente puede hacer designaciones de la lista, y debe advertir a la Comisión de Servicio Judicial, con razones, si algunos de los candidatos son inaceptables y resta por hacer alguna designación.
   3. La Comisión de Servicio Judicial debe complementar la lista con más candidatos y el Presidente debe hacer las restantes designaciones de la lista complementaria.
5. Requisitos de los jueces del Tribunal Constitucional
   En todo caso, al menos cuatro miembros de! Tribunal Constitucional deben ser personas que fuesen jueces en el momento en el que sean designadas para el Tribunal Constitucional.
6. Selección de los miembros de la Corte Suprema, Selección de los miembros de tribunales ordinarios
   El Presidente debe designar a los jueces de todos los otros tribunales con asesoramiento de la Comisión de Servicio Judicial.
7. Los otros cargos judiciales deben ser designados en las condiciones de una Ley del Parlamento que debe asegurar que la designación, promoción, traslado o cese de esos cargos judiciales, o las medidas disciplinarias en su contra, tengan lugar sin favor o prejuicio.
8. Juramentos de obediencia a la constitución
   Antes que los cargos judiciales comiencen a realizar sus funciones, deben prestar juramento o afirmar, de acuerdo con el Anexo 2, que mantendrán y protegerán la Constitución.

175. JUECES EN FUNCIONES

1. Selección de los miembros del Tribunal Constitucional
   El presidente puede designar a una mujer o un hombre para que actúe como vice presidente de la Corte Suprema o como juez del Tribunal Constitucional si hay una vacante en cualquiera de esas oficinas, o si la persona que ocupa dicho cargo está ausente. El nombramiento debe hacerse por recomendación del miembro del Gabinete responsable de la administración de justicia que actúa con la anuencia del Presidente del Tribunal Supremo, y debe nombrarse como vicepresidente en funciones del rango de los jueces nombrados para el cargo. Tribunal Constitucional en términos del artículo 174 (4).
2. El miembro del Gabinete responsable de la administración de justicia debe designar jueces en funciones para otros tribunales después de consultar al juez decano del tribunal en que el juez en funciones prestará sus servicios.

176. MANDATOS Y REMUNERACIÓN

1. Límite a los periodos de los jueces en el Tribunal Constitucional, Duración de un juez del Tribunal Constitucional, Edad de jubilación forzosa de los jueces
   Un juez del Tribunal Constitucional ocupa un cargo por un período no renovable de 12 años, o hasta que cumpla 70 años, lo que ocurra primero, excepto cuando una Ley del Parlamento amplíe el mandato de un juez del Tribunal Constitucional.
2. Duración de un juez de la Corte Suprema, Edad de jubilación forzosa de los jueces
   Los otros jueces se mantendrán en el cargo hasta que se retiren de! servicio activo en las condiciones de una Ley del Parlamento.
3. Protección del salario de los jueces
   Los salarios, asignaciones y beneficios de los jueces no pueden ser reducidos.

177. REMOCIÓN

1. Un juez puede ser removido de su cargo sólo si:
   1. la Comisión de Servicio Judicial encuentra que el juez sufre de incapacidad, es señalada incompetente o es culpable de una mala conducta muy grave; y
   2. la Asamblea Nacional solicita que ese juez sea removido, por una resolución adoptada por un voto favorable de al menos dos tercios de sus miembros.
2. El Presidente debe remover a un juez de su cargo por la adopción de una resolución pidiendo que ese juez sea removido.
3. El Presidente, con el asesoramiento de la Comisión de Servicio Judicial, puede suspender a un juez que esté sujeto a un procedimiento en los términos de la subsección (1).

178. COMISIÓN DE SERVICIO JUDICIAL

1. Hay una Comisión de Servicio Judicial que se compone de:
   1. el Presidente del Tribunal Supremo que preside en las reuniones de la Comisión;
   2. el Presidente del Tribunal Constitucional;
   3. un Juez Presidente designado por los Jueces Presidentes;
   4. el miembro del Gabinete responsable de la administración de justicia, u otro alternativo designado por ese miembro del Gabinete;
   5. dos abogados ejercientes propuestos de entre la profesión de los abogados para representar la profesión como un todo, y designados por el Presidente;
   6. dos procuradores ejercientes propuestos de entre la profesión de los procuradores para representar la profesión como un todo, y designados por el Presidente;
   7. un profesor de Derecho designado por los profesores de Derecho en las universidades sudafricanas;
   8. seis personas designadas por la Asamblea Nacional de entre sus miembros, de las que al menos tres deben ser miembros de los partidos de la oposición representados en la Asamblea;
   9. cuatro delegados permanentes al Consejo Nacional de Provincias designados conjuntamente por el Consejo con el voto favorable de al menos seis provincias;
   10. cuatro personas designadas por el Presidente como jefe de! ejecutivo nacional, después de consultar a los líderes de todos los partidos en la Asamblea Nacional; y
   11. al considerar asuntos relacionados con una División específica del Tribunal Superior de Sudáfrica, el Juez Presidente de esa División y el Primer Ministro de la provincia correspondiente, o un suplente designado por cada uno de ellos.
2. Si el número de personas propuestas de entre la profesión de los abogados o procuradores en los términos de la subsección (1) (e) o (f) iguala el número de vacantes a ser cubiertas, el Presidente debe designarlos. Si el número de personas propuestas excede el número de, vacantes a ser cubiertas, el Presidente, tras consultar a la profesión correspondiente, debe designar suficiente número de candidatos para cubrir las vacantes, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar que esas designaciones representen a la profesión como un todo.
3. Los miembros de la Comisión designados por el Consejo Nacional de provincias desempeñarán su cargo hasta que sean reemplazados conjuntamente, o hasta que se produzca una vacante en su número. Otros miembros que fuesen designados o propuestos para la Comisión desempeñarán sus cargos hasta que sean relevados por aquellos que los propusieron o designaron.
4. La Comisión de Servicio Judicial tiene los poderes y funciones asignadas a ella en la Constitución y la legislación nacional.
5. La Comisión de Servicio Judicial puede asesorar al Gobie.ro en cualquier materia relacionada con la magistratura o la administración de justicia, pero cuando considere cualquier materia excepto la designación de un juez, debe reunirse sin los miembros designados en los términos de la subsección (1) (h) e (i).
6. La Comisión de Servicio Judicial puede determinar su propio procedimiento, pero las decisiones de la Comisión deben ser apoyadas por una mayoría de sus miembros.
7. Si el Presidente del Tribunal Supremo o el Presidente del Tribunal Supremo de Apelación no pueden servir temporalmente en la Comisión, el Vicepresidente del Tribunal Supremo o el Vicepresidente del Tribunal Supremo de Apelación, según corresponda, actuarán como suyos. suplente en la Comisión.
8. El Presidente y las personas que designen, designen o designen a los miembros de la Comisión en los términos de la subsección (1) (c), (e), (f) y (g), podrán, de la misma manera designar, nominar o designar un suplente para cada uno de esos miembros, para servir en la Comisión siempre que el miembro afectado no pueda hacerlo temporalmente en razón de su incapacidad o ausencia de la República o por cualquier otra razón suficiente.

179. MINISTERIO FISCAL

1. Procurador general
   Hay un único Ministerio Fiscal en la República, estructurado según los términos de una Ley del Parlamento, y compuesto de:
   1. un Director Fiscal Nacional, que es el Jefe del Ministerio Fiscal, y es designado por el Presidente, como jefe del ejecutivo nacional; y
   2. Directores Fiscales y fiscales coma se determine por una Ley del Parlamento.
2. Procurador general
   El Ministerio Fiscal tiene el poder de entablar procedimientos criminales en representación del Estado, y realizar cualquier función incidentales para entablar procesos criminales.
3. La legislación nacional debe asegurar que los Directores del Ministerio Público:
   1. estén debidamente cualificados; y
   2. sean responsables de las causas en las jurisdicciones específicas, con sujeción a la subsección (5).
4. La legislación nacional debe asegurar que el Ministerio Fiscal ejercite sus funciones sin miedo, favor o prejuicio.
5. Procurador general
   El Director Nacional del Ministerio Fiscal:
   1. debe determinar, con la concurrencia de! miembro del Gabinete responsable de la administración de justicia, y después de consultar a los Directores Fiscales, la política de enjuiciamiento que debe ser observada en el proceso de acusación.
   2. debe remitir directivas de la política que debe ser observada en el proceso de acusación.
   3. puede intervenir en el proceso de acusación cuando las directivas de la política no sean cumplidas; y
   4. puede revisar una decisión de instar o no instar un proceso, tras consultar al Director del ministerio Fiscal correspondiente y después de tomar declaración en un período especificado por el Director Nacional del Ministerio Público, a los siguientes:
      1. La persona acusada.
      2. El reclamante.
      3. Cualquier otra persona o parte que el Director Nacional considere de relevancia.
6. Facultades del gabinete
   El miembro del Gabinete responsable de la administración de justicia debe ejercitar la responsabilidad última sobre el Ministerio Fiscal.
7. El resto de materias que afecten al Ministerio Fiscal debe ser determinado por la legislación nacional.

180. OTRAS CUESTIONES QUE AFECTAN A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

181. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y DE GOBIERNO

1. Las siguientes instituciones del Estado fortalecen la democracia constitucional en la República:
   1. Ombudsman
      El Protector Público.
   2. Comisión de derechos humanos
      La Comisión de Derechos Humanos.
   3. La Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas.
   4. La Comisión para la Igualdad de Género.
   5. El Auditor-General.
   6. Comisión electoral
      La Comisión Electoral.
2. Comisión de derechos humanos, Ombudsman, Comisión electoral
   Estas instituciones son independientes, y sujetas sólo a la Constitución y a la Ley, y deben ser imparciales y deben ejercitar sus poderes y realizar sus funciones sin miedo, favor o prejuicio.
3. Ombudsman, Comisión electoral, Comisión de derechos humanos
   Los otros órganos del Estado, a través de medidas legislativas y otras, deben ayudar y amparar a estas instituciones para asegurar la independencia, imparcialidad, dignidad y efectividad de estas instituciones.
4. Ombudsman, Comisión de derechos humanos, Comisión electoral
   Ninguna persona ni institución puede interferirse en el funcionamiento de esas instituciones.
5. Comisión de derechos humanos, Comisión electoral, Ombudsman
   Estas instituciones son responsables ante la Asamblea Nacional, y deben informar de sus actividades y de la realización de sus funciones a la Asamblea al menos una vez al año.

PARTE A. PROTECTOR PÚBLICO

PARTE B. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

PARTE C. COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CULTURALES RELIGIOSAS Y LINGÜÍSTICAS

PARTE D. COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

PARTE E. AUDITOR-GENERAL

PARTE F. COMISIÓN ELECTORAL

PARTE G. AUTORIDAD INDEPENDIENTE PARA REGULAR LA RADIODIFUSIÓN

PARTE H. DISPOSICIONES GENERALES

195. VALORES ESENCIALES Y PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. La administración pública debe ser gobernada por los valores democráticos y los principios recogidos en la Constitución, incluyendo los siguientes principios:
   1. Debe ser promovido y mantenido un alto nivel de ética profesional.
   2. Debe ser promovido el uso eficiente, económico y efectivo de los recursos.
   3. La administración pública debe estar orientada al desarrollo.
   4. Los servicios deben ser facilitados imparcialmente, justamente, equitativamente y sin prejuicio.
   5. Las necesidades del pueblo deben ser atendidas, y el público debe ser estimulado a participar en la acción política.
   6. La administración pública debe ser responsable.
   7. La transparencia debe ser fomentada proveyendo al público de información oportuna, accesible y precisa.
   8. La buena gestión de los recursos humanos y las prácticas de desarrollo profesional, para maximizar el potencial humano, deben ser cultivadas.
   9. Reclutamiento de servidores públicos
      La administración pública debe ser ampliamente representativa del pueblo de Sudáfrica, con el empleo y las prácticas de gestión de personal basadas sobre la capacidad, objetividad, justicia, y la necesidad de reparación de los desequilibrios del pasado para alcanzar una amplia representación.
2. Los anteriores principios se aplican a:
   1. la administración en cada esfera de gobierno;
   2. los órganos del Estado;
   3. las empresas públicas.
3. La legislación nacional debe asegurar la promoción de los valores y principios enunciados en la subsección (1).
4. a designación de un número de personas por consideraciones políticas no está preludiada en la administración pública, pero la legislación nacional debe regular esas designaciones en el servicio público.
5. la legislación que regule la administración pública puede diferenciar entre diferentes sectores, administraciones o instituciones.
6. la naturaleza y funciones de diferentes sectores, administraciones o instituciones de la administración pública son factores relevantes a tener en cuenta en la legislación para regular la administración pública.

196. COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

1. Hay una única Comisión de Servicio Público para la República.
2. La Comisión es independiente y debe ser imparcial, y debe ejercitar sus poderes y realza sus funciones sin miedo, favor o prejuicio en el interés del mantenimiento de una eficiente y efectiva administración pública y un alto nivel de ética profesional en el servicio público. La Comisión debe estar regulada por la legislación nacional.
3. Los otros órganos del Estado, a través de medidas legislativas y otras, deben ayudar y amparar a la Comisión para asegurar la independencia, imparcialidad, dignidad y efectividad de la Comisión. Ninguna persona u órgano puede interferir en el funcionamiento de la Comisión.
4. Los poderes y funciones de la Comisión son:
   1. Promover los valores y principios expuestos en la sección 195 a través del servicio público;
   2. investigar, controlar, y evaluar la organización y administración, y las prácticas de personal, del servicio público;
   3. proponer medidas para asegurar la realización efectiva y eficiente del servicio público;
   4. dar instrucciones encaminadas a asegurar que los procedimientos de personal que se relacionen con los reclutamientos transferencias, promociones y ceses cumplen con los valores y principios expuestos en la sección 195;
   5. informar con relación a sus actividades y la realización de sus funciones, incluyendo cualquier decisión que se pueda tomar y orden y asesoramiento que se pueda dar, y realizar una evaluación acerca de la extensión en que se ha cumplido con los valores y principios expuestos en la sección 195; y
   6. ya por propio acuerdo ya bajo recibo de una queja:
      1. investigar y evaluar la aplicación de las prácticas de personal y administración pública, e informar a la correspondiente autoridad ejecutiva ordinaria y al órgano legislativo;
      2. investigar los agravios de los empleados en el servicio público que afecten a actos u omisiones oficiales, y recomendar los remedios adecuados;
      3. monitorear e investigar la sujeción a los procedimientos aplicables en el servicio público; y
      4. asesorar a los órganos nacionales y provinciales del Estado considerando las prácticas de personal en el servicio público; incluyendo aquellas relativas al reclutamiento, designación, traslado, cese y otros aspectos de la carrera de los empleados en el servicio público.
   7. ejercer o realizar los poderes o funciones adicionales prescritos por una ley del Parlamento
5. La Comisión es responsable ante la Asamblea Nacional.
6. La Comisión debe informar al menos una vez al año en los términos de la subsección (4) (e):
   1. a la Asamblea Nacional; y
   2. con respecto de sus actividades en una provincia, al órgano legislativo de esa provincia.
7. La Comisión tiene los 14 comisionados siguientes designados por el Presidente:
   1. Cinco comisionados aprobados por la Asamblea Nacional de acuerdo con el inciso (8) (a); y
   2. un comisionado por cada provincia designada por el Primer Ministro de la provincia de acuerdo con la subsección (8) (b).

8

1. Un comisionado designado en términos de la subsección (7) (a) debe ser:
   1. recomendado por un comité de la Asamblea Nacional que está compuesto proporcionalmente por miembros de todos los partidos representados en la Asamblea; y
   2. aprobado por la Asamblea en una resolución aprobada con el voto favorable de la mayoría de sus miembros.
2. Un comisionado designado por el Premier de una provincia debe ser
   1. recomendado por un comité de la legislatura provincial que está compuesto proporcionalmente por miembros de todos los partidos representados en la legislatura; y
   2. aprobado por la legislatura mediante una resolución adoptada con el voto favorable de la mayoría de sus miembros.
8. Una Ley del Parlamento debe regular el procedimiento para el nombramiento de los comisionados.
9. Un comisionado es nombrado por un período de cinco años, que es renovable por un período adicional solamente, y debe ser una mujer o un hombre que sea
   1. un ciudadano sudafricano; y
   2. una persona apta y adecuada con conocimiento o experiencia en administración, gestión o prestación de servicios públicos.
10. Un comisionado puede ser removido de su cargo sólo en
    1. el motivo de mala conducta, incapacidad o incompetencia;
    2. una constatación a tal efecto por un comité de la Asamblea Nacional o, en el caso de un comisionado designado por el Primer Ministro de una provincia, por un comité de la legislatura de esa provincia; y
    3. la adopción por la Asamblea o la legislatura provincial concernida, de una resolución con el voto favorable de la mayoría de sus miembros que piden la destitución del comisionado.
11. El Presidente debe remover al comisionado relevante de su cargo después de:
    1. la adopción por parte de la Asamblea de una resolución que exige la remoción de ese comisionado; o
    2. notificación escrita del Primer Ministro de que la legislatura provincial ha adoptado una resolución que exige la remoción de ese comisionado.
12. Los comisionados a los que se hace referencia en el inciso (7) (b) pueden ejercer los poderes y desempeñar las funciones de la Comisión en sus provincias según lo prescrito por la legislación nacional.

197. SERVICIO PÚBLICO

1. Dentro de la administración pública existe un servicio público para la República, que debe funcionar y estructurarse en términos de legislación nacional, y debe ejecutar lealmente las políticas legales del gobierno de la época.
2. Los términos y condiciones de empleo en el servicio público deben estar regulados por la legislación nacional. Los empleados tienen derecho a una pensión justa según lo regulado por la legislación nacional.
3. Ningún empleado del servicio público puede ser favorecido o perjudicado sólo porque esa persona apoya un partido o causa política en particular.
4. Los gobiernos provinciales son responsables del reclutamiento, nombramiento, promoción, transferencia y destitución de los miembros del servicio público en sus administraciones dentro de un marco de normas uniformes y estándares aplicables al servicio público.

198. PRINCIPIOS DE GOBIERNO

199. ESTABLECIMIENTO, ESTRUCTURACIÓN Y CONDUCTA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

1. Los servicios de seguridad de la República se componen de una única fuerza de defensa, un único servicio de policía y los Servicios de inteligencia establecidos en los términos de la Constitución.
2. La fuerza de defensa es la única fuerza legítima militar en la República.
3. Otros servicios diferentes a los servicios de seguridad establecidos en los términos de la Constitución, organizaciones o servicios armados pueden ser establecidos únicamente en los términos de la legislación nacional.
4. Los servicios de seguridad deben ser estructurados y regulados por la legislación nacional.
5. Derecho internacional
   Los servicios de seguridad deben actuar, y deben enseñar y requerir a sus miembros a actuar, de acuerdo con la Constitución y la Ley, incluyendo el Derecho Internacional consuetudinario y acuerdos internacionales que obligan a la República.
6. Restricciones a las fuerzas armadas
   Ningún miembro de cualquier fuerza de seguridad puede obedecer una orden manifiestamente ilegal.
7. Restricciones a las fuerzas armadas
   Ni los servicios de seguridad, ni ninguno de sus miembros, pueden, en la realización de sus funciones:
   1. perjudicar el interés de un partido político que sea legítimo en los términos de la Constitución; o
   2. más todavía, de una manera partidista, cualquier interés de un partido político.
8. Para dar efecto a los principios de transparencia y responsabilidad, comités parlamentarios multipartidistas deben ejercer vigilancia sobre todos los servicios de seguridad en una manera determinada por la legislación nacional o el reglamento y procedimientos del Parlamento.

PARTE A. FUERZA DE DEFENSA

PARTE B. POLICÍA

PARTE C. INTELIGENCIA

211. RECONOCIMIENTO

1. La institución, status y papel del liderazgo tradicional, de acuerdo con el Derecho consuetudinario, son reconocidos, con sujeción a la Constitución.
2. Una autoridad tradicional que observe un sistema de derecho consuetudinario puede actuar con sujeción a cualquier legislación y costumbre aplicable, que incluye las enmiendas a, o la derogación de esa legislación o de esas costumbres.
3. Los tribunales deben aplicar el Derecho consuetudinario cuando ese Derecho sea aplicable, con sujeción a la Constitución y a cualquier legislación que específicamente trate de ese Derecho consuetudinario

212. PAPEL DE LOS LÍDERES TRADICIONALES

1. La legislación nacional puede prever un papel para el liderazgo tradicional como una institución a nivel local sobre materias que afecten a las comunidades locales.
2. Para tratar de materias relacionadas con el liderazgo tradicional, el papel de los líderes tradicionales, el Derecho consuetudinario y las costumbres de las comunidades que observen un sistema de Derecho consuetudinario:
   1. la legislación nacional o provincial puede prevenir el establecimiento de cámaras de líderes tradicionales; y
   2. la legislación nacional puede establecer un consejo de líderes tradicionales.

PARTE A. MATERIAS FINANCIERAS GENERALES

PARTE B. COMISIÓN FINANCIERA Y FISCAL

PARTE C. BANCO CENTRAL

PARTE D. ASUNTOS FINANCIEROS LOCALES Y PROVINCIALES

PARTE A. DERECHO INTERNACIONAL

PARTE B. OTRAS CUESTIONES

1. JURAMENTO O AFIRMACIÓN SOLEMNE DEL PRESIDENTE O PRESIDENTE EN FUNCIONES

2. JURAMENTO O AFIRMACIÓN SOLEMNE DEL VICEPRESIDENTE

3. AFIRMACIÓN JURADA O SOLEMNE DE MINISTROS Y MINISTROS ADJUNTOS

4. AFIRMACIÓN JURADA O SOLEMNE DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DELEGADOS PERMANENTES AL CONSEJO NACIONAL DE PROVINCIAS Y MIEMBROS DE LAS LEGISLATURAS PROVINCIALES

1. Los miembros de la Asamblea Nacional, los delegados permanentes ante el Consejo Nacional de las Provincias y los miembros de las legislaturas provinciales, ante el Presidente del Tribunal Supremo o un juez designado por el Presidente del Tribunal Supremo, deben jurar o afirmar lo siguiente:

   Yo, A.B., juro/solemnemente afirmo que seré fiel a la República de Sudáfrica y obedeceré, respetaré y defenderé la Constitución y todas las demás leyes de la República; y prometo solemnemente desempeñar mis funciones como miembro de la Asamblea Nacional/delegado permanente en el Consejo Nacional de Provincias/miembro de la legislatura de la provincia de C.D. lo mejor que puedo

   (En el caso de un juramento: Así que ayúdame Dios.)

2. Las personas que llenan una vacante en la Asamblea Nacional, una delegación permanente en el Consejo Nacional de Provincias o una legislatura provincial pueden jurar o afirmar en términos del subtema (1) ante el presidente de la Asamblea, Consejo o legislatura, según sea el caso tal vez.

5. AFIRMACIÓN JURADA O SOLEMNE DE PREMIERS, PREMIERS ACTUALES Y MIEMBROS DE LOS CONSEJOS EJECUTIVOS PROVINCIALES

6. AFIRMACIÓN DEL JURAMENTO O SOLEMNE DE LOS OFICIALES JUDICIALES

1. Cada juez o juez en funciones, ante el Presidente del Tribunal Supremo u otro juez designado por el Presidente del Tribunal Supremo, debe jurar o afirmar lo siguiente:

   Yo, AB, juro/solemnemente afirmo que, como Juez del Tribunal Constitucional/Tribunal Supremo de Apelación/Tribunal Superior/Corte EF, seré fiel a la República de Sudáfrica, defenderé y protegeré la Constitución y los derechos humanos arraigado en ella, y administrará la justicia a todas las personas por igual sin temor, favor o prejuicio, de acuerdo con la Constitución y la ley.

   (En el caso de un juramento: que Dios me ayude.)

2. Una persona designada para la oficina del Presidente del Tribunal Supremo que no sea ya un juez en el momento de ese nombramiento debe jurar o afirmar ante el Juez Presidente Adjunto, o en su defecto, el próximo juez disponible de mayor rango del Tribunal Constitucional.
3. Los funcionarios judiciales y los funcionarios judiciales en funciones, distintos de los jueces, deben jurar/afirmar en términos de legislación nacional.

PARTE A. PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA CONSTITUCIONAL

PARTE B. FÓRMULA PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTIDOS EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES AL CONSEJO NACIONAL DE PROVINCIAS

1. El número de delegados en una delegación provincial ante el Consejo Nacional de Provincias al que tiene derecho un partido, debe determinarse multiplicando el número de escaños que tiene el partido en la legislatura provincial por diez y dividiendo el resultado por el número de escaños en la legislatura más uno.
2. Si un cálculo en términos del ítem 1 arroja un excedente no absorbido por los delegados asignados a un partido en términos de ese ítem, el superávit debe competir con superávit similares devengados a cualquier otra parte o partes, y cualquier delegado no distribuido en la delegación debe asignarse a la parte o partes en la secuencia del mayor excedente.
3. Si los superávit competidores previstos en el ítem 2 son iguales, los delegados no distribuidos en la delegación deben ser asignados a la parte o partes con el mismo superávit en la secuencia del mayor al menor número de votos que se han registrado para esas partes durante las últimas elecciones para la legislatura provincial concernida.
4. Si más de una parte con el mismo excedente registró el mismo número de votos durante la última elección para la legislatura provincial interesada, la legislatura involucrada debe asignar a los delegados no distribuidos en la delegación a la parte o partes con 10 el mismo excedente en un manera que sea consistente con la democracia.

PARTE A

PARTE B

PARTE A

PARTE B

1. DEFINICIONES

2. CONTINUACIÓN DE LA LEY EXISTENTE

1. Toda ley vigente cuando entró en vigor la nueva Constitución continúa en vigor, sujeta a:
   1. cualquier enmienda o derogación; y
   2. consistencia con la nueva Constitución.
2. Legislación de orden antiguo que continúa vigente en términos del subsección (1) -
   1. no tiene una aplicación más amplia, territorial o de otro tipo, que la que tenía antes de que la Constitución anterior entrará en vigor a menos que se enmiende posteriormente para tener una aplicación más amplia; y
   2. Continúa siendo administrado por las autoridades que lo administraron cuando entró en vigor la nueva Constitución, sujeto a la nueva Constitución.

3. INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EXISTENTE

1. A menos que sea inconsistente con el contexto o claramente inapropiado, una referencia en cualquier legislación que existía cuando la nueva Constitución entró en vigencia:
   1. a la República de Sudáfrica o un país de origen (excepto cuando se refiere a un área territorial), debe interpretarse como una referencia a la República de Sudáfrica en virtud de la nueva Constitución;
   2. al Parlamento, la Asamblea Nacional o el Senado, debe interpretarse como una referencia al Parlamento, la Asamblea Nacional o el Consejo Nacional de las Provincias en virtud de la nueva Constitución;
   3. al Presidente, un Vicepresidente Ejecutivo, un Ministro, un Viceministro o el Gabinete, debe interpretarse como una referencia al Presidente, el Vicepresidente, un Ministro, un Viceministro o el Gabinete en virtud de la nueva Constitución, el tema al punto 9 de este Anexo;
   4. al Presidente del Senado, debe interpretarse como una referencia al Presidente del Consejo Nacional de las Provincias;
   5. a una legislatura provincial, Premier, Consejo Ejecutivo o miembro de un Consejo Ejecutivo de una provincia, debe interpretarse como una referencia a una legislatura provincial, Premier, Consejo Ejecutivo o miembro de un Consejo Ejecutivo en virtud de la nueva Constitución, sujeto a artículo 12 de este Anexo; o
   6. a un idioma o idiomas oficiales, debe interpretarse como una referencia a cualquiera de los idiomas oficiales según la nueva Constitución.
2. A menos que sea inconsistente con el contexto o claramente inapropiado, una referencia en cualquier legislación de orden anterior restante:
   1. a un Parlamento, una Cámara del Parlamento o a una asamblea legislativa o cuerpo de la República o de una patria, debe ser interpretada como una referencia:
      1. al Parlamento bajo la nueva Constitución, si la responsabilidad sobre esa legislación ha sido atribuida o asignada en los términos de la Constitución anterior o este Anexo al Ejecutivo Nacional; o
      2. al órgano legislativo provincial de una provincia, si la responsabilidad sobre esa legislación ha sido atribuida o asignada en los términos de la Constitución o este Anexo a un ejecutivo provincial; o
   2. a un Presidente de Estado, Presidente de Gobierno, Administrador u otro jefe ejecutivo, Gabinete, Consejo de Ministros o Consejo Ejecutivo de la República o de una patria, debe ser interpretada como una referencia:
      1. al Presidente bajo la nueva Constitución, si la responsabilidad sobre esa legislación ha sido atribuida o asignada en términos de la anterior Constitución o este Anexo al Ejecutivo Nacional; o
      2. al Presidente de una provincia bajo la nueva Constitución si la responsabilidad sobre esa legislación ha sido atribuida o asignada en términos de la Constitución o este Anexo a un ejecutivo provincial.

4. ASAMBLEA NACIONAL

1. Todo el que fuese miembro o titular de cargo de la Asamblea Nacional cuando la nueva Constitución entre en vigor, deviene miembro titular de cargo de la Asamblea Nacional bajo la nueva Constitución y, mantiene la condición como miembro o titular de cargo en los términos de la nueva Constitución.
2. La Asamblea Nacional conforme está constituida en los términos de la subsección (1) debe ser considerada elegida bajo la nueva Constitución por un período que expira el 30 de abril de 1999.
3. Asamblea Nacional se compone de 400 miembros por la duración de mandato que expira el 30 de abril de 1999, con sujeción a la sección 49 (4) de la nueva Constitución.
4. El reglamento y procedimientos de la Asamblea Nacional en vigor cuando la nueva Constitución entre en vigor, continúan en vigor, sujetos a cualquier enmienda o derogación.

5. ASUNTOS INACABADOS ANTE EL PARLAMENTO

1. Cualquier asunto inacabado ante la Asamblea Nacional cuando la Constitución entre en vigor debe ser proseguido en los términos de la nueva Constitución.
2. Cualquier asunto inacabado ante el Senado cuando la Constitución entre en vigor debe ser remitido al Consejo Nacional de Provincias, y el Consejo debe proseguirlo en los términos de la nueva Constitución.

6. ELECCIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL

1. Ninguna elección de la Asamblea Nacional puede ser llevada a término antes del 30 de abril de 1999 salvo que la Asamblea sea disuelta en las condiciones de la sección 50 (2) después de una moción de no confianza en el Presidente en las condiciones de la sección 102 (2) de la nueva Constitución.
2. La sección 50 (1) de la nueva Constitución está suspendida hasta el 30 de abril de 1999.
3. A pesar de la derogación de la Constitución anterior, el Anexo 2 a esa Constitución, como quedó enmendado por el Apéndice A, a este Anexo se aplica:
   1. a la primera elección de la Asamblea Nacional bajo la nueva Constitución;
   2. a la pérdida de pertenencia a la Asamblea en circunstancias diferentes de las previstas en la sección 47 (3) de la nueva Constitución; y
   3. a la provisión de vacantes en la Asamblea, y la ejecución, revisión y uso de las listas de partido para la provisión de vacantes, hasta la segunda elección de la Asamblea bajo la nueva Constitución.
4. La sección 47 (4) de la nueva Constitución está suspendida hasta la segunda elección de la Asamblea bajo la nueva Constitución.

7. CONSEJO NACIONAL DE PROVINCIAS

1. Para el período que termina inmediatamente antes que la primera sesión de una legislatura provincial tenga lugar después de su primera elección bajo la nueva Constitución:
   1. la proporción de la representación de los partidos en la delegación de la provincia al Consejo Nacional de Provincias debe ser la misma que la proporción en que los 10 senadores de la provincia fueron propuestos en las condiciones de la sección 48 de la Constitución anterior; y
   2. la atribución de delegados permanentes y de delegados especiales a los partidos representados en el órgano legislativo provincial es como sigue:
      1. Cabo del Este

         Delegados permanentes - ANC 5, NP 1

         Delegados Especiales - ANC 4

      2. . Estado Libre

         Delegados permanentes: ANC 4, FF 1, NP 1

         Delegados Especiales - ANC 4

      3. Gauteng

         Delegados permanentes: ANC 3, DP 1, FF 1, NP 1

         Delegados especiales - ANC 3, NP 1

      4. KwaZulu-Natal

         Delegados permanentes: ANC 1, DP 1, IFP 3, NP 1

         Delegados especiales - ANC 2, IFP 2

      5. Mpumalanga

         Delegados permanentes: ANC 4, FF 1, NP 1

         Delegados Especiales - ANC 4

      6. Norte del Cabo

         Delegados permanentes - ANC 3, FF 1, NP 1

         Delegados especiales - ANC 2, NP 2

      7. Provincia del Norte

         Delegados Permanentes - ANC 6

         Delegados Especiales - ANC 4

      8. Noroeste

         Delegados permanentes: ANC 4, FF 1, NP 1

         Delegados Especiales - ANC 4

      9. Noreste

         Delegados permanentes: ANC 2, DP 1, NP 3

         Delegados especiales - ANC 1, NP 3

2. Un partido representado en un órgano legislativo provincial:
   1. debe proponer a sus delegados permanentes de entre las personas que fuesen senadores cuando la nueva Constitución entre en vigor y estén disponibles para actuar como delegados permanentes; y
   2. puede proponer a otras personas como delegados permanentes sólo si ninguno o un número insuficiente de ex senadores está disponible.
3. Un órgano legislativo provincial debe designar a sus delegados permanentes de acuerdo con las propuestas de los partidos.
4. Las subsecciones (2) y (3) se aplican sólo a la primera designación de delegados permanentes del Consejo Nacional.
5. La sección 62 (1) de la nueva Constitución no se aplica a la propuesta y designación de exsenadores como delegados permanentes en los términos de este ítem.
6. El reglamento y procedimientos del Senado en vigor cuando la nueva Constitución entre en vigor, deben ser aplicados respecto de los asuntos del Consejo Nacional en la medida que les puedan ser aplicados, con sujeción a cualquier enmienda o derogación.

8. EX SENADORES

1. Un Exsenador que no sea designado delegado permanente de! Consejo Nacional de Provincias tiene derecho a ser miembro con pleno derecho a voto del órgano legislativo de la provincia por la que esa persona fue propuesta como senador en los términos de la sección 48 de la Constitución anterior.
2. Si un ex senador elige no ser miembro del órgano legislativo provincial se considera que esa persona ha dimitido como senador el día antes de que la nueva Constitución entrase en vigor.
3. El salario, asignaciones y beneficios de un ex senador designado como delegado permanente o como miembro de un órgano legislativo provincial no pueden ser reducidos por la única razón de esa designación.

9. EJECUTIVO NACIONAL

1. Toda persona que fuese Presidente, Vicepresidente del Ejecutivo, Ministro o Viceministro bajo la Constitución anterior cuando la nueva Constitución entre en vigor, continúa en y ostenta el cargo en los términos de la nueva Constitución, pero sujeto al subsección (2).
2. Hasta el 30 de abril de 1999, las secciones 84, 89, 90, 91, 93 Y 96 de la nueva Constitución deben ser entendidas como se expone en el Apéndice B a este Anexo.
3. El subsección (2) no impide que un ministro u fuese senado cuando la nueva Constitución entre en vigor, continúe como un Ministro al que se refiere la sección 91(1) (a) de la nueva Constitución, como esa sección dice en el Apéndice B.

10. ÓRGANOS LEGISLATIVOS PROVINCIALES

1. Toda persona que fuese miembro o titular de cargo de un órgano legislativo provincial cuando la nueva Constitución entró en vigor, deviene miembro o titular de cargo del órgano legislativo de esa provincia bajo la nueva Constitución, y ostenta el cargo como, miembro o titular de cargo en los términos de la nueva Constitución y de cualquier constitución provincial que pueda ser establecida.
2. Un órgano legislativo provincial constituido en los términos del subsección (1) debe considerarse como elegido bajo la nueva Constitución por un período que expira el 30 de abril de 1999.
3. Por la duración de su mandato que expira el 30 de abril de 1999, Y con sujeción a la sección 108 (4), un órgano legislativo provincial se compone de un número de miembros determinado para ese órgano legislativo bajo la Constitución anterior más el número de ex senadores que devengan miembros del órgano legislativo en los términos del apartado 8 de este Anexo.
4. El reglamento y procedimientos de un órgano legislativo provincial vigentes cuando la nueva Constitución entre en. ,vigor, continúan vigentes, sujetos a cualquier enmienda o derogación.

11. ELECCIONES DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS PROVINCIALES

1. A pesar de la derogación de la Constitución anterior, el Apéndice 2 de esa Constitución, enmendada por el Anexo A de este Anexo, aplica:
   1. a la primera elección de una legislatura provincial bajo la nueva Constitución;
   2. a la pérdida de la membresía de una legislatura en circunstancias distintas a las previstas en la sección 106 (3) de la nueva Constitución; y
   3. al llenado de vacantes en una legislatura, y la suplementación, revisión y uso de listas de partidos lejos del llenado de vacantes, hasta la segunda elección de la legislatura bajo la nueva Constitución.
2. La sección 106 (4) de la nueva Constitución se suspende con respecto a una legislatura provincial hasta la segunda elección de la legislatura bajo la nueva Constitución.

12. EJECUTIVOS PROVINCIALES

1. Cualquier persona que fue Primer Ministro o miembro del Consejo Ejecutivo de una provincia cuando la nueva Constitución entró en vigencia, continúa y mantiene esa oficina en términos de la nueva Constitución y cualquier constitución provincial que pueda promulgarse, pero sujeta a un subsección (2).
2. Hasta que el Primer Ministro elegido después de la primera elección de la legislatura de una provincia bajo la nueva Constitución asuma el cargo, o la provincia promulgue su constitución, lo que ocurra primero, los artículos 132 y 136 de la nueva Constitución deben leerse como se establece en el Anexo C a este horario.

13. CONSTITUCIONES PROVINCIALES

14. ASIGNACIÓN DE LEGISLACIÓN A PROVINCIAS

1. La legislación con respecto a un asunto dentro de un área funcional enumerada en el Anexo 4 o 5 de la nueva Constitución y que, cuando la nueva Constitución entró en vigor, fue administrada por una autoridad dentro del ejecutivo nacional, puede ser asignada por el Presidente, por proclamación, a una autoridad dentro de un ejecutivo provincial designado por el Consejo Ejecutivo de la provincia.
2. En la medida en que sea necesario para que una asignación de legislación bajo el subsección (1) se lleve a cabo efectivamente, el Presidente, mediante proclama, podrá:
   1. emendar o adaptar la legislación para regular su interpretación o aplicación;
   2. cuando la cesión no se aplique a la totalidad de cualquier acto legislativo, derogue y vuelva a promulgar, con o sin enmiendas o adaptaciones mencionadas en el parágrafo (a), las disposiciones a las que se aplica la asignación o en la medida en que la asignación se aplica a ellos; o
   3. regular cualquier otro asunto necesario como resultado de la asignación, incluida la transferencia o la adscripción del personal, o la transferencia de activos, pasivos, derechos y obligaciones, a o desde el ejecutivo nacional o provincial o cualquier departamento de estado, administración , servicio de seguridad u otra institución.

3

1. Una copia de cada proclama emitida en términos del subsección (1) o (2) debe ser presentada a la Asamblea Nacional y al Consejo Nacional de las Provincias dentro de los 10 días de la publicación de la proclamación.
2. Si tanto la Asamblea Nacional como el Consejo Nacional desaprueban la proclamación o cualquier disposición de la misma, la proclamación o disposición caduca, pero sin afectar:
   1. la validez de cualquier cosa hecha en términos de la proclamación o disposición antes de que caduque; o
   2. un derecho o privilegio adquirido o una obligación o responsabilidad incurrida antes de que caducara.
3. Cuando la legislación se asigna bajo el subsección (1), cualquier referencia en la legislación a una autoridad que la administra debe interpretarse como una referencia a la autoridad a la que se le ha asignado.
4. Toda asignación de legislación en virtud del artículo 235 (8) de la Constitución anterior, incluida cualquier enmienda, adaptación o derogación y nueva promulgación de cualquier legislación y cualquier otra medida adoptada en virtud de esa sección, se considera que se ha realizado en virtud de este artículo.

15. LEGISLACIÓN EXISTENTE FUERA DEL PODER LEGISLATIVO DEL PARLAMENTO

1. Una autoridad en el ejecutivo nacional que sea responsable de cualquier legislación que caiga fuera del poder legislativo del Parlamento cuando la nueva Constitución entre en vigor, permanece competente para ser responsable de esa legislación hasta que sea asignada a una autoridad en un ejecutivo provincial en los términos del apartado 14 de este Anexo.
2. La subsección (1) caduca dos años después que la nueva Constitución entre en vigor.

16. TRIBUNALES

1. Todo tribunal, incluyendo los tribunales de los líderes tradicionales, que exista cuando la nueva Constitución entre en vigor, sigue actuando y ejerciendo jurisdicción en los términos de la legislación que le sea aplicable, y todo el que ostente un cargo judicial continúa manteniendo el cargo en los términos de la legislación aplicable a ese cargo, con sujeción a:
   1. cualquier enmienda o derogación de esa legislación; y
   2. la compatibilidad con la nueva Constitución.

2

1. El Tribunal Constitucional establecido por la Constitución anterior se convierte en el Tribunal Constitucional en virtud de la nueva Constitución.
2. [derogado]

3

1. La División de Apelaciones del Tribunal Supremo de Sudáfrica se convierte en el Tribunal Supremo de Apelación en virtud de la nueva Constitución.
2. [derogado]

4

1. Una división provincial o local del Tribunal Supremo de Sudáfrica o un tribunal supremo de una patria o una división general de dicho tribunal, se convierte en Tribunal Superior conforme a la nueva Constitución sin ninguna modificación en su área de jurisdicción, sujeto a cualquier racionalización contemplada en la subsección (6).
2. Cualquier persona que ocupe un cargo o se considere que desempeña el cargo de Juez Presidente, el Juez Delegado Presidente o un juez de un tribunal al que se hace referencia en el parágrafo (a) cuando entre en vigor la nueva Constitución, se convierte en Juez Presidente, Juez Delegado Presidente o Juez de dicho tribunal según la nueva Constitución, sujeto a cualquier racionalización contemplada en el subsección (6).
2. A menos que sea inconsistente con el contexto o claramente inapropiado, una referencia en cualquier legislación o proceso para:
   1. el Tribunal Constitucional en virtud de la Constitución anterior, debe interpretarse como una referencia al Tribunal Constitucional en virtud de la nueva Constitución;
   2. la División de Apelaciones del Tribunal Supremo de Sudáfrica debe interpretarse como una referencia al Tribunal Supremo de Apelación; y
   3. Una división provincial o local del Tribunal Supremo de Sudáfrica o un tribunal supremo de una división patria o general de ese tribunal, debe interpretarse como una referencia a un Tribunal Superior.

17. CASOS PENDIENTES ANTE LOS TRIBUNALES

18. AUTORIDAD DEL MINISTERIO FISCAL

1. La sección 108 de la Constitución anterior continúa en vigor hasta que la Ley del Parlamento enunciada en la sección 179 de la nueva Constitución entre en vigor. Esta subsección no afecta a la designación de Director Nacional del Ministerio Público en los términos de la sección 179.
2. Un Fiscal General que ostente el cargo cuando la nueva Constitución entre en vigor, continúa en la función en las condiciones aplicables a ese cargo, con sujeción a la subsección (1).

19. JURAMENTOS Y AFIRMACIONES

20. OTRAS INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES

1. En esta sección "institución constitucional" significa:
   1. el Protector Publico;
   2. la Comisión de Derechos Humanos;
   3. la Comisión de Igualdad de Genera;
   4. el Auditor-General;
   5. el Banco de Reserva Sudafricano;
   6. la Comisión Financiera y Fiscal;
   7. la Comisión de Servicio Judicial; o
   8. la Junta Pan sudafricana de la Lengua.
2. Una institución constitucional establecida en los términos de la Constitución anterior continúa en funciones en los términos de la legislación que le sea aplicable, y cualquiera que ostente un cargo como miembro de una Comisión, miembro de la Junta del Banco de Reserva o de la Junta Pan sudafricana de la lengua, el Protector Público o el Auditor-General cuando la nueva Constitución entre en vigor, continúa ostentando el cargo en los términos de la legislación aplicable a ese cargo, con sujeción a:
   1. cualquier enmienda o derogación de esa legislación; y
   2. la compatibilidad con la nueva Constitución.
3. Las secciones 199 (1), 200 (1), (3) y (5) a (11) y 201 a 206 de la Constitución anterior continúan en vigor hasta que sean derogadas por una ley del Parlamento en los términos de la sección 75 de la nueva Constitución.
4. Los miembros de la Comisión del Servicio Judicial a los que se refiere la sección 105 (1) (h) de la Constitución anterior dejan de ser miembros de la Comisión cuando los miembros a los que se refiere la sección 178 (1) (i) de la nueva Constitución sean designados.

21. ESTABLECIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN REQUERIDA POR LA NUEVA CONSTITUCIÓN

1. Cuando la Constitución requiere el establecimiento de legislación nacional o provincial, esa legislación debe ser establecida por la autoridad correspondiente en un período razonable desde la fecha en que la nueva Constitución entre en vigor.
2. La sección 198 (b) de la nueva Constitución no puede ser obligatoria hasta que la legislación enunciada en esa sección haya sido establecida.
3. La sección 199 (3) (a) de la nueva Constitución no puede ser aplicada antes que expiren los tres meses después que la legislación enunciada en esa sección haya sido establecida.
4. La legislación nacional enunciada en la sección 217 (3) de la nueva Constitución debe ser establecida en el plazo de tres años de la fecha en que la nueva Constitución entre en vigor, pero la ausencia de esta legislación durante este período no impide la ejecución de la política a qué se refiere la sección 217 (2).
5. Hasta que la Ley del Parlamento a que se refiere la sección 65 (2) de la nueva Constitución sea establecida cada órgano legislativo provincial puede determinar su propio procedimiento en los términos de qué autoridad tiene conferido en su delegación emitir votos en su representación en el Consejo Nacional de Provincias.
6. Hasta que la legislación enunciada en la sección 229 (1) (b) de la nueva Constitución sea establecida, una municipalidad tiene competencia para imponer cualquier impuesto, exacción o arancel que estaba autorizada a imponer cuando la nueva Constitución entre en vigor.

22. UNIDAD NACIONAL Y RECONCILIACIÓN

1. No obstante las otras disposiciones de la nueva Constitución y a pesar de la derogación de la Constitución anterior, todas las disposiciones relacionadas con la amnistía contenidas en la anterior Constitución bajo el título "Unidad Nacional y reconciliación" se consideran parte de la nueva Constitución por los fines de la Ley de promoción de la Unidad Nacional y Reconciliación, 1995 (Ley 34 de 1995), conforme está enmendada, incluso por los objetivos de su validez.
2. A los efectos del subsección (1), la fecha '6 de diciembre de 1993', donde aparece en las disposiciones de la Constitución anterior bajo el título «Nacional Unidad y Reconciliación', debe leerse como '11 de mayo de 1994'

23. DECLARACIÓN DE DERECHOS

1. La legislación nacional enunciada en las secciones 9 (4), 32 (2) y 33 (3) de la nueva Constitución debe ser establecida dentro de los tres años desde la fecha en que la nueva Constitución entre en vigor.
2. Hasta que la legislación enunciada en las secciones 32 (2) y 33 (3) de la nueva Constitución sea establecida:
   1. la sección 32 (1) debe ser leída como sigue:

      "(1) Toda persona tiene el derecho de acceso a toda la información poseída por el Estado o cualquiera de sus órganos en cualquier esfera de gobierno en la medida que esa información sea requerida para el ejercicio o protección de cualquiera de sus derechos", y

   2. la sección 33 (1) y (2) debe ser leída como sigue:

      "Toda persona tiene el derecho a:

      (a) una actuación administrativa legal cuando cualquiera de sus derechos o intereses esté afectado o amenazado;

      (b) una actuación administrativa procedimentalmente justa cuando cualquiera de sus derechos o expectativas legítimas estén afectadas o amenazadas;

      (c) que se le faciliten razones por escrito de la actuación administrativa que afecte a cualquiera de sus derechos o intereses salvo que las razones para esa actuación hayan sido hechas públicas; y

      (d) una actuación administrativa que sea justificable en relación con las razones dadas para ella cuando cualquiera de sus derechos esté afectado o amenazado".

3. Las secciones 32 (2) y 33 (3) de la nueva Constitución caducan si la nueva legislación enunciada en esas secciones, respectivamente, no es establecida dentro de los tres años de la fecha en que la nueva Constitución entre en vigor.

24. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

1. Las secciones 82 (4) (b), 215, 218 (1), 219 (1), 224 a 228, 236 (1), (2), (3), (6), (7) (b) y (8), 237 (1) y (2) (a) y 239 (4) y (5) de la Constitución anterior continúan en vigor como si la Constitución anterior no hubiese sido derogada, con sujeción a:
   1. las enmiendas a esas secciones como se establecen en el Apéndice D;
   2. cualquier enmienda adicional o cualquier derogación de esas secciones por una Ley del Parlamento aprobada en los términos de la sección 75 de la nueva Constitución; y
   3. la compatibilidad con la nueva Constitución.
2. La Comisión de Servicio Público y las comisiones provinciales de servicio a las que se refiere el Capítulo 13 de la Constitución anterior continúan funcionando en los términos de ese Capítulo y la legislación que sea aplicable como si ese Capítulo no hubiese sido derogado, hasta que la Comisión de Servicio Público y las comisiones provinciales de servicio sean abolidas por una Ley del Parlamento aprobada en los términos de la sección 75 de la nueva Constitución.
3. La derogación de la anterior Constitución no afecta a cualquier proclamación emitida bajo la sección 237 (3) de la Constitución anterior, y cualquiera de tales proclamaciones continúa en vigor, con sujeción a:
   1. cualquier enmienda o derogación; y
   2. la compatibilidad con la Constitución.

25. INHABILITACIÓN ADICIONAL PARA LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS

1. Todo lo que, cuando la nueva Constitución entre en vigor, este cumpliendo una pena de más de doce meses de prisión sin opción a una multa, no es elegible como miembro de la Asamblea Nacional o un órgano legislativo provincial.
2. La inhabilitación de una persona en los términos del subsección(1):
   1. caduca si la condena es dejada sin efecto en apelación, o la pena es reducida en apelación a una pena que no inhabilite a esa persona; y
   2. termina cinco años después de que la pena haya sido cumplida.

26. GOBIERNO LOCAL

1. No obstante las previsiones de las secciones 151, 155, 156 y 157 de la nueva Constitución:
   1. las disposiciones de la Ley de transición del gobierno local, 1993 (Ley 209 de 1993), que puede ser modificado ocasionalmente por legislación en consonancia con la nueva Constitución, siguen en vigor en respecto de un Consejo Municipal hasta el [30 de abril de 1999 o hasta su derogación, lo que ocurra primero] a El Consejo ha sido declarado elegido como resultado del primer general elección de consejos municipales después del comienzo de la nueva constitución y;
   2. un líder tradicional de una comunidad que observa un sistema de leyes indígenas y reside en tierras dentro del área de un consejo local de transición, consejo rural de transición o consejo representativo de transición, mencionado en la Ley de transición del gobierno local de 1993, y que ha sido identificado tal como se establece en el artículo 182 de la Constitución anterior, puede ser miembro de ese consejo hasta el [30 de abril de 1999 o hasta que una Ley del Parlamento disponga lo contrario] un Concejo Municipal que reemplace dicho consejo ha sido declarado elegido como resultado de la primera elección general de consejos municipales después del comienzo de la nueva Constitución y
2. La Sección 245 (4) de la Constitución anterior continúa vigente hasta que la aplicación de esa sección caduque. La sección 16 (5) y (6) de la Ley de transición del gobierno local de 1993 no puede derogarse antes del 30 de abril de 1999.

27. CUSTODIA DE LA LEYES DEL PARLAMENTO Y LEYES PROVINCIALES

28. REGISTRO DE LOS BIENES INMUEBLES POSEÍDOS POR EL ESTADO

1. Sobre la confección de un certificado por una autoridad competente de que la propiedad poseída por el Estado es titularidad de un gobierno particular en los términos de la sección 239 de la anterior Constitución, un registrador de escrituras debe hacer las correspondientes anotaciones o endosos en o sobre el registro pertinente, la escritura del título u otro documento para registrar esa propiedad inmobiliaria a nombre de ese gobierno.
2. Ningún arancel, estipendio u otra carga es pagadera con respecto al registro en los términos del subsección (1).

APÉNDICE A. ENMIENDAS AL ANEXO 2 A LA CONSTITUCIÓN ANTERIOR

1. Sustitución del ítem 1 por el siguiente ítem:

   "1 Los partidos registrados en las condiciones de la legislación nacional y que se presenten a una elección de la Asamblea Nacional, propondrán candidatos para tal elección en listas de candidatos preparadas de acuerdo con este Anexo y la legislación nacional."

2. Sustitución de! ítem 2 por el siguiente ítem:

   "2 Los asientos en la Asamblea Nacional conforme está determinado en las condiciones de la sección 46 de la nueva Constitución, serán cubiertos como sigue:

   (a) La mitad de asientos de las listas regionales presentadas por los respectivos partidos, con un número establecido de asientos reservados para cada región conforme sea determinado por la Comisión para la próxima elección de la Asamblea, teniendo en cuenta los datos disponibles avalados científicamente con respecto de los votantes y las representaciones de los partidos interesados.

   (b) La otra mitad de los asientos de las listas nacionales presentadas por los partidos respectivos o de las listas regionales donde las listas nacionales no fuesen presentadas".

3. Sustitución de! ítem 3 por el siguiente ítem:

   "3 Las listas de candidatos presentadas por un partido deberán contener en total los nombres de no más de un número de candidatos igual al número de asientos en la Asamblea Nacional y cada lista deberá indicar tales nombres en el orden de preferencia que el partido pueda establecer".

4. La enmienda de! ítem 5 mediante la sustitución de las palabras precedentes al parágrafo (a) por las siguientes palabras:

   "5 Los asientos que se refiere el ítem 2 (a) serán atribuidos por región a los partidos que se presenten a una elección, como sigue":

5. La enmienda del ítem 6:
   1. mediante la sustitución de las palabras precedentes al parágrafo (a) con las siguientes palabras:

      "6 Los asientos a que se refiere el ítem 2 (b) serán atribuidos a los partidos que se presenten a una elección, como sigue:"; y

   2. mediante la sustitución del parágrafo (a) por el siguiente parágrafo:

      "(a) Una cuota de voto por asiento será determinada dividiendo el número total de votos emitidos nacionalmente, más uno, y el resultado más uno, sin considerar las fracciones, deberá ser la cuota de votos por asiento".

6. La enmienda de! ítem 7 (3) mediante la sustitución del parágrafo (b) por el siguiente parágrafo:

   "(b) una cuota enmendada de votos por asiento será determinada dividiendo el número total de votos emitidos nacionalmente, menos el número de votos emitidos nacionalmente en favor del partido al que se refiere el parágrafo (a), por el número de asientos de la Asamblea, más uno, menos el número de asientos finalmente asignados a dicho partido en los términos del parágrafo (a)".

7. La sustitución del ítem 10 por el siguiente ítem:

   "10 El número de asientos en cada órgano legislativo provincial deberá ser el determinado conforme a los términos de la sección 105 de la nueva Constitución".

8. La sustitución del ítem 11 por el siguiente ítem:

   "11 los partidos registrados en las condiciones de la legislación nacional y que se presenten a una elección de un órgano legislativo provincial, deberán proponer a los candidatos para la elección a tal legislatura provincial sobre listas provinciales preparadas de acuerdo con este Anexo y la legislación nacional".

9. La sustitución del ítem 16 por el siguiente ítem:

   "16 Designación de representantes

   (1) Después que el recuento de votos haya sido concluido, el número de representantes de cada partido haya sido determinado y el resultado de la elección declarado en los términos de la sección 190 de la nueva Constitución, la Comisión deberá, dentro de los dos días después de tal declaración, designar de cada lista de candidatos, publicadas en los términos de la legislación nacional, los representantes de cada partido en el órgano legislativo.

   (2) Siguiendo a la designación en los términos del subsección (1), si el nombre de un candidato aparece en más de una lista para la Asamblea Nacional o en ambas listas, tanto para la Asamblea Nacional como para un órgano legislativo provincial (si una elección para la Asamblea y un órgano legislativo provincial es llevada cabo al mismo tiempo), y dicho candidato es susceptible de designación como representante en más de un caso, el partido que presentó tales listas deberá, en los dos días siguientes a dicha declaración, indicar a la Comisión en que lista será designado o en qué órgano legislativo ejercerá, según sea el caso, en cuyo caso el nombre del candidato será eliminado de las otras listas.

   (3) La Comisión deberá publicar sin dilación la lista de los nombres de los representantes en el órgano legislativo u órganos legislativos".

10. La enmienda del ítem 18 mediante la sustitución del parágrafo (b) por el siguiente parágrafo:

    "(b) un representante es designado como delegado permanente al Consejo Nacional de Provincias".

11. La sustitución del ítem 19 por el siguiente ítem:

    "19 Las listas de candidatos de un partido a las que refiere el apartado 16 (1) pueden ser complementadas en una sola ocasión en cualquier momento durante los doce primeros meses siguientes a la fecha en que la designación de representantes en los términos del apartado 16 haya sido concluida, en orden a cubrir vacantes casuales: A condición de que cualquier candidato complementario deberá ser propuesto al final de la lista".

12. La sustitución del ítem 23 por el siguiente ítem:

    "23 Vacantes

    (1) En el caso de una vacante en un órgano legislativo a que se aplique este Anexo, el partido que propuso al miembro que causó la vacante deberá cubrir la vacante proponiendo a una persona:

    (a) cuyo nombre aparezca en la lista de candidatos en la que el miembro que causó la vacante fue originariamente propuesto; y

    (b) que sea la siguiente persona habilitada y disponible en la lista.

    (2) Una propuesta para cubrir una vacante deberá ser presentada al Presidente de la Cámara por escrito.

    (3) Si un partido representado en un órgano legislativo se disuelve o deja de existir y los miembros en cuestión dejan vacantes sus asientos como consecuencia del ítem 23 A (1), los asientos en cuestión deberán ser asignados a los partidos restantes mutatis mutandis como si tales asientos fuesen perdidos en las condiciones del apartado 7 o 14, según sea el caso".

13. La inserción del siguiente ítem después del ítem 23:

    "23A Causa adicional para la pérdida de la condición de miembro de los órganos legislativos

    (1) Una persona pierde la pertenencia a un órgano legislativo a que este Anexo se aplique si esa persona cesa de ser miembro del partido que la propuso como miembro del órgano legislativo.

    (2) A pesar del subsección (1) cualquier partido político existente puede cambiar su nombre en cualquier momento.

    (3) Una Ley del Parlamento puede, en un período razonable después que la nueva Constitución entre en vigor, ser aprobada de acuerdo con la sección 76 (1) de la nueva Constitución para enmendar este ítem y el ítem 23 para establecer la manera en que será posible a un miembro del órgano legislativo que cese de ser miembro del partido que propuso a ese miembro, retener la pertenencia a tal órgano legislativo.

    (4) Una Ley del Parlamento a la que se refiere el subsección (3) puede también prever:

    (a) que cualquier partido existente se fusione con otro; o

    (b) que cualquier partido se subdivida en más de uno".

14. La supresión del ítem 24.
15. La enmienda del ítem 25:
    1. mediante la sustitución de la "Comisión" por la siguiente definición: "Comisión significa la Comisión Electoral a que se refiere la sección 190 de la nueva Constitución", y;
    2. mediante la inserción de la siguiente definición después de la definición de "lista nacional"; "nueva Constitución significa la Constitución de la República de Sudáfrica, 1996."
16. La supresión del ítem 26.

APÉNDICE B. GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL: ESFERA NACIONAL

1. Se considera que la sección 84 de la nueva Constitución contiene la siguiente subsección:

   "(3) El Presidente debe consultar a los Vicepresidentes del Ejecutivo:

   (a) en el desarrollo y ejecución de las políticas del gobierno nacional;

   (b) en todas las materias relacionadas con la dirección del Gabinete y la ejecución de la actividad del Gabinete;

   (c) en la asignación de funciones a los Vicepresidentes del Ejecutivo;

   (d) antes de hacer cualquier designación bajo la Constitución o legislación, incluyendo la designación de embajadores, u otros representantes diplomáticos;

   (e) antes de designar comisiones de investigación;

   (f) antes de convocar un referéndum;

   (g) antes de perdonar o indultar a los delincuentes".

2. Se considera que la sección 89 de la nueva Constitución contiene la siguiente subsección adicional:

   "(3) La subsección (1) y (2) se aplican también a un Vicepresidente del Ejecutivo".

3. El parágrafo (a) de la sección 90 (1) de la nueva Constitución se debe leer como sigue:

   "(a) un Vicepresidente del Ejecutivo designado por el Presidente."

4. La sección 91 de la nueva Constitución se debe leer como sigue:

   "91 Gabinete

   (1) El Gabinete se compone de Presidente, los Vicepresidentes del Ejecutivo y:

   (a) no más de 27 Ministros que sean miembros de la Asamblea Nacional y designados en los términos de la subsección (8) a (12); y

   (b) no más de un Ministro que no sea miembro de la Asamblea Nacional y designado en los términos de la subsección (13), supuesto que el Presidente, consultando con los Vicepresidentes de! Ejecutivo y los líderes de los partidos que estén representados, considere conveniente la designación de tal Ministro.

   (2) Cada partido que ostente al menos 80 asientos en la Asamblea Nacional tiene derecho a designar un Vicepresidente del Ejecutivo de entre los miembros de la Asamblea.

   (3) Si ningún partido ostenta 80 o más asientos en la Asamblea, el partido que ostente el más amplio número de asientos y el partido que ostente el segundo número más amplio de asientos tienen derecho a designar un Vicepresidente de entre los miembros de la Asamblea.

   (4) Al ser designado, un Vicepresidente del Ejecutivo puede elegir permanecer o cesar de ser miembro de la Asamblea.

   (5) Un Vicepresidente del Ejecutivo puede ejercitar los poderes y debe realizar las funciones otorgadas al cargo de Vicepresidente por la Constitución o asignadas a ese cargo por el Presidente.

   (6) Un Vicepresidente del Ejecutivo ostenta el cargo:

   (a) hasta el 30 de abril de 1999 salvo que sea sustituido o relevado por el partido facultado para hacer la designación en los términos de las subsecciones (2) y (3); o

   (b) hasta que la persona elegida Presidente después de una elección de la Asamblea Nacional llevada a cabo antes del 30 de abril de 1999, asuma el cargo.

   (7) Una vacante en el cargo de Vicepresidente del Ejecutivo puede ser cubierta por el partido que designó a ese Vicepresidente.

   (8) Un partido que ostente al menos 20 asientos en la Asamblea Nacional y que haya decidido participar en el gobierno de unidad nacional, tiene derecho a que le sean asignadas una o más carteras en relación con que Ministros a los que se refiere la subsección (1) (a) deban ser designados, en proporción al número de asientos ostentados por él en la Asamblea Nacional en relación al número de asientos ostentados por los otros partidos participantes.

   (9) Las carteras del Gabinete deben ser atribuidas a los respectivos partidos participantes de acuerdo con la siguiente fórmula:

   (a) Una cuota de asientos por cartera debe ser establecida dividiendo el número total de asientos de la Asamblea Nacional ostentados conjuntamente por los partidos participantes por el número de carteras en relación con los Ministros a que se refiere la subsección (1) (a) que deban ser designados, más uno.

   (b) El resultado, sin tener en cuenta el tercero y subsiguientes decimales, si es el caso, es la cuota de asientos por cartera.

   (c) El número de carteras atribuidas a un partido representado se determina dividiendo el número total de asientos ostentados por ese partido en la Asamblea Nacional por la cuota a que se refiere en el parágrafo (b).

   (d) El resultado, con sujeción al parágrafo (e), indica el número de carteras que debe ser atribuido a ese partido.

   (e) Donde la aplicación de la anterior fórmula produzca un exceso no absorbido por el número de carteras asignadas a un partido, el exceso compite con los otros excesos similares que acumulen otro partido o partidos, y cualesquiera cartera o carteras que permanezcan sin asignar debe ser atribuida al partido o partido favorecido en la secuencia con el más alto exceso.

   (10) El Presidente después de consultar con los Vicepresidentes de! Ejecutivo y los líderes de los partidos que estén representados debe:

   (a) determinar las carteras específicas que deben ser atribuidas a los respectivos partidos participantes de acuerdo con el número de carteras atribuidas a ellos en los términos de la subsección (9);

   (b) designar con relación a cada una de tales carteras a un miembro de la Asamblea Nacional que sea miembro del partido al que la cartera esté atribuida según el parágrafo (a), como Ministro responsable de esa cartera;

   (c) si deviniese necesario para los propósitos de la Constitución o en interés de un buen gobierno, cambiar cualquier determinación bajo el parágrafo (a), con sujeción a la subsección (9);

   (d) poner fin a cualquier designación bajo el parágrafo (b):

   (i) si el Presidente es requerido a hacerlo así por el líder del partido del que el Ministro en cuestión sea miembro; o

   (ii) si deviene necesario para los propósitos de la Constitución o en interés del buen gobierno; o

   (e) cubrir, cuando sea necesario, con sujeción al parágrafo (b), una vacante en el cargo de Ministro.

   (11) La subsección (10) debe ser ejecutada con el espíritu encarnado en el concepto de un gobierno de unidad nacional, y el Presidente y los otros funcionarios afectados deben, en ejecución de esa subsección, buscar alcanzar el consenso en todo momento: En el supuesto de que el consenso no pueda ser alcanzado en:

   (a) el ejercicio de un poder al que se refiere el parágrafo (a), (c) o (d) (ii) de esa subsección, la decisión del Presidente prevalece;

   (b) el ejercicio de un poder al que se refiere el parágrafo (b),

   (c) el ejercicio de un poder al que se refiere el parágrafo (b) o (e) de esa subsección que afecte a una persona que sea miembro del partido del Presidente, la decisión del Presidente prevalece.

   (12) Si se determina cualquier determinación de asignaciones de cartera bajo la subsección (10) (c), los ministros afectados deben desalojar sus carteras, pero son elegibles, cuando corresponda, para volver a nombrar otras carteras asignadas a sus respectivas partes en términos de la determinación variada .

   (13) El Presidente:

   (a) en consulta con los vicepresidentes ejecutivos y los líderes de las partes participantes, deberán:

   (i) determinar una cartera específica para un Ministro a la que se hace referencia en el inciso (1) (b) en caso de que sea necesario de conformidad con una decisión del Presidente en virtud de ese inciso;

   (ii) nombrará con respecto a esa cartera a una persona que no sea miembro de la Asamblea Nacional, como el Ministro responsable de esa cartera; y

   (iii) llenar, si es necesario, una vacante con respecto a esa cartera; o

   (b) después de consultar con los Vicepresidentes Ejecutivos y los líderes de las partes participantes, debe dar por terminado cualquier nombramiento conforme al parágrafo (a) si resulta necesario a los fines de la Constitución o en interés del buen gobierno.

   (14) Las reuniones del Gabinete deben ser presididas por el Presidente, o, si el Presidente así lo ordena, por un Vicepresidente Ejecutivo: Siempre que los Vicepresidentes Ejecutivos presidan las reuniones del Gabinete a su vez a menos que existan las exigencias del gobierno y del espíritu encarnado en el concepto de un gobierno de unidad nacional de lo contrario demanda.

   (15) El Gabinete debe funcionar de forma tal que tenga en cuenta el espíritu de búsqueda de consenso incorporado en el concepto de un gobierno de unidad nacional, así como la necesidad de un gobierno efectivo ".

5. Se considera que el artículo 93 de la nueva Constitución dice lo siguiente:

   "93 Nombramiento de Viceministros

   (1) El Presidente puede, después de consultar con los Vicepresidentes Ejecutivos y los líderes de los partidos que participan en el Gabinete, establecer puestos de viceministros ministeriales.

   (2) Una parte tiene derecho a que se le asignen uno o más puestos de viceministros en la misma proporción y de acuerdo con la misma fórmula que se asignan las carteras en el gabinete.

   (3) Las disposiciones de la sección 91 (10) a (12) se aplican, con los cambios necesarios, con respecto a los Viceministros, y en dicha aplicación una referencia en esa sección a un Ministro o una cartera debe leerse como una referencia a un viceministro o un viceministro de correos, respectivamente.

   (4) Si una persona es nombrada Viceministra de cualquier cartera confiada a un Ministro:

   (a) que el viceministro debe ejercer y desempeñar en nombre del ministro pertinente cualquiera de los poderes y funciones asignados a dicho ministro en términos de legislación o de otro tipo que, sujeto a las instrucciones del presidente, pueda asignarse a ese viceministro por ese Ministro; y

   (b) cualquier referencia en cualquier legislación a ese Ministro debe interpretarse como que incluye una referencia al Viceministro que actúa en términos de una asignación en virtud del parágrafo (a) por el Ministro para el que actúa el Viceministro.

   (5) Siempre que un Viceministro esté ausente o por alguna razón incapaz de ejercer o desempeñar cualquiera de los poderes o funciones del cargo, el Presidente podrá nombrar a cualquier otro Viceministro u otra persona para que actúe en nombre del Viceministro, ya sea en general o en el ejercicio o desempeño de cualquier poder o función específica".

6. Se considera que el artículo 96 de la nueva Constitución contiene las siguientes subsecciones adicionales:

   "(3) Los ministros son responsables individualmente ante el Presidente y ante la Asamblea Nacional por la administración de sus carteras, y todos los miembros del Gabinete son correspondientemente responsables colectivamente por el desempeño de las funciones del gobierno nacional y por sus políticas.

   (4) Los ministros deben administrar sus carteras de acuerdo con la política determinada por el Gabinete.

   (5) Si un Ministro no administra la cartera de acuerdo con la política del Consejo de Ministros, el Presidente podrá exigir al Ministro correspondiente que ponga la administración de la cartera en conformidad con esa política.

   (6) Si el Ministro en cuestión no cumple con un requisito del Presidente bajo el inciso (5), el Presidente puede destituir al Ministro de su cargo.

   (a) si es un ministro mencionado en la sección 91 (1) (a), después de consultar con el ministro y, si el ministro no es miembro del partido del presidente o no es el líder de un partido participante, también después de consulta con el líder del partido de ese ministro; o

   (b) si es un ministro al que se hace referencia en la sección 91 (1) (b), previa consulta con los vicepresidentes ejecutivos y los líderes de las partes participantes.

APÉNDICE C. GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL: ESFERA PROVINCIAL

1. La sección 132 de la nueva Constitución se debe leer como sigue:

   "132 Consejos Ejecutivos

   (1) El Consejo Ejecutivo de una provincia se compone de un Presidente de provincia y no más de 10 miembros designados por el Presidente de la provincia de acuerdo con esta sección.

   (2) Un partido que ostente al menos el 10 por ciento de los asientos en un órgano legislativo provincial y que haya decidido participar en el gobierno de unidad nacional, está facultado para se le asignen una o más de las carteras en el Consejo Ejecutivo en proporción al número de asientos ostentados por el en el órgano Legislativo en relación con el número de asientos ostentados por los otros partidos participantes.

   (3) Las carteras en el Consejo Ejecutivo deben estar atribuidas a los respectivos partidos participantes de acuerdo con la misma fórmula expuesta en la sección 91 (9), y al aplicar esa fórmula una referencia en esa sección a:

   (a) el Gabinete, debe leerse como una referencia a un Consejo Ejecutivo;

   (b) un Ministro, debe leerse como una referencia a un miembro de un Consejo Ejecutivo; y

   (c) la Asamblea Nacional, debe leerse como una referencia a la legislatura provincial.

   (4) El Premier de una provincia después de consultar con los líderes de las partes participantes debe:

   (a) determinar las carteras específicas que se asignarán a las respectivas partes participantes de acuerdo con el número de carteras que se les haya asignado en términos de la subsección (3);

   (b) nombrará respecto de cada una de esas carteras a un miembro de la legislatura provincial que sea miembro de la parte a la que se asignó dicha cartera de conformidad con el parágrafo (a), como miembro del Consejo Ejecutivo responsable de esa cartera;

   (c) si resulta necesario para los propósitos de la Constitución o en interés del buen gobierno, variar cualquier determinación bajo el parágrafo (a), sujeto a la subsección (3);

   (d) terminar cualquier cita bajo el parágrafo (b):

   (i) si el líder del partido del cual el miembro del Consejo Ejecutivo en cuestión es miembro solicita al Premier que lo haga; o

   (ii) si es necesario para los fines de la Constitución o en interés del buen gobierno;

   (e) llenar, cuando sea necesario, sujeto al parágrafo (b), una vacante en la oficina de un miembro del Consejo Ejecutivo.

   (5) La subsección (4) debe implementarse en el espíritu incorporado en el concepto de un gobierno de unidad nacional, y el Primer Ministro y los demás funcionarios interesados deben procurar alcanzar el consenso en todo momento en la implementación de esa subsección: siempre que el consenso no puede lograrse en:

   (a) el ejercicio de un poder a que se refiere el parágrafo (a), (c) o (d) (ii) de esa subsección, prevalece la decisión del Presidente de la provincia;

   (b) el ejercicio de un poder a que se refiere el parágrafo (b), (d) (i) o (e) de esa subsección que afecte a una persona que no sea miembro del partido del Presidente de la provincia, la decisión del líder del partido de la que tal persona es miembro prevalece; y

   (c) el ejercicio de un poder a que se refiere el parágrafo (b) o (e) de esa subsección que afecte a una persona que sea miembro del partido de! Presidente de la provincia, la decisión de! Presidente de la provincia prevalece.

   (6) Si es variada una asignación de carteras bajo la subsección (4) (c), las miembros afectados deben dejar sus carteras pero son elegibles, en su caso, para una nueva designación en las otras carteras asignadas a sus respectivos partidos en los términos de las determinación variada.

   (7) Las reuniones del Consejo Ejecutivo deben ser presididas por el Presidente de la provincia.

   (8) Un Consejo Ejecutivo debe funcionar de una manera que considere el consenso que busca el espíritu encarnado en el concepto de gobierno de unidad nacional, así coma la necesidad de un gobierno efectivo".

2. La sección 136 de la nueva Constitución se considera que contiene las siguientes subsecciones adicionales:

   "(3) Los miembros de los Consejos Ejecutivos son responsables individualmente ante el Presidente de la provincia y ante el órgano legislativo provincial por la gestión de sus carteras, y todos los miembros del Consejo Ejecutivo son en correspondencia responsables colectivamente por la realización de las funciones del gobierno provincial y sus políticas.

   (4) Los miembros de los Consejo Ejecutivos deben gestionar sus carteras de acuerdo con la política determinada por el Consejo.

   (5) Si un miembro de un Consejo Ejecutivo deja de gestionar la cartera de acuerdo con la política del Consejo, el Presidente de la provincia puede requerir al miembro afectado que lleve la gestión de la cartera de conformidad con esa política.

   (6) Si el miembro afectado deja de cumplir con el requerimiento del Presidente de la provincia bajo la subsección (5), el Presidente de la provincia puede remover al miembro del cargo después de consultar con el miembro, y si el miembro no es miembro del partido del Ministro o no es el líder de un partido participante, también después de consultar con el líder del partido de ese miembro.

APÉNDICE D. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD: ENMIENDAS A SECCIONES DE LA CONSTITUCIÓN ANTERIOR

1. La enmienda a la sección 218 de la Constitución anterior:
   1. sustituyendo en la subsección (1) las palabras que preceden al parágrafo (a) por las siguientes palabras:

      "(1) Con sujeción a las instrucciones del Ministro de Seguridad y Protección, el Comisario Nacional será responsable de:"

   2. sustituyendo el parágrafo (b) de la subsección (1) por el siguiente parágrafo:

      "(b) la designación de los comisarios provinciales".

   3. sustituyendo el parágrafo (d) de la subsección (1) por el siguiente parágrafo:

      "(d) la investigación y prevención de! crimen organizado o del crimen que requiere investigación y prevención nacional o habilidades especializadas"; y

   4. Sustituyendo el parágrafo (k) de la subsección (1) por el siguiente parágrafo:

      "(k) el establecimiento y mantenimiento de una unidad de policía de orden público nacional para ser desplegada en ayuda y a petición del Comisario Provincial:"

2. La enmienda de la sección 219 de la anterior Constitución reemplazando en la subsección (1) las palabras precedentes del parágrafo (a) por las siguientes palabras:

   "(1) Con sujeción a la sección 218 (1), un Comisario Provincial será responsable de:"

3. La enmienda de la sección 224 de la Constitución anterior reemplazando el requisito a la subsección (2) por el siguiente requisito:

   "En el caso de que esta subsección deba aplicarse también a miembros de cualquier fuerza armada que presentó su lista de personal después de la entrada en vigor de la Constitución de la República de Sudáfrica, 1993 (Ley 200 de 1993), pero antes de la adopción del nuevo texto constitucional como está enunciado en la sección 73 de esa Constitución, si la organización política bajo cuya autoridad y control permanece o con quien esté asociada y cuyos objetivos promueva participó en el Consejo Ejecutivo Transitorio o tomó parte en la primera elección de la Asamblea Nacional y en el órgano legislativo provincial bajo dicha Constitución".

4. La enmienda de la sección 227 de la Constitución anterior reemplazando la subsección (2) con la siguiente subsección:

   "(2) La Fuerza Nacional de Defensa debe ejercitar sus poderes y realizar sus funciones solamente en interés nacional en los términos del Capítulo 11 de la Constitución de Sudáfrica, 1996."

5. La enmienda de la sección 236 de la Constitución anterior:
   1. reemplazando la subsección (1) por la siguiente subsección:

      "(1) Un servicio público, departamento del Estado, administración o servicio de seguridad que inmediatamente antes de la entrada en vigor de la Constitución de Sudáfrica, 1996 (a partir de ahora designada como la nueva Constitución), que realizase funciones gubernamentales, continúa en funciones en los términos de la legislación que le sea aplicable hasta que sea abolido o incorporado o integrado en cualquier institución apropiada o sea racionalizado o incorporado a otra otra institución".

   2. reemplazando la subsección (6) por la siguiente subsección:

      "(6) (a) El Presidente puede designar una comisión para revisar la conclusión o enmienda de un contrato, la designación o promoción, o el vencimiento de un término o condición de servicio o de otro beneficio, que tuviese lugar entre el 27 de abril de 1993 y el 30 de septiembre de 1994 con relación de cualquier persona a que se refiere la subsección (2) o a cualquier clase de tales personas.

      (b) La comisión puede dejar sin efecto o alterar un contrato, designación, promoción o vencimiento si no es propio o justificable en las circunstancias del caso", y

   3. reemplazando "esta Constitución", donde esto ocurra en la sección 236, por la "nueva Constitución".
6. La enmienda de la sección 237 de la anterior Constitución:
   1. reemplazando el parágrafo (a) de la subsección (1) con el siguiente parágrafo: "(a) reemplazando el parágrafo (a) de la subsección (b) por el siguiente parágrafo:

      "(a) La racionalización de todas las instituciones a que se refiere la subsección 236 (1), excluyendo a las fuerzas militares a las que se refiere la sección 224 (2), deberá continuar después de la entrada en vigor de la Constitución de la República de Sudáfrica, 1996, con miras a establecer:

      (i) una efectiva administración en la esfera nacional de gobierno al tratar materias en la esfera de la jurisdicción nacional; y

      (ii) una administración efectiva por cada provincia para tratar las materias en la jurisdicción de cada gobierno provincial; y

   2. reemplazando el subparágrafo (1) de la subsección (2) (a) por el siguiente subparágrafo:

      "(i) las instituciones a las que se refiere la sección 236 (1), excluyendo a las fuerzas militares, dependerán del gobierno nacional, que deberá ejercitar tal responsabilidad en cooperación con los gobiernos provinciales."

7. La enmienda de la sección 239 de la Constitución anterior reemplazando la subsección (4) por la siguiente subsección:

   "(4) Con sujeción y de acuerdo con cualquier Ley aplicable, los activos, derechos, obligaciones y responsabilidades de todas las fuerzas a que se refiere la sección 224 (2) se transferirán a la Fuerza de Defensa Nacional de acuerdo con las instrucciones del Ministro de Defensa".