En el nombre de la Santísima Trinidad, consustancial e indivisible
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En el nombre de la Santísima Trinidad, consustancial e indivisible
Lo previsto en el párrafo 6 no excluye que la ley prevea el desempeño obligatorio de otros servicios al margen de las fuerzas armadas (servicio sustitutorio), por aquellos que objeten por motivos de conciencia al servicio militar o, en general, a las obligaciones militares.
Queda prohibida la extradición de todo extranjero perseguido por su acción en favor de la libertad.
No se incluyen en la prohibición del párrafo 4 la prohibición de salida del territorio acordada por acto del fiscal en el marco de unas actuaciones penales o la adopción de las medidas justificadas por la necesidad de proteger la salud pública o la salud de personas enfermas, en las formas que la ley disponga.
Se prohíbe exceder estos límites de detención provisional aplicando esta medida por separado a actos del mismo caso.
Nadie podrá ser sustraído contra su voluntad al juez que la ley le asigne.
Queda prohibida la creación de comisiones judiciales y de tribunales extraordinarios, sea cual fuere su denominación.
Conforme a la ley, todos tienen derecho a la protección de la recogida, tratamiento y uso, especialmente por medios electrónicos, de sus datos personales. Esta protección se encomendará a una autoridad independiente, que se constituirá y operará de acuerdo con una ley específica.
Se autorizará a título excepcional la recogida tras la puesta en circulación y en virtud de auto del ministerio fiscal:
La ley regulará las emisiones de las sesiones del Parlamento y sus comisiones, así como los mensajes de los partidos políticos durante la campaña electoral por radio y televisión.
Una ley especial regulará todo lo concerniente a las asociaciones estudiantiles y a la participación de los estudiantes en ellas.
No podrán los profesores de los establecimientos de enseñanza superior ser separados, antes del término legal de su servicio, más que en las condiciones especificadas en el artículo 88, párrafo 4, y después de resolución de un consejo compuesto en su mayoría por altos magistrados, conforme a las disposiciones de la ley.
Una ley fijará el límite de edad de los profesores de establecimientos de enseñanza superior. Mientras no se publique dicha ley, los profesores en funciones abandonarán automáticamente el servicio al finalizar el año escolar en el curso del cual cumplan la edad de sesenta y siete años.
Queda prohibida la fundación de establecimientos de enseñanza superior por particulares.
El Estado subvencionará y supervisará las uniones y asociaciones deportivas de toda clase, en los términos que la ley disponga. La ley fijará asimismo las condiciones en que deben invertirse las subvenciones del Estado conforme a las finalidades de dichas entidades.
Si la vista judicial para la determinación final de la indemnización tuviere lugar más de un año después de la determinación provisional, se tendrá en cuenta este lapso. En la decisión que declare la expropiación, se justificará específicamente la posibilidad de cubrir el gasto de compensación. Si el beneficiario muestra su consentimiento, la compensación puede realizarse también en especie, sobre todo si ello le beneficiase en relación con la propiedad u otros derechos sobre otro bien.
Hasta la entrega de la indemnización definitiva o provisional todos los derechos del propietario permanecerán intactos, no estando permitida la ocupación de su propiedad.
Para favorecer trabajos de importancia general para la economía del país, el tribunal competente para fijar la indemnización podría autorizar la ejecución de los trabajos incluso antes del pago, pero siempre que una parte razonable de la compensación haya sido realizado y que se garantice al beneficiario una completa indemnización, según lo previsto legalmente. El segundo párrafo de este apartado se aplica también a estos supuestos.
La indemnización fijada se deberá hacer efectiva, como máximo, en un plazo de un año y medio después de publicarse el acuerdo de fijación de la compensación provisional; en el caso de haberse presentado solicitud de fijación inmediata de la indemnización definitiva, ésta deberá pagarse a más tardar en el plazo de un año y medio después de haberse hecho público el auto del tribunal sobre fijación de la indemnización definitiva, quedando en caso contrario automáticamente sin efecto la expropiación.
La indemnización no estará sujeta, como tal, a ninguna imposición, tasa ni deducción.
Las medidas que se impongan en aplicación del presente párrafo se dejarán sin efecto tan pronto como hayan cesado las razones especiales que las hubieran determinado. En caso de prolongación injustificada de dichas medidas, el Consejo de Estado se pronunciará sobre su derogación por categorías de supuestos y a petición de toda persona que tenga un interés legal.
Todos los que trabajan tendrán derecho, sin tenerse en cuenta su sexo ni otras distinciones, a la misma remuneración por el trabajo de igual valor realizado.
Se regularán por leyes especiales las modalidades de la requisa de servicios personales en caso de guerra o de movilización o para hacer frente a las necesidades de la defensa del país, o en caso de una necesidad social urgente provocada por una calamidad o susceptible de poner en peligro la salubridad pública. Dichas leyes regularán también las modalidades de la aportación de trabajo personal a las colectividades locales para la satisfacción de necesidades locales.
Entre las condiciones generales de trabajo se comprende la determinación de las personas que estarán encargadas de la recaudación y devolución de las cuotas previstas por los respectivos estatutos de las organizaciones sindicales para sus miembros, así como del procedimiento relativo a esta materia.
Queda prohibida la huelga en cualquiera de sus modalidades a los magistrados y a los agentes de los cuerpos de seguridad. El derecho de recurrir a la huelga podrá ser objeto de restricciones concretas impuestas por la ley que lo regule, tratándose de los funcionarios públicos, de los empleados de colectividades locales y de personas morales de derecho público, así como del personal de las empresas públicas o de utilidad publica cuyo funcionamiento tenga importancia vital para la satisfacción de las necesidades esenciales de la sociedad en su conjunto, si bien dichas restricciones no podrán abocar a la supresión del derecho de huelga o al impedimento de su ejercicio legal.
Las elecciones técnicas relevantes se toman conforme las reglas de la ciencia. El Estado tiene la obligación de elaborar un catastro.
Por medio ambiente o ecosistema ha de entenderse el conjunto de plantas y organismos salvajes que en un área de terreno constituye vida interdependiente e interactiva. Una extensión de bosque existe cuando la vegetación salvaje, tanto alta como baja, está diseminada.
El artículo 28 es la base de la participación de la Nación en el proceso de integración europeo.
Los ciudadanos que no tengan aún derecho de voto podrán afiliarse a las secciones juveniles de los partidos.
El Presidente de la República es el árbitro de las instituciones de la República. Será elegido por la Cámara de Diputados para un período de cinco años, según lo dispuesto en los artículos 32 y 33.
Podrá ser elegido Presidente de la República toda persona que tenga la nacionalidad helénica desde, por lo menos, cinco años, sea griega de origen por su padre o su madre, tenga cuarenta años de edad cumplidos y posea derecho de voto.
En caso de impedimento definitivo del Presidente de la República para el desempeño de sus funciones, según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 34, así como en el supuesto de dimisión, muerte o destitución del Presidente conforme a los preceptos de la Constitución, la Cámara de Diputados se reunirá para elegir el nuevo Presidente dentro de los diez días siguientes al final anticipado del mandato del Presidente anterior.
En caso de que no se obtenga esta mayoría, se procederá a una segunda votación, que tendrá lugar pasados cinco días.
Si no se consigue tampoco en dicha votación la mayoría requerida, se repetirá una vez más la votación, transcurridos otros cinco días, y en ella será elegido Presidente de la República quien obtenga la mayoría de los tres quintos del número total de diputados.
La Cámara resultante de las nuevas elecciones procederá, tan pronto como se haya reunido en cuerpo constituido, a la elección del Presidente de la República por votación secreta y mayoría de tres quintos del total de los diputados.
Si no se obtuviere la mayoría indicada, tendrá lugar una segunda votación dentro de los cinco días siguientes a la primera, y en ella resultará elegido Presidente de la República el que obtenga la mayoría absoluta del total de los diputados. Si no se alcanza, sin embargo, esta mayoría, la votación se repetirá una vez más, pasados cinco días, entre los dos candidatos que hayan reunido el mayor numero de votos emitidos, quedando proclamado electo como Presidente de la República el que obtuviere la mayoría de los sufragios que se emitan.
Si la Cámara está disuelta por cualquier motivo, se suspenderá la elección del Presidente de la República hasta que se reuniere como cuerpo constituido la nueva Cámara, pero la elección tendrá lugar, como máximo, dentro de los veinte días siguientes a dicha reunión, conforme a las disposiciones de los párrafos 3 y 4 anteriores y a reserva de lo prescrito en el párrafo I del artículo 34.
El Presidente de la República que dimita antes de expirar su mandato no podrá presentarse candidato a las elecciones presidenciales consecutivas a su dimisión.
“JURO, en nombre de la Santísima Trinidad Consustancial e Indivisible, observar la Constitución y las leyes, velar por la fiel interpretación de todas ellas, defender la independencia nacional y la integridad del país, salvaguardar los derechos y libertades de los helenos y servir al interés general y al progreso del pueblo griego.”
Durante la interinidad de la función presidencial se suspenderá la aplicación de las disposiciones referentes a la disolución de la Cámara, salvo en el caso previsto en el artículo 32, párrafo 4, y quedará igualmente suspendida la aplicación de las disposiciones sobre revocación del Gobierno y las relativas al recurso al referéndum con arreglo a lo establecido en el artículo 38, párrafo 2, y en el artículo 44, párrafo 2.
Si el Gobierno hubiese sido derrocado y el Primer Ministro no refrendase el decreto relativo a esta revocación será refrendado por el nuevo Primer Ministro.
En lo concerniente a mandatos exploratorios, cuando los partidos tengan un número igual de asientos en el Parlamento, el que haya abtenido más votos en las elecciones, precede al anterior. Un partido formado recientemente, como lo dispone el Orden del Parlamento, sigue a uno más antiguo con el mismo número de asientos. En ambas instancias, los mandatos exploratorios no pueden ser otorgados a más de cuatro partidos.
En los casos indicados, se encomendará la formación del nuevo Gobierno a un miembro de la Cámara, que deberá pedir un voto de confianza según lo previsto en el artículo 84, o a otra personalidad, perteneciente o no a la Cámara, para proceder a la disolución inmediata de la Cámara y a la proclamación de nuevas elecciones.
La incapacidad del Primer Ministro para ejercer sus funciones por razones de salud es decidida por el Parlamento en sesión especial, aprobada por mayoría absoluta y a propuesta del grupo parlamentario al que pertenezca el propio Primer Ministro, si tiene su partido mayoría absoluta. En caso contrario, la propuesta procederá de al menos dos quintos del total de los miembros del Parlamento.
Hasta el nombramiento del nuevo Primer Ministro, las funciones son ejercidas por el primer vicepresidente o, si no existe, por el primero en el orden ministerial. El Presidente de la República podrá, en circunstancias extraordinarias, convocar al Consejo de Ministros bajo su presidencia.
Lo previsto en el párrafo 2 también se aplica en el caso de reemplazo en la Presidencia de la República, como establece el artículo 34.
Derogado.
En todo caso, sin excepción, el decreto de disolución de la Cámara de los Diputados debe disponer la convocatoria de las elecciones en treinta días y la convocatoria de la nueva Cámara en treinta días a contar desde aquéllas.
Después de una resolución aprobada, a propuesta de dos quintas partes de los diputados, el Presidente de la República convocará por decreto el referéndum sobre los proyectos de ley aprobados por la Cámara de los Diputados, que traten un problema social grave, con excepción de los proyectos de ley de carácter tributario, y de lo que disponga el Reglamento de la Cámara y la ley relativa a la aplicación del presente apartado. En el curso de una misma legislatura no está permitido presentar más de dos proposiciones de referéndum sobre un proyecto de ley.
Si el proyecto de ley es aprobado, el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 42, comenzará a partir de la fecha del referéndum.
El Presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, cuyo mando efectivo será ejercido por el Gobierno, del modo que la ley disponga. El Presidente conferirá además los grados respectivos a las personas que presten sus servicios en las Fuerzas Armadas, con arreglo a los preceptos de la ley.
Esta resolución determinará la duración y efectos de las medidas impuestas, que no podrán exceder de quince días.
El Presidente de la República no tiene más competencias que las que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes a ella subordinadas.
La manifestación libre e inalterada de la voluntad popular, como expresión de la soberanía popular, se garantiza por todos los órganos de la República, que están obligados a asegurarla en cualquier circunstancia. La ley penal sancionará las infracciones a este precepto.
Los resultados del censo serán publicados por los servicios competentes cuando haya transcurrido un año desde que se elaboró.
Las personas designadas para diputados estatales no están sujetos a estas restricciones.
En relación con este apartado, las agencias locales, otras personas públicas, empresas públicas, empresas en las que la gestión o dirección sean públicas directa o indirectamente, son asimilables al Estado. Un accionista de una empresa recae en las restricciones mencionadas en el listado anterior cuando posea un porcentaje de más del uno por ciento del capital.
Una ley especial regulará las actividades cuyo ejercicio no se permite a los parlamentarios.
La ley fijará que la violación de este artículo supondrá el fin del cargo parlamentario, así como la nulidad de los contratos o actos realizados.
Corresponde al Tribunal Superior del artículo 100, la fiscalización de las elecciones legislativas y el conocimiento de los recursos que se interpongan contra su validez, ya sea sobre infracciones electorales o sobre su desarrollo, o acerca de la falta de los requisitos exigidos por la ley.
”Juro en nombre de la Santísima Trinidad, consubstancial e indivisible, ser fiel a la patria y al régimen democrático, obedecer la Constitución y a las leyes y cumplir en conciencia mis funciones”
Este apartado se aplicará a partir de la próxima legislatura.
Durante la legislatura ningún diputado será perseguido, detenido, encarcelado o sometido a otras coacciones sin la autorización de la Cámara de los Diputados. Asimismo, ningún miembro de la Cámara disuelta será perseguido por delitos políticos entre la disolución de la Cámara y la proclamación de la nueva.
La autorización se considera denegada, si la Cámara de los Diputados no se pronuncia en tres meses a contar desde que el fiscal diera traslado de la demanda de detención al Presidente de la Cámara.
El plazo de tres meses se suspende durante las vacaciones parlamentarias.
No se requiere autorización alguna en caso de flagrante delito.
El período ordinario de sesiones se prolonga obligatoriamente hasta la aprobación del presupuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 o hasta que se apruebe la ley especial prevista por este mismo artículo.
A propuesta de cincuenta diputados, la Cámara de los Diputados puede censurar a su Presidente o a otro miembro de la Mesa, lo que lleva aparejado el fin del mandato.
La Cámara de los Diputados no puede pronunciarse más que por mayoría absoluta de miembros presentes, que no podrá nunca ser inferior a la cuarta parte del número total de diputados.
En caso de empate la votación se repite, y en caso de nuevo empate la propuesta queda rechazada.
Para la constitución de comisiones de investigación sobre cuestiones relativas a política exterior y a la defensa nacional se exige una resolución de la Cámara de los Diputados tomada por mayoría absoluta del número total de diputados.
Las modalidades de constitución y de funcionamiento de estas comisiones se fijarán por el Reglamento de la Cámara.
Nadie puede, sin ser invitado, presentarse ante la Cámara de los Diputados para hacer una petición verbal o escrita. Las peticiones se presentarán por medio de un diputado o se remitirán al Presidente de la Cámara. La Cámara tiene el derecho de remitir las peticiones que le sean dirigidas a los Ministros y secretarios de Estado, quienes estarán obligados a facilitar aclaraciones cuantas veces se les solicite.
En los intervalos entre los períodos de sesiones, la tarea legislativa de la Cámara de los Diputados, salvo la que sea competencia de la asamblea plenaria, según lo dispuesto en el artículo 72, se ejerce por una sección cuya composición y funcionamiento se atendrá a lo previsto en el apartado 3 del artículo 68 y en el artículo 70.
El Reglamento de la Cámara puede prever la elaboración de proyectos y proposiciones de ley por una comisión parlamentaria compuesta por miembros de la misma sección.
Se aprueban igualmente en asamblea plenaria la ley de presupuestos y la ley que regula las cuentas del Estado y de la Cámara de los Diputados.
Al menos una semana debe mediar entre la remisión de un proyecto o una proposición de ley y su debate en una comisión parlamentaria.
Un proyecto o una proposición de ley que contenga disposiciones sin relación con su objeto principal no podrá someterse a deliberación.
Ninguna disposición adicional y ninguna enmienda se someterá a debate si no tiene relación con el objeto principal del proyecto o de la proposición de ley.
Las adiciones o enmiendas propuestas por los Ministros sólo se debatirán si han sido presentadas en la Cámara al menos tres días antes del comienzo del debate en el pleno, en la sección del artículo 71 o en la comisión competente.
Lo previsto en los párrafos anteriores también se aplica a las adiciones o enmiendas propuestas por parlamentarios.
En el caso de discrepancia, será la Cámara de los Diputados la que resuelva.
Los parlamentarios que no forman parte de la comisión del artículo 71 o de la comisión competente, pueden tomar la palabra durante el debate para apoyar proyectos o proposiciones de ley y adiciones o enmiendas.
No es contrario a esta prohibición determinar por una ley el modo de participación del Estado y de los organismos públicos en general en la subida automática de los precios de la propiedad inmobiliaria privada adyacente a obras públicas, cuando esta subida sea exclusivamente provocada por su ejecución.
Durante el debate de la proposición prevista en el párrafo 3, el parlamentario puede introducir enmiendas al presupuesto, siempre que no afecten al total de gastos e ingresos del Estado. El reglamento establecerá procedimientos específicos para controlar la ejecución del presupuesto estatal por el Parlamento.
El párrafo 2 no impide la participación de Grecia en el proceso de Unión Económica y Monetaria, en el marco de la integración en Europa, como se prevé en el artículo 28.
La ley determinará el estatuto de los Ministros delegados y de los Ministros sin cartera, de los secretarios de Estado, que pueden tener la cualidad de miembros del Gobierno, así como de los Secretarios de Estado permanentes.
La moción de censura debe ser firmada por la sexta parte, al menos, de los diputados y establecer claramente las materias sobre las que tratará el debate.
La moción de censura se aprueba si obtiene la mayoría absoluta del número total de diputados.
Los miembros del Consejo de Ministros así como los secretarios de Estado son colectivamente responsables de la política general del Gobierno, y cada uno de ellos individualmente responsable de los actos u omisiones derivados de sus competencias, según las disposiciones de las leyes sobre la responsabilidad de los Ministros. En ningún caso una orden escrita o verbal del Presidente de la República puede sustraer a los Ministros y a los secretarios de Estado de su responsabilidad.
Si, en el curso de una investigación administrativa, se revelan elementos susceptibles de fundamentar la responsabilidad de un miembro del Gobierno o de un secretario de Estado, según las disposiciones de la ley sobre la responsabilidad de los Ministros, los que han dirigido la investigación trasmitirán, después de su finalización, estos elementos a la Cámara, por medio del procurador competente.
El Parlamento puede ejercer su competencia del párrafo 1 hasta el fin de la segunda sesión ordinaria del mandato parlamentario que comenzó tras el delito cometido.
El Parlamento puede revocar su resolución o suspender el procedimiento en cualquier momento, según la mayoría prevista en el primer párrafo de este artículo.
Los miembros regulares y alternos de la Corte Especial son seleccionados por lotería de entre los miembros de las dos cortes de alto rango que fueron seleccionadas o promovidas a su rango antes de someter la noción a enjuiciamiento, una vez el enjuiciamiento haya tenido lugar, por el Vocero del Parlamento en una audiencia pública. La Corte Especial es presidida por los miembros de mayor rango de la Corte Suprema de Asuntos Civiles y Criminales, seleccionados por lotería, y en caso de rango igual entre miembros, por el primero en orden de antigüedad.
Un Consejo Judicial, compuesto en cada caso por dos miembros del Consejo de Estado y tres del Tribunal Supremo funcionará en el marco del Tribunal Especial de este párrafo. Sus miembros no pueden pertenecer simultáneamente a los dos órganos. Siguiendo una sentencia del Consejo Judicial, uno de sus miembros que pertenezca a la Corte Suprema Civil y Criminal es apuntado como magistrado examinador. Los procedimientos preliminares son concluidos con la emisión de una ordenanza.
Las funciones del procurador público del Tribunal Especial y del Consejo Judicial son ejercidas por un miembro de la Procuraduría de la Corte Suprema Civil y Criminal escogido por sorteo junto con su alterno La segunda y tercera sección de este párrafo también aplican a los miembros del Consejo Judicial, mientras que la segunda sección solo aplica al procurador público. En caso de enjuiciamiento político de un miembro actual o pasado del Gabinete o el Sub-secretario ante el Tribunal Especial, cualquier participante será acusado de manera conjunta, tal y como específica la ley.
Las controversias sobre sueldos y pensiones de los magistrados se solventan por el tribunal especial previsto en el artículo 99. En este supuesto, la composición del tribunal incluirá un catedrático y un abogado.
Se permite la unificación de la jurisdicción de primera instancia de los tribunales civiles.
La ley determinará cuándo se permite el arbitraje a los magistrados en el ejercicio de sus funciones.
En el consejo superior de la magistratura participan, sin derecho de voto, dos magistrados, elegidos por sorteo, al menos con rango de juez de apelación.
El cargo de presidente del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas, así como Fiscal General del Tribunal Supremo y Comisario general de tribunales administrativos y de tribunal de apelación no puede exceder de cuatro ayos, aunque el magistrado no haya cumplido la edad de jubilación. El período que reste para jubilarse se calculará como servicio activo a efectos de cuantía de la pensión.
La acción disciplinara se incoa por el Ministro de justicia.
La ley preverá sanciones si se vulnera este precepto. Los votos particulares se publican obligatoriamente. La ley fijará las modalidades de inserción de los votos particulares, cuando se produzcan, en las actas, en los procesos orales, así como las condiciones y los términos de su publicidad.
En los dos casos, las decisiones recaídas son susceptibles de apelación, teniendo efecto suspensivo, ante el Tribunal ordinario competente.
La ley puede someter también otros crímenes a la jurisdicción de estos mismos Tribunales de apelación.
Las disposiciones del artículo 93 no se aplican a los casos de las letras a) a d) de apartado anterior.
En las letras d) y e) del apartado anterior, en la composición del Tribunal participan también dos profesores ordinarios de materias jurídicas de la Facultades de Derecho de las Universidades del país, designados por sorteo.
Una disposición de ley declarada inconstitucional caduca a partir de la publicación del fallo correspondiente o de la fecha fijada en éste.
La ley regulará el establecimiento y funcionamiento del Consejo Legal del Estado, así como las materias relativas al status de su servicio y financiación. La competencia de este Consejo es, principalmente, apoyar al poder judicial y representar al Estado en reclamaciones contra él. Las previsiones de los artículos 88.2 y .5 y 90.5 se aplican también a este Consejo.
Las decisiones de estos consejos son susceptibles de un recurso de plena jurisdicción ante el Consejo de Estado, según lo previsto por la ley.
La ley puede prever procedimientos especiales para garantizar mejor la transparencia y los méritos en el acceso a puestos sujetos a garantías constitucionales.
Son igualmente establecidos por la ley, el poder judicial ejercido por las autoridades de los Monasterios y la Santa Comunidad, así como las prerrogativas aduaneras y fiscales del Monte Athos.
El valor debido al carácter eventualmente monopolista de una empresa no está comprendido en el valor mencionado en el apartado 4.
Tienen igualmente el mismo valor las disposiciones de los Capítulos A a D de la sección A de la ley 27/75 sobre “el régimen fiscal de los buques, el establecimiento de una tasa para el desarrollo de la marina mercante, la instalación de empresas marítimas extranjeras y la regulación de materias conexas”.
El Reglamento de la Cámara de los Diputados, así como las resoluciones que a ella se refieren y las leyes sobre el funcionamiento de la Cámara, mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Cámara, salvo si son contrarias a las disposiciones de la Constitución.
En lo que se refiere al funcionamiento de las secciones de la Cámara de los Diputados previsto en los artículos 70 y 71 de la Constitución, las disposiciones del último Reglamento de trabajos de comisión legislativa especial, establecido en el artículo 35 de la Constitución del 1º de enero de 1952, se aplicarán de forma complementaría, según lo que está especialmente previsto por el artículo 3 de la resolución A 24.12.1974. Hasta la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Cámara, la comisión prevista en el artículo 71 de la Constitución estará compuesta de sesenta miembros ordinarios y de treinta suplentes, elegidos por el Presidente de la Cámara entre todos los partidos políticos y grupos parlamentarios, en proporción a su representación parlamentaria. Sobre toda controversia relativa a las disposiciones que deben ser aplicadas en un caso determinado, hasta la publicación del nuevo Reglamento de la Cámara, se pronunciará la Cámara en asamblea plenaria o la sección de la Cámara en cuyo seno la cuestión haya sido suscitada.
El Presidente de la República electo asume el ejercicio de sus funciones desde que presta juramento, lo que hará en los cinco días siguientes a su elección.
La ley prevista en el apartado 5 artículo 49 sobre la responsabilidad del Presidente de la República, debe estar obligatoriamente promulgada el 31 de diciembre de 1975.
Hasta la entrada en vigor de la ley prevista en el apartado 3 del artículo 33 de la Constitución, las materias que allí se mencionan, se regirán por las disposiciones relativas al Presidente de la República interino.
El consejo disciplinario superior se pronunciará sobre las condiciones en las que se efectuó el ascenso, atendiendo al prestigio y a la situación particular de la persona que fue promocionada; se pronunciará, también, a título definitivo, sobre la recuperación o no del grado perdido, de todos los derechos que le sean reconocidos, excepto la adquisición retroactiva de la diferencia en materia de retribuciones o de pensiones.
La decisión ha de adoptarse obligatoriamente en los tres meses siguientes a la remisión del caso.
Los parientes vivos más próximos al magistrado degradado y fallecido, pueden ejercer todos los derechos reconocidos a las personas que comparezcan ante consejo disciplinario superior.