Portugal 1976 (rev. 2005)

Artículo 24. Derecho a la vida

1. Derechos inalienables
   La vida humana será inviolable.
2. Prohibición de la pena de muerte
   En ningún caso existirá pena de muerte.

Artículo 25. Derecho a la integridad personal

1. La integridad física y moral de toda persona será inviolable.
2. Prohibición de la tortura, Prohibición de tratos crueles
   Nadie podrá ser sometido a la tortura ni a tratos o penas crueles, degradantes o inhumanas.

Artículo 26. Otros derechos personales

1. Derecho al desarrollo de la personalidad, Derecho a la privacidad, Derecho a proteger la propia reputación
   Todos tienen el derecho a la identidad personal, al desarrollo de su personalidad, a la capacidad civil, a la ciudadanía, a su buen nombre y reputación, a su imagen, a su expresión, a proteger la privacidad de su vida personal y familiar y a la protección legal contra cualquier forma de discriminación.
2. La ley establecerá garantías efectivas contra la obtención y utilización abusiva o contraria a la dignidad humana, de informaciones relativas a las personas y a las familias.
3. La ley garantizará la dignidad personal y la identidad genética de las personas, particularmente en la creación, desarrollo y uso de las tecnologías y la experimentación científica.
4. La privación de la ciudadanía y las restricciones a la capacidad civil solo pueden tener lugar en los casos y con las condiciones previstas en la ley y no se basarán en motivos políticos.

Artículo 27. Derecho a la libertad y a la seguridad

1. Todos tendrán derecho a la libertad y a la seguridad
2. Nadie podrá ser completa o parcialmente privado de la libertad a no ser como consecuencia de sentencia judicial condenatoria por la comisión de acto castigado por la ley con pena de prisión o de la aplicación judicial de una medida de seguridad.
3. Se exceptúa de este principio la privación de libertad, por el tiempo y las condiciones que la ley establezca, en los casos siguientes:
   1. Detención en flagrante delito
   2. Detención o permanencia en custodia cuando hay fuerte evidencia de un delito grave castigable con prisión por un periodo máximo de más de tres años
   3. Facultad para deportar a ciudadanos
      La imposición de prisión, detención o cualquier otra medida coercitiva sometida a control judicial, de una persona que haya entrado o esté impropiamente en territorio portugués, o que esta en esos momentos siendo sujeto de un procedimiento de extradición o deportación.
   4. Derecho a apelar decisiones judiciales
      La imposición de prisión disciplinaria al personal militar, con garantia de recurso ante el Tribunal competente.
   5. Privilegios para menores de edad en procesos criminales
      El sometimiento de un menor a medidas tendentes a protegerle, asistirle o educarle en un establecimiento adecuado, cuando sea ordenado por un Tribunal competente.
   6. Detención por orden judicial por desobediencia a una decisión judicial o para asegurar la comparecencia ante una autoridad judicial competente.
   7. Las detenciones de sospechosos con propósito de identificación en tales casos y por el tiempo que haya de ser estrictamente necesario.
   8. El internamiento de una persona con enfermedad psíquica en un establecimiento terapéutico apropiado, en lo términos ordenados o confirmados por una autoridad judicial competente.
4. Toda persona privada de libertad deberá ser informada inmediatamente y de forma comprensible de las razones de su prisión o detención y de sus derechos.
5. Protección contra confinamiento injustificado
   La privación de libertad en contra de las previsiones de esta Constitución y de la ley situará al Estado ante la obligación de compensar a la persona agraviada de acuerdo con la ley.

Artículo 28. De la prisión preventiva

1. La detención estará sometida, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, a resolución judicial, para la restitución de la libertad o para la imposición de medidas de coacción adecuadas, debiendo el juez conocer las causas que la determinaron y comunicárselas al detenido, interrogar a éste y darle la oportunidad de que se defienda.
2. Derecho a libertad durante la duración de un proceso penal
   La prisión preventiva será de naturaleza excepcional, no pudiendo ser decretada ni mantenida siempre que pueda ser sustituida por fianza o por otra medida más favorable prevista por la ley.
3. La resolución judicial que ordene o mantenga una medida de privación de libertad deberá ser comunicada enseguida a un pariente o persona de confianza del detenido, que éste indique.
4. La prisión preventiva estará sujeta a los plazos establecidos en la ley.

Artículo 29. Aplicación de la ley penal

1. Protección frente a leyes ex post facto, Principio de que no hay crimen sin ley
   Nadie podrá ser condenado por lo penal sino en virtud de ley anterior que declare punible la acción o la omisión, ni sufrir medida alguna de seguridad privativa de libertad cuyos supuestos no estén fijados en una ley anterior.
2. Lo dispuesto en el número anterior no será óbice para que se castigue, dentro de los límites de las leyes internas, toda acción u omisión que en el momento de cometerse sea considerada delictiva según los principios generales de derecho internacional comúnmente reconocidos en el momento de su comisión.
3. Ninguna sentencia o medida de seguridad se aplicarán salvo que esté expresamente prevista en una ley anterior.
4. Protección frente a leyes ex post facto
   Nadie podrá sufrir pena o medida de seguridad privativa de libertad más grave que la que esté prevista en el momento de la conducta que la motivó o en el que los requisitos para la aplicación de tal medida se cumplieron, aplicándose retroactivamente las leyes penales de contenido más favorable al imputado.
5. Prohibición de juzgar dos veces por la misma causa
   Nadie podrá ser juzgado más de una sola vez por la comisión de un mismo delito.
6. Protección contra confinamiento injustificado
   Los ciudadanos que hayan sido injustamente condenados tendrán el derecho a la revisión de sus sentencias y a la compensación por los daños que hayan sufrido, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Artículo 30. Límites de las penas y de las medidas de seguridad

1. No podrá haber penas o medidas de seguridad privativas o restrictivas de libertad con carácter perpetuo, ni de duración ilimitada o indefinida.
2. En caso de peligro basado en grave anomalía psíquica y en la imposibilidad de una terapéutica en ambiente de libertad podrán prorrogarse sucesivamente las medidas privativas de libertad mientras se mantenga el estado en cuestión, pero siempre mediante auto judicial.
3. La responsabilidad penal no será susceptible de transmisión.
4. Ninguna pena supondrá automáticamente la pérdida de cualquier derecho civil, profesional o político.
5. Los condenados a los que les sean aplicadas penas o medidas de seguridad privativas de libertad mantendrán sus derechos fundamentales, sometidos solo a las limitaciones inherentes a sus condenas y a los requerimientos específicos impuestos por la ejecución de las mismas.

Artículo 31. Habeas Corpus

1. Se dará “habeas corpus” contra el abuso de poder, por razón de prisión o detención ilegal, y se interpondrá ante el tribunal competente.
2. La providencia de “habeas corpus” podrá ser solicitada por el propio interesado o por cualquier ciudadano en el disfrute de sus derechos políticos.
3. El juez resolverá en el plazo de ocho días sobre el requerimiento de “habeas corpus” en audiencia contradictoria.

Artículo 32. Garantías del procedimiento penal

1. Derecho a apelar decisiones judiciales
   El proceso penal asegurará todas las garantías de defensa, incluyendo el derecho de recurso.
2. Presunción de inocencia, Derecho a juicios expeditos
   Todo acusado será considerado inocente mientras no recaiga sentencia firme de condena, y será llevado a juicio tan pronto como sea posible con la garantía de su defensa.
3. Derecho a un abogado
   El acusado tendrá derecho a la elección de defensor y a ser asistido por él, en todos los actos del procedimiento. La ley especificará los casos y las fases en las que dicha asistencia será obligatoria.
4. Toda la instrucción es competencia del juez, el cual podrá, en los términos de la ley, delegar en otras entidades la práctica de actos de instrucción que no guarden relación directamente con los derechos fundamentales.
5. El procedimiento penal tendrá estructura acusatoria, y la audiencia y los actos de instrucción preliminar cuando la ley lo requiera, estarán sometidos al principio contradictorio.
6. La ley determinará los casos en que, a salvo la garantía del derecho de defensa, la presencia del demandado o acusado en las actuaciones procedimentales, incluyendo la vista para sentencia pueda ser dispensada.
7. Protección de derechos de las víctimas
   Las víctimas tendrán el derecho de tomar parte en los procedimientos, de conformidad con la ley.
8. Regulación de recolección de evidencia, Telecomunicaciones
   Serán nulas todas las pruebas obtenidas mediante tortura, coacción, atentado a la integridad física o moral de la persona, la intromisión abusiva en la vida privada, en el domicilio, en la correspondencia o en las telecomunicaciones.
9. Ninguna causa podrá ser sustraída a los tribunales cuya competencia esté fijada por una ley anterior.
10. El acusado en procedimientos relativos a faltas administrativas o en cualquier otro procedimiento del que deriven penas, tendrá el derecho a ser oído y a defenderse.

Artículo 33. Deportación, extradición y derecho de asilo

1. Procedimiento de extradición
   Los ciudadanos portugueses no serán deportados del territorio portugués.
2. Protección de personas sin patria
   La deportación de cualquiera que haya entrado o esté legalmente en territorio portugués, o le haya sido concedido un permiso de residencia, o que haya presentado una solicitud de asilo que no haya sido rechazada, solo podrá ser ordenada por una autoridad judicial. La ley asegurará una forma expeditiva de decidir tales casos.
3. Procedimiento de extradición
   La extradición de un ciudadano portugués desde el territorio de Portugal solo será posible cuando un acuerdo internacional haya establecido el principio de extradición recíproca, o en casos de terrorismo o crimen internacional organizado y con la condición de que el sistema legal del Estado solicitante garantice un juicio justo.
4. La extradición por delitos punibles conforme al sistema legal del Estado solicitante con pena o medida de seguridad que restrinja la libertad a perpetuidad o de duración indefinida, solo se permitirá en el caso de que el Estado solicitante sea parte de un tratado internacional en esta materia del que Portugal sea parte y ofrezca garantías de que tal pena o medida de seguridad no será aplicada o ejecutada.
5. Las previsiones de los apartados anteriores no serán de aplicación a las normas reguladoras de la cooperación judicial penal bajo los auspicios de la Unión Europea.
6. Nadie será extraditado ni entregado en ninguna circunstancia por razones políticas o por delitos que en el sistema legal del estado solicitante se castiguen con pena de muerte u otra pena de la que resulten daños irreversibles a la integridad física de la persona.
7. La extradición solo será ordenada por una autoridad judicial.
8. Protección de personas sin patria
   Se garantizará el derecho de asilo a los extranjeros o apátridas que estén bajo grave amenaza o sean objeto de persecución como resultado de sus actividades a favor de la democracia, la liberación social o nacional, la paz entre los pueblos, la libertad o los derechos humanos.
9. La ley definirá el estatuto de refugiado político.

Artículo 34. Inviolabilidad del domicilio y correspondencia

1. Serán inviolables el domicilio y el secreto de la correspondencia y demás medios de comunicación privada.
2. La entrada en el domicilio de los ciudadanos contra su voluntad, solo podrá ser ordenada por la autoridad judicial competente, en los casos y conforme a las formas previstas por la ley.
3. Terrorismo, Drogas, alcohol y sustancias ilegales
   Nadie podrá entrar de noche en el domicilio de persona alguna sin el consentimiento de ésta, salvo en situaciones de flagrante delito o con autorización judicial en casos especialmente violentos o de crimen organizado, incluyendo el terrorismo y el tráfico de personas, armas o narcóticos, en los términos establecidos por la ley.
4. Telecomunicaciones
   Queda prohibida toda ingerencia de las autoridades públicas en la correspondencia, telecomunicaciones, u otros medios de comunicación, salvo los casos previstos en la ley en materia de enjuiciamiento criminal.

Artículo 35. Utilización de la Informática

1. Todo ciudadano tendrá derecho de acceso a todos los registros informáticos que le conciernen, a requerir que sean rectificados y actualizados, y a ser informado de la finalidad a que se destinan las informaciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley.
2. La ley definirá el concepto de “dato personal”, junto con términos y condiciones aplicables a su tratamiento automatizado, vínculos, transmisiones y uso, y garantizará su protección, en particular por medio de un órgano independiente.
3. No se podrá utilizar la informática para el tratamiento de datos referentes a convicciones filosóficas o políticas, afiliaciones a partidos o sindicatos, creencias religiosas, vida privada u orígenes étnicos, salvo con el consentimiento expreso del sujeto, con autorización prevista por la ley y garantías de no discriminación, o con el fin de procesar datos estadísticos que no puedan ser individualmente identificados.
4. El acceso de terceros a los datos personales estará prohibido, salvo en casos excepcionales, de conformidad con la ley.
5. Se prohíbe atribuir un número nacional único a los ciudadanos.
6. Se garantiza a todos el libre acceso a la red informática de uso público. La ley determinará tanto las reglas aplicables al flujo de datos a través de las fronteras como las medidas apropiadas para proteger datos personales y otros que justificadamente hayan de ser salvaguardados en interés nacional.
7. Los datos personales contenidos en archivos manuales disfrutarán de la misma protección prevista en los apartados precedentes, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Artículo 36. De la familia, del matrimonio y de la filiación

1. Derecho a formar una familia, Igualdad marital, Derecho al matrimonio
   Todos tendrán derecho a constituir una familia y a contraer matrimonio en condiciones de igualdad plena.
2. La ley regulará los requisitos y los efectos del matrimonio y de su disolución, por muerte o divorcio, independientemente de la forma de celebración.
3. Igualdad marital, Derechos o deberes de los padres
   Los cónyuges tendrán los mismos derechos y deberes en cuando a capacidad civil y política y al mantenimiento y educación de los hijos.
4. Los hijos nacidos fuera del matrimonio no podrán ser por este hecho objeto de discriminación alguna y no podrán la ley ni las dependencias oficiales usar designaciones discriminatorias en materia de filiación.
5. Derechos o deberes de los padres
   Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos.
6. Los hijos no podrán ser separados de los padres, salvo cuando éstos no cumplan sus deberes fundamentales con ellos y siempre en virtud de auto judicial.
7. La adopción será regulada y protegida por ley que establecerá procedimientos ágiles para llevar a cabo los requisitos necesarios.

Artículo 37. Libertad de expresión e información

1. Todos tendrán derecho a expresar y divulgar libremente su pensamiento por la palabra, la imagen o cualquier otro medio, así como el derecho de informar a otros, de informarse y de ser informados, sin impedimentos ni discriminaciones
2. Libertad de prensa
   No podrá ser impedido ni limitado el ejercicio de estos derechos por ningún tipo o forma de censura.
3. Las infracciones que se cometan en el ejercicio de estos derechos estarán sometidas al régimen punitivo de la ley penal o de la ley relativa a faltas administrativas y su apreciación será competencia, respectivamente, de los tribunales o de un órgano administrativo independiente, en los términos establecidos en la ley.
4. Se garantiza a todas persona, individual o colectiva, en condiciones de igualdad y eficacia, el derecho de réplica y de rectificación, así como el derecho a ser compensado por los daños sufridos.

Artículo 38. Libertad de prensa y libertad de medios de comunicación social

1. Se garantiza la libertad de prensa;
2. La libertad de prensa comprenderá:
   1. La libertad de expresión y creación de los periodistas y colaboradores, así como la libertad de participar en la determinación de la política editorial del Medio en cuestión, excepto cuando sea de naturaleza doctrinal o confesional.
   2. El derecho de los periodistas, en los términos establecidos por la ley, de obtener acceso a las fuentes de información y protección de su independencia y secreto profesional, así como su derecho a elegir los consejos de redacción.
   3. El derecho a fundar periódicos u otras publicaciones, sin autorización administrativa previa, obligación o requisito.
3. En términos genéricos la ley asegurará que los nombres de los propietarios de los Medios y sus medios de financiación sean públicos.
4. Operación estatal de los medios
   El Estado asegurará la libertad e independencia de los Medios de los poderes políticos y económicos, imponiendo el principio de especialización en empresas que sean dueñas de Medios de información general, apoyándoles de forma no discriminatoria y previniendo su concentración, especialmente por medio de múltiples intereses trabados.
5. Radio, Operación estatal de los medios, Televisión
   El Estado asegurará la existencia y funcionamiento del servicio de radio y televisión pública.
6. La estructura y funcionamiento de los Medios públicos salvaguardará su independencia frente al Gobierno, la Administración Pública y otras autoridades públicas y asegurará que todas las diferentes corrientes de opinión puedan expresarse y confrontarse con otras.
7. Operación estatal de los medios
   La radio y las compañías de televisión operan mediante licencias concedidas tras convocatoria y oferta pública, en los términos que establezca la ley.

Artículo 39. Regulación de los medios

1. Comisión de telecomunicaciones
   Un órgano administrativo independiente asegurara en los Medios lo siguiente:
   1. El derecho a la información y la libertad de prensa.
   2. Operación estatal de los medios
      La no concentración de la propiedad de los Medios
   3. La independencia del poder político y económico
   4. El respeto a los derechos de la persona, libertades y garantías.
   5. El respeto a los estatutos y reglas que regulan el trabajo en los Medios.
   6. Que todas las diferentes corrientes de opinión puedan expresarse y confrontarse entre sí.
   7. El ejercicio de los derechos al tiempo de emisión, réplica y respuesta política.
2. Comisión de telecomunicaciones
   La ley definirá la composición, responsabilidades, organización y “modus operandi” del órgano previsto en el apartado anterior, junto con el estatus y papel de sus miembros, que serán designados por la Asamblea de la República y cooptados por los designados.

Artículo 40. Derecho de Antena, réplica y respuesta política

1. Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y profesionales y otras organizaciones de ámbito nacional tendrán derecho a períodos de emisión en la radio y en la televisión, de acuerdo con su tamaño y representatividad y según los criterios objetivos que se especifiquen en la ley.
2. Los partidos políticos que tengan uno o mas escaños en la Asamblea de la República y no formen parte del Gobierno tendrán, en los términos que establezca la ley, el derecho a tiempo de emisión en la radio y televisión pública, proporcional a la cuota de escaños que tenga en la Asamblea, así como derecho a replicar o responder políticamente a las manifestaciones políticas del Gobierno con la misma duración y relevancia. Tales tiempos serán de la misma duración y relevancia que los de las manifestaciones del Gobierno. Los partidos con escaños en las asambleas legislativas de las Regiones Autónomas disfrutarán de los mismos derechos dentro del ámbito de la región en cuestión.
3. En época de elecciones y en los términos de le ley, los candidatos concurrentes tendrán derecho a períodos de emisión regulares y equitativos en las emisiones de radio y televisión de ámbito nacional y regional.

Artículo 41. Libertad de conciencia, religión y culto

1. Libertad religiosa, Libertad de opinión/pensamiento/consciencia
   Será inviolable la libertad de conciencia, religión y culto.
2. Nadie podrá ser perseguido, privado de sus derechos o eximido de obligaciones o deberes cívicos por razón de sus convicciones o de su práctica religiosa.
3. Ninguna autoridad preguntará a nadie sobre sus convicciones u observancia religiosa, salvo en caso de recogida de datos estadísticos que no puedan ser identificados individualmente, nadie será perjudicado de cualquier forma por negarse a responder.
4. Religión oficial, Separación de iglesia y Estado
   Las iglesias y sus comunidades religiosas estarán separadas del Estado y serán libres en su organización y en el ejercicio de sus funciones y del culto.
5. Se garantiza la libertad de enseñanza de cualquier religión, siempre que se dispense en el ámbito de la confesión respectiva, así como la utilización de medios de comunicación social propios para el desenvolvimiento de sus actividades.
6. Derecho a la objeción de conciencia
   Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, en los términos que establezca la ley.

Artículo 42. De la libertad de creación cultural

1. Será libre la creación intelectual, artística y científica.
2. Esta libertad comprende el derecho a la invención, producción y divulgación de obras científicas, literarias o artísticas, incluyendo la protección legal de los derechos de autor.

Artículo 43. Libertad de aprender y de enseñar

1. Se garantiza la libertad de aprender y de enseñar.
2. El Estado no podrá arrogarse el derecho de programar la educación y la cultura en virtud de directrices filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas o religiosas.
3. La enseñanza pública no será confesional.
4. Se garantiza el derecho a crear escuelas y cooperativas privadas.

Artículo 44. Derecho de desplazamiento y de emigración

1. Libertad de movimiento
   Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho de trasladarse y afincarse libremente en cualquier parte del territorio nacional.
2. Se garantiza a todos el derecho a emigrar o salir del territorio nacional, así como el derecho de regreso.

Artículo 45. Del Derecho de reunión y manifestación

1. Libertad de reunión
   Los ciudadanos tendrán derecho a reunirse, pacíficamente y sin armas, incluso en lugares abiertos al público, sin necesidad de autorización alguna.
2. Se reconoce a todos los ciudadanos el derecho de manifestación.

Artículo 46. Libertad de asociación

1. Libertad de asociación
   Los ciudadanos tendrán derecho a constituir asociaciones libremente y al margen de toda autorización, con tal que aquellas no se destinen a promover la violencia y que sus fines respectivos no sean contrarios a la ley penal.
2. Las asociaciones perseguirán libremente sus objetivos sin interferencia de las autoridades públicas y no podrán ser disueltas por el Estado ni suspendidas en sus actividades sino en los casos previstos por la ley y en virtud de decisión judicial.
3. Nadie podrá ser obligado a formar parte de una asociación ni coaccionado de modo alguno a permanecer en ella.
4. Libertad de asociación
   No se consentirán asociaciones armadas ni de tipo militar, militarizadas o paramilitares, ni organizaciones racistas o que adopten la ideología fascista.

Artículo 47. Libertad de elección de profesión y acceso a la Función Pública

1. Todos tienen derecho a la libre elección de profesión o tipo de trabajo, sometido solo a restricciones cuando la ley lo imponga por el interés colectivo, o cuando sean inherentes a la propia capacidad.
2. Reclutamiento de servidores públicos
   Todo ciudadano tendrá derecho igual y libre a formar parte de la función pública, como regla general a través de reclutamiento mediante sistema competitivo.

Artículo 48. Participación en la vida pública

1. Todos los ciudadanos tendrán derecho a tomar parte en la vida política y en la dirección de los asuntos públicos del país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
2. Todos los ciudadanos tendrán derecho a ser ilustrados objetivamente sobre los actos del Estado y demás entidades públicas y a ser informados por el Gobierno y otras autoridades acerca de la gestión de los asuntos públicos.

Artículo 49. Derecho al voto

1. Todo ciudadano que ha alcanzado la edad de dieciocho años tendrá el derecho a votar, salvo que esté incapacitado en los términos establecidos en la ley.
2. El derecho a votar se ejercitará personalmente y constituirá una obligación cívica.

Artículo 50. Derecho a participar en los cargos públicos

1. Todo ciudadano tendrá libre e igual derecho a presentarse para cualquier cargo público.
2. Nadie será perjudicado en sus designaciones, trabajo o carrera profesional, o beneficios sociales de los que sea titular por el ejercicio de los derechos políticos o de cargos públicos.
3. En la regulación del derecho a presentarse a elecciones para cargo electivo, la ley determinara las inelegibilidades necesarias para garantizar tanto a los electores la libertad de elección, cuanto la independencia y ausencia de prejuicios en el ejercicio de los cargos en cuestión.

Artículo 51. Asociaciones políticas y partidos

1. La libertad de asociación comprende el derecho de constituir asociaciones y partidos políticos o de participar en ellos y de concurrir democráticamente a través de los mismos a la formación de la voluntad popular y a la organización del poder político.
2. Nadie podrá estar inscrito simultáneamente en más de un partido político ni ser privado de ningún derecho por estar o dejar de estar inscrito en algún partido legalmente constituido.
3. Restricciones a partidos políticos
   Los partidos políticos no podrán, sin perjuicio de la filosofía o ideología que inspire su programa, utilizar denominación que contenga expresiones directamente relacionadas con religión o iglesia alguna, así como emblemas confundibles con símbolos nacionales o religiosos.
4. Restricciones a partidos políticos
   Ningún partido será constituido con nombre o programa que tenga naturaleza o alcance regional.
5. Restricciones a partidos políticos
   Los partidos políticos se regirán por los principios de transparencia, organización y gestión democrática, y participación de todos sus miembros.
6. Financiamiento de campañas
   La ley determinará las normas relativas a la financiación de los partidos políticos particularmente en lo que atañe a los requisitos y límites de las aportaciones públicas, así como la publicidad de sus cuentas.

Artículo 52. Derecho de petición y Acción popular

1. Todos los ciudadanos tendrán derecho a presentar, individual o colectivamente, a los órganos de soberanía u órganos de autogobierno de las Regiones autónomas o a cualquier autoridad, peticiones, exposiciones, reclamaciones o quejas para la defensa de sus derechos, de la Constitución y de las leyes o del interés general; así como el derecho de ser informados, del resultado de su consideración, dentro de un razonable período de tiempo.
2. La ley regulará los términos bajo los cuales peticiones conjuntas a la Asamblea de la República y a las asambleas legislativas de las Regiones autónomas serán objeto de consideración en sesión plenaria
3. Todos tienen el derecho a ejercer la acción popular, incluyendo el derecho a recurrir por la compensación apropiada para las partes agraviadas, en los casos y términos establecidos por la ley, bien personalmente o por medio de asociaciones que apoyen la defensa de los intereses en cuestión. Tal derecho será ejercido, particularmente, en orden a:
   1. Protección del medio ambiente
      Promover la prevención, cese o procedimiento judicial de delitos contra la salud pública, los derechos de los consumidores, la calidad de vida, o la preservación del medio ambiente y la herencia cultural.
   2. Salvaguardar la propiedad del Estado, las Regiones autónomas o las Corporaciones locales.

Artículo 53. Seguridad en el empleo

Artículo 54. Las Comisiones de trabajadores

1. Los trabajadores tendrán derecho a crear comisiones de trabajadores para la defensa de sus intereses y la intervención democrática en la vida de la empresa.
2. La decisión de formar comisiones de trabajadores se adoptarán por los propios trabajadores, que aprobarán los estatutos de la comisión y elegirán sus miembros mediante votación directa y secreta.
3. Podrán crearse comisiones coordinadoras para la mejor intervención en la reestructuración económica y de tal forma que se garanticen los intereses de los trabajadores.
4. Los miembros de las comisiones disfrutarán de la protección legal reconocida a los delegados sindicales.
5. Las comisiones de trabajadores tendrán los siguientes derechos:
   1. Recibir las informaciones necesarias para el ejercicio de su actividad.
   2. Controlar la gestión de las empresas.
   3. Participar en los procesos de reestructuración corporativa, especialmente en relación a las acciones de formación o cuando las condiciones de trabajo sean alteradas.
   4. Participar en la elaboración de la legislación del trabajo y de los planes económico-sociales que se refieran al sector respectivo.
   5. Gestionar o participar en la gestión de las actividades sociales de las empresas.
   6. Promover la elección de representantes de los trabajadores para los órganos de gestión de las empresas que pertenecen al Estado u otros órganos públicos en los términos establecidos por la ley.

Artículo 55. De la libertad sindical

1. Derecho de asociación a sindicatos, Referencia a la fraternidad/solidaridad
   Se reconoce a los trabajadores la libertad sindical, condición y garantía de la construcción de su unidad para la defensa de sus derechos e intereses.
2. Se garantiza especialmente a los trabajadores, sin discriminación alguna, en el ejercicio de la libertad sindical:
   1. La libertad de constitución de asociaciones sindicales en todos los niveles.
   2. La libertad de inscripción no pudiendo ningún trabajador ser obligado a pagar cotizaciones para un sindicato en el que no esté inscrito.
   3. La libertad de organización y reglamentación interna de las asociaciones sindicales.
   4. El derecho al ejercicio de la actividad sindical en la empresa.
   5. El derecho a sus opiniones políticas, de conformidad con los respectivos estatutos.
3. Las asociaciones sindicales deberán regirse por los principios de organización, y gestión democrática, basados en la elección periódica y por votación secreta de los órganos dirigentes, sin sujeción a ninguna autorización u homologación, y asentados en la participación activa de los trabajadores en todos los aspectos de la actividad sindical.
4. Referencia a la fraternidad/solidaridad, Menciones a la clase social
   Las asociaciones sindicales son independientes de la patronal, del Estado, de las confesiones religiosas, de los partidos y demás asociaciones políticas, y la ley deberá establecer las garantías adecuadas de esta independencia, que constituye el fundamento de la unidad de las clases trabajadoras.
5. Las asociaciones sindicales tendrán derecho a establecer relaciones con organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a ellas.
6. Los representantes elegidos por los trabajadores tendrán el derecho a ser informados y consultados así como a la adecuada protección legal contra cualquier forma de sometimiento a condiciones, constricciones o limitaciones en el ejercicio legítimo de sus funciones.

Artículo 56. Derechos sindicales y convenios colectivos

1. Será competencia de las asociaciones sindicales defender y promover la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores a quienes representen.
2. Son derechos de las asociaciones sindicales:
   1. Participar en la elaboración de la legislación del trabajo;
   2. Menciones a la clase social
      Participar en la gestión de las instituciones de seguridad social y otras organizaciones que se propongan satisfacer los intereses de los trabajadores.
   3. Dar su opinión en los planes económicos y sociales y supervisar su implementación
   4. Estar representados en los órganos de conciliación social, de conformidad con la ley.
   5. Participar en procesos de reestructuración corporativa, especialmente en relación con acciones de capacitación o cuando se modifiquen condiciones de trabajo.
3. Compete asimismo a las asociaciones sindicales ejercer el derecho de contratación colectiva que se garantiza de conformidad con la ley.
4. La ley fijará las reglas referentes a la competencia para celebrar convenios colectivos de trabajo, así como a la eficacia de las normas respectivas.

Artículo 57. Derecho a la huelga y prohibición del cierre patronal

1. Derecho a huelga
   Se garantiza el derecho a la huelga
2. Compete a los trabajadores definir el ámbito de los intereses que se propongan defender mediante la huelga, ámbito que no podrá ser limitado por la ley.
3. La ley definirá las condiciones de prestación de los servicios necesarios durante una huelga y asegurará el mantenimiento de los equipamientos e instalaciones, así como los servicios mínimos necesarios para atender las necesidades sociales esenciales.
4. Derecho a huelga
   Se prohíbe el cierre patronal.

Artículo 58. Derecho al trabajo

1. Todos tienen derecho al trabajo.
2. Para asegurar este derecho el Estado se encargará de promover:
   1. La puesta en marcha de políticas de pleno empleo.
   2. La igualdad de oportunidades en la elección de profesión o tipo de trabajo, y las condiciones necesarias para impedir la preclusión o limitación de acceso a cualquier puesto, trabajo o categoría profesional, por razón de género.
   3. La formación cultural y técnica y el desarrollo vocacional de los trabajadores.

Artículo 59. Derechos de los trabajadores

1. Igualdad sin distinción de nacionalidad, Igualdad sin distinción de fe o creencias, Igualdad sin distinción de partido político, Igualdad sin distinción de raza, Igualdad sin distinción de religión, Igualdad sin distinción de origen, Igualdad sin distinción de género, Igualdad sin distinción de edad
   Todos los trabajadores, sin distinción de edad, sexo, raza, nacionalidad, religión o ideología, tendrán derecho:
   1. Derecho a un estándar razonable de vida, Derecho a igualdad salarial
      A la retribución de su trabajo según la cantidad, naturaleza, y calidad del mismo, con observancia del principio a trabajo igual, salario igual, de tal forma que garantice la existencia digna;
   2. Dignidad humana
      A una organización del trabajo en condiciones socialmente dignas, que faciliten la realización de la persona y hagan posible la conciliación de la vida profesional y familiar;
   3. Derecho a un ambiente laboral seguro
      A la prestación del trabajo en condiciones de higiene, seguridad y salud;
   4. Derecho a descanso y ocio
      Al descanso y al ocio, a un límite máximo de la jornada de trabajo, al descanso semanal y a las vacaciones periódicas pagadas.
   5. Apoyo estatal para desempleados
      A la asistencia material cuando el trabajador se encuentre involuntariamente desempleado.
   6. A la asistencia y adecuada reparación cuando el trabajador es víctima de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.
2. Compete al Estado asegurar las condiciones de trabajo, retribución y reposo a que tienen derecho los trabadores, especialmente:
   1. Derecho a un estándar razonable de vida
      El establecimiento y la actualización del salario mínimo nacional, así como del salario máximo, teniendo en consideración, entre otros factores, las necesidades de los trabajadores, el aumento del coste de la vida, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, las exigencias de la estabilidad económica y financiera y la acumulación para el desarrollo.
   2. La fijación de un horario nacional de trabajo.
   3. La protección especial del trabajo de las mujeres durante el embarazo y después del parto, así como del trabajo de los menores, de los que tengan mermadas sus facultades y de los que desempeñen actividades especialmente violentas o en condiciones insalubres, tóxicas o peligrosas.
   4. En cooperación con las organizaciones sociales asegurar el desarrollo sistemático de una red de centros de descanso.
   5. Proteger las condiciones de trabajo de los trabajadores emigrantes y garantizar sus beneficios sociales.
   6. Proteger las condiciones de trabajo de los trabajadores estudiantes.
3. Los salarios disfrutan de especiales garantías en los términos previstos en la ley.

Artículo 60. Derechos de los consumidores

1. Los consumidores tendrán el derecho a la buena calidad de los bienes y servicios de consumo, a ser orientados e informados, a la protección de la salud, a la seguridad, y a sus intereses económicos, así como a la reparación por daños.
2. La publicidad será regulada por ley y todas las formas de publicidad indirecta, fraudulenta o encubierta serán prohibidas.
3. Las asociaciones de consumidores y cooperativas de consumo tendrán el derecho de conformidad con la Ley, a recibir apoyo del Estado y ser oídas en relación a las cuestiones de protección de los consumidores, y tendrán legitimación procesal para la defensa de los intereses de sus miembros o de cualquier interés general o colectivo.

Artículo 61. Empresa privada, cooperativas y autogestión

1. Derecho a un mercado competitivo, Derecho a establecer un negocio
   La actividad de la empresa privada se llevará a cabo dentro del marco de la Constitución y de la ley y con respeto al interés general.
2. Todos tendrán el derecho a crear cooperativas libremente, de acuerdo con los principios del cooperativismo.
3. Las cooperativas se desarrollarán libremente en el marco de la ley, y pueden agruparse en uniones, federaciones, confederaciones, o en otras formas de organización legalmente previstas.
4. La ley establecerá las especificidades organizativas de las cooperativas con participación pública.
5. Se reconoce el derecho de autogestión en los términos de la ley.

Artículo 62. Derecho a la propiedad privada

1. Derecho de transferencia de propiedad, Derecho a contar con propiedad
   Se garantiza a todos el derecho a la propiedad privada y su transmisión “intervivos” o “mortis causa” con arreglo a la Constitución.
2. Protección contra la expropiación
   La expropiación por causa de utilidad pública sólo podrá ser efectuada de acuerdo con la ley y mediante el pago de una justa indemnización.

Artículo 63. Seguridad social y solidaridad

1. Todos tienen derecho a la Seguridad Social.
2. Corresponde al Estado organizar, coordinar, y subvencionar un sistema de Seguridad Social unificado y descentralizado, con participación de las asociaciones sindicales, de otras organizaciones representativas de los trabajadores y de asociaciones representativas de los demás beneficiarios.
3. Apoyo estatal para personas con discapacidades, Apoyo estatal para adultos mayores, Apoyo estatal para desempleados, Apoyo estatal para menores de edad
   El sistema de Seguridad Social protege a los ciudadanos en la enfermedad, vejez, invalidez, viudedad y orfandad, así como en el desempleo y en las demás situaciones de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo.
4. Todo el tiempo de trabajo contribuye, en los términos de la ley, para el cálculo de las pensiones de vejez e invalidez, independientemente del sector de actividad en el que haya sido prestado.
5. Referencia a la fraternidad/solidaridad
   El Estado apoya y fiscaliza, en los términos de la ley, las actividades y el funcionamiento de las instituciones particulares de la solidaridad Social y de otras de reconocido interés público sin carácter lucrativo, con vistas a la consecución de objetivos de solidaridad social en los términos previstos en este artículo, línea b) del número 2 del artículo 67, artículo 69, línea e) del número 1 del artículo 70, y de los artículos 71 y 72.

Artículo 64. Salud

1. Todos tienen derecho a la protección de la salud y el deber de defenderla y promoverla.
2. El derecho a la protección de la salud, se realiza:
   1. A través de un servicio nacional de salud universal y general que, teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos, será tendencialmente gratuito;
   2. Protección del medio ambiente
      Mediante la creación de las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales que garanticen específicamente la protección de la infancia, la juventud y la vejez, y por la mejora sistemática de las condiciones de vida y de trabajo, así como por la promoción de la cultura física y deportiva, escolar y popular y también por el desarrollo de la educación sanitaria del pueblo y por las prácticas de vida saludable.
3. Para asegurar el derecho a la protección de la salud, incumbe prioritariamente al Estado:
   1. Garantizar el acceso de todos los ciudadanos, con independencia de su condición económica, a los cuidados de la medicina preventiva, curativa y de rehabilitación.
   2. Garantizar una cobertura racional y eficiente de todo el país mediante recursos humanos y unidades de salud.
   3. Trabajar hacia la financiación pública de los costes de los cuidados médicos y de los medicamentos.
   4. Disciplinar y controlar las formas empresariales privadas de medicina, articulándolas por el Servicio Nacional de Salud, como forma de asegurar en las instituciones de salud tanto públicas como privadas, patrones adecuados de eficiencia y de calidad.
   5. Disciplinar y controlar la producción, distribución, comercialización y uso de los productos químicos, biológicos y farmacéuticos y otros medios de tratamiento y diagnóstico.
   6. Establecer políticas de prevención de tratamiento de la tóxico-dependencia.
4. El servicio Nacional de Salud tiene gestión descentralizada y participada.

Artículo 65. Vivienda y urbanismo

1. Derecho a albergue
   Todos tienen derecho, para sí y para su familia, a una vivienda de dimensión adecuada, en condiciones de higiene y comodidad y que preserve la intimidad personal y y la privacidad familiar.
2. Para asegurar el derecho a la vivienda, corresponde al Estado:
   1. Programar y llevar a cabo una política de vivienda inserta en planes de ordenación general del territorio, y apoyada en planes de urbanización que garanticen la existencia de una red adecuada de transporte y equipamiento social.
   2. Promover, en colaboración con las Regiones autónomas y con las autoridades locales, la construcción de viviendas sociales económicas.
   3. Estimular la construcción privada, con subordinación a los intereses generales y el acceso a la vivienda propia o arrendada;
   4. Incentivar y apoyar las iniciativas de las comunidades locales y de las poblaciones tendentes a resolver los respectivos problemas habitacionales, y a fomentar la creación de cooperativas de viviendas y de autoconstrucción.
3. El Estado adoptará una política tendente a establecer un sistema de alquiler compatible con la renta familiar y de acceso a la vivienda propia.
4. El Estado, las Regiones autónomas y las corporaciones locales definen las reglas de ocupación, uso y transformación del suelo urbano, especialmente a través de instrumentos de planeamiento urbanístico en el marco de sus respectivas leyes de ordenación del territorio y urbanismo, y procederá a las expropiaciones de los suelos necesarias para satisfacer fines de utilidad pública urbanística.
5. Se garantiza la participación de los interesados en la elaboración de los instrumentos de planeamiento urbanístico y de cualesquiera otros instrumentos de planeamiento físico del territorio.

Artículo 66. Medio ambiente y calidad de vida

1. Todos tienen derecho a un medio ambiente humano, salubre y ecológicamente equilibrado y el deber de defenderlo.
2. Para asegurar el derecho al medio ambiente, en el marco de un desarrollo sostenible, incumbe al Estado, por medio de organismos propios con la vinculación y la participación de los ciudadanos:
   1. Prevenir y controlar la polución y sus efectos y las formas perjudiciales de erosión.
   2. Ordenar y promover la ordenación del territorio, de manera que haya una correcta localización de las actividades, un desarrollo socio-económico equilibrado, y la protección del paisaje.
   3. Crear y desarrollar reservas y parques naturales y de recreo, así como clasificar y proteger paisajes y lugares, de manera que se garantice la conservación de la naturaleza y la preservación de valores culturales de interés histórico y artístico.
   4. Referencia a la fraternidad/solidaridad
      Promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, salvaguardando su capacidad de renovación y la estabilidad ecológica con respeto al principio de solidaridad entre generaciones;
   5. Promover en colaboración con los gobiernos locales, la calidad medioambiental de las poblaciones y de la vida urbana, particularmente en el plano arquitectónico y en la protección de las zonas históricas.
   6. Promover la integración de objetivos medioambientales en las diferentes políticas de ámbito sectorial;
   7. Promover la educación medioambiental y el respeto por los valores del medio ambiente;
   8. Asegurar que la política fiscal compatibilice el desarrollo con la protección del medio ambiente y la calidad de vida.

Artículo 67. Familia

1. La familia, como elemento fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección por la sociedad y por el Estado y a la efectividad de todas las condiciones que permitan la realización personal de sus miembros.
2. Incumbe particularmente al Estado, en cuanto a la protección de la familia:
   1. Promover la independencia social y económica de la unidad de la familia;
   2. Promover la creación y garantizar el acceso a una red nacional de guarderías y otras facilidades sociales previstas para apoyar a la familia, junto con una política para la tercera edad.
   3. Cooperar con los padres en relación a la educación de sus hijos.
   4. Derecho a formar una familia
      Garantizar, desde el respeto a la libertad individual, el derecho a la planificación familiar, promoviendo la información y el acceso a los métodos y medios que la aseguren, y organizar las estructuras jurídicas y técnicas que permitan el ejercicio de una maternidad y paternidad conscientes.
   5. Dignidad humana
      Reglamentar la procreación asistida en los términos que salvaguarden la dignidad de la persona humana.
   6. Regular los impuestos y beneficios sociales en armonía con las cargas familiares.
   7. Definir, oídas las asociaciones representativas de las familias, y ejecutar una política de familia de carácter global e integrada;
   8. Promover, a través de la concertación de las diferentes políticas sectoriales, la conciliación de la actividad profesional con la vida familiar.

Artículo 68. Paternidad y maternidad

1. Derechos o deberes de los padres
   Los padres y las madres tienen derecho a la protección de la Sociedad y del Estado en la realización de su irremplazable papel en relación a los hijos, particularmente en lo que se refiere a la educación como garantía de realización profesional y de participación en la vida cívica del país.
2. La maternidad y la paternidad constituyen eminentes valores sociales.
3. Las mujeres tienen derecho a especial protección durante el embarazo y después del parto, teniendo las mujeres trabajadoras derecho a un adecuado periodo de descanso del trabajo, sin pérdida de la retribución o de cualesquiera otras ventajas.
4. La ley regula la atribución a las madres y a los padres de los derechos de dispensa de trabajo por el periodo adecuado, de acuerdo con los intereses de los niños y las necesidades del interés familiar.

Artículo 69. De la infancia

1. Los niños tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado, con vistas a su desarrollo integral, especialmente contra todas las formas de abandono, de discriminación y de opresión, y contra el ejercicio abusivo de la autoridad en la familia y en las demás instituciones.
2. El Estado asegura la especial protección de los niños huérfanos, abandonados, o de cualquier otra forma privados de un ambiente familiar normal.
3. Límites relativos al empleo de menores de edad
   Se prohíbe, en los términos de la ley, el trabajo de los menores en edad escolar.

Artículo 70. De la juventud

1. Los jóvenes gozan de protección especial para hacer efectivos sus derechos económicos, sociales y culturales, especialmente:
   1. En educación, formación profesional y cultura;
   2. En el acceso al primer empleo, al trabajo y a la Seguridad Social;
   3. En el acceso a la vivienda;
   4. En la educación física y el deporte;
   5. en el aprovechamiento del tiempo libre.
2. Derecho al desarrollo de la personalidad
   La política de juventud deberá tener, como objetivos prioritarios el desarrollo de la personalidad de los jóvenes, la creación de condiciones para su efectiva integración en la vida activa, y el gusto por la libre creación y el sentido del servicio a la comunidad.
3. El Estado, en colaboración con las familias, las escuelas, las empresas, las organizaciones ciudadanas, asociaciones y fundaciones de fines culturales y colectividades de cultura y recreo, fomenta y apoya las organizaciones juveniles en la prosecución de aquellos objetivos así como en el intercambio internacional de la juventud.

Artículo 71. Ciudadanos discapacitados

1. Los ciudadanos discapacitados física o mentalmente gozan plenamente de los derechos y están sometidos a los deberes consignados en la Constitución, salvo el ejercicio o el cumplimiento de aquellos para los cuales se encuentren incapacitados.
2. Referencia a la fraternidad/solidaridad
   El Estado se obliga a realizar una política nacional de prevención y de tratamiento, rehabilitación e integración, de los ciudadanos discapacitados, y de apoyo a sus familias, y a llevar a cabo una pedagogía que sensibilice a la sociedad en cuanto a los deberes de respeto y solidaridad para con ellos y a asumir el encargo de la efectiva realización de sus derechos, sin perjuicio de los derechos y deberes de sus padres o tutores.
3. El Estado apoya a las organizaciones de ciudadanos discapacitados.

Artículo 72. Tercera edad

1. Las personas mayores tienen derecho a la Seguridad Económica y a las condiciones de vivienda y convivencia familiar y comunitaria que respeten su autonomía personal y eviten y superen su aislamiento o su marginación social.
2. La política de tercera edad engloba las medidas de carácter económico, social y cultural tendentes a proporcionar a las personas mayores oportunidades de realización personal, a través de una participación activa en la vida de la comunidad.

Artículo 73. Educación, cultura y ciencia

1. Todos tienen derecho a la educación y a la cultura.
2. Derecho al desarrollo de la personalidad, Referencia a la fraternidad/solidaridad
   El Estado promueve la democratización de la educación y de las demás condiciones para que la educación, realizada a través de la escuela y de otros medios formativos, contribuya a que la igualdad de oportunidades, la superación de las desigualdades económicas, sociales y culturales, el desarrollo de la personalidad y del espíritu de tolerancia, la comprensión mutua, y la solidaridad y la responsabilidad, para el progreso social y para la participación democrática en la vida colectiva.
3. El Estado promueve la democratización de la cultura, incentivando y asegurando el acceso de todos los ciudadanos al disfrute y creación cultural, en colaboración con los órganos de las colectividades de cultura y recreo, las asociaciones de defensa del patrimonio cultural, organizaciones de ciudadanos y otros agentes culturales.
4. Referencias a la ciencia, Derecho a disfrutar los beneficios de la ciencia
   La creación y la investigación científicas, así como la innovación tecnológica, serán incentivadas y apoyadas por el Estado, como forma de asegurar la respectiva libertad y autonomía o el refuerzo de la competitividad y la articulación entre las instituciones científicas y las empresas.

Artículo 74. Enseñanza

1. Todos tienen derecho a la enseñanza como garantía del derecho a la igualdad de oportunidades de acceso y éxito escolar.
2. En la realización de la política de enseñanza incumbe al Estado:
   1. Educación obligatoria, Educación gratuita
      Asegurar la enseñanza básica universal obligatoria y gratuita.
   2. Crear un sistema público y desarrollar un sistema general de educación preescolar
   3. Garantizar la educación permanente y eliminar el analfabetismo.
   4. Garantizar a todos los ciudadanos según sus capacidades, el acceso a los grados más elevados de enseñanza, de investigación científica y de creación artística.
   5. Educación gratuita
      Establecer progresivamente la gratuidad de todos los niveles de enseñanza;
   6. Insertar las escuelas en las comunidades a las que sirven y establecer vínculos entre enseñanza y actividades económicas, sociales y culturales;
   7. Promover y apoyar el acceso de los ciudadanos discapacitados a la enseñanza y apoyar la enseñanza especial cuando sea necesaria.
   8. Protección del uso del idioma
      Proteger y valorar la lengua gestual portuguesa, en cuanto expresión cultural e instrumento de acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades.
   9. Asegurar a los hijos de emigrantes la enseñanza de la lengua portuguesa y el acceso a la cultura portuguesa;
   10. Asegurar a los hijos de emigrantes el apoyo adecuado para la efectividad del derecho a la enseñanza.

Artículo 75. Enseñanza pública, privada y cooperativas de enseñanza

1. El Estado creará una red de establecimiento públicos de enseñanza que cubra las necesidades de toda la población.
2. El Estado reconocerá e inspeccionará la enseñanza privada y de las cooperativas en los términos de la ley.

Artículo 76. Universidad y acceso a la enseñanza superior

1. Acceso a la educación superior
   El régimen de acceso a la Universidad y a las demás instituciones de enseñanza superior garantizará la igualdad de oportunidades y la democratización del sistema de enseñanza, debiendo tener en cuenta las necesidades de cuadros cualificados y la elevación del nivel educativo, cultural, y científico del país.
2. Derecho a la libertad académica
   Las universidades gozan, en los términos de la ley, de autonomía estatutaria, científica, pedagógica, administrativa y financiera, sin perjuicio de la adecuada evaluación de la calidad de la enseñanza.

Artículo 77. Participación democrática en la enseñanza

1. Derecho a la libertad académica
   Los profesores y alumnos tienen el derecho de participar en la gestión democrática de las escuelas en los términos de la ley.
2. La ley regula las formas de participación de las asociaciones de profesores, de alumnos, de padres, de las comunidades e instituciones de carácter científico, en la definición de la política de enseñanza

Artículo 78. Disfrute y creación cultural

1. Derecho a la cultura
   Todos tienen derecho al disfrute y creación cultural así como el deber de preservar, defender y valorar el patrimonio cultural.
2. Incumbe al Estado, en colaboración con todos los agentes culturales:
   1. Incentivar y asegurar el acceso de todos los ciudadanos a los medios e instrumentos de acción cultural, así como corregir las asimetrías existentes en el país en este campo.
   2. Apoyar las iniciativas que estimulen la creación individual y colectiva en sus múltiples formas y expresiones, y una mayor circulación de las obras y los bienes culturales de calidad.
   3. Promover la salvaguarda y la valorización del patrimonio cultural convirtiéndolo en elemento vivificador de la identidad cultural común.
   4. Desarrollar las relaciones culturales con todos los pueblos, especialmente los de lengua portuguesa, y asegurar la defensa y promoción de la cultura portuguesa en el extranjero.
   5. Articular la política cultural con las demás políticas sectoriales.

Artículo 79. Cultura física y deporte

1. Todos tienen derecho a la cultura física y al deporte.
2. Incumbe al Estado, en colaboración con las escuelas y las asociaciones y colectividades deportivas, promover, estimular, orientar y apoyar la práctica y la difusión de la cultura física y del deporte, así como prevenir la violencia en el deporte.

Artículo 120. Definición

Artículo 121. Elección

1. Selección del Jefe de Estado
   El Presidente de la República es elegido por sufragio universal, directo y secreto por los ciudadanos portugueses electores censados en el territorio nacional o bien ciudadanos portugueses residentes en el extranjero, en los términos del apartado siguiente.
2. La Ley regulará el ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos portugueses residentes en el extranjero, debiendo tener en cuenta la existencia de lazos de vinculación efectiva a la comunidad nacional.
3. El derecho de voto en el territorio nacional se ejerce presencialmente.

Artículo 122. Elegibilidad

Artículo 123. Reelegibilidad

1. Límites a los periodos del jefe de estado
   No se admite la reelección para un tercer mandato consecutivo, ni durante el quinquenio inmediatamente subsiguiente al término del segundo mandato consecutivo.
2. Si el Presidente de la República renuncia al cargo no podrá presentarse como candidato a las elecciones inmediatas ni a las que se realicen en el quinquenio inmediatamente siguiente a la renuncia.

Artículo 124. Candidaturas

1. Las candidaturas para la Presidencia de la República serán propuestas por un mínimo de 7500 y un máximo de 15000 ciudadanos electores.
2. Las candidaturas deben ser presentadas hasta treinta días antes de la fecha marcada para la elección ante el Tribunal Constitucional.
3. En caso de muerte de cualquier candidato o de cualquier otro factor que lo incapacite para el ejercicio de la función presidencial, será reabierto el proceso electoral en los términos establecidos por la ley.

Artículo 125. Fecha de la elección

1. El Presidente de la República será elegido en los sesenta días anteriores al término del mandato de su antecesor o en los sesenta días posteriores a la vacante del cargo.
2. La elección no podrá efectuarse en los noventa días anteriores o posteriores a la fecha de elecciones para la Asamblea de la República.
3. En el caso previsto en el apartado anterior, la elección se efectuará en los diez días posteriores al período allí establecido, siendo el mandato del presidente cesante automáticamente prorrogado por el período necesario.

Artículo 126. Sistema electoral

1. Será elegido Presidente de la República el candidato que obtuviera más de la mitad de los votos válidamente emitidos, no se considerarán como tal los votos en blanco.
2. Si ninguno de los candidatos obtuviera ese número de votos, se procederá a una segunda votación antes del vigésimo primer día siguiente a la primera votación.
3. En esta votación concurrirán solo los dos candidatos más votados que no hayan retirado su candidatura.

Artículo 127. Toma de posesión y juramento

1. El Presidente electo tomará posesión ante la Asamblea de la República.
2. La toma de posesión se llevará a cabo el último día del mandato del Presidente cesante o, en caso de elección por vacante, en el octavo día siguiente al de la publicación de los resultados electorales.
3. Juramentos de obediencia a la constitución
   En el acto de toma de posesión el Presidente de la República electo prestará la siguiente declaración de compromiso:

   “Juro por mi honra desempeñar fielmente las funciones para las que he sido investido y defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República portuguesa”.

Artículo 128. Mandato

1. Duración del cargo de Jefe de Estado
   El mandato del Presidente de la Republica tiene una duración de cinco años y termina con la toma de posesión del nuevo Presidente electo.
2. En caso de vacante el Presidente de la República a elegir inicia un nuevo mandato.

Artículo 129. Ausencia del territorio nacional

1. El Presidente de la República no puede ausentarse de territorio nacional sin el consentimiento de la Asamblea de la República o de su Comisión Permanente si aquella no estuviera en funcionamiento.
2. El consentimiento será dispensado en casos de viaje en tránsito o de viaje sin carácter oficial de duración no superior a cinco días, debiendo en tales casos el Presidente notificarlo a la Asamblea.
3. La inobservancia de los dispuesto en el apartado 1 supone de pleno derecho la pérdida del cargo.

Artículo 130. Responsabilidad criminal

1. Inmunidad del jefe de estado
   El Presidente de la República responde ante el Tribunal Supremo de justicia por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
2. La iniciativa del procedimiento corresponde a la Asamblea de la República, a propuesta de un quinto y aprobada por mayoría de dos tercios del número efectivo de diputados.
3. La condena lleva aparejada la destitución del cargo y la imposibilidad de reelección.
4. El Presidente de la República responderá, después de terminado su mandato, ante los tribunales ordinarios, por los delitos ajenos al ejercicio de sus funciones.

Artículo 131. Renuncia al mandato

1. El Presidente de la República puede renunciar al mandato mediante mensaje dirigido a la Asamblea de la República.
2. La renuncia se hará efectiva con el conocimiento del mensaje por la asamblea de la República, sin perjuicio de su ulterior publicación en el Diario de la República.

Artículo 132. Sustitución interina

1. Reemplazo del jefe de estado
   Durante el impedimento temporal del Presidente de la República, así como durante la vacante del cargo antes de tomar posesión el nuevo presidente electo, asumirá las funciones el Presidente de la Asamblea de la República o, en caso de impedimento de éste, su sustituto.
2. Durante el ejercicio interino de las funciones como Presidente de la República queda suspendida automáticamente el mandato de diputado del Presidente de la Asamblea de la República, o de su sustituto.
3. El Presidente de la República, durante su impedimento temporal, mantiene los derechos y privilegios inherentes a su función.
4. El Presidente de la República interino goza de todos los honores y prerrogativas de la función pero ostenta los derechos inherentes al cargo para el que fue elegido.

Artículo 133. Competencias respecto de otros órganos

Artículo 134. Competencias para realizar actos propios

Artículo 135. Competencias en las relaciones Internacionales

Artículo 136. Promulgación de las leyes y veto

1. Aprobación de legislación general
   En el plazo de veinte días contados desde la recepción de cualquier acto de la Asamblea de la República para ser promulgado como Ley, o de la publicación de la decisión del Tribunal Constitucional que no se pronuncie por la inconstitucionalidad de una norma en cuestión, el Presidente de la República deberá promulgarla o ejercer el derecho de veto, solicitando un nuevo examen del texto mediante mensaje motivado.
2. Procedimiento de anulación de veto
   Si la Asamblea de la República confirma con el voto por mayoría absoluta de los Diputados de derecho, el Presidente de la República deberá promulgar el texto en el plazo de ocho días a contar desde su recepción.
3. Procedimiento de anulación de veto, Súper-mayoría necesaria para aprobar legislación
   Será no obstante, exigida una mayoría cualificada de dos tercios de los diputados presentes, y superior a la mayoría absoluta de los diputados de derecho se requerirá para confirmar actos que tengan la forma de leyes orgánicas, así como para confirmar los actos relativos a las siguientes materias:
   1. Relaciones exteriores;
   2. Límites entre el sector público y privado y el sector cooperativo en relación con la propiedad de los medios de producción;
   3. Reglamentación de los actos electorales previstos en la Constitución que no requieran la forma de ley orgánica;
4. Facultad de decreto del jefe de gobierno
   En el plazo de cuarenta días contados desde la recepción de cualquier decreto del Gobierno para ser promulgado, o de la publicación de una decisión del TC que no se pronuncie por la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, deberá el Presidente de la República promulgarla o ejercer el derecho de veto, comunicando en este último caso por escrito al Gobierno el sentido del veto.
5. El Presidente de la República ejerce asimismo, el derecho de veto en los términos de los artículos 278 y 279.

Artículo 137. Falta de promulgación o de sanción

Artículo 138. Declaración del estado de Sitio o del estado de Excepción

1. La declaración del estado de Sitio o del estado de Excepción depende de que el Gobierno sea oído y de la autorización de la Asamblea de la República o, cuando esta no estuviera reunida ni fuera posible su reunión inmediata, de la respectiva Comisión Permanente.
2. La declaración del estado de Sitio o del estado de Excepción, cuando sea autorizada por la Comisión Permanente de la Asamblea de la República, tendrá que ser confirmada luego por el Pleno en cuanto sea posible reunirlo.

Artículo 139. Actos del Presidente Interino de la República

1. El Presidente interino de la República no puede llevar a cabo cualquiera de los actos previstos en los apartados e) y n) del artículo 133, y apartado c) del artículo 134.
2. El Presidente interino de la República sólo puede llevar a cabo cualquiera de los actos previstos b), c,) f), m), y p) del artículo 133, apartado a) del artículo 134; y apartado a) del artículo 135, una vez oído el Consejo de Estado.

Artículo 140. El refrendo ministerial

1. Los actos del Presidente de la República llevados a cabos en los términos de los apartados h), j), l), m) y p) del artículo 133 apartados b), d) y f) del artículo 134 y en los apartados a), b) y c) del artículo 135, requieren refrendo del Presidente del Gobierno.
2. La falta de refrendo determina la inexistencia jurídica del acto.

Artículo 141. Definición

Artículo 142. Composición

Artículo 143. Toma de posesión y mandato

1. Los miembros del Consejo de Estado toman posesión ante el Presidente de la República.
2. Los miembros del Consejo de Estado previstos en los apartados a) y e) del artículo 142 se mantienen en funciones en cuanto ejerzan sus respectivos cargos.
3. Los miembros del Consejo de Estado previstos en los apartados g) y h) del artículo 142 se mantienen en sus funciones hasta la toma de posesión de quiénes les sustituyan en el ejercicio de sus respectivos cargos;

Artículo 144. Organización y funcionamiento

1. Compete al Consejo de Estado elaborar su reglamento.
2. Las reuniones del Consejo de Estado no serán públicas

Artículo 145. Competencias

Artículo 146. Emisión de criterios

Artículo 147. Definición

Artículo 148. Composición

Artículo 149. Circunscripciones electorales

1. Distritos electorales
   Los Diputados serán elegidos en circunscripciones electorales geográficamente definidas en la ley, la cual podrá determinar la existencia de circunscripciones plurinominales o uninominales, así como la respectiva naturaleza y otros elementos complementarios como forma de asegurar el sistema de representación proporcional y el método de la media más alta de Hondt en la conversión de los votos en mandatos.
2. El número de Diputados por cada distrito plurinominal del territorio nacional, exceptuando el distrito nacional, cuando exista, es proporcional al número de ciudadanos electores en él inscritos.

Artículo 150. Condiciones de elegibilidad

Artículo 151. Candidaturas

1. Las candidaturas serán presentadas, en los términos de la ley, por los partidos políticos, aisladamente o en coalición, pudiendo las listas integrar ciudadanos no afiliados a los respectivos partidos.
2. Nadie podrá ser candidato por más de una circunscripción de la misma naturaleza, excepción hecha de la circunscripción nacional cuando exista, o figurar en más de una lista.

Artículo 152. Representación política

1. La ley no puede establecer límites a la conversión de los votos en mandatos, por exigencia de un porcentaje de votos nacionales mínimos.
2. Los Diputados representan a todo el país y no a las circunscripciones por las que son elegidos.

Artículo 153. Inicio y fin del mandato

1. El mandato de los diputados se inicia con una primera reunión de la asamblea de la República después de las elecciones y cese a con la primera reunión después de las elecciones siguientes, sin perjuicio de la suspensión o del cese individual del mandato.
2. Reemplazo de legisladores
   La cobertura de vacantes que se produzcan en la Asamblea, así como la sustitución temporal de Diputados por motivos relevantes, serán regulados por la ley electoral.

Artículo 154. Incompatibilidades

1. Requisitos de los miembros del gabinete
   Los Diputados que fueran nombrados miembros del Gobierno no podrán ejercer el mandato parlamentario hasta la cesación de estas funciones, siendo sustituidos en los términos del artículo anterior.
2. La ley determina las demás incompatibilidades.
3. La ley regula los casos y las condiciones en que los Diputados necesitan la autorización de la Asamblea de la República para ser jurados, árbitros, peritos o testigos.

Artículo 155. Ejercicio de la función de Diputado

1. Los Diputados ejercen libremente su mandato, siéndoles garantizadas las condiciones adecuadas para el ejercicio eficaz de sus funciones, particularmente en lo que se refiere contacto indispensable con los ciudadanos electores y a su información regular.
2. La ley regula las condiciones en que la ausencia de los diputados por causa o de reuniones o misiones de la Asamblea a actos o diligencias oficiales ajenos a ésta, constituirá motivo justificado de aplazamiento de éstas.
3. Las entidades públicas tienen, en los términos de la ley, el deber de cooperar con los diputados en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 156. Poderes de los Diputados

Artículo 157. Inmunidades

1. Los Diputados no responden civil, penal o disciplinariamente por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.
2. Los Diputados no podrán ser oídos como declarantes ni como demandados sin autorización de la Asamblea, siendo necesaria la decisión de autorización, en el segundo caso, cuando hubiera fuertes indicios de comisión de un delito doloso al que corresponda pena de prisión cuyo límite máximo sea superior a tres años.
3. Ningún Diputado puede ser detenido o encarcelado sin autorización de la Asamblea, excepto por delito al que corresponda la pena de prisión referida en el apartado anterior y en flagrante delito.
4. Incoado procedimiento penal contra algún Diputado y acusado este definitivamente, la Asamblea decidirá si el Diputado debe o no ser suspendido al objeto de seguimiento del proceso, siendo obligatoria la decisión de suspensión cuando se trate de un delito del tipo recogido en los apartados anteriores.

Artículo 158. Derechos y privilegios

Artículo 159. Deberes

Artículo 160. Pérdida y renuncia al mandato

1. Pierden el mandato los Diputados que:
   1. Estén incursos en algunas de las incapacidades o incompatibilidades previstas en la ley;
   2. Asistencia de los legisladores
      No tomen asiento en la Asamblea o excedan el número de faltas establecido en el Reglamento;
   3. Se afilien a partido distinto de aquel por el que se presentaron a las elecciones;
   4. Sean judicialmente condenados por delito de responsabilidad en el ejercicio de su función o con tal pena o por participación en organizaciones de carácter racista o que adopten una ideología fascista;
2. Los Diputados pueden renunciar a su mandato mediante declaración escrita.

Artículo 161. Competencias políticas y legislativas

Artículo 162. Competencias de control

Artículo 163. Competencias en cuanto a otros órganos

Artículo 164. Reserva absoluta de competencia legislativa

Artículo 165. Reserva relativa de competencia legislativa

1. Es de la exclusiva competencia de la Asamblea de la Republica sobre las siguientes materias, salvo autorización al Gobierno:
   1. Estado civil y capacidad de las personas;
   2. Derechos libertades y garantías;
   3. Definición de los delitos, penas, medidas de seguridad y sus respectivos presupuestos, así como su proceso penal;
   4. Régimen general punitivo de las infracciones disciplinarias, así como de los actos ilícitos en el orden social y su respectivo proceso;
   5. Régimen general de la requisa y de la expropiación por utilidad pública;
   6. Bases del sistema de Seguridad Social y del Servicio Nacional de Salud;
   7. Bases del sistema de protección de la naturaleza, del equilibrio ecológico y del patrimonio cultural;
   8. Régimen general de arrendamiento rural y urbano;
   9. Creación de impuestos y sistema fiscal y régimen general de tasas y demás contribuciones financieras a favor de las entidades públicas;
   10. Definición de los sectores de propiedad de los medios de producción, incluyendo los sectores básicos en los cuales se prohíbe la actividad de las empresa privadas y de otras entidades de la misma naturaleza;
   11. Medios y formas de intervención, expropiación, nacionalización y privatización de los medios de producción y suelo por motivo de interés público, así como criterios de fijación en los casos que proceda de las indemnizaciones;
   12. Régimen de los planes de desarrollo económico y social y composición del Consejo Económico y Social;
   13. Las bases de la política agrícola, incluyendo la determinación de los límites mínimos y máximos de las unidades de explotación agrícola;
   14. Sistema monetario y patrón de pesas y medidas;
   15. Organización y competencia y estatuto de los tribunales y de la fiscalía, así como la organización y responsabilidades de las entidades no jurisdiccionales de composición de conflictos;
   16. El Estatuto de las Corporaciones locales, incluyendo su régimen de finanzas;
   17. La participación de las organizaciones de residentes en el ejercicio del poder local;
   18. Asociaciones públicas, garantías de los administrados y responsabilidad civil de la Administración;
   19. Bases del régimen y ámbito de la función pública;
   20. Bases generales del Estatuto de las empresas y fundaciones públicas;
   21. Definición y régimen de los bienes de dominio público;
   22. Régimen de los medios de producción integrados en el sector cooperativo y social de propiedad;
   23. Bases de ordenamiento del territorio y del urbanismo;
   24. Régimen y forma de la creación de policías municipales.
2. Las leyes de autorización legislativa deben definir el objeto, sentido, extensión y duración de la autorización, la cual puede ser prorrogada.
3. Las autorizaciones legislativas no pueden ser utilizadas más de una vez sin perjuicio de su ejecución compartimentada;
4. Las autorizaciones caducan con la dimisión del Gobierno que las tuviera concedidas, con el fin de la legislatura o con la disolución de la Asamblea de la República;
5. Las autorizaciones concedidas al Gobierno en la Ley de Presupuesto han de observar lo dispuesto en el presente artículo, y cuando incidan en materia fiscal, caducarán al final el año económico a que se refieran.

Artículo 166. Forma de los actos

1. Revisten la forma de ley constitucional los actos previstos en el apartado a) del artículo 161.
2. Revisten la forma de ley orgánica los actos previstos en los apartados a) al f),h), j), primera parte del apartado l), q) y t) del artículo 164 y el artículo 255.
3. Revisten la forma de ley los actos previstos en los apartados b) al h) del artículo 161.
4. Revisten la forma de moción los actos de los apartados d) y e) del artículo 163.
5. Revisten la forma de resolución los demás actos de la Asamblea de la República, así como los actos de su comisión permanente previstos en los apartados e) y f) del número 3 del artículo 179.
6. Las resoluciones serán publicadas independientemente de su promulgación.

Artículo 167. Iniciativa en relación a la legislación y al referéndum

1. Inicio de legislación general, Iniciativas legislativas ciudadanas
   La iniciativa legal y de referéndum compete a los Diputados, a los Grupos Parlamentarios y al Gobierno, y también, en los términos y condiciones establecidos en la ley, a grupos de ciudadanos electores, correspondiendo la iniciativa de la ley, en los que se refiere a las Regiones autónomas a las respectivas asambleas legislativas.
2. Los Diputados, Grupos Parlamentarios, las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas y los grupos de ciudadanos electores, no pueden presentar proyectos de ley, proposiciones de ley o proposiciones de modificación que supongan en el año económico en curso, aumento de los gastos o disminución de los ingresos, previstos en el presupuesto.
3. Los Diputados, los Grupos Parlamentarios y los grupos de ciudadanos electores, no pueden presentar proyectos de referéndum que supongan en el año económico en concurso aumento de los gastos o disminución de los ingresos del Estado previstos en el Presupuesto.
4. Los proyectos y las proposiciones de ley y de referéndum definitivamente rechazados no pueden ser replanteados en el mismo periodo de sesiones salvo nueva elección de la Asamblea de la República.
5. Los proyectos de ley, las proposiciones de ley del Gobierno y los proyectos y proposiciones de referéndum no votados en el periodo de sesiones en que hubieran sido presentados, no necesitan ser renovados en el periodo de sesiones siguiente, salvo fin de la Legislatura.
6. Las proposiciones de ley y de referéndum caducan con la dimisión del Gobierno.
7. Las proposiciones de ley a iniciativa de las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas caducan con la finalización de la respectiva legislatura, salvo en el caso en que sus principios generales hayan sido ya aprobados, en cuyo supuesto se prorrogarán hasta el fin de la Legislatura de la Asamblea de la República.
8. Las comisiones parlamentarias pueden presentar textos alternativos, a los proyectos y proposiciones de ley y a los referéndums a que se refieran a menos que sean retirados.

Artículo 168. Discusión y votación

1. La discusión de los proyectos y proposiciones de ley comprende un debate de principios generales y otro sobre los detalles.
2. La votación comprende un voto sobre los principios generales, otro sobre los detalles y un voto finalidad global.
3. Si la Asamblea decide deliberar sobre textos cuyos principios generales se han aprobado, estos serán sometidos a la votación de los detalles en Comisión, sin perjuicio del poder de avocación de la Asamblea y del voto final de esta para su aprobación global.
4. Serán obligatoriamente votadas en el Pleno aquellas leyes que versan sobre las materias previstas en los apartados a) al f), h), n), y o); del artículo 164, así como en el apartado q) del número 1 del artículo 165.
5. Leyes orgánicas
   Las leyes orgánicas necesitan aprobación en la votación final global por mayoría absoluta de los diputados de derecho; debiendo las disposiciones relativas a la delimitación territorial de las regiones, previstas en el artículo 255, ser aprobadas en Pleno con idéntica mayoría.
6. Súper-mayoría necesaria para aprobar legislación
   Necesitan aprobación por mayoría de dos tercios de los Diputados presentes, siempre que sea superior a la mayoría absoluta de los Diputados de Derecho:
   1. La ley referente a las entidades de regulación de la comunicación social;
   2. Las normas que regulan lo dispuesto en el número 2 del artículo 118;
   3. La ley que regula el ejercicio del Derecho previsto en el apartado 2 del artículo 121;
   4. Las disposiciones de las leyes que regulan las materias contempladas en los artículos 148 y 149 y las relativas al sistema y método de elección de los órganos previstos en el apartado 3 del artículo 239;
   5. Las disposiciones que regulan la materia prevista en el apartado o) del artículo 164;
   6. Las disposiciones de los estatutos político-administrativos de las Regiones autónomas que enuncien las materias que integran su respectivo poder legislativo.

Artículo 169. Consideración parlamentaria de los actos legislativos

1. Facultad de decreto del jefe de gobierno
   Los decretos leyes, salvo los aprobados en ejercicio de la competencia legislativa exclusiva del Gobierno, pueden ser sometidos a conocimiento de la Asamblea de la República, al objeto de cese de su vigencia o de enmienda, a requerimiento de diez diputados, en los treinta días siguientes a su publicación, de los que se descontarán los periodos de suspensión de funcionamiento de la Asamblea de la República.
2. Facultad de decreto del jefe de gobierno
   Requerido el conocimiento de un decreto ley elaborado en ejercicio de una autorización legislativa, y en el caso de que se hayan presentado enmiendas, la Asamblea podrá suspender, en todo o en parte, la vigencia del decreto ley hasta la publicación de la ley que lo enmienda o hasta el rechazo de todas aquellas enmiendas.
3. Facultad de decreto del jefe de gobierno
   Tal suspensión caduca transcurridas 10 sesiones plenarias sin que finalmente la Asamblea se haya pronunciado.
4. Facultad de decreto del jefe de gobierno
   En el caso de que el Decreto ley cese en su vigencia, ello se producirá en la fecha o en el día en que la resolución se publique en el Diario de la República y no podrá volver a ser publicado durante el mismo periodo de sesiones.
5. En el supuesto de que la Asamblea haya solicitado el conocimiento y no se haya pronunciado sobre tal consideración, o en el supuesto de que la Asamblea haya decidido incorporar enmiendas pero no haya votado la correspondiente ley antes de finalizar ese periodo de sesiones y con la condición de que hayan transcurrido al menos 15 sesiones plenarias, se considerará que el proceso ha caducado.
6. Los procesos de conocimiento parlamentario de los decretos leyes gozan de prioridad en los términos del Reglamento.

Artículo 170. Procedimiento de urgencia

1. La Asamblea de la República puede, a iniciativa de cualquier Diputado o Grupo Parlamentario o del Gobierno, declarar urgente el procedimiento de cualquier proyecto o proposición de ley o de resolución.
2. La Asamblea podrá también, por iniciativa de las Asambleas legislativas de la Regiones autónomas, declarar la urgencia del procedimiento de cualquier proposición de ley que estas hayan presentado.

Artículo 171. Legislatura

1. La legislatura tiene una duración de cuatro periodos de sesiones.
2. En caso de disolución, la recién elegida Asamblea inicia nueva Legislatura cuya duración será inicialmente incrementada por el tiempo necesario para completar el período correspondiente al periodo de sesiones en curso en la fecha de la elección.

Artículo 172. Disolución

1. Destitución de la legislatura, Provisiones de emergencia
   La Asamblea de la República no puede ser disuelta en los seis meses posteriores a su elección, en el último semestre del mandato del Presidente de la República, o durante la vigencia del estado de Sitio o del estado de Excepción.
2. La inobservancia de lo dispuesto en el apartado anterior determinará la inexistencia jurídica del decreto de disolución.
3. La disolución de la Asamblea no empece la subsistencia del mandato de los Diputados ni de la competencia de la Comisión Permanente, hasta la primera reunión de la Asamblea después de las siguientes elecciones.

Artículo 173. Reunión tras las elecciones

1. La Asamblea de la República se reúne por derecho propio, en el tercer día posterior a la determinación de los resultados generales de las elecciones o, si se trata de elecciones por fin de legislatura, si aquel día recae antes del término de esta, en el primer día de la legislatura.
2. Recayendo aquella fecha fuera del periodo de funcionamiento efectivo de la Asamblea, ésta se reunirá a los efectos de lo dispuesto en el artículo 175.

Artículo 174. Periodo de sesiones, periodo de funcionamiento y convocatoria

1. Duración de sesiones legislativas
   El periodo de sesiones tiene una duración de un año, y se inicia el 15 de septiembre.
2. Duración de sesiones legislativas
   El periodo ordinario de funcionamiento de la Asamblea de la República comprende desde el 15 de septiembre al 15 de junio, sin perjuicio de las suspensiones que la Asamblea acuerde por mayoría de dos tercios de los Diputados presentes.
3. Periodos legislativos extraordinarios
   Fuera del periodo indicado en el número anterior, la Asamblea de la República puede funcionar por acuerdo del Pleno prorrogando el periodo ordinario de funcionamiento, a iniciativa de la Comisión Permanente o, ante la imposibilidad de esta, y en caso de grave emergencia, a iniciativa de más de la mitad de los Diputados.
4. Periodos legislativos extraordinarios
   La Asamblea puede ser convocada extraordinariamente por el Presidente de la República para ocuparse de asuntos específicos.
5. Las Comisiones, pueden funcionar independientemente del funcionamiento del Pleno de la Asamblea, mediante deliberación de ésta, en los términos del apartado 2.

Artículo 175. Competencia interna de la Asamblea

Artículo 176. Orden del día de las Sesiones Plenarias

1. El Orden del Día será fijado por el Presidente de la Asamblea de la República, según la prelación de las materias definidas en el Reglamento, y sin perjuicio del derecho de recurso ante el Pleno de la Asamblea y de la competencia del Presidente de la República prevista en el apartado 4 del artículo 174.
2. El Gobierno y los Grupos Parlamentarios podrán solicitar prioridad para asuntos de interés nacional de resolución urgente.
3. Todos los Grupos Parlamentarios tienen derecho a la determinación del Orden del día de un cierto número de reuniones, según criterio a establecer en el Reglamento, reservándose siempre la posición de los partidos minoritarios o no representados en el Gobierno.
4. Las Asambleas Legislativas y Regiones autónomas, pueden solicitar la prioridad de asuntos de interés regional de resolución urgente.

Artículo 177. Participación de los miembros del Gobierno

1. Los Ministros tienen derecho a comparecer en las reuniones plenarias de la Asamblea de la República, pudiendo ser ayudados o sustituidos por los Secretarios de Estado, y unos y otros pueden usar la palabra en los términos del Reglamento.
2. Supervisión legislativa del ejecutivo
   Se establecerán reuniones en las que los miembros del Gobierno estarán presentes para responder a preguntas y peticiones de aclaración de los Diputados, que se realizarán con periodicidad mínima fijada en el Reglamento y en las fechas a establecer de acuerdo con el Gobierno.
3. Supervisión legislativa del ejecutivo
   Los miembros del Gobierno podrán solicitar su participación en los trabajos de las Comisiones y deberán comparecer ante las mismas cuando sean requeridos.

Artículo 178. Las Comisiones

1. La Asamblea de la República tiene las comisiones que se prevé en el Reglamento y puede constituir eventualmente Comisiones de investigación o para cualquier otro fin determinado.
2. La composición de las Comisiones corresponde con carácter proporcional a los partidos en la Asamblea de la República.
3. Las peticiones dirigidas a la Asamblea serán examinadas por las Comisiones o por la Comisión especialmente Constituida a ese efecto, que podrá oir a las demás comisiones competentes por razón de la materia, en todos los casos podrá solicitarse la declaración de cualquier ciudadano.
4. Sin perjuicio de su Constitución en los términos generales, las Comisiones parlamentarias de investigación se constituirán obligatoriamente siempre que así se requiera por un quinto de los Diputados de derecho, hasta el límite de una por Diputado y por periodo de sesiones.
5. Las Comisiones parlamentarias de investigación gozan de poderes de investigación propios de las autoridades judiciales.
6. Las Presidencias de las Comisiones se repartirán en conjunto por los Grupos Parlamentarios en proporción al número de sus Diputados.
7. En las reuniones de las Comisiones en que se discutan propuestas legislativas regionales pueden participar representantes de la Asamblea Legislativa de la Región Autónoma proponente, en los términos del Reglamento.

Artículo 179. Comisión Permanente

1. Fuera del periodo de funcionamiento efectivo de la Asamblea de la República, durante el periodo en que ésta se encuentre disuelta, y en los restantes casos previstos en la Constitución, funcionará la Comisión Permanente de la Asamblea de la República.
2. Preside la Comisión Permanente el Presidente de la Asamblea de la República, y se compone de los Vicepresidentes y de los Diputados propuestos por todos los partidos, de acuerdo con su respectiva representatividad en la Asamblea.
3. Corresponde a la Comisión Permanente:
   1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las Leyes y supervisar la actividad del Gobierno y de la Administración;
   2. Ejercer los poderes de la Asamblea relativos al mandato de los Diputados;
   3. Promover la convocatoria de la Asamblea siempre que tal sea necesaria;
   4. Preparar la apertura del periodo de sesiones;
   5. Autorizar la ausencia del Presidente de la República del Territorio nacional;
   6. Autorizar al Presidente de la República a declarar los estados de Sitio o de Excepción, declarar la guerra o hacer la paz;
4. En el caso del apartado f) del número anterior, la Comisión permanente promoverá la convocatoria de la Asamblea en el plazo más corto posible.

Artículo 180. Grupos Parlamentarios

1. Los Diputados elegidos por cada partido o coalición de partidos pueden constituirse en Grupo Parlamentario.
2. Constituyen derechos de cada Grupo Parlamentario:
   1. Participar en las Comisiones de la Asamblea en función del número de sus miembros, indicando sus representantes en ellas;
   2. Ser oído en la fijación del Orden del Día e interponer recurso ante el Pleno sobre el Orden del Día fijado;
   3. Llevar a cabo, con la presencia del Gobierno, el debate sobre cuestiones de interés público, actual y urgente;
   4. Impulsar, por medio de interpelaciones al Gobierno, la apertura de dos debates en cada periodo de sesiones, sobre asuntos de política general o sectorial;
   5. Solicitar a la Comisión Permanente que promueva la convocatoria de la Asamblea;
   6. Requerir la constitución de comisiones parlamentarias de investigación;
   7. Ejercer la iniciativa legislativa;
   8. Presentar mociones de rechazo al Programa de Gobierno;
   9. Presentar mociones de censura al Gobierno;
   10. Ser informado regular y directamente por el Gobierno sobre la marcha de los principales asuntos de interés público;
3. Cada Grupo Parlamentario tiene derecho a disponer de locales de trabajo en la sede de la Asamblea, así como del personal técnico y administrativo de confianza, en los términos que la ley determina.
4. Los Diputados no integrados en Grupos Parlamentarios tendrán asegurados los derechos y garantías mínimos asegurados en los términos del Reglamento.

Artículo 181. Funcionarios y especialistas al servicio de la Asamblea

Artículo 182. Definición

Artículo 183. Composición

1. El Gobierno está constituido por el Primer Ministro, los Ministros y los Secretarios y Subsecretarios de Estado.
2. El Gobierno puede incluir uno o más Vicepresidentes.
3. El número, la designación y atribuciones de los Ministerios y Secretarías de Estado, así como las formas de coordinación entre ellas, serán determinados, según los casos, por los decretos de nombramientos de los respectivos titulares o por Decreto Ley.

Artículo 184. Consejo de Ministros

1. Vicepresidente o Vice Primer Ministro
   El Consejo de Ministros está constituido por el Primer Ministro, los Viceprimeros Ministros, si los hubiera, y por los Ministros.
2. La ley puede crear Consejos de Ministros especializados en razón de la materia.
3. Pueden ser convocados para participar en las reuniones de Consejos de Ministros los Secretarios de Estado y Subsecretarios.

Artículo 185. Sustitución de los miembros del Gobierno

1. Reemplazo del jefe de gobierno
   No habiendo Viceprimer Ministro, el primer Ministro será sustituido en su ausencia o en caso de impedimento, por el Ministro que indique al Presidente de la República o a falta de tal indicación, por el Ministro que sea designado por el Presidente de República.
2. Cada Ministro será sustituido en caso de ausencia o impedimento por el Secretario de Estado que indique al Primer Ministro, o a falta de tal indicación, por el miembro del Gobierno que el Primer Ministro designe.

Artículo 186. Inicio y cese de funciones

1. Las funciones de Primer Ministro se inician con su toma de posesión y cesan al ser cesado por el Presidente de la República.
2. Las funciones de los restantes miembros del Gobierno se inician con su toma de posesión, y cesan con su dimisión o con el cese del Primer Ministro.
3. Las funciones de su Secretarios y Subsecretarios de Estado, cesan también con el cese del respectivo Ministro.
4. Remoción del jefe de gobierno
   En el caso de dimisión del Gobierno, el Primer Ministro en funciones es cesado en la fecha de nombramiento y toma de posesión del nuevo Primer Ministro.
5. Antes del conocimiento de su programa por la Asamblea de la República o después de su dimisión, el Gobierno se limitará a la práctica de los actos estrictamente necesarios para asegurar la gestión de los negocios públicos.

Artículo 187. Formación del Gobierno

1. Selección del Jefe de Gobierno
   El Primer Ministro es nombrado por el Presidente de la República oídos los partidos representados en la Asamblea de la República y teniendo en cuenta los resultados electorales.
2. Vicepresidente o Vice Primer Ministro
   Los restantes miembros del Gobierno serán nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Primer Ministro.

Artículo 188. Programa del Gobierno

Artículo 189. Solidaridad gubernamental

Artículo 190. Responsabilidad del Gobierno

Artículo 191. Responsabilidad de los miembros del Gobierno

1. El Primer Ministros es responsable ante el Presidente de la República y, en el ámbito de la responsabilidad política del Gobierno, ante la Asamblea de la República.
2. Los Viceprimeros Ministros y los Ministros son responsables ante el Primer Ministro y, en el ámbito de la responsabilidad política del Gobierno, ante la Asamblea de la República.
3. Los Secretarios y Subsecretarios de Estado son responsables ante el Primer Ministro y el Ministro respectivo.

Artículo 192. Examen del programa del Gobierno

1. El programa del Gobierno se somete a examen por la Asamblea de la República a través de una declaración del Primer Ministro, en el plazo máximo de 10 días después de su nombramiento.
2. Si la Asamblea de la República no se encuentra en funcionamiento efectivo, será obligatoriamente convocada para este fin por su Presidente.
3. El debate no puede exceder de tres días y hasta su finalización, cualquier Grupo Parlamentario puede proponer el rechazo del programa o el Gobierno solicitar la aprobación de un voto de confianza.
4. El rechazo del programa del Gobierno exige mayoría absoluta de los Diputados de derecho.

Artículo 193. Solicitud de voto de confianza

Artículo 194. Mociones de censura

1. La Asamblea de la República puede votar mociones de censura al Gobierno sobre la ejecución de su programa o sobre un asunto relevante de interés nacional, a iniciativa de un cuarto de los Diputados de derecho o de cualquier Grupo Parlamentario.
2. Las mociones de censura sólo pueden debatirse cuarenta y ocho horas después de su presentación, en un debate cuya duración no será superior a tres días.
3. Límites para remover al jefe de gobierno
   Si una moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

Artículo 195. Dimisión del Gobierno

1. Implica la dimisión del Gobierno:
   1. El inicio de una nueva legislatura;
   2. La aceptación por el Presidente de la República de la petición de dimisión presentada por el Primer Ministro;
   3. La muerte o la incapacidad física duradera del Primer Ministro;
   4. El rechazo del programa de Gobierno;
   5. La no aprobación de una moción de confianza;
   6. La aprobación de una moción de censura por mayoría absoluta de Diputados de derecho.
2. El Presidente de la República sólo podrá cesar al Gobierno cuando ello se vuelva necesario para asegurar el funcionamiento regular de las instituciones democráticas, oído el Consejo de Estado.

Artículo 196. Efectividad de la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno

1. Ningún miembro del Gobierno puede ser detenido o encarcelado, sin autorización de la Asamblea de la República, salvo por delito doloso al que corresponda pena de prisión cuyo límite máximo sea superior a tres años o por flagrante delito.
2. Incoado procedimiento criminal contra algún miembro del Gobierno y acusado éste definitivamente, la Asamblea de la República decidirá si el miembro del Gobierno debe o no ser suspendido a los efectos de continuación del proceso, siendo obligatorio la decisión de suspensión cuando se trate de delitos del tipo referido en el apartado anterior.

Artículo 197. Competencias políticas

1. Compete al Gobierno, en el ejercicio de sus funciones políticas:
   1. Refrendar los actos el Presidente de la República, en los términos del artículo 140;
   2. Negociar y concertar los tratados internacionales;
   3. Aprobar los tratados internacionales cuya aprobación no sea competencia de la Asamblea de la República o que no tengan que ser sometidos a ésta;
   4. Presentar propuestas de ley y de resolución a la Asamblea de la República;
   5. Proponer al Presidente de la República el sometimiento a refrendo de cuestiones de relevante interés nacional, en los términos del artículo 115;
   6. Pronunciarse sobre la declaración de estado de Sitio o de Excepción;
   7. Proponer al Presidente de la República la declaración de guerra o hacer la paz;
   8. Presentar a la Asamblea de la República, en los términos del apartado d) del artículo 162, las cuentas del Estado y de las demás entidades públicas, que la ley determine;
   9. Grupo(s) regionales
      Presentar, en tiempo útil, a la Asamblea de la República, a efectos de lo dispuesto en el apartado n) del artículo 161 y del apartado f) del artículo 163, información referente al proceso de construcción de la Unión Europea;
   10. Llevar a cabo los demás actos que le hayan sido encomendados por la Constitución o por la Ley.
2. La aprobación por el Gobierno de Tratados internacionales reviste la forma de decreto.

Artículo 198. Competencia legislativa

1. Compete al Gobierno, en el ejercicio de funciones legislativas:
   1. Hacer decretos leyes en materias no reservadas a la Asamblea de la República;
   2. Hacer decretos leyes en materias de reserva relativa de la Asamblea de la República mediante la autorización de ésta;
   3. Hacer decretos leyes de desarrollo de los principios o las bases generales de los regímenes jurídicos contenidos en leyes que a ellos se circunscriban.
2. Es de la exclusiva competencia legislativa del Gobierno la materia relativa a su propia organización y funcionamiento.
3. Los decretos leyes previstos en los apartados b) y c) del número 1, deben invocar expresamente la ley de autorización legislativa o la ley de bases a cuyo amparo hayan sido aprobados.

Artículo 199. Competencia Administrativa

Artículo 200. Competencias del Consejo de Ministros

1. Facultades del gabinete
   Compete al Consejo de Ministros:
   1. Definir las líneas generales de la política gubernamental, así como las de su aplicación;
   2. Deliberar sobre la petición de confianza a la Asamblea de la República;
   3. Aprobar las proposiciones de ley y de resolución;
   4. Facultad de decreto del jefe de gobierno
      Aprobar los Decretos leyes, así como los acuerdos Internacionales no sometidos a la asamblea de la República;
   5. Aprobar los planes;
   6. Aprobar los actos de gobierno que supongan aumento o disminución de los ingresos o gastos públicos;
   7. Deliberar sobre otros asuntos competencia del Gobierno, que le sean atribuidos por ley o presentados por el Primer Ministro o por cualquier ministro.
2. Los Consejos de Ministros especializados, ejercen la competencia que les fuera atribuida por ley o delegada por el Consejo de Ministros.

Artículo 201. Competencia de los miembros del Gobierno

1. Compete al Primer Ministro:
   1. Dirigir la política general del Gobierno coordinando y orientando la acción de todos los Ministros;
   2. Dirigir el funcionamiento del Gobierno y sus relaciones de carácter general con los demás órganos del Estado;
   3. Informar al presidente de la República sobre las cuestiones relativas a la política interna y externa del país;
   4. Ejercer las demás funciones que le sean atribuidas por la Constitución y por la ley.
2. Compete a los Ministros:
   1. Ejecutar la política definida para sus Ministerios;
   2. Asegurar las relaciones de carácter general entre el Gobierno y los demás órganos del Estado en el ámbito de sus respectivos Ministerios;
3. Los decretos leyes y los demás decretos del Gobierno serán firmados por el Primer Ministro y por los Ministros competentes en razón de la materia.

Artículo 202. La función jurisdiccional

1. Los Tribunales son los órganos de soberanía con competencia para administrar la justicia en nombre del pueblo.
2. En la Administración incumbe a los Tribunales asegurar la defensa de los derechos e intereses legalmente protegidos de los ciudadanos, reprimir la violación de la legalidad democrática y dirimir los conflictos de intereses públicos y privados.
3. En el ejercicio de sus funciones los tribunales tienen derecho a la cooperación de las otras autoridades.
4. La ley podrá institucionalizar instrumentos y formas de composición no jurisdiccional de conflictos.

Artículo 203. Independencia

Artículo 204. Examen de inconstitucionalidad

Artículo 205. Decisiones de los Tribunales

1. Las decisiones de los Tribunales que no sean de mero expediente serán fundamentadas en la forma prevista en la ley.
2. Las decisiones de los Tribunales serán obligatorias para todas las entidades públicas y privadas y prevalecerán sobre las de cualquier otra autoridad.
3. La ley regulará los términos de la ejecución de las decisiones de los tribunales respecto a cualquier autoridad y determinará las sanciones a aplicar a los responsables por su inejecución.

Artículo 206. Audiencia de los Tribunales

Artículo 207. Jurado, participación popular y asesoría técnica

1. Jurados obligatorios
   El jurado, en los casos y con la composición que fije la ley, interviene en el juicio de los delitos graves, salvo los de terrorismo y los de crimen organizado, particularmente cuando la acusación o la defensa lo requieran.
2. La ley podrá establecer la intervención de jueces sociales en el enjuiciamiento de materias de trabajo, de infracciones contra la salud pública, de pequeños delitos, de ejecución de penas u otras en las que se justifique una especial ponderación de los valores sociales ofendidos.
3. La ley podrá establecer también la participación de asesores técnicamente cualificados para el enjuiciamiento de determinadas materias.

Artículo 208. Protección forense

Artículo 209. Categorías de Tribunales

1. Establecimiento del Tribunal Constitucional
   Además del Tribunal Constitucional, existen las siguientes categorías de tribunales:
   1. El Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales judiciales de primera y segunda instancia;
   2. Establecimiento de tribunales administrativos
      El Tribunal Supremo Administrativo y otros tribunales administrativos y fiscales;
   3. El Tribunal de Cuentas
2. Pueden existir tribunales marítimos, tribunales de arbitraje y juzgados de paz.
3. La ley determinará los casos y las formas en que los tribunales previstos en los números anteriores se pueden constituir, separada o conjuntamente en tribunales de conflictos.
4. Establecimiento de tribunales militares
   Sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a los tribunales militares se prohíbe la existencia de tribunales con competencia exclusiva para el enjuiciamiento de ciertas categorías de delitos.

Artículo 210. Tribunal supremo de justicia e instancias

1. El Tribunal Supremo de Justicia es el órgano superior en la jerarquía de los tribunales judiciales sin perjuicio de la competencia propia del Tribunal Constitucional.
2. Selección de los miembros de la Corte Suprema
   El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia es elegido por los respectivos jueces.
3. Los tribunales de primera instancia son con carácter general, los tribunales de comarca, a los que se equiparan los referidos en el número 2 del artículo siguiente.
4. Los tribunales de segunda instancia son, por regla general, los tribunales de apelación.
5. El Tribunal Supremo de Justicia funcionará como tribunal de instancia en los casos que la ley determine.

Artículo 211. Competencia y especialización de los tribunales judiciales

1. Los tribunales judiciales son los tribunales comunes en materia civil y penal y ejercen jurisdicción en todas las áreas no atribuidas a otros órganos judiciales.
2. En la primera instancia puede haber tribunales con competencia específica y tribunales especializados, para el enjuiciamiento de materias determinadas.
3. En la composición de los tribunales de cualquier instancia que juzguen delitos de naturaleza estrictamente militar forman parte uno o más jueces militares en los términos de la ley.
4. Los tribunales de apelación y el tribunal supremo de justicia pueden funcionar en secciones especializadas.

Artículo 212. Tribunales administrativos y fiscales

1. El Tribunal Supremo Administrativo es el órgano superior en la jerarquía de los tribunales administrativos y fiscales, sin perjuicio de la competencia propia del Tribunal Constitucional.
2. Selección de los miembros de tribunales administrativos
   El Presidente del Tribunal Supremo Administrativo es elegido de entre y por los respectivos jueces.
3. Compete a los tribunales administrativos y fiscales el enjuiciamiento de las acciones y recursos contenciosos que tengan por objeto dirimir los litigios que se planteen en las relaciones jurídicas administrativas y fiscales.

Artículo 213. Tribunales militares

Artículo 214. El Tribunal de Cuentas

1. El Tribunal de Cuentas es el órgano supremo de fiscalización de la legalidad de los gastos públicos y de enjuiciamiento de las cuentas que la ley mande someterle comprendiendo, entre ellas particularmente:
   1. Emitir opinión sobre la Cuenta General del Estado, incluyendo la de la Seguridad Social;
   2. Dar opinión sobre las cuentas de las Regiones autónomas de Azores y Madeira;
   3. Hacer efectivas las responsabilidades por infracciones financieras en los términos de la ley;
   4. Ejercer las demás competencias que le fueran atribuidas por ley.
2. El mandato del presidente del Tribunal de Cuentas tiene una duración de cuatro años, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado m) del artículo 133.
3. El Tribunal de Cuentas puede funcionar descentralizadamente, con secciones regionales, en los términos de la ley.
4. En las Regiones autónomas de Azores y Madeira hay secciones del Tribunal de Cuentas con competencia plena respecto de la materia de la respectiva región en los términos de la ley.

Artículo 215. Magistratura de los Tribunales Judiciales

1. Los jueces de los tribunales judiciales forman un cuerpo único y se rigen por un solo estatuto.
2. Requisitos de los jueces de tribunales ordinarios
   La ley determina los requisitos y las reglas de selección de los jueces de los tribunales judiciales de primera instancia.
3. La selección de los jueces de los tribunales judiciales de segunda instancia se lleva a cabo con prevalencia del criterio de mérito por concurso curricular entre los jueces de primera instancia.
4. Selección de los miembros de la Corte Suprema, Requisitos de los jueces de la Corte Suprema
   El acceso al Tribunal Supremo de Justicia se hace por concurso curricular abierto a los magistrados judiciales y del Ministerio Público y a otros juristas con méritos, en los términos que la ley determine.

Artículo 216. Garantías e incompatibilidades

1. Remoción de jueces de la corte Suprema/ordinaria
   Los jueces son inamovibles no pudiendo ser trasladados, suspendidos, jubilados o destituidos salvo en los casos previstos por la ley.
2. Los jueces no pueden ser responsabilizados por sus decisiones, salvo las excepciones que la ley especifique.
3. Requisitos de los jueces de tribunales ordinarios
   Los jueces en ejercicio no pueden desempeñar cualquier otra función pública o privada, salvo las funciones docentes o de investigación científica de naturaleza jurídica no remunerada, en los términos de la ley.
4. Los jueces en ejercicio no pueden ser nombrados para comisiones de servicio ajenas a la actividad de los tribunales sin autorización del consejo superior competente.
5. Requisitos de los jueces de tribunales ordinarios
   La ley puede establecer otras incompatibilidades con el ejercicio de la función de juez.

Artículo 217. Nombramiento, destino, traslado y promoción de los jueces

1. El nombramiento, destino, traslado y promoción de los jueces de los tribunales judiciales y el ejercicio de la acción disciplinar compete al consejo Superior de la Magistratura en los términos e la ley.
2. Selección de los miembros de tribunales administrativos
   El nombramiento, destino, traslado y promoción de los jueces de los tribunales administrativos y fiscales, así como el ejercicio de la acción disciplinar compete al respectivo Consejo Superior, en los términos de la ley.
3. La ley define las reglas y determina la competencia para el destino, traslado y promoción así como para el ejercicio de la acción disciplinar en relación a los jueces de los restantes tribunales con salvaguarda de las garantías previstas en la Constitución.

Artículo 218. Consejo Superior de la Magistratura

1. El Consejo Superior de la Magistratura es presidido por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y compuesto por los siguientes vocales:
   1. Dos designados por el presidente de la República;
   2. Siete elegidos por la Asamblea de la República;
   3. Siete jueces elegidos por los jueces; de acuerdo con el principio de representación proporcional.
2. Las reglas sobre garantías de los jueces son aplicables a todos los vocales del Consejo Superior de la Magistratura.
3. La ley podrá prever que formen parte del Consejo Superior de la Magistratura funcionarios de justicia elegidos entre sus compañeros, con intervención restringida a la discusión y votación de las materias relativas a la apreciación del mérito profesional y al ejercicio de la función disciplinar sobre los funcionarios de justicia.

Artículo 219. Funciones y Estatuto

1. Al Ministerio Fiscal le corresponde representar al Estado y defender los intereses que la ley establece, así como, con observancia en lo dispuesto en el apartado siguiente y en los términos de la ley, participar en la ejecución de la política criminal definida por los órganos de soberanía, ejercer la acción penal orientada al principio de legalidad, y defender la legalidad democrática.
2. El Ministerio Fiscal goza de estatuto propio y autonomía en los términos de la ley.
3. La ley establece formas especiales de asesoría junto al Ministerio Fiscal en los casos de delitos estrictamente militares.
4. Los agentes del Ministerio Fiscal son Magistrados, responsables, jerárquicamente subordinados y no pueden ser trasladados, suspendidos, destinados o cesados sino en los casos previstos en la ley.
5. El nombramiento destino, traslado y promoción de los miembros del Ministerio Fiscal y el ejercicio de la acción disciplinar compete al Fiscal General de la República.

Artículo 220. La Fiscalía General de la República

1. La Fiscalía General de la República es el órgano superior del Ministerio Fiscal con composición y competencias definidas por la ley.
2. La Fiscalía General de la República es presidida por el Fiscal General de la República y comprende el Consejo Superior del Ministerio Público, que incluye miembros elegidos por la Asamblea de la República y miembros elegidos entre sí por los Magistrados del Ministerio Fiscal.
3. El mandato del Fiscal General de la República tiene una duración de seis años, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado m) del artículo 133.

Artículo 235. Administraciones Locales

1. La organización democrática del Estado debe incluir a las administraciones locales.
2. Las Administraciones locales son personas colectivas territoriales dotadas de órganos de representación, destinadas a la búsqueda de los intereses propios de sus poblaciones respectivas.

Artículo 236. Categorías de Administraciones locales y división administrativa

1. En el continente son administraciones locales las parroquias, municipios y regiones administrativas.
2. Las Regiones autónomas de Azores y de Madeira, comprenderán las parroquias y municipios.
3. La ley podrá establecer otros tipos de organización territorial municipal en las grandes zonas urbanas y en las islas, de conformidad con sus condiciones específicas.
4. Se establecerá por ley a división administrativa del territorio.

Artículo 237. Descentralización administrativa

1. Las atribuciones y la organización de las Administraciones locales, así como la competencia de sus órganos serán reguladas por ley, de conformidad con el principio de descentralización administrativa.
2. La Asamblea de la Administración local será la competente para ejercer las facultades conferidas por la ley, incluidas las opciones de aprobar el plan y el presupuesto.
3. La policía municipal deberá cooperar en el mantenimiento del orden público y la protección de las comunidades locales.

Artículo 238. Del Patrimonio y de las finanzas locales

1. Las autoridades locales tendrán su propio patrimonio y recursos financieros.
2. El sistema de financiación local se establecerá por ley y tendrá como objetivo garantizar la distribución justa de los recursos públicos por las autoridades estatales y locales y la necesaria corrección de las desigualdades entre las Administraciones locales en el mismo grado.
3. Los ingresos de las Administraciones locales deberán incluir obligatoriamente los ingresos provenientes de la gestión de sus activos y lo cobrado por el uso de sus servicios.
4. Gobierno municipal
   Las administraciones locales podrán disponer de poderes de imposición tributaria, en los casos y de conformidad con la ley.

Artículo 239. Órganos deliberativos y ejecutivos

1. Gobierno municipal
   La organización de la administración local comprende una asamblea electiva dotada con poderes deliberativos y un órgano ejecutivo colegiado que responderá ante ella.
2. Gobierno municipal
   La Asamblea será elegida por sufragio universal, directo y secreto de los ciudadanos censados en su respectiva área, utilizando el sistema de representación proporcional.
3. El órgano ejecutivo estará constituido por un número adecuado de miembros, siendo designado presidente el primer candidato de la lista más votada para a Asamblea o para el ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, la cual regulará, igualmente, el proceso electoral, los requisitos de su constitución y destitución, así como su funcionamiento.
4. Las candidaturas para la elección de los órganos de las administraciones locales podrán ser presentadas por los partidos políticos, de forma individual o en coaliciones o agrupaciones de electores, de acuerdo con la ley.

Artículo 240. Referéndum local

1. Las autoridades locales podrán someter a referéndum de su electorado, las cuestiones que sean competencia de sus órganos, en los casos, en los términos y con la eficacia que la ley establezca.
2. La ley podrá atribuir a los ciudadanos electores el derecho a iniciar un referéndum.

Artículo 241. Poder reglamentario

Artículo 242. Tutela administrativa

1. La tutela administrativo sobre las administraciones locales consistirá en la verificación del cumplimiento de la ley por parte de los órganos de gobierno, y se ejercerá en los casos y según las vías previstas en la ley.
2. Las medidas tutelares que impongan restricciones a la autonomía local deberán ser precedidas por un dictamen del órgano administrativo, en los términos a establecer por ley.
3. Únicamente procederá la disolución de los órganos de la administración local por actos u omisiones ilegales de carácter grave.

Artículo 243. Personal de las administraciones locales

1. Las administraciones locales tendrán su propio personal, en virtud de la ley.
2. Se aplicará a los funcionarios y agentes de la administración local el régimen de los funcionarios y agentes del Estado, con las adaptaciones necesarias, en los términos de la ley.
3. La ley definirá las formas de apoyo técnico y recursos humanos del Estado a las administraciones locales, sin perjuicio de su autonomía.

Artículo 244. Órganos de la parroquia

Artículo 245. Asamblea de la parroquia

1. La Asamblea de la parroquia es el órgano deliberativo de la parroquia.
2. La ley podrá prever que, en las parroquias con poblaciones pequeñas, la asamblea parroquial podrá ser sustituida por reuniones plenarias de los ciudadanos electores.

Artículo 246. Consejo Parroquial

Artículo 247. Asociación

Artículo 248. Delegación de tareas

Artículo 249. Modificación de los municipios

Artículo 250. Órganos del municipio

Artículo 251. Asamblea Municipal

Artículo 252. Concejo Municipal

Artículo 253. Asociación y Federación

Artículo 254. Participación en los ingresos procedentes de los impuestos directos

1. Los municipios podrán participar por derecho propio y en los términos establecidos en la ley, en los ingresos procedentes de los impuestos directos.
2. Los municipios tendrán sus propios ingresos fiscales, en virtud de la ley.

Artículo 255. Creación legal

Artículo 256. Institución de las Regiones

1. La institución de Regiones Administrativas concretas, con aprobación por ley de la creación de cada una de ellas, dependerá de la ley prevista en el artículo anterior y del voto favorable expreso de la mayoría de los ciudadanos electores que se hayan pronunciado en consulta directa, de alcance nacional y relativa a cada zona regional.
2. Cuando la mayoría de los electores participantes no se pronuncien favorablemente en relación con la pregunta de alcance nacional sobre la institución en concreto de cada región administrativa, las respuestas a las preguntas que hayan tenido lugar, relativas a cada región creada en la ley, carecerán de efectos.
3. Las consultas al electorado previstas en los párrafos anteriores tendrán lugar en las condiciones y en los términos establecidos en una ley orgánica, por el Presidente de la República a propuesta de la Asamblea, aplicándose, con las debidas adaptaciones, las disposiciones que dimanan del artículo 115.

Artículo 257. Funciones

Artículo 258. Planificación

Artículo 259. Órganos de la región

Artículo 260. Asamblea Regional

Artículo 261. Junta Regional

Artículo 262. Representante del Gobierno

Artículo 263. Constitución y área

1. A fin de aumentar la participación popular en la vida administrativa local, se podrán formar organizaciones de residentes que vivan en un área inferior al área de la parroquia.
2. La asamblea de la parroquia, por iniciativa propia o a petición de las asociaciones de vecinos o de un número significativo de residentes, delimitará las áreas territoriales de las organizaciones mencionadas en el apartado anterior, solucionando los eventuales conflictos derivados de las mismas.

Artículo 264. Estructura

1. La estructura de las organizaciones vecinales se establecerá por la ley, e incluirá la asamblea vecinal y el comité vecinal.
2. La asamblea vecinal estará compuesta por los residentes inscritos en el censo de la parroquia.
3. El Comité vecinal será elegido en votación secreta por la asamblea vecinal, y podrá ser libremente destituido por la misma.

Artículo 265. Derechos y competencias

1. Las organizaciones vecinales tienen derecho:
   1. De petición ante las Administraciones locales sobre las cuestiones administrativas de interés para los residentes.
   2. A participar, sin voto, a través de sus representantes, en la asamblea de la parroquia.
2. A las organizaciones de vecinos compete realizar las tareas que la ley les confíe o de los órganos de la respectiva parroquia que en ellos delegaran.