En el nombre de Dios, el Clemente y Misericordioso
Publicado originalmente en el Journal of International Mediterranean Studies (REIM)
Traducido por Waleed Saleh
En el nombre de Dios, el Clemente y Misericordioso
"Hemos honrado a los hijos de Adán"
Nosotros somos los hijos de Mesopotamia, patria de enviados y profetas, morada de virtuosos imanes, cuna de la civilización, de los inventores de la escritura, pioneros de la agricultura y creadores de la numeración. Sobre nuestra tierra fue promulgada la primera ley humana, en nuestra patria fue redactado el pacto más antiguo y justo para la política de los países, sobre nuestra tierra rezaron los compañeros del Profeta y sus sucesores, pensaron los filósofos y sabios y crearon los literatos y los poetas.
Reconociendo los derechos de Dios sobre nosotros, respondiendo la apelación de nuestra patria y nuestros compatriotas, contestando la llamada de nuestros dirigentes religiosos y patrióticos y la insistencia de nuestras grandes autoridades, líderes, reformadores, fuerzas patrióticas, políticos y en medio del apoyo internacional demostrado por amigos y queridos, nos dirigimos por primera vez en nuestra historia a las urnas electorales el 30 de enero del 2005. Fuimos millones de hombres, mujeres, mayores y jóvenes, recordando las penas de la opresión sectaria ejercida por el grupo tirano e inspirándonos en las desgracias de los mártires de Irak, chiíes, sunníes, árabes, kurdos, turcumanos y todos los componentes del pueblo y recordando la injusticia de la violación de las ciudades sagradas del sur en la revuelta del mes de sha’ban2, abrasados por las llamas de la tristeza de las tumbas comunes, de al-Ahwar , del Dujayl , penetrándonos en los sufrimientos de la opresión nacionalista en las masacres de Halabja, de Barzan, de al-Anfal y de los kurdos faylíes, inspirándonos en las desdichas de los turcumanos de Bashir. Y como las demás regiones del país, la población de la zona occidental sufrió por el asesinato de sus jefes, sus símbolos y sus jeques, el éxodo de sus elites, la desecación de las fuentes culturales y de pensamiento, hemos trabajado con las manos unidas y los hombros arrimados para construir el nuevo Irak, Irak del futuro, libre de todo tipo de sectarismo, racismo, regionalismo, discriminación o exclusión.
Las acusaciones de apostasía y de terrorismo no nos han impedido de avanzar para la construcción del estado de derecho, el sectarismo y el racismo no han podido parar nuestro camino juntos hacia la consolidación de la unidad nacional y seguir el método del manejo pacífico del poder, la distribución justa de los recursos y ofrecer la igualdad de oportunidades para todos.
Nosotros somos el pueblo de Irak que acaba de levantarse de su caída, observando con confianza su futuro por medio de un sistema republicano, federal, democrático y plural, decidido con sus hombres, mujere s, mayores y jóvenes a respetar las reglas de las leyes, desechar la política de agresión, preocupación por la mujer y sus derechos, el anciano y sus inquietudes, el niño y asuntos, la difusión de la cultura plural y arrancar la mecha del terrorismo.
Nosotros, el pueblo de Irak con todos sus componentes y sus variedades, ha decidido de forma libre y voluntaria unirse, tomando como lección la experiencia del ayer para el día de mañana, forjando a partir del conjunto de valores y ejemplos sublimes de los mensajes divinos y de las novedades científicas y de la civilización humana, esta constitución permanente. El cumplimento de esta constitución asegura para Irak su unión libre, de su pueblo, su tierra y su soberanía.
La República de Irak es un Estado independiente y soberano, su sistema de poder es republicano y parlamentario, democrático y federal.
El Islam es la religión oficial del Estado y es la fuente principal de la legislación:
Esta constitución garantiza la conservación de la identidad islámica de la mayoría del pueblo iraquí, asimismo garantiza los plenos derechos religiosos de todos los individuos en cuanto a la libertad de fe y las prácticas religiosas, como los cristianos, ayzidíes y sabeos mindaitas.
Irak es un país multiétnico multireligioso y multiconfesional, es miembro fundador y activo de la Liga Árabe, acata su carta fundacional y forma parte del mundo islámico.
La lengua árabe y la lengua kurda son las dos lenguas oficiales de Irak, se garantiza el derecho de los iraquíes a enseñar a sus hijos en sus lenguas maternas como la turcumana, la siríaca y la armenia en las instituciones educativas públicas, conforme a las instrucciones pedagógicas, así como en cualquier otra lengua en las instituciones educativas privadas.
La definición del término lengua oficial y el modo de aplicación de las disposiciones de este artículo se limitarán por ley que se referirá a:
Las instituciones federales y oficiales de la región del Kurdistán emplearan las dos lenguas.
La lengua turcumana y la lengua siríaca son otras dos lenguas oficiales en las unidades administrativas donde representan una densidad de población.
Cualquier región o provincia puede adoptar otras lenguas como lenguas oficiales si la mayoría de su población lo decide en un referéndum.
La ley es soberana y el pueblo es la base del poder y su legitimidad que será practicado a través de un sufrago secreto, general y directo y por medio de sus instituciones constitucionales.
El traspaso del poder se hará pacíficamente por los medios democráticos estipulados por la presente constitución.
Se prohíbe cualquier entidad o programa que adopte el racismo, el terrorismo, la apostasía, la limpieza étnica o los incite, facilite, glorifique, hacer apología de ellos o los justifique, sobretodo el partido Baaz de Saddam en Irak y sus símbolos, bajo cualquier denominación. No se permitirá que se haga esto dentro del pluralismo político en Irak que se determinará por ley.
El estado se encarga de combatir todas las formas del terrorismo y trabajará para proteger sus territorios para que no se conviertan en sede, paso o campo de sus actividades.
Irak velará por los principios de la buena vecindad y se comprometerá a no intrometerse en los asuntos de los demás países, resolverá sus disputas por medios pacíficos y entablará sus relaciones en base a los intereses comunes, la reciprocidad y el respeto de los compromisos internacionales.
El servicio nacional será determinado por ley.
Los santos lugares y los lugares de culto en Irak son entidades religiosas y culturales. El Estado se compromete y confirma salvaguardar su inviolabilidad y garantizar la libre práctica de ritos.
Bagdad es la capital de la República de Irak.
La bandera, el emblema y el himno nacional iraquíes serán determinados por ley de manera que representen los componentes del pueblo iraquí.
Las condecoraciones, los días festivos, las fiestas religiosas y nacionales y los calendarios Hégira y Gregoriano serán regulados por let.
Esta constitución es la ley suprema y sublime de Irak y será aplicada en todo su territorio sin excepción.
Ninguna ley que contradiga esta Constitución será promulgada. Cualquier texto in constituciones religiosas o otro texto legal que contradiga la Constitución será considerado nulo.
Los iraquíes son iguales ante la ley, sin discriminación por razón de sexo, etnia, procedencia, origen, color, religión, confesión, creencia, opinión o por estatus socio-económico.
Toda persona tiene derecho a la vida, la seguridad y la libertad. Se prohíbe la privación o la restricción de estos derechos, excepto en casos de que lo dicta la ley y conforme a las decisiones emitidas por las autoridades judiciales competentes.
La igualdad de oportunidades está garantizada para todos los iraquíes. El Estado garantiza la realización de los trámites necesarios para conseguirlo.
Toda persona tiene el derecho en la privacidad en la medida de que no vaya en contra del derecho de los demás o de la moral pública.
La inviolabilidad del domicilio está conservada y se prohíbe su violación, inspección, asalto, sin una decisión judicial y conforme a la ley.
Todo ciudadano iraquí tiene derecho a la nacionalidad de este país y que es la base de la ciudadanía.
Se considera iraquí cualquier persona nacida de un padre o madre iraquíes y será determinado por la ley.
Un iraquí puede poseer más de una nacionalidad. Toda persona que ocupe un cargo o una alta función directiva o de seguridad debe renunciar a cualquier nacionalidad adquirida y será determinado por la ley.
La nacionalidad iraquí no se puede adquirir para llevar a cabo una política poblacional que provoque el desequilibrio en la composición demográfica de Irak.
Las reglas de la nacionalidad se determinarán por ley y los tribunales competentes resolverán los pelitos que puedes surgir.
El poder judicial es independiente y no se somete a ningún otro poder que la ley.
No existe crimen o castigo sin estipulación. Solamente se aplica el castigo a un acto considerado como crimen en el momento de ejecutarlo. Se prohíbe la aplicación de una sentencia más severa de la estipulada en el momento de cometer el crimen.
El derecho al pleitear está garantizado para todos.
El derecho a la defensa es sagrado y garantizado en todas las fases de la investigación y el juicio.
El acusado es inocente hasta que no se muestre su culpabilidad en un juicio legal y justo. El acusado no será juzgado por segunda vez por la misma acusación excepto si aparecen pruebas nuevas.
Toda persona tiene el derecho a ser tratado con justicia durante el proceso judicial y administrativo.
Las sesiones de los tribunales son públicas, excepto si el tribunal decide que se desarrollen de forma secreta.
La pena es personal.
Las leyes no son retroactivas si no se dicta lo contrario. Esta excepción no afecta a las leyes de tasas e impuestos.
El código penal no tiene valor retroactivo, excepto si beneficia al acusado.
El tribunal nombrará un letrado de oficio a costa del Estado para defender al acusado de un delito o crimen si carece de abogado.
Los documentos de la investigación primaria se presentarán ante el juez competente en un plazo máximo de veinticuatro horas desde la detención del acusado y solamente sen puede prorrogar una vez por la misma duración.
Los ciudadanos, hombres y mujeres tienen el derecho a la participación en los asuntos públicos y gozar de los derechos políticos incluidos el derecho de votar, elegir y presentarse como candidato.
Se prohíbe entregar a ningún ciudadano iraquí a las autoridades o entidades extranjeras.
Una ley regulará el derecho al asilo político en Irak. Ningún refugiado político será entregado a una entidad o autoridad extranjera o devuelto por la fuerza al país del que huyó.
No se concederá el asilo político a ningún acusado de cometer crímenes internacionales o de terrorismo o a las personas que han causado daño a Irak.
El trabajo es un derecho para todos lo iraquíes de modo que les asegure una vida digna.
La ley regulará la relación entre los empleados y empleadores conforme a bases económicas, teniendo en cuenta los fundamentos de la justicia social.
El Estado garantiza el derecho de formar o pertenecer a las asociaciones sindicales. Será determinado por la ley.
La propiedad privada está protegida. El propietario tiene derecho a beneficiarse de su propiedad, usufructo y su utilización dentro de la ley.
Ninguna propiedad se puede confiscar, excepto si es para el bien común y a cambio de una indemnización justa. Esto será determinado por la ley.
El Estado garantiza la libre movilidad de la mano de obra, la mercancía y los capitales iraquíes entre las regiones y provincias. Esto será determinado por la ley.
El Estado garantizará la reforma de la economía iraquí conforme a bases económicas modernas con el fin de asegurar la plena explotación de los recursos, la diversificación de su suministro y el fomento del sector privado y su desarrollo.
El Estado garantiza el fomento de las inversiones en los diversos sectores. Esto será determinado por la ley.
Los bienes públicos son sagrados y todos los ciudadanos tienen la obligación de protegerlos.
Las reglas relativas a los bienes del Estado, su administración, las condiciones para disponer de ellos y los límites dentro de los cuales se puede ceder a algo de ellos serán determinadas por la ley.
No se fijarán los impuestos y las tasas, no se modificarán ni se cobrarán o se eximirá de su pago sino es acorde a la ley.
Las personas con recursos modestos se eximirán del pago de impuestos para garantizar el nivel mínimo de vida. Será determinado por la ley.
Los hijos respecto a sus padres tienen el derecho a la educación, la instrucción y la enseñanza y los padres respecto a sus hijos tienen el derecho al respeto y al cuidado, especialmente en los casos de necesidad, invalidez y vejez.
Se prohíbe la explotación económica de los niños en todas sus formas y el Estado tomará todas las medidas necesarias para su protección.
Se prohíben todas las formas de violencia y abuso en la familia, en la escuela y en la sociedad.
El Estado garantizará para los individuos y la familia – especialmente los niños y las mujeres – la seguridad social y sanitaria y las condiciones básicas para tener una vida libre y digna, asegurándoles un recurso apropiado y una vivienda adecuada.
El Estado garantizará la seguridad social y sanitaria de los iraquíes en caso de vejez , enfermedad, incapacidad de trabajar, estar en condiciones precarias, orfandad y paro. El Estado los prevendrá para evitar que sean presa de la ignorancia, el miedo y la pobreza y les ofrecerá la vivienda y los programas especiales para su formación y cuidado. Será determinado por la ley.
Todo iraquí tiene derecho a la seguridad sanitaria y el Estado velará por la sanidad pública y garantizará los medios de prevención y de tratamiento fundando diversos tipos de hospitales e instituciones sanitarias.
Los individuos e instituciones pueden fundar hospitales, clínicas o centros especiales de tratamiento bajo la supervisión del Estado. Será determinado por la ley.
El Estado cuidará a los discapacitados y a aquellos que necesitan cuidados especiales y garantizará su reeducación para su integración en la sociedad. Será determinado por la ley.
Todo individuo tiene el derecho a vivir en condiciones medioambientales sanas.
El Estado garantizará la protección del medioambiente y la diversidad biológica y su preservación.
La educación es un factor fundamental para el desarrollo de la sociedad y es un derecho garantizado por el Estado. La educación primaria es obligatoria y el Estado garantiza la lucha contra el analfabetismo.
La educación gratuita en todas las etapas es un derecho para todos los iraquíes.
El Estado fomentará la investigación científica con fines pacíficos por el bien de la humanidad a atenderá la excelencia, la creatividad y la invención y el talento en todas sus formas.
La enseñanza privada y particular está garantizada. Será determinada por la ley.
El Estado atenderá las actividades e instituciones culturales de acuerdo con la civilización y cultura histórica de Irak y se empeñará en seguir una orientación cultural iraquí autentica.
Todas las personas tienen derecho a practicar el deporte y el Estado tiene el deber de fomentar las actividades deportistas, atenderlas y satisfacer sus necesidades.
El Estado garantiza la protección de las personas de la coerción intelectual, política y religiosa.
Se prohíbe el trabajo forzoso, la esclavitud, la trata de negros, de blancas y de niños y el comercio sexual.
El Estado garantizará de una manera que no viole el orden público y moral:
La libertad de formar asociaciones y partidos políticos o pertenecer a ellos está garantizada. Será determinada por la ley.
Se prohíbe obligar a las personas para incorporarse a los partidos políticos, asociaciones o alguna entidad política o forzarlas para mantener su pertenencia a los mismos.
La libertad de comunicación y de correspondencia postal, telegráfica, telefónica, electrónica u otras está garantizada y no pueden ser objeto de espionaje, de escucha o de publicación, excepto en casos de necesidad judicial y de seguridad y por decisión judicial.
Los iraquíes son libres en mantener su estatuto personal, según sus religiones, confesiones, creencias o elecciones. Será determinado por la ley.
Toda persona goza de la libertad de pensamiento, conciencia y creencia.
Los fieles de todas las religiones y confesiones son libres en:
El Estado garantiza la libertad de culto y la protección de los lugares de culto.
Todos los iraquíes gozan de libertad de desplazarse, viajar y residir dentro y fuera de Irak.
Ningún iraquí será exiliado, deportado o privado de regresar a su patria.
El Estado velará para reforzar el papel de las instituciones de la sociedad civil con el fin de sostener su desarrollo e independencia de acuerdo con las medidas pacíficas para realizar sus fines legítimos. Será determinado por la ley.
El Estado velará por el desarrollo de las tribus y los clanes iraquíes y atenderá sus asuntos de acuerdo con la religión y la ley, fortalecerá sus valores humanos y nobles de manera que contribuyan en el desarrollo de la sociedad. El Estado prohíbe las tradiciones tribales que entran en contradicción con los derechos humanos.
La restricción o la limitación de la práctica de cualquier derecho o libertad estipulados en esta constitución solamente se podrá hacer por ley o según sus fundamentos, en la medida de que esa restricción o limitación no viole la esencia de la ju sticia o la libertad.
Los poderes federales consisten en los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Ejercerán sus especialidades y tareas en base al principio de la separación de los poderes.
El poder legislativo federal consiste en la Asamblea y el Consejo Federal.
La Asamblea se constituye por un número de miembros, en una proporción de un escaño para cada cien mil iraquíes, representando a todo el pueblo iraquí. Serán elegidos en un escrutinio general, secreto y directo. Se asegura la representación de todos los componentes del pueblo en la Asamblea.
Todo candidato a la Asamblea debe ser iraquí y plenamente elegible.
Una ley regulará las condiciones de la elegibilidad, de los electores y todo lo que se refiere a las elecciones.
La ley electoral procurará obtener un porcentaje de al menos un cuarto del total de los miembros de la Asamblea para mujeres.
La Asamblea promulgará una ley que tratara el remplazamiento de sus miembros en caso revocación, dimisión o fallecimiento.
Los miembros de la Asamblea no pueden desempeñar una segunda función u ocupar otro cargo oficial.
Los miembros de la Asamblea prestarán juramento constitucional ante la propia Asamblea antes de asumir su función y del siguiente modo:
“Juro por Dios el Sublime y el Magnífico cumplir mis tareas y responsabilidades legislativas con abnegación y lealtad, preservar la independencia de Irak y su soberanía, velar por los intereses de su pueblo, la integridad de sus territorios, su cielo, sus aguas, sus riquezas y su régimen democrático federal, trabajaré para garantizar las libertades públicas y privadas, la independencia de la justicia y me comprometo a aplicar las legislaciones de forma fiel e imparcial y Dios es el testigo”.
La Asamblea definirá su propio reglamento para organizar sus tareas.
La Asamblea decidirá por mayoría de dos tercios la validez de sus miembros en un plazo máximo de treinta días a partir de presentar la objeción.
Una decisión de la Asamblea puede ser impugnada ante la Corte Federal Suprema en un plazo máximo de treinta días a partir de su publicación.
Las sesiones de la Asamblea son públicas, excepto si se decide lo contrario por alguna razón.
Se publican las actas de las sesiones por los medios que la Asamblea considere apropiadas.
El Presidente de la República convoca la Asamblea por un decreto presidencial dentro de quince días a partir de la ratificación de los resultados de las elecciones generales. La sesión celebrada será dirigida por el miembro de mayor edad para la elección del presidente y vicepresidente de la Asamblea. El plazo mencionado anteriormente no se podrá prorrogar.
Durante su primera sesión la Asamblea elige su presidente y después el primer y el segundo vicepresidentes, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea en una votación secreta y directa.
El mandato electoral de la Asamblea está limitado a cuatro años que comienza con la primera sesión y termina al final del cuarto año.
La nueva Asamblea se elegirá cuarenta y cinco días antes de la finalización del mandato de la precedente.
El mandato anual de la Asamblea consta de dos sesiones legislativas cuya duración es de ocho meses. Una ordenanza definirá las condiciones de su celebración. La sesión durante la cual se tratan los prosupuestos generales no terminará hasta éstas se aprueben.
El presidente de la República, el primer ministro, el presidente de la Asamblea o cincuenta de sus miembros pueden convocar la Asamblea para una sesión extraordinaria. La sesión se limitará a los asuntos que han sido motivo de esa convocatoria.
El presidente de la República, el primer ministro, el presidente de la Asamblea o cincuenta de sus miembros pueden solicitar una prórroga de la sesión legislativa de la Asamblea por treinta días a fin de terminar las tareas necesarias.
El quórum de la Asamblea se completa con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros.
Las decisiones de las sesiones de la Asamblea se toman por mayoría simple cuando hay quórum al no ser que se dicte lo contrario.
Los proyectos de ley serán presentados por el presiente de la República y el consejo de ministros.
Las proposiciones de ley serán presentadas por diez miembros de la Asamblea o por una de sus comisiones especializadas.
Las funciones de la Asamblea son los siguientes:
El consejo de ministros somete el proyecto de la ley de los presupuestos generales y la cuenta final a la Asamblea para su aprobación.
Es competencia de la Asamblea realizar las transferencias entre las secciones y los capítulos de los presupuestos generales y reducir el total de sus sumas y en caso de necesidad proponer al consejo de ministros aumentar el total de las sumas de los gastos.
Una ley determinará los derechos y los privilegios del presidente de la Asamblea, sus dos vicepresidentes y los miembros de la Asamblea.
La Asamblea puede ser disuelta por un acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, según la demanda de un tercio de sus miembros o del primer ministro y con la aceptación del presidente de la República. La Asamblea no puede ser disuelta durante el interrogatorio del primer ministro.
A la disolución de la Asamblea, el presidente de la República convocará elecciones generales en el país en un plazo máximo de sesenta días a partir de la disolución. El consejo de ministros será considerado como dimitido y seguirá desempeñando sus funciones para atender los asuntos cotidianos.
Un consejo legislativo denominado “Consejo federal” incluirá a representantes de todas las regiones y provincias no incluidas en regiones. Su composición, las condiciones de elegibilidad, sus competencias y todos los asuntos relativos a él serán determinados por una ley por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea.
El poder ejecutivo federal se compone del presidente de la República y el consejo de ministros. Ejerce sus atribuciones de acuerdo con la constitución y la ley.
El presidente de la República es el jefe del Estado y el símbolo de la unidad del país y él representa la soberanía del país, velará para garantizar el cumplimento de la constitución, la conservación de la independencia de Irak, su soberanía, unidad y la seguridad de sus territorios conforme a las disposiciones de la constitución.
El candidato a la presidencia de la República debe reunir las siguientes condiciones:
Una ley regulará las disposiciones de candidatura para el puesto de presidente de la República.
Una ley regulará las disposiciones para la elección de uno o más vicepresidentes de la República.
La Asamblea elegiría de entre los candidatos al presidente de la República por una mayoría de dos tercios de sus miembros.
Si ningunos de los candidatos obtiene la mayoría requerida, entran en competencia los dos candidatos más votados y será declarado presidente el que más votos ha obtenido en una segunda elección.
El presidente de la República presta juramento constitucional ante la Asamblea según la forma que estipulada en el artículo 50 de la constitución.
El mandato del presidente de la República se limita a cuatro años y solamente puede ser reelegido una vez.
El presidente de la República asume las prerrogativas siguientes:
Una ley determinará el emolumento y la nómina del presidente de la República.
El presidente de la República tiene derecho a remitir su dimisión por escrito al presidente de la Asamblea y se considerará como efectiva siete días después de la fecha de ser depositada en la Asamblea.
El vicepresidente asume las funciones del presidente de la República en caso de ausencia de éste.
El vicepresidente asume las funciones del presidente de la República en caso de que su cargo quede vacante por cualquier razón. La Asamblea debe elegir a un nuevo presidente en un plazo máximo de treinta días desde la fecha de la producción del vacante.
En caso de que el cargo del presidente de la República quede vacante, el presidente de la Asamblea lo reemplaza en caso de que falte un vicepresidente con la condición de elegir un nuevo presidente en un plazo máximo de treinta días desde la fecha de la producción del vacante de acuerdo con las disposiciones de la constitución.
El presidente de la República encarga al candidato del bloque parlamentario más numeroso para formar el gobierno dentro de los quince días siguientes a la elección del presidente de la República.
El primer ministro encargado nombrará a los miembros de su gobierno durante los treinta días siguientes a su designación.
Si el primer ministro designado fracasa en formar gobierno dentro del periodo especificado en la cláusula 2º de este artículo, el presidente de la República nombrará a un nuevo candidato dentro de los quince días siguientes.
El primer ministro designado presenta los nombres de su gobierno y el programa ministerial a la Asamblea. Obtendrá la confianza cuando sean aprobados los ministros individualmente y el programa ministerial por la mayoría absoluta.
El presidente de la República nombrará a otro candidato para formar gobierno en un plazo de quince días en caso de que el gobierno no obtenga la confianza.
Las condiciones para asumir la función de primer ministro son las mismas que se refieren al presidente de la República, debe poseer un título universitario o su equivalente y haber cumplido treinta y cinco años.
Las condiciones para asumir el puesto de ministro son las mismas que se refieren a los miembros de la Asamblea y debe estar en posesión de un título universitario o su equivalente.
El primer ministro es la autoridad ejecutiva directamente responsable de la política general del Estado y el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Él dirige el consejo de ministros, preside sus reuniones y tiene derecho a cesar a los ministros con el acuerdo de la Asamblea.
El primer ministro y los miembros del gobierno prestarán juramento constitucional ante la Asamblea según la forma estipulada en el artículo 50 de la constitución.
El consejo de ministros asume las atribuciones siguientes:
El presidente de la República asume las funciones del primer ministro en caso de que este cargo esté vacante por cualquier razón.
Si se produce la situación indicada en “primero”, el presidente de la República designa a otro candidato para formar el gobierno en un plazo máximo de quince días y de acuerdo con las disposiciones del artículo 76 de esta constitución.
Una ley determinará las renumeraciones y nóminas del presidente y de los miembros del consejo de ministros y todas las funciones del mismo grado.
La responsabilidad del primer ministro y de los ministros ante la Asamblea es colectiva y personal.
Una ley determinará el trabajo de las instituciones de seguridad y de los servicios de inteligencia nacional y se definirán sus obligaciones y sus competencias. Ellos actuarán conforme a los principios de los derechos humanos y son sometidos al control de la Asamblea.
El servicio de inteligencia nacional dependerá del consejo de ministros.
El consejo de ministros elaborará un reglamento interno para organizar su trabajo.
Una ley determinará la formación de los ministerios, sus tareas, sus especialidades y las competencias de los ministros.
El poder judicial es independiente. Los tribunales de diversos tipos y clases asumen esta autoridad y dictan sus sentencias de acuerdo con la ley.
Los jueces son independientes y solamente se someterán en su ejercicio de la justicia a las leyes. Ninguna autoridad podrá intrometerse en los procesos judiciales o en los asuntos de la justicia.
El poder judicial federal estará compuesto del consejo judicial superior, corte suprema federal, corte federal de casación, fiscalía general, comisión de control judicial y de otros tribunales federales determinados por la ley.
El consejo judicial supremo controlará los asuntos de las comisiones judiciales. La ley determinará su creación, sus prerrogativas y las reglas de su funcionamiento.
El consejo judicial supremo ejercerá las siguientes prerrogativas:
La Corte federal suprema es una entidad judicial independiente, financiera y administrativamente.
La Corte federal suprema está compuesta por jueces, expertos en jurisprudencia islámica e jurisconsultos, donde el número, el método de su elección y la función del tribunal serán determinados por una ley adoptada por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea.
Las competencias de la Corte federal suprema son las siguientes:
Las decisiones de la Corte federal suprema son definitivas y obligatorias para todos los poderes.
Se prohíbe la formación de tribunales específicos o excepcionales.
La ley determinará el establecimiento de los tribunales, sus tipos, sus grados, sus especialidades, los criterios de nombramiento de los jueces y su mandato, los miembros de la fiscalía general, su disciplina y su jubilación.
Los jueces no pueden ser cesados excepto en casos que especifica la ley. Una ley determinará las disposiciones particulares referentes a ellos y regulará las medidas disciplinarias.
Un juez o un miembro de la fiscalía general no pueden:
Una ley determinará la justicia militar y especificará la jurisdicción de los tribunales militares que estarán limitados a los crímenes de naturaleza militar y cometidos por los miembros de las fuerzas armadas o de las fuerzas de seguridad y dentro de los límites estipulados por la ley.
Se prohíbe estipular dentro de la ley la inmunidad contra la impugnación de cualquier acto o decisión administrativa.
La ley puede determinar el establecimiento de un consejo de Estado especializado en funciones de justicia administrativa, interpretación, formulación, representación del Estado y las diversas instituciones ante el corpus judicial, salvo aquellos eximidos por la ley.
La alta Comisión de los derechos humanos, la Comisión electoral y la Comisión sobre la integridad pública son comisiones independientes que serán sometidas al control de la Asamblea. La ley determinará sus funciones.
El Banco central iraquí, la Oficina de control financiero, la Comisión de los medio de comunicación, así como la Oficina de legados píos son instituciones financiera y administrativamente independientes. La ley determinará las funciones de cada una de estas instituciones.
El Banco central iraquí es responsable ante el Consejo de Representantes. la Oficina de control financiero y la Comisión de los medio de comunicación estarán sujetas al Consejo de Representantes.
La Oficina de legados píos estará sujeta al Consejo de Ministros.
Una comisión nombrada “Fundación de los mártires” será establecida y estará vinculada al consejo de ministros. Sus funciones y competencias serán determinadas por una ley.
Se fundará una comisión pública por ley para garantizar los derechos de las regiones y las provincias no organizadas en regiones a una participación justa en la dirección de las diversas instituciones estatales federales, misiones y becas de estudios, delegaciones y congresos regionales e internacionales. Se formará de los representantes del gobierno federal, las regiones y las provincias no organizadas en regiones. Será determinada por una ley.
Una comisión pública será establecida por la ley para controlar y asignar los recursos federales. Esta comisión será formada por expertos y representantes del gobierno federal, las regiones y las provincias y asumirá las siguientes responsabilidades:
Se establece un consejo nominado “consejo de servicio público federal” que trata los asuntos de la función pública federal, incluidos los nombramientos y la promoción. Una ley determinará su formación y sus especialidades.
Otras comisiones independientes serán establecidas por la ley según las necesidades.
Las autoridades federales preservarán la unidad de Irak, su integridad, su independencia, su soberanía y su sistema democrático federal.
El gobierno federal tendrá la autoridad exclusiva dentro de las materias siguientes:
El petróleo y el gas es propiedad de todo el pueblo iraquí en todas las regiones y provincias.
El gobierno federal administra el petróleo y el gas extraídos de los campos en explotación actualmente junto a los gobiernos de las regiones y provincias productoras cuyos ingresos se distribuyen de forma equitativa en proporción de la repartición de la población en todo el país y designar una porción durante un periodo para las regiones dañadas, las que han sido privadas de esta riqueza por parte del régimen anterior con el fin de asegurar un desarrollo equilibrado para las zonas del país que sufren retraso. Será determinado por la ley.
El gobierno federal junto a los gobiernos de las regiones y las provincias productoras formularán las políticas estratégicas necesarias para el desarrollo de la riqueza petrolera y del gas para obtener el máximo beneficio para el pueblo iraquí, empleando las tecnologías más modernas de los principios del mercado y el fomento de la inversión.
Las antigüedades, los yacimientos arqueológicos, las infraestructuras arqueológicas, los manuscritos y las monedas antiguas son consideradas como riqueza nacional y
Las competencias siguientes serán compartidas entre las autoridades federales y las autoridades de las provincias:
Todas las atribuciones que no están estipuladas dentro de las atribuciones exclusivas de las autoridades federales, son competencia de las regiones y las provincias no organizadas en regiones. En las otras competencias compartidas entre el gobierno federal y las regiones, la prioridad será para la ley de las regiones y las provincias no organizadas en regiones en caso de conflicto.
El sistema federal de la República de Irak se compone de una capital, de regiones y provincias descentralizadas y de administraciones locales.
La constitución consagra como región federal la región de Kurdistán y sus autoridades regionales y federales, a partir del momento en que esta constitución entra en vigor.
La constitución aprobará las nuevas regiones establecidas de acuerdo con sus disposiciones.
La Asamblea promulgará dentro de un periodo no superior a seis meses a partir de su primera sesión, una ley para determinar los procedimientos ejecutivos para la formación de las regiones, por mayoría simple de los miembros presentes.
Una o varias provincias tienen derecho a formar una región según una petición sometida a un referéndum por uno de los dos métodos siguientes:
La región adopta una constitución definiendo la estructura del gobierno regional, sus competencias y los mecanismos de ejercicio de sus competencias, con la condición de no entrar en contradicción con esta constitución.
Las autoridades regionales tienen derecho a ejercer una autoridad legislativa, ejecutiva y judicial de acuerdo con las disposiciones de esta constitución, excepto las atribuciones estipuladas como exclusivas del gobierno federal.
En caso de contradicción entre la legislación regional y la legislación federal a propósito de una cuestión no estipulada como exclusiva de las autoridades federales, las autoridades regionales tienen derecho a modificar la aplicación de la legislación federal en esta región.
Las regiones y las provincias recibirán una parte justa de los recursos obtenidos federalmente, suficiente para asumir sus funciones y sus responsabilidades, teniendo en cuenta sus recursos, sus necesidades y el porcentaje de su población.
Las regiones y provincias establecerán oficinas en las embajadas y misiones diplomáticas con el fin de seguir los asuntos culturales, sociales y de desarrollo.
El gobierno regional será responsable de todas las necesidades de la región, particularmente el establecimiento y la organización de las fuerzas de seguridad interior, como la policía, los servicios de seguridad y la guardia regional.
Las provincias se componen de un determinado número de distritos, concejos y villas.
Se otorga a las provincias no organizadas en una región amplias competencias administrativas y financieras para permitirles dirigir sus asuntos de acuerdo con el principio de la descentralización administrativa. Será determinado por la ley.
El gobernador elegido por el consejo provincial es el máximo responsable ejecutivo en la provincia para ejercer las atribuciones que le confiere el consejo.
Una ley determinará la elección del consejo de la provincia y el gobernador, así como sus atribuciones.
El consejo de la provincia no está sometido al control de ningún ministerio, ni ninguna institución no vinculada a algún ministerio y tiene una autonomía financiera.
El poder del gobierno federal puede delegarse en las provincias y viceversa con el acuerdo de ambas partes. Será determinado por una ley.
Bagdad dentro de sus fronteras municipales es la capital de la República de Irak y constituye dentro de sus fronteras administrativas la provincia de Bagdad.
La situación de la capital se regulará por una ley.
La capital no puede incorporarse en una región.
Esta constitución garantiza los derechos administrativos, culturales y educativos de las diversas nacionalidades, tales como los turcumanos, caldeos, asirios y otras composiciones. Será determinado por una ley.
El presidente de la República y el consejo de ministros juntos o la quinta parte (1/5) de la Asamblea pueden proponer la modificación de la constitución.
Los principios fundamentales mencionados dentro del capítulo primero y los derechos y libertades mencionados dentro del capítulo segundo de la constitución no pueden ser modificados, salvo después de dos mandatos electorales con la aprobación de dos tercios de los miembros de la Asamblea, la aprobación del pueblo en un referéndum y la ratificación del presidente de la República en los siete días siguientes.
Los otros artículos no estipulados en el punto “segundo” de este artículo no podrán ser modificados salvo después de la aprobación de dos tercios de los miembros de la Asamblea, la aprobación del pueblo en un referéndum y la ratificación del presidente de la República en los siete días siguientes.
No se admite ninguna modificación de los artículos de la constitución que puedan reducir las competencias de las regiones, las cuales que no entran en las competencias exclusivas de las autoridades federales, sino con el acuerdo del poder legislativo de la región concreta y el acuerdo de la mayoría de sus habitantes mediante un referéndum.
El presidente de la República, el primer ministro, los miembros del consejo de ministros, el presidente de la Asamblea, sus dos vicepresidentes, los miembros de la Asamblea, los miembros de la autoridad judicial y los grados especiales, no pueden usarse influencia para comprar o alquilar algo de las propiedades del Estado, ni alquilar o vender al Estado algo de sus bienes, ni pleitear o formalizar un contrato con él en calidad de abastecedores, contratistas o empresarios.
Las leyes y sentencias judiciales serán promulgadas en el nombre del pueblo.
Las leyes serán publicadas en el boletín oficial y entrarán en vigor a partir de su publicación, salvo si existe alguna disposición que afirme lo contrario.
Las leyes seguirán en vigor si no son anuladas o modificadas de acuerdo con las disposiciones de esta constitución.
Todo referéndum mencionado en esta constitución es válido si recibe la aprobación de la mayoría de los votos, salvo si existe alguna disposición que afirme lo contrario.
El Estado velará por las familias de los mártires, los presos políticos y las personas perjudicas por las prácticas abusivas del régimen dictatorial anterior.
El Estado garantizará una compensación a las familias de los mártires y de las víctimas de los actos terroristas.
Una ley determinará las cuestiones mencionadas en los puntos “primero” y “segundo” de este artículo.
En el curso de su primera sesión, la Asamblea adoptará el reglamento interno de la Asamblea nacional transitoria hasta que adopte uno propio.
La Corte penal suprema iraquí seguirá ejerciendo sus funciones por ser una institución judicial independiente para examinar los crímenes del régimen dictatorial anterior y sus miembros. La Asamblea tiene derecho a disolverla por la ley después de acabar su trabajo.
La alta comisión nacional de la purga del partido Baaz seguirá ejerciendo sus funciones como una comisión independiente, en coordinación con las autoridades judiciales y las instituciones ejecutivas dentro del marco de las leyes que regulan sus atribuciones. La comisión estará vinculada a la Asamblea.
La Asamblea tiene el derecho de disolver esta comisión después de acabar su cometido por un escrutinio a la mayoría absoluta.
El candidato a la función del presidente de la República, el primer ministro y los miembros del consejo de ministros, el presidente y los miembros de la Asamblea, el presidente y los miembros del consejo federal, las funciones correspondientes dentro de las regiones, los miembros de las comisiones judiciales y otras funciones incluidas en la purga del partido Baaz de acuerdo con la ley, no pueden estar afectados por las sentencias de la purga del mencionado partido.
Las condiciones fijadas en el punto “tercero” de este artículo seguirás estando en vigor, salvo si la comisión establecida en el punto “primero” de este artículo se disuelva.
La simple pertenencia como miembro del extinguido partido Baaz no representa una razón suficiente para procesar judicialmente. Los miembros de ese partido gozarán de la igualdad y la protección de la ley, salvo si están afectados por las disposiciones de la purga del partido Baaz y las instrucciones publicadas de acuerdo con las disposiciones.
La Asamblea formará de sus miembros una comisión delegada para controlar y revisar las medidas ejecutadas de la comisión suprema de la purga de partido Baaz y de las instituciones del Estado para garantizar la justicia, la objetividad y la transparencia y examinar su concordancia con las leyes. Las decisiones de la comisión serán sometidas a la aprobación de la Asamblea.
La Comisión de la restitución de las propiedades proseguirá sus funciones como una comisión independiente, en coordinación con la autoridad judicial y las instituciones ejecutivas de acuerdo con la ley. La Comisión de la restitución de las propiedades estará vinculada a la Asamblea.
La Asamblea tiene derecho a disolver la comisión por la mayoría de dos tercios de sus miembros.
La aplicación de las disposiciones de los artículos relativos al consejo federal citadas en cualquier parte de esta constitución, se pospondrá hasta la promulgación de una decisión de la Asamblea por un escrutinio a la mayoría de dos tercios durante su segunda sesión después de la entrada de esta constitución en vigor.
La expresión “consejo presidencial” reemplaza la expresión “presidente de la República” en cualquier parte que aparece citada en esta constitución. Las disposiciones relativas al presidente de la República serán reactivadas dentro del mandato siguiente a la entrada en vigor de esta constitución.
Los miembros del consejo presidencial estarán sujetos a las mismas condiciones relativas a los miembros de la Asamblea y deben reunir lo siguiente:
El consejo presidencial tomará sus decisiones por unanimidad y un miembro puede delegar su voto en los otros miembros.
El consejo presidencial ejercerá las competencias del presidente de la República estipuladas en esta constitución.
El primer ministro tendrá dos vice-primer ministros durante la primera sesión electoral.
El poder ejecutivo tomara las medidas necesarias para el cumplimiento de todas las cláusulas del artículo (58) de la ley de administración del Estado iraquí para la etapa transitoria.
La responsabilidad contraída por el poder ejecutivo del gobierno de transición que figura en el artículo (58) de la ley de administración del Estado iraquí para la etapa transitoria, se extenderá y continuará con la autoridad ejecutiva elegida según esta constitución, con la condición de que se cumpla en su totalidad (normalización, censo y terminará por un referéndum para la ciudad de Kirkuk y las otras zonas conflictivas para determinar la voluntad de sus ciudadanos antes del treinta y uno de diciembre de dos mil siete.
La legislación promulgada en Kurdistan desde el año 1992 seguirá en vigor y las decisiones tonadas por el gobierno regional de Kurdistan – incluidos decisiones judiciales y contratos – son consideradas como válidas, salvo si son modificadas o anuladas según las leyes de la región de Kurdistan, por la entidad competente de esta región y si no entran en contradicción con esta constitución.
La Asamblea al principio de su función formará un comité compuesto de sus miembros que deben representar las principales composiciones de la sociedad iraquí, cuyo cometido será presentar un informe a la Asamblea en un plazo máximo de cuatro meses, que contenga las modificaciones necesarias que se pueden aplicar a esta constitución. El citado comité será disuelto después de estudiar sus propuestas.
Las modificaciones propuestas serán presentadas en su conjunto a la Asamblea para su aprobación. Se considerarán aprobadas por la aceptación de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea.
Los artículos modificados por la Asamblea y según el punto “segundo” de este artículo, serán sometidos al pueblo en un referéndum en un plazo máximo de dos meses desde la decisión de modificación de la Asamblea.
El referéndum sobre los artículos modificados será válido con la aprobación de la mayoría de los votantes, en caso de que no sea rechazado por dos tercios de los votantes en tres provincias o más.
Se excluye lo mencionado en este artículo de las disposiciones del artículo 126, relativo a la modificación de la constitución hasta que se tome la decisión final relacionada con las modificaciones mencionadas en este artículo.
La ley de la administración del Estado de iraquí para la etapa de transición será abrogada con su anexo desde la reunión del nuevo gobierno, excepto las disposiciones del punto (a) del artículo ( 53) y (58).
Esta constitución entrará en vigor después de su aprobación por el pueblo en un referéndum, su publicación en el boletín oficial y la formación del gobierno según las disposiciones de esta constitución.