Este texto fue traducido del inglés al español por la Fundación Max Planck para la Paz Internacional y el Estado de Derecho en el marco de la asistencia de la Fundación al proceso constituyente chileno, con fondos del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
Nosotros, el pueblo de Islandia, deseamos crear una sociedad justa con igualdad de oportunidades para todos. Nuestros diferentes orígenes enriquecen el conjunto, y juntos somos responsables de la herencia de las generaciones, la tierra y la historia, la naturaleza, la lengua y la cultura.
Islandia es un Estado libre y soberano, que se apoya en las piedras angulares de la libertad, la igualdad, la democracia y los derechos humanos.
El gobierno trabajará por el bienestar de los habitantes del país, fortalecerá su cultura y respetará la diversidad de la vida humana, la tierra y la biósfera.
Deseamos promover la paz, la seguridad, el bienestar y la felicidad entre nosotros y las generaciones futuras. Decidimos trabajar con otras naciones en aras de la paz y el respeto a la Tierra y a toda la humanidad.
En este sentido, adoptamos una nueva Constitución, la ley suprema de la tierra, para que sea observada por todos.
Islandia es una República que se rige por una democracia parlamentaria.
El Parlamento tiene poderes legislativos por mandato de la nación.
El Presidente de la República, los Ministros del Gabinete y el gobierno del Estado y otras autoridades gubernamentales tienen poderes ejecutivos.
La Corte Suprema de Islandia y otros tribunales de justicia tienen poderes judiciales.
El territorio islandés forma un todo único e indivisible. Los límites del mar territorial islandés, el espacio aéreo y la jurisdicción económica se decidirán por ley.
Las personas con un progenitor de nacionalidad islandesa tendrán derecho a la ciudadanía islandesa. En los demás aspectos, la ciudadanía se concederá de acuerdo con la ley.
Nadie podrá ser privado de la ciudadanía islandesa.
A un ciudadano islandés no se le puede prohibir la entrada a Islandia ni se le puede deportar de Islandia. Los derechos de los extranjeros a entrar y residir en Islandia, así como las razones por las que pueden ser deportados, se establecerán por ley.
El gobierno está obligado a garantizar que toda persona tenga la oportunidad de disfrutar de los derechos y libertades previstos en esta Constitución.
Toda persona deberá observar esta Constitución en todos sus aspectos, así como la legislación, las obligaciones y los derechos que se deriven de la misma.
Todos somos iguales ante la ley y gozaremos de los derechos humanos sin discriminación por razón de sexo, edad, genotipo, residencia, posición económica, discapacidad, orientación sexual, raza, opiniones, afiliación política, religión, lengua, origen, familia o posición en otros aspectos.
Los hombres y las mujeres gozarán de los mismos derechos en todos los aspectos.
Toda persona nace con derecho a la vida.
Se garantiza a toda persona el derecho a vivir con dignidad. La diversidad de la vida humana será respetada en todos sus aspectos.
El gobierno está obligado a proteger en todo momento a los ciudadanos contra las violaciones de los derechos humanos, ya sean cometidas por las autoridades públicas o por otros.
Se garantiza a toda persona la seguridad y la protección contra todo tipo de violencia, incluida la violencia sexual, dentro y fuera del hogar.
Se garantizará la protección de la vida privada y de la privacidad del hogar y de la familia.
El registro corporal o personal, o el registro de los bienes o de las dependencias de una persona, sólo se permite de acuerdo con la resolución de un tribunal de justicia o con un permiso específico de la ley. Lo mismo aplica al examen de documentos y correos, comunicaciones por teléfono y otras telecomunicaciones, y a cualquier otra interferencia comparable con el derecho a la vida privada de una persona.
No obstante lo dispuesto en el primer párrafo anterior, la vida privada y la privacidad del hogar o de la familia podrán ser restringidas por una disposición específica de la ley si es urgentemente necesario para la protección de los derechos de terceros.
La ley garantizará a todos los niños la protección y los cuidados que requiera su bienestar.
El interés superior del niño tendrá siempre prioridad cuando se tomen decisiones relativas a los asuntos del niño.
Se garantizará el derecho del niño a expresar su opinión sobre todos sus asuntos, y se tendrán en cuenta de forma justa las opiniones del niño de acuerdo con su edad y madurez..
El derecho a la propiedad privada será inviolable. Nadie podrá ser obligado a entregar sus bienes, salvo que lo exija el interés público. Tal medida requiere de un permiso legal, y se deberá pagar una completa indemnización.
Los derechos de propiedad conllevan tanto obligaciones como restricciones, de acuerdo con la ley.
Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de creencias y a la expresión de sus pensamientos.
La censura u otras restricciones similares a la libertad de expresión no estarán nunca previstas por la ley. Sin embargo, la libertad de expresión podrá ser restringida por la ley para la protección de la infancia, la seguridad, la salud o la reputación de terceros, según sea necesario en una sociedad democrática.
El Gobierno garantizará las condiciones que propicien un debate público abierto e informado. El acceso a Internet y a las tecnologías de la información no podrá ser restringido, salvo por resolución judicial y en virtud de las mismas condiciones sustantivas que se aplican a las restricciones a la libertad de expresión.
Toda persona es responsable de la expresión de su opinión ante un tribunal.
Todo el mundo es libre de reunir y difundir información.
La administración pública será transparente y documentos, tales como actas de reuniones, serán conservados, y se registrarán y documentarán todas las solicitudes, su origen, proceso y resultado. Dichos documentos no se destruirán, salvo de conformidad con la ley.
La información y los documentos en posesión del gobierno estarán disponibles sin evasivas y la ley garantizará el acceso público a todos los documentos recopilados o adquiridos por las entidades públicas. Una lista de todos los casos y documentos en custodia pública, su origen y contenido estará disponible para todos.
La recopilación, difusión y entrega de documentos, así como su conservación y publicación, sólo puede ser restringida por ley con un fin democrático, por ejemplo, en interés de la protección de la vida privada, la seguridad de la nación o el trabajo lícito de las autoridades reglamentarias. Se permite restringir por ley el acceso a los documentos de trabajo, siempre y cuando no se tomen más medidas que las necesarias para preservar las condiciones normales de trabajo de las autoridades gubernamentales.
Por lo que respecta a los documentos sujetos a confidencialidad por ley, deberá facilitarse información sobre los motivos de la confidencialidad y los límites de tiempo de la misma.
La ley garantizará la libertad de los medios de comunicación, su independencia y la transparencia de su propiedad.
La ley garantizará la protección de los periodistas, de sus fuentes de información y de los denunciantes. No está permitido violar la confidencialidad sin el consentimiento de la persona que proporciona la información, excepto en un procedimiento penal y en virtud de una orden judicial.
La ley garantizará la libertad de la ciencia, la enseñanza superior y las artes.
Se garantiza a toda persona el derecho a las creencias y a la concepción del mundo, incluido el derecho a cambiar de religión o de fe y a permanecer independiente de las asociaciones religiosas.
Toda persona es libre de practicar su religión, sola o asociada, en privado o en público.
La libertad de practicar la religión o la fe sólo estará sujeta a las limitaciones previstas por la ley y necesarias en una sociedad democrática.
La organización de la Iglesia puede estar prevista por la ley.
Si el Parlamento aprueba un cambio en la organización de la Iglesia Estatal, el asunto se someterá a votación para su aprobación o rechazo por parte de todo el electorado del país.
Se garantiza a toda persona el derecho de asociarse para cualquier fin lícito, incluidas las asociaciones políticas y los sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Una asociación no podrá ser disuelta por decisión administrativa.
Nadie podrá ser obligado a formar parte de una asociación. No obstante, podrá establecerse por ley la obligatoriedad de la afiliación a una asociación si ello es necesario para que ésta pueda desempeñar las funciones legalmente decretadas por razones de interés público o de derechos de terceros.
Se garantiza a toda persona el derecho de reunión sin necesidad de autorización especial, en lo que se refiere a reuniones y protestas. Este derecho no podrá ser objeto de ninguna restricción, salvo aquellas previstas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática.
La ley garantiza a toda persona el derecho al sustento y a la seguridad social.
La ley garantiza a toda persona necesitada el derecho a la seguridad social y a la asistencia social, en particular en caso de desempleo, parto, vejez, pobreza, discapacidad física, enfermedad, discapacidad o circunstancias similares.
Toda persona tiene derecho a disfrutar de una salud mental y física del más alto nivel posible.
La ley garantizará a toda persona el derecho a unos servicios de salud accesibles, apropiados y adecuados.
La ley garantiza a toda persona el derecho a la educación general y a una formación de acuerdo con sus capacidades.
Toda persona sujeta a enseñanza obligatoria tendrá acceso gratuito a la misma.
La educación tendrá por objeto lograr el desarrollo integral de cada individuo, el pensamiento crítico y la conciencia de los derechos humanos, los derechos y las obligaciones democráticas.
Toda persona es libre de ejercer la profesión que desee. Sin embargo, este derecho puede ser restringido por la ley si el interés público lo exige.
La ley establecerá el derecho a unas condiciones de trabajo dignas, tales como el descanso, las vacaciones y el tiempo libre. Toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y a negociar las condiciones de trabajo y demás derechos relacionados con el empleo.
Todas las personas tendrán libertad para elegir su residencia y podrán viajar libremente, con las limitaciones que establezca la ley.
No se puede impedir a nadie salir de Islandia salvo por una resolución judicial. Sin embargo, se podrá impedir que una persona salga de Islandia en virtud de una orden de detención.
El derecho de los refugiados y solicitantes de asilo a un procedimiento justo y rápido estará previsto por la ley.
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo en los casos permitidos por la ley.
Cualquier persona privada de su libertad tendrá derecho a ser informada sin demora de los motivos de la misma.
Toda persona detenida por sospecha de conducta delictiva será llevada sin demora ante un juez. Si no es puesta en libertad inmediatamente, el juez dictará, en un plazo de 24 horas, una resolución motivada sobre la procedencia de la prisión preventiva. La prisión preventiva sólo está permitida en el caso de acciones sujetas a una pena de prisión. El derecho de la persona detenida en prisión preventiva para apelar la decisión de prisión preventiva ante un tribunal superior estará garantizado por la ley. Ninguna persona podrá permanecer en prisión preventiva más tiempo del necesario.
Cualquier persona privada de su libertad f por razones distintas a las de un proceso penal tendrá derecho a que la legalidad de la medida sea revisada por un tribunal lo antes posible. Si se demuestra que la privación de libertad ha sido ilegal, será puesta en libertad inmediatamente.
Cualquier persona privada injustamente de la libertad tendrá derecho a indemnización.
Toda persona tendrá derecho a ser oída con las debidas garantías y en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones, o en caso de cualquier acusación penal en su contra. La audiencia será pública, salvo que el juez decida lo contrario en virtud de la ley, en interés de la moral, del orden público, de la seguridad del Estado o de los intereses de las partes y de los testigos.
Toda persona acusada de conducta criminal se presumirá inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.
La ley no podrá establecer nunca la pena de muerte.
Nadie podrá ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas inhumanos o degradantes.
Nadie podrá ser sometido a trabajos forzados.
Nadie podrá ser sometido a una pena, a menos que sea declarado culpable de una conducta criminal conforme a la ley en el momento de su ocurrencia, o que pueda demostrarse que es plenamente análoga a dicha conducta. La pena no debe ser más severa que la permitida por la ley en ese momento.
El servicio militar obligatorio no podrá introducirse nunca en la ley.
Los bienes nacionales de valor pertenecientes al patrimonio cultural islandés, como las reliquias nacionales y los manuscritos antiguos, no podrán ser destruidos ni cedidos para su posesión o uso permanente, ni vendidos o prendados.
La naturaleza de Islandia es la base de la vida en el país. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla.
La ley garantizará a todos el derecho a un medio ambiente sano, agua dulce, aire limpio y naturaleza intacta. Esto significa el mantenimiento de la vida y la tierra y la protección de los lugares de interés natural, los espacios naturales despoblados, la vegetación y el suelo. Los daños anteriores se repararán en la medida de lo posible.
El uso de los recursos naturales se gestionará de forma que se minimice su agotamiento a largo plazo, respetando los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras.
Se garantizará por ley el derecho del público a recorrer el país con fines lícitos y respetando la naturaleza y el medio ambiente.
Los recursos naturales de Islandia que no son de propiedad privada son de propiedad común y perpetua de la nación. Nadie podrá adquirir los recursos naturales o sus derechos adyacentes para su propiedad o uso permanente, y nunca podrán ser vendidos o hipotecados.
Los recursos de propiedad nacional incluyen recursos como las poblaciones de peces explotables, otros recursos del mar y del fondo marino dentro de la jurisdicción islandesa y las fuentes de derechos de agua y derechos de desarrollo de energía, energía geotérmica y derechos mineros. La propiedad nacional de los recursos situados por debajo de una determinada profundidad de la superficie de la tierra puede estar prevista por ley.
La utilización de los recursos se guiará por el desarrollo sustentable y el interés público.
Las autoridades gubernamentales, junto con quienes utilizan los recursos, son responsables de su protección. Sobre la base de la ley, las autoridades gubernamentales podrán conceder permisos para el uso o la utilización de recursos u otros bienes públicos limitados a cambio de una contraprestación completa y por un período de tiempo razonable. Dichos permisos se concederán de forma no discriminatoria y nunca implicarán la propiedad o el control irrevocable de los recursos.
Las autoridades gubernamentales están obligadas a informar al público sobre el estado del medio ambiente y de la naturaleza, así como sobre el impacto del desarrollo en los mismos. Las autoridades gubernamentales y otras partes deberán proporcionar información sobre cualquier desastre natural inminente, como la contaminación ambiental.
La ley garantizará el acceso del público a los preparativos de las decisiones que afecten al medio ambiente y a la naturaleza, así como el permiso para solicitar la intervención de organismos administrativos imparciales.
Las decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales sobre la naturaleza y el medio ambiente de Islandia se basarán en los principios del derecho medioambiental.
La protección de los animales contra el maltrato y la protección de las especies animales en peligro de extinción se establecerá por ley.
El Parlamento está investido de los poderes legislativos y presupuestarios del Estado y supervisará el poder ejecutivo según lo dispuesto en esta Constitución y otras leyes.
El Parlamento es inviolable. Nadie puede perturbar su paz ni violar su libertad.
El Parlamento se compondrá de 63 miembros, elegidos por votación nacional y secreta por un período de cuatro años.
Los votos de los electores de todo el país tendrán el mismo peso.
El país podrá dividirse en circunscripciones electorales. Serán ocho como máximo.
Las asociaciones de candidatos presentarán listas, bien de distrito, bien nacionales, o ambas. Los candidatos pueden presentarse simultáneamente en una lista nacional y en una lista de distrito de la misma asociación.
Un votante elige a los candidatos individuales de las listas de su distrito electoral o de las listas nacionales o de ambas. También está permitido que un votante marque una única lista de distrito o una única lista nacional, en cuyo caso se entenderá que el votante ha seleccionado a todos los candidatos de la lista por igual. Está permitido establecer por ley que la selección se limite a la lista de distrito o a la lista nacional de la misma asociación.
Los cargos parlamentarios se asignarán a las asociaciones de candidatos de forma que el número de miembros que representen a cada asociación sea lo más proporcional posible al número total de votos.
La forma de asignar los cargos parlamentarios a los candidatos en función de su fuerza de votos se establecerá por ley.
Se permite establecer por ley que un número determinado de cargos parlamentarios esté vinculado a distritos electorales individuales, hasta un total máximo de 30. El número de votantes en el padrón electoral detrás de cada puesto ligado no deberá ser inferior al promedio de todos los 63 puestos.
Los medios para promover una proporción igual de hombres y mujeres en el Parlamento deberán estar previstos en la legislación sobre las elecciones.
Las disposiciones legales relativas a los límites de las circunscripciones electorales, los métodos de asignación de los cargos parlamentarios y las normas sobre las candidaturas sólo pueden ser modificadas por una mayoría de dos tercios del Parlamento. Las modificaciones de este tipo no podrán realizarse cuando falten menos de seis meses para las próximas elecciones y su entrada en vigor se aplazará si se convocan elecciones dentro de los seis meses siguientes a su confirmación.
Las elecciones ordinarias del Parlamento tendrán lugar antes de que finalice el período electoral.
El período electoral es de cuatro años.
El comienzo y el final del período electoral caerán en el mismo día de la semana de un mes, contando desde el comienzo del mes.
Todas las personas que, en la fecha de las elecciones del Parlamento, tengan 18 años o más y sean ciudadanos islandeses tienen derecho a votar en las elecciones del Parlamento. El domicilio en Islandia a la fecha de las elecciones también es un requisito para votar, a menos que la legislación sobre las elecciones del Parlamento prevea excepciones a esta norma.
Otras disposiciones relativas a las elecciones del Parlamento se establecerán en las leyes electorales.
Todo ciudadano con derecho a voto en las elecciones del Parlamento y con una reputación intachable es elegible como candidato para las elecciones del Parlamento.
Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema no son elegibles.
La pérdida de elegibilidad de un miembro del Parlamento conlleva la pérdida de todos los derechos conferidos por la elección al Parlamento. El suplente del miembro ocupará entonces su puesto en el Parlamento.
El Parlamento elige una comisión electoral nacional para decidir sobre la validez de las elecciones presidenciales, de las elecciones parlamentarias y de los referendos nacionales.
La comisión electoral nacional expedirá las credenciales electorales del Presidente y de los miembros del Parlamento y decidirá si un miembro del Parlamento ha perdido su elegibilidad. La labor de la comisión electoral nacional está sujeta a las demás disposiciones legales.
Las decisiones de la comisión electoral nacional pueden ser sometidas a los tribunales de justicia.
El Parlamento sesionará en un plazo máximo de dos semanas después de cada elección del Parlamento.
La fecha de reunión de las sesiones ordinarias del Parlamento y la división de su período electoral en sesiones legislativas se establecerá por ley.
El Parlamento sesionará normalmente en Reikiavik, pero podrá decidir reunirse en otro lugar.
El Presidente de Islandia convocará al Parlamento tras las elecciones parlamentarias e inaugurará la sesión ordinaria del Parlamento cada año.
El Presidente también convocará e inaugurará las sesiones del Parlamento por recomendación de su Presidente o de un tercio de sus miembros.
Cada nuevo miembro del Parlamento deberá firmar un juramento a la Constitución, una vez que la elección de miembros haya sido confirmada como válida.
Los miembros del Parlamento están obligados solo por sus convicciones y no por las instrucciones de terceros.
Un miembro del Parlamento no puede ser detenido ni sometido a un procedimiento penal sin el consentimiento del Parlamento, a menos que sea sorprendido en la comisión de un delito
Un miembro del Parlamento no puede ser considerado responsable fuera del Parlamento por cualquier cosa dicha en el Parlamento, excepto con el permiso del Parlamento.
Los miembros del Parlamento pueden renunciar a su inmunidad.
Se prohíbe a los miembros del Parlamento participar en deliberaciones sobre asuntos parlamentarios que afecten a sus intereses particulares y relevantes, o a los de personas con vínculos estrechos a ellos. Las habilitaciones de los miembros del Parlamento estarán previstas en la ley. La inhabilitación de un miembro del Parlamento no tendrá ningún efecto sobre la validez de los actos legislativos.
La obligación de los miembros del Parlamento de revelar información sobre sus intereses financieros será establecida por ley.
Las actividades de las asociaciones políticas y las finanzas de los candidatos se regularán por ley para mantener los gastos a niveles razonables, garantizar la transparencia y restringir la publicidad en las campañas electorales.
La información sobre las contribuciones que superen una cantidad mínima determinada se hará pública a medida que vayan devengándose de conformidad con otras disposiciones legales
El Parlamento elegirá a un Presidente por mayoría de los dos tercios de los votos al comienzo de cada período electoral. Si el Presidente no completa un período electoral, se elegirá un nuevo Presidente de la misma manera.
El Presidente supervisa los trabajos del Parlamento. El Presidente es responsable de la administración general del Parlamento y ejerce la autoridad suprema en su administración. Los Vicepresidentes colaboran con el Presidente y actúan como sus suplentes; juntos forman el Comité de Presidentes. La elección de los Vicepresidentes estará prevista en la ley.
El Presidente del Parlamento se retirará de los trabajos parlamentarios generales y no tendrá derecho a voto. El suplente del Presidente ocupará un puesto en el Parlamento mientras el Presidente esté en funciones.
El reglamento del Parlamento será establecido por la ley.
El Parlamento elegirá comisiones permanentes para deliberar sobre los asuntos parlamentarios.
El trabajo de las comisiones parlamentarias del Parlamento se establecerá por ley.
Las reuniones del Parlamento son públicas.
Una comisión parlamentaria puede decidir abrir su reunión al público.
Los miembros del Parlamento tendrán derecho a presentar proyectos de ley, proyectos de resolución y otros asuntos parlamentarios.
Los Ministros del Gabinete pueden presentar al Parlamento proyectos de ley y proyectos de resolución aprobados por el Gabinete.
Los proyectos de ley presentados por los miembros del Parlamento y por los ministros del Gabinete se someterán a la deliberación y a la tramitación de las comisiones parlamentarias antes de ser debatidos en el Parlamento. Lo mismo rige para los asuntos parlamentarios propuesto por los votantes.
Los proyectos de ley irán acompañados de una evaluación del impacto de la legislación, de conformidad con otras disposiciones legales.
Un proyecto de ley no puede ser aprobado hasta después de al menos dos lecturas en el Parlamento.
Los proyectos de ley que no hayan alcanzado la tramitación definitiva caducarán al final del período electoral.
Las propuestas de resolución parlamentaria presentadas por el Gabinete se someterán a la deliberación y tramitación de las comisiones parlamentarias antes de su discusión en el Parlamento.
Una propuesta de resolución parlamentaria no puede ser aprobada hasta después de al menos dos lecturas en el Parlamento.
Las propuestas de resolución parlamentaria que no hayan alcanzado la tramitación definitiva caducarán al final del período de sesiones del Parlamento.
Las propuestas de disolución del Parlamento o de no confianza se debatirán y concluirán en un único debate.
En los demás aspectos, la tramitación de los asuntos parlamentarios estará prevista por la ley.
El Parlamento sólo puede resolver asuntos si más de la mitad de sus miembros están presentes en la sesión y participan de la votación.
Cuando el Parlamento ha aprobado un proyecto de ley, éste es firmado por el Presidente del Parlamento, quien lo somete, en el plazo de dos semanas, a la aprobación del Presidente de Islandia, cuya firma le confiere el carácter de ley.
El Presidente de Islandia puede decidir, en el plazo de una semana desde la recepción de un proyecto de ley, denegar su aprobación. Esta decisión deberá ser fundada y notificada al Presidente del Parlamento. El proyecto de ley adquirirá, no obstante, fuerza de ley, pero se someterá a consulta pública en un plazo de tres meses para su aprobación o rechazo. Una mayoría simple de votos decidirá si el acto legislativo sigue en vigor. No obstante, la consulta pública no tendrá lugar si el Parlamento revoca la ley dentro de los cinco días siguientes a su rechazo por el Presidente. En los demás aspectos, el desarrollo de la consulta pública estará previsto por la ley.
Se publicarán las leyes, las resoluciones administrativas y los acuerdos internacionales ratificados por el Estado. Las leyes y las resoluciones administrativas nunca se aplicarán de forma onerosa hasta después de su publicación. La forma de publicación y la entrada en vigencia estarán regidas por la ley.
El Parlamento elegirá cinco miembros para un Tribunal Constitucional (la Lögrétta) por un período de cinco años.
Una comisión parlamentaria, o una quinta parte de los miembros del Parlamento, podrá solicitar a la Lögrétta un dictamen sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley y su conformidad con los compromisos internacionales del Estado. El proyecto de ley no podrá tramitarse hasta que el dictamen de la Lögrétta se encuentre disponible.
El trabajo de la Lögrétta será establecido en la ley
La Comisión Constitucional y de Supervigilancia del Parlamento revisará cualquier acción y decisión del Gabinete de Ministros o de sus actos administrativos, a discrecionalidad. El Comité está obligado a iniciar dicha revisión a petición de un tercio de los miembros del Parlamento.
El Parlamento puede nombrar comisiones con el fin de investigar asuntos importantes de interés público.
La ley establecerá otras normas sobre la función, las facultades de investigación y la conformación de las comisiones de investigación.
El diez por ciento del electorado puede solicitar una consulta pública sobre la ley aprobada por el Parlamento. La petición deberá presentarse dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha de aprobación de la ley. La ley será nula si es rechazada por el electorado, pero seguirá vigente en caso contrario. No obstante, el Parlamento puede decidir derogar la ley antes de que se celebre la consulta pública.
La consulta pública deberá celebrarse dentro del plazo de un año a partir de la fecha de presentación de la solicitud por parte de los electores
El dos por ciento de los electores podrá presentar un asunto en el Parlamento.
El diez por ciento de los electores puede presentar un proyecto de ley en el Parlamento. El Parlamento puede presentar una contrapropuesta en forma de otro proyecto de ley. Si un proyecto de ley de los electores no ha sido retirado, se someterá a consulta pública, al igual que el proyecto de ley del Parlamento, si se ha presentado. El Parlamento puede decidir que la consulta pública sea vinculante.
La votación de un proyecto de ley a propuesta de los electores tendrá lugar dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrega de la propuesta al Parlamento.
Cualquier asunto que sea sometido a consulta pública a petición o por iniciativa de los electores en virtud de los artículos 65 y 66 deberá versar sobre el interés público. No podrá solicitarse una consulta pública sobre la base de estos artículos en relación con el Presupuesto Fiscal del Estado, el Presupuesto Fiscal Suplementario, la legislación promulgada con el fin de aplicar los acuerdos de derecho internacional, ni sobre asuntos tributarios o de ciudadanía. Se garantizará que los proyectos de ley propuestos por los electores se ajusten a la Constitución. En caso de controversia sobre si un asunto cumple con las condiciones anteriores, los tribunales de justicia resolverán la controversia.
El procedimiento de las consultas o de las iniciativas de los electores, incluyendo la forma de la petición y la rendición de cuentas, el tiempo para la recolección de las firmas y su organización, el monto de los gastos permitidos para la publicación, el procedimiento para retirar la petición al recibir la respuesta del Parlamento y el procedimiento del escrutinio, se regirán por la ley.
En cada sesión ordinaria del Parlamento, una vez convocada, se presentará un proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal siguiente, que contendrá un informe sobre los ingresos y los gastos del Estado, según lo dispuesto por la ley.
No se permite ningún desembolso sin autorización de la Ley de Presupuesto Fiscal.
No obstante, el Ministro de Hacienda, con el consentimiento de la Comisión de Presupuestos del Parlamento, puede ordenar un desembolso sin dicha autorización a fin de cumplir con la obligación de pago del Estado derivada de acontecimientos imprevistos, o si el interés público lo requiere. La autorización de dicho desembolso se solicitará en la Ley de Presupuesto Fiscal Suplementario.
La Comisión de Presupuesto del Parlamento podrá exigir a los organismos estatales, a las empresas estatales y a otras partes que reciban asignaciones del Tesoro Público que proporcionen información sobre el uso de dichos fondos.
Los asuntos tributarios serán regulados por la ley. No se podrá imponer, modificar o suprimir ningún impuesto sino en virtud de una ley.
La decisión de imponer, modificar o suprimir un impuesto no podrá ser delegada a las autoridades administrativas.
Ningún impuesto podrá ser impuesto si no está autorizado por la ley al tiempo de concurrir las circunstancias que determinan la obligación tributaria.
No se podrá contraer ningún préstamo o garantía que obligue al Estado, salvo por ley.
Las autoridades públicas no pueden garantizar las obligaciones financieras de los particulares. No obstante, dicha garantía del Estado podrá estar prevista en la ley por razones de interés público.
Los bienes inmuebles pertenecientes al Estado no pueden ser vendidos, ni se puede renunciar a su derecho de uso, salvo por autorización prevista en la ley. La disposición de otros bienes del Estado estará sujeta a la ley.
El Presidente de Islandia disolverá el Parlamento en virtud de una resolución propia. En tal caso, se convocará una nueva elección no antes de seis ni después de nueve semanas desde la fecha de la disolución. Los miembros del Parlamento conservarán su mandato hasta el día de las elecciones.
El Parlamento elegirá un Auditor General por un período de cinco años. El Auditor General será independiente en su trabajo. El Interventor General auditará las finanzas del Estado, sus organismos y las empresas estatales bajo la autoridad del Parlamento, tal y como lo establece la ley.
Las cuentas del Estado auditadas del año anterior, junto con las notas del Auditor General, se presentarán al Parlamento para su aprobación junto con el proyecto de ley de presupuesto fiscal del Estado.
El Parlamento elegirá a un Defensor del Pueblo por un período de cinco años. El Defensor del Pueblo será independiente en su trabajo. El Defensor del Pueblo velará por los derechos de los ciudadanos y supervigilará la administración del Estado y de las municipalidades. El Defensor del Pueblo se esforzará por garantizar el respeto a la no discriminación en la administración pública y el cumplimiento de la ley y de las buenas prácticas administrativas.
Si un Ministro del Gabinete u otra autoridad gubernamental decide no respetar una recomendación particular del Defensor del Pueblo, se notificará de la decisión al Presidente del Parlamento.
El trabajo del Defensor del Pueblo y sus funciones en otros aspectos se establecerán por ley, incluido el procedimiento parlamentario relativo a dicha notificación por parte de un Ministro del Gabinete u otra autoridad gubernamental.
El Presidente de Islandia es el Jefe de Estado de la República. El Presidente es elegido a nivel nacional.
Cualquier ciudadano que cumpla con las condiciones de elegibilidad en las elecciones al Parlamento y haya cumplido 35 años es elegible como presidente.
El Presidente es elegido por votación secreta en un sufragio de todas las personas que tengan derecho a voto en las elecciones al Parlamento. Los candidatos a la presidencia deberán contar con el apoyo de un mínimo del uno y un máximo del dos por ciento del electorado. Los votantes clasificarán a los candidatos, uno o varios, a su elección en orden de preferencia. La persona que mejor se ajuste al orden de preferencia de los votantes, tal y como establece la ley, será el Presidente legítimamente elegido. Si sólo hay un candidato, éste queda debidamente elegido sin necesidad de realizar un sufragio. Por lo demás, la candidatura y la elección del Presidente serán decididas por la ley.
El período de mandato del Presidente comienza el 1 de agosto y termina el 31 de julio cuatro años después. La elección presidencial se celebrará en junio o julio del año en que finalice el período de mandato. El Presidente no podrá permanecer en el cargo más de tres períodos electorales.
El Presidente de Islandia firmará y jurará a la Constitución cuando tome posesión de su cargo.
El Presidente no podrá desempeñar ningún otro empleo remunerado mientras esté en funciones. Lo mismo aplica al trabajo en interés de empresas privadas y organismos públicos, incluso si no es remunerado. Los pagos al Presidente con cargo a los fondos del Estado se decidirán por ley. Dichos pagos al Presidente no podrán ser reducidos durante su mandato.
En caso de que el Presidente no pueda ejercer temporalmente sus funciones por razones de salud o por otros motivos, el Presidente del Parlamento asumirá temporalmente las facultades de la presidencia.
En caso de que el Presidente fallezca o renuncie a su cargo antes de finalizar el período electoral, se elegirá un nuevo Presidente hasta el 31 de julio del cuarto año contado desde la elección.
El Presidente no podrá ser perseguido penalmente sino con el consentimiento del Parlamento.
El Presidente podrá ser relevado de su cargo antes del final de su período electoral con el apoyo de la mayoría de los votos en una consulta pública convocada por el Parlamento, siempre y cuando la consulta pública sea apoyada por las tres cuartas partes de los miembros del Parlamento. La consulta pública deberá llevarse a cabo en el plazo de dos meses a partir de la fecha de aprobación de la convocatoria para la consulta pública por el Parlamento, y el Presidente no podrá ejercer su cargo desde el momento en que el Parlamento adopte su resolución hasta que se conozcan los resultados de la consulta pública.
El Presidente de Islandia tiene la facultad de indultar y conceder una amnistía general a propuesta de un Ministro del Gabinete. Sin embargo, el Presidente no puede indultar a un Ministro del Gabinete condenado por los tribunales de justicia en virtud de responsabilidad ministerial, salvo con el consentimiento del Parlamento.
Los Ministros del Gabinete son los titulares supremos del poder ejecutivo, cada uno en su área. Cada uno de ellos es responsable de los asuntos de los ministerios y de los asuntos administrativos de su competencia.
Si un Ministro del Gabinete no puede ocuparse de un asunto por inhabilitación, ausencia u otros motivos, el Primer Ministro encomendará el asunto a otro Ministro.
Nadie podrá conservar el mismo cargo ministerial durante más de ocho años.
Los Ministros son los miembros del Gabinete. El Primer Ministro convocará las reuniones del Gabinete, las presidirá y supervisará el trabajo de los Ministros del Gabinete.
Las reuniones del Gabinete se celebrarán para debatir los proyectos de ley y las propuestas al Parlamento, otros asuntos políticos importantes y para consultar el trabajo y los asuntos políticos del Gabinete. Las reuniones del Gabinete también se podrán celebrar a petición de un Ministro del Gabinete.
El Gabinete tomará decisiones conjuntas sobre asuntos importantes o asuntos políticos en virtud de otras disposiciones legales. La mayoría de los Ministros del Gabinete deberá estar presente en las reuniones en las que se tomen dichas decisiones.
Las Oficinas del Gobierno de Islandia tendrán su sede en Reikiavik
Los Ministros del Gabinete no pueden desempeñar ningún otro empleo remunerado mientras estén en el cargo. Lo mismo aplica al trabajo en interés de empresas privadas y organismos públicos, aunque no sea remunerado.
La obligación de los Ministros del Gabinete de hacer pública la información sobre sus intereses económicos se establecerá por ley.
Los ministros presentarán proyectos de ley y mociones del Gabinete, responderán a las preguntas y participarán en los debates del Parlamento cuando sean convocados, pero deberán observar las normas de orden parlamentario.
Los Ministros del Gabinete no tendrán derecho a voto en el Parlamento.
Si un miembro del Parlamento es nombrado para un cargo ministerial, dejará su puesto mientras esté en funciones, en cuyo caso lo ocupará su suplente
El Parlamento elegirá al Primer Ministro.
Tras consultar a los partidos parlamentarios y a los miembros del Parlamento, el Presidente de Islandia presentará al Parlamento una propuesta para el cargo de Primer Ministro. El Primer Ministro es debidamente elegido si la propuesta es aprobada por la mayoría del Parlamento. En caso contrario, el Presidente de Islandia hará una nueva propuesta de la misma manera. Si esta propuesta no es aprobada, se celebrará una elección en el Parlamento entre los que propongan los miembros del Parlamento, los partidos parlamentarios o el Presidente de Islandia. El candidato que reciba más votos será el Primer Ministro debidamente elegido.
Si en el plazo de diez semanas no se ha elegido un Primer Ministro, se disolverá el Parlamento y se convocará una nueva elección.
El Primer Ministro decidirá la organización de los ministerios y el número de Ministros y asignará las responsabilidades entre ellos; no obstante, los Ministros no podrán ser más de diez.
El Presidente de Islandia tomará posesión del cargo de Primer Ministro. El Presidente relevará al Primer Ministro de su cargo después de las elecciones parlamentarias, si se aprueba una moción de censura o a petición del Primer Ministro. El Primer Ministro nombrará a los demás Ministros del Gabinete y los liberará de sus cargos.
Los Ministros del Gabinete firmarán un juramento a la Constitución al momento de asumir sus cargos.
La moción de censura contra un Ministro del Gabinete podrá ser presentada en el Parlamento. La moción de censura contra un Primer Ministro deberá incluir una propuesta para su sucesor.
Un ministro será relevado de su cargo si la mayoría de los miembros del Parlamento aprueba una moción de censura contra él. El Gabinete será relevado de su cargo si la mayoría de los miembros del Parlamento aprueba una moción de censura contra el Primer Ministro.
Después de que el Primer Ministro haya sido relevado junto con su Gabinete, éste permanecerá en funciones como gobierno provisional hasta que se forme un nuevo gobierno. Lo mismo aplica si se disuelve el Parlamento. Los Ministros de un gobierno provisional sólo tomarán las decisiones que sean necesarias para el desempeño de sus funciones.
Cualquier Ministro del Gabinete tiene la obligación de facilitar al Parlamento o a una comisión parlamentaria cualquier información, documentos e informes sobre los asuntos de su competencia, a menos que la ley los clasifique como secretos.
Los miembros del Parlamento tienen derecho a recibir información de los Ministros del Gabinete mediante la presentación de una pregunta sobre un asunto o la solicitud de un informe, de acuerdo con otras disposiciones legales.
La información proporcionada por un Ministro del Gabinete al Parlamento, a sus comisiones parlamentarias y miembros debe ser correcta, adecuada y suficiente.
El Gobierno presentará un informe anual al Parlamento sobre su trabajo y la aplicación de las resoluciones del Parlamento.
Un Ministro podrá dar cuenta de los asuntos de su competencia mediante un informe al Parlamento.
Los Ministros del Gabinete son legalmente responsables de todos los actos de gobierno. Sin embargo, si un Ministro del Gabinete ha hecho constar su oposición a una decisión del gobierno, dicho Ministro no será responsable de la decisión. La responsabilidad por el incumplimiento de sus deberes se decidirá por ley.
La Comisión Constitucional y de Supervigilancia del Parlamento decidirá, tras un examen, si debe iniciarse una investigación sobre presuntos incumplimientos de deberes por parte de un Ministro del Gabinete. El Comité nombrará a un fiscal para que lleve a cabo la investigación. El fiscal evaluará si la conclusión de la investigación es suficiente o probable para obtener una condena, en cuyo caso emitirá una acusación y procesará el caso ante los tribunales de justicia. La investigación y el proceso de estos casos se establecerán además por ley.
Los Ministros del Gabinete y las demás autoridades del gobierno otorgarán los cargos públicos en la forma prevista por la ley.
Los nombramientos de los cargos se decidirán en virtud de la cualificación y objetividad.
Cuando un Ministro del Gabinete haga un nombramiento para los puestos de juez y Director del Ministerio Público, el nombramiento se someterá al Presidente de Islandia para su confirmación. Si el Presidente no lo confirma, el Parlamento deberá aprobar el nombramiento por una mayoría de dos tercios de los votos para que surta efecto.
Los Ministros realizarán los nombramientos para otros cargos definidos por la ley previa recomendación de un comité independiente. Si un Ministro no nombra para dicho cargo a una de las personas consideradas más cualificadas, el nombramiento estará sujeto a la aprobación del Parlamento por mayoría de dos tercios de los votos.
El Presidente de Islandia nombrará al presidente de la comisión. La ley establecerá otros detalles sobre la constitución del comité y su trabajo.
La ley puede prever el nombramiento exclusivo de ciudadanos islandeses para determinados cargos. Se podrá exigir a los funcionarios públicos que presten juramento a la Constitución.
La ley podrá conceder una independencia especial a determinados organismos del Estado que desempeñen funciones reguladoras importantes o recojan información necesaria en una sociedad democrática. Las actividades de estos organismos no pueden ser interrumpidas, modificadas significativamente o encomendadas a otros organismos, salvo por una ley aprobada por mayoría de dos tercios en el Parlamento.
La ley determinará la organización del poder judicial, incluidos los grados de los tribunales y el número de jueces.
La ley garantizará la independencia de los tribunales de justicia.
Los tribunales de justicia decidirán en última instancia sobre los derechos y obligaciones de la legislación civil, así como sobre la culpabilidad de las conductas delictivas, y decidirán sobre la pena correspondiente a dichas conductas.
Los tribunales de justicia decidirán si la legislación se ajusta a la Constitución.
Los tribunales de justicia decidirán si el gobierno ha cumplido con la ley. No se podrá eludir temporalmente la decisión de una autoridad gubernamental recurriendo sobre su legalidad a un tribunal de justicia.
La Corte Suprema de Islandia es el más alto tribunal del Estado y tiene la facultad final de resolver cualquier caso presentado ante los tribunales de justicia.
No obstante, se podrá decidir por ley que un tribunal distinto resuelva en última instancia los litigios sobre contratos de trabajo y la legalidad de las huelgas laborales, pero de tal manera que las decisiones de dicho tribunal sobre las sanciones puedan remitirse a otros tribunales de justicia.
Los jueces son personas designadas de forma permanente para el cargo de juez, o jueces interinos designados para ejercer el cargo por un tiempo determinado. Los tribunales de justicia podrán contratar o convocar a otras personas para que trabajen o presten servicios en el tribunal según lo dispuesto por la ley.
Los jueces son designados y liberados de su cargo por un Ministro del Gabinete. Un juez no puede ser destituido permanentemente de su cargo, salvo por una sentencia y sólo si el juez deja de cumplir las condiciones para ejercer el cargo o no atiende a las obligaciones inherentes al mismo.
En el ejercicio de sus funciones oficiales, los jueces sólo observarán la ley.
La organización de las facultades del Ministerio Público se decidirá por ley.
El Director del Ministerio Público es la autoridad fiscal suprema. En el ejercicio de sus funciones oficiales, sólo observará la ley.
El Director del Ministerio Público es nombrado y liberado de su cargo por un Ministro del Gabinete. El Director del Ministerio Público trabajará de forma independiente y gozará de la misma protección que los jueces en su trabajo.
Las municipalidades gestionarán sus propios asuntos según lo establecido por la ley.
Las municipalidades deberán tener la capacidad y los ingresos suficientes para asumir sus responsabilidades estatutarias.
Las fuentes de ingresos de las municipalidades serán decididas por ley, así como su derecho a decidir si las utilizan y de qué manera.
Las municipalidades, o las asociaciones que actúen en nombre de las municipalidades, tendrán a su cargo los aspectos del servicio público que se consideren mejor cumplidos localmente, según lo disponga la ley.
Las municipalidades son gobernadas por gobiernos locales que actúan por mandato de los residentes y son elegidos por voto secreto en elecciones generales.
La ley determinará el derecho de los residentes de una municipalidad a solicitar una consulta pública sobre sus asuntos.
Los gobiernos locales y sus asociaciones serán consultados en el curso de la preparación de la legislación relativa a los asuntos municipales.
La política exterior y la representación general del Estado en el ámbito de la política exterior es responsabilidad de un Ministro del Gabinete bajo la supervisión del Parlamento.
Los Ministros del Gabinete están obligados a proporcionar a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento información sobre los asuntos exteriores y la defensa. El Ministro consultará a la Comisión antes de tomar cualquier decisión sobre asuntos exteriores importantes.
Cualquier decisión sobre el apoyo a acciones que impliquen el uso de la fuerza armada, que no sean las obligatorias para Islandia de conformidad con el derecho internacional, estará sujeta a la aprobación del Parlamento.
Los tratados internacionales son celebrados por un Ministro del Gabinete en nombre de Islandia. Sin embargo, un Ministro del Gabinete no puede celebrar tales tratados si implican cualquier entrega o gravamen sobre la tierra, las aguas interiores, el mar territorial, la jurisdicción económica o la plataforma continental, o requieren la modificación de la legislación estatutaria, o son importantes por otras razones, sin la aprobación del Parlamento.
Están permitidos los tratados internacionales que impliquen una transferencia de los poderes del Estado a organizaciones internacionales de las que Islandia sea miembro en interés de la paz y la cooperación económica. La transferencia de los poderes del Estado será siempre revocable.
El significado de la transferencia de poderes del Estado en virtud de un tratado internacional se definirá con más detalle en la ley.
Si el Parlamento aprueba la ratificación de un tratado que implique una transferencia de poderes del Estado, la decisión se someterá a una consulta pública para su aprobación o rechazo. Los resultados de dicha consulta serán vinculantes.
Todos los titulares de los poderes del Estado están obligados a respetar las normas sobre derechos humanos que sean vinculantes para el Estado en virtud del derecho internacional y a garantizar su aplicación y eficacia, en la medida en que sea compatible con sus funciones según la ley y los límites de sus competencias.
El Parlamento está facultado para ratificar los tratados internacionales sobre derechos humanos y sobre medio ambiente, en cuyo caso prevalecerán sobre la legislación.
Cuando el Parlamento haya aprobado un proyecto de ley de modificación de la Constitución, éste se someterá a votación de todos los electores del país para su aprobación o rechazo. La votación tendrá lugar como mínimo un mes y como máximo tres meses después de la aprobación del proyecto en el Parlamento.
No obstante, si las cinco sextas partes de los miembros del Parlamento han votado a favor del proyecto, el Parlamento podrá decidir abandonar la votación, en cuyo caso el proyecto se convertirá, no obstante, en ley.
La presente ley constitucional entrará en vigencia una vez que el Parlamento la haya aprobado de acuerdo con las disposiciones de la Constitución Nº 33 de 17 de junio de 1944, con sus modificaciones.
Una vez entrada en vigencia la presente ley constitucional, quedará derogada la Constitución Nº 33 de 17 de junio de 1944, con sus modificaciones.
No obstante lo dispuesto en el párrafo décimo del artículo 39, bastará la aprobación de la mayoría simple de los votos en el Parlamento para modificar la Ley sobre las elecciones al Parlamento de acuerdo con la presente Constitución después de su entrada en vigencia.
Cuando se haya realizado dicha modificación, quedará derogada esta disposición.