Brasil 1988 (rev. 2017) Subsequently amended

Párrafo único

Párrafo único

Párrafo único

Párrafo único

Art 32

1. El Distrito Federal tendrá los poderes reservados a los Estados y Municipios.
2. La elección del Gobernador y del Vicegobernador, observando las provisiones del art. 77, y de los Representantes del Distrito coincidirán con la de los Gobernadores y Representantes Estatales, por un cargo de igual duración.
3. Las provisiones del art. 27. se aplican a los Representantes de Distrito y a la Cámara Legislativa
4. La ley federal proveerá por el uso de la policía civil y militar y la brigada militar de bomberos del Gobierno del Distrito Federal.

Art 33

1. Los Territorios podrán ser divididos en Municipios, los que serán sujeros a las provisiones del Capítulo IV de este Título, cuando fuese aplicable.
2. Las cuentas del Gobierno Territorial serán presentadas al Congreso Nacional, con opinion del Tribunal de Cuentas de la Unión.
3. Los Territorios Federales con más de cien mil habitantes tendrán, además del Gobernador nombrado de acuerdo a esta Constitución, cortes judiciales y de apelación, miembros del Ministerio Público y defensores público federales; la ley proveerá por las elecciones a la Legislatura Territorial y su autoridad para la toma de decisión.

Art 37

1. La publicidad de los actos, programas, obras públicas, servicios y campañas de agencias gubernamentales deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, y no debe incluir nombres, símbolos o imágenes que representen promoción personal de autoridades gubernamentales o o servidores públicos.
2. La no observancia de lo dispuesto en los sub-párrafos II y III no deben resultar en la nulidad del acto y sanción de la autoridad responsable, como provisto por ley.
3. Las ley debe regular las formas de participación del usuario, directas e indirectas de administración pública, específicamente regulando:
   1. quejas relacionas a la provisión de servicios públicos en general, asegurando el mantenimiento de servicios para atender a usuarios y evaluaciones periódicas, externas e internal, de la calidad de los servicios;
   2. acceso a usuarios a registros administrativos e información sobre actos gubernamentales, observando las provisiones en el artículo 5, X y XXXIII;
   3. Acciones administrativas ultra-vires
      regulación y representación contra el ejercicio negligente o abusivo de cargos, trabajos o posiciones en administración pública.
4. Los actos de deshonestidad administrativa resultarán en la suspensión de los derechos políticos, la pérdida de la función pública, la suspensión de los bienes y la devolución al tesoro público, sin prejuicio a cualquiera acción criminal aplicable.
5. La ley establecerá los plazos de prescripción por ofensas cometidas por cualquier agente, sea o no un servidor público, causando daño al tesoro público, sin prejuicio a las acciones respectivas de reembolso.
6. Entidades legales públicas y privadas prestadoras de servicios públicos responderán por los daños que sus agentes, actuando en esa capacidad, causen a terceros, asegurando el derecho subrogación de agente responsable en casos de mala conducta intencional (dolo) o culpa.
7. La ley debe proveer por los requerimientos y restricciones de los titulares de los cargos o trabajos en administración directa o indirecta que permita el acceso a información privilegiada
8. Autonomía directiva, de presupuesto y financiera de agentes y entidades de administración directa e indirecta deben amplificarse por contratos firmados entre sus administradores y el gobierno, por propósitos de metas de sueldos para agencias o gobierno, según la ley que provee por:
   1. el periodo de duración de un contrato;
   2. controles y criterios de evaluación de actuación, derechos, obligaciones y deberes de los directores;
   3. remuneración del personal.
9. Las provisiones del sub-párrafo XI aplicado a compañías públicas y compañía de capital mixto y sus subsidiarios que reciben fondos de la Unión, Estados, Distrito Federal o Municipios para pagar las expensas del personal o gastos generales
10. Recibo simultáneo de beneficios jubilación a raíz del artículo 40 o de los artículos 42 y 142 con remuneración de una oficina pública, trabajo o posición es prohibida, excepto de posiciones acumulativas, como provisto en esta constitución, y la electiva comisión de posiciones declarada por ley para permitir designaciones y despidos libres.
11. Para propósitos del limite de remuneración referido al sub-párrafo XI de este artículo, la porción que tienen carácter de indemnización, como provisto por ley, no debe ser considerada.
12. Por propósitos de las provisiones del sub-párrafo XI de este artículo, los Estados y el Distrito Federal, como modificación a sus respectivas constituciones y ley orgánica, deben tener el poder de fija un solo límite, al interior de sus esferas, el sueldo mensual de sus magistrados y de sus respectivos tribunales de justicia, limitado a nueve punto veinticinco por ciento de el sueldo mensual de os Ministros del Tribunal Federal Supremo. Las provisiones de este párrafo no aplican al sueldo de los diputados de Estado y Distrito o concejales.

Art 38

Art 39

1. Establecer estándares para salarios y otros componentes del sistema de remuneración que deben tomar en cuenta:
   1. la naturaleza, el grado de responsabilidad y complejidad de los componentes del cargo de cada especialidad;
   2. los requerimientos por investidura;
   3. las peculiaridades del cargo
2. La Unión, Estados, Distrito Federal deben mantener colegios gubernamentales para formación y mejoramiento de los servidores públicos, con la participación en cursos constituye uno de los requerimientos para la promoción de cargo. Para este propósito, entrar en acuerdos o contratos sobre las entidades federales debe permitirse.
3. Las provisiones del artículo 7, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, y XXX deben aplicarse a los servidores públicos ocupando puestos públicos. La ley debe establecer requerimientos diferenciales para admisión cuando la naturaleza del cargo lo requiera.
4. Miembros de una rema del gobierno, encargados de un cargo electivo, Ministros de la Unión, y secretarías de Estado y Municipio deben ser remuneradas exclusivamente por un pago único de sueldo. Incremento en la gratificación, pago adicional, bono, recargo adicional, subsidio de representación u otro tipo de remuneración está prohibida, obligando, en cualquier caso, a las provisiones del artículo 37, X y XI.
5. Leyes de la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios deben establecer relación entre la remuneración más alta y más baja para servidores públicos, obligando, en cualquier caso, a las provisiones del artículo 37, XI.
6. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben publicar anualmente los montos de sueldos y remuneraciones para cargos públicos y trabajos.
7. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben regular la aplicación de fondos de presupuesto de raíz de ahorro en gasto para cada agencia, autarquía y fundación, para la aplicación en el desarrollo de programas de calidad y productividad, entrenamiento y desarrollo, modernización, fachada y racionalización de los servicios públicos, incluyendo aquellos en la forma de pagos adicionales o recargos adicionales por productividad.
8. La remuneración de la carrera de servidores públicos debe ser determinada de acuerdo con §4°.

Art 40

1. Servidores públicos incluidos en el régimen de seguridad social referido en este artículo deben ser retirados, calculando sus beneficios empezando por los valores determinados de acuerdo con §3° y §17°:
   1. por discapacidad permanente, las pensiones son proporcionales al periodo de contribución, excepto cuando se gaste de una seria, contagiosa o incurable enfermedad, como se especifica por ley;
   2. obligatoriamente, una pensión proporcional al periodo de contribución, a los setenta años de edad o a los setenta y cinco años de edad, de acuerdo con la ley complementaria;
   3. voluntariamente, solo si se completase un periodo de diez años de efectivo servicio público y cinco años en la posición desde donde se toma el retiro, observándose las siguientes condiciones:
      1. sesenta años de edad con treinta y cinco años de contribución si fuese hombre, y cincuena y cinco años de edad con treinta años de contribución de fuese mujer;
      2. sesenta y cinco años de edad si fuese hombre, y sesenta años de edad si fuese mujer, con pensiones proporcionales al tiempo de contribución
2. Para el tiempo están garantizados, beneficios de jubilación y pensiones que no deben exceder la remuneración del respectivo servidor público en la posición que el o ella ha ocupado en el mismo tiempo del retiro o que sirve como referencia para de concesión de una pensión.
3. Para el tiempo están garantizados, beneficios de jubilación deben ser calculados en la remuneración utilizada con la base para la contribución del empleado al régimen de seguro social referido en este artículo y en el artículo 201, como provisto por ley.
4. Adopción de requerimientos diferenciados y criterios para concesión de jubilación a aquellos incluidos en el régimen referido a este articulo está prohibido, excepto en términos definidos por leyes complementarias por funcionarios:
   1. quienes tengan discapacidades;
   2. quienes se comprometan en actividades de riesgo;
   3. cuyas actividades sean llevadas bajo condiciones especiales perjudiciales para su salud o integridad física.
5. Los requerimientos de edad y periodo de contribución deben ser reducidos por cinco años, con respecto a las provisiones de §1°, III, para profesores que que su tiempo fue utilizado exclusivamente en el dictado de kindergarten, primaria y secundaria.
6. Excepto por jubilaciones de posiciones acumulativas, como provisto por esta Constitución, recibo de más de un beneficio de jubilación del régimen de seguridad social provisto en este artículo esta prohibido.
7. La ley debe proveer por concesión de beneficios de fallecimiento que deben ser iguales a:
   1. si se retirase a la fecha de fallecimiento, el valor total de los beneficios del servidor público fallecido llega al máximo limite establecido para beneficios en el régimen general de seguridad social referido en el artículo 201, aumentado por setenta por ciento de la cantidad excedente de este límite; o
   2. si estuviese activo en la fecha de fallecimiento, el total del valor de la remuneración del servidor público que mantenía un la posición efectiva para la fecha de su muerte, hasta el limite máximo establecido para beneficios del régimen general de seguridad social referido en el articulo 201, aumentado por setenta por ciento de la cantidad excedente de este límite.
8. Para preservar permanentemente su valor real, el reajuste de beneficios está asegurado, de acuerdo al criterio establecido por ley.
9. El periodo de contribución federal, estatal o municipal deberá contarse para propósitos de jubilación y el periodo correspondiente de servicio para propósitos de disponibilidad
10. La ley no debe establecer formas ficticias de conteo del periodo de contribución
11. El límite fijado en el artículo 37, XI, aplicado a la suma total de beneficios por actividad, incluyendo aquellos por acumulación de posiciones públicas de empleo, así como otras actividades sujetas a contribución para el régimen general de seguridad social, y al monto resultante de la suma de beneficios de inactividad a la remuneración por posición acumulativa, como provisto por esta constitución, a una posición de comisión declarada por ley para permitir la libre contratación y despido, y una posición electiva.
12. Además de las provisiones en este artículo, el régimen de seguridad pública para servidores públicas manteniendo una posición efectiva debe observar, cuando sea aplicable, requerimientos y criterios fijados por el régimen general de seguridad social.
13. El régimen general de seguridad social debe aplicarse a los servidores públicos que ocupen exclusivamente una posición en la comisión declarada por ley para permitir la libre contratación y despido, así como otras posiciones temporales o empleos.
14. Hasta que se instituya un régimen social suplementario para sus respectivos empleados que mantengan posiciones efectivas, la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios deben fijar el valor de los beneficios de jubilación y pensiones para ser concedidas por el régimen referido en este artículo al límite máximo establecido para los beneficiarios de régimen general de seguridad social referido en el artículo 201.
15. El régimen suplementario de seguridad social referido en 14° debe ser instituido por ley en la iniciativa del Ejecutivo, observando, si fuese aplicable, provisiones del artículo 202 y sus párrafos, a través de entidades cerradas de seguridad social suplementaria de naturaleza pública que debe ofrecer a los respectivos participantes solo una contribución definida en los planes de jubilación.
16. Solo por previa y expresa opinión pueden, las provisiones del §14° y 15° ser aplicadas a servidores públicos que han entrado al servicio público por la fecha de publicación del acto instituyendo el correspondiente régimen de seguridad social suplementario.
17. Todos los valores de remuneración considerados por los beneficios provistos en 3° deben ser debidamente actualizados, como provisto por ley.
18. Una evaluación debe ser dictaminada en beneficios de jubilación y pensiones concedidas por el régimen referido en este artículo al extento que excedan el límite máximo establecido para el régimen general de seguridad social de beneficios referido en el artículo 201, a un porcentaje igual al establecido para servidores públicos manteniendo cargos efectivos.
19. Los servidores públicos referidos en este articulo que han completado los requerimientos por jubilación voluntaria establecida en §1°, III, a, y quien opte permanecer activo recibirá un bono por permanecer equivalente al valor de sus contribuciones al seguro social hasta que complete los requerimientos para su jubilación obligatoria contenida en §1°, II.
20. Más de un régimen de seguro social para servidores públicos manteniendo posiciones efectivas está prohibido, también está prohibido tener más de una unidad manejando el respectivo régimen en cada entidad estatal, excepto por la provision del artículo 142, §3°, X.
21. Cuando el beneficiario tenga una enfermedad que lo incapacite, como provisto por ley, la evaluación provista en el §18° de este artículo debe ser dictaminado solo sobre aquellas porciones del beneficio de jubilación y pensión que excedan el doble del límite máximo establecido para beneficios debajo del régimen general del seguro social referidos en el artículo 201 de esta Constitución.

Art 41

1. El servidor público estable perderá su sólo:
   1. debido a una sentencia judicial que sea forme e inapelable;
   2. a través de un procedimiento administrativo donde tienen asegurada defensa completa;
   3. a través de un procedimiento de evaluación periódica de actuación, en forma de ley complementaria, asegurando defensa completa.
2. El despido de un servidor público estable debe ser invalidado por juicio, el empleado debe ser reintegrado, y cualquier ocupante subsecuente de la posición, si fuese estable, debe ser reinstalado a su posición original sin el derecho a compensación, fijado en otra posición o fijado a dejar el cargo con remuneración proporcional a su tiempo de servicio.
3. Si su posición fuera abolida o declarada innecesaria, el servidor público será fijado a dejar el cargo con remuneración proporcional a su tiempo de servicio, hasta que se le ubique adecuadamente en otra posición.
4. Como condición para adquirir estabilidad en cargo, una evaluación especial sobre su actuación es requerida por una comisión organizada para este propósito.

Art 42

1. Las provisiones de los artículos 14, §8°, 40, §9° y 142, §2° y §3° aplican a los servidores militares de los Estados, Distrito Federal y Territorios, además de lo que viene determinado por ley. Depende de la ley específica de estado lidiar con los sujetos del artículo 142, 3 los Estados, Distrito Federal y Territorios sub-párrafo X, con los respectivos gobernadores otorgados al rango de oficiales.
2. Lo que ha sido terminado por ley específica en la respectiva entidad estatal debe aplicarse a militares jubilados de Estados, Distrito Federal y Territorios.

Art 43

1. La ley complementaria deberá proveer por:
   1. las condiciones para la integración de las regiones en desarrollo;
   2. Planes económicos
      la composición de los organizaciones regionales que deben encargarse, como provisto por ley, de planes regionales incluidos en los planes nacionales de desarrollo económico y social, y aprobados simultáneamente.
2. Los incentivos regionales deben incluir, inter alia, como provisto por ley:
   1. igualdad de tarifas, costo de transporte, seguros y otros costes y precios por ítem del que es responsable el gobierno;
   2. los intereses favorables para financiar actividades prioritarias;
   3. exenciones, reducciones o aplazamientos temporales de tributos federales por individuos o entidades legales;
   4. prioridad en el uso económico y social de ríos, depósitos, o aguas que pueden daña a regiones con poco ingreso económico sujetas a periódicas sequías.
3. En las áreas referidas en el §2°, IV, la Unión debe garantizar incentivos para la recuperación de tierras áridas y cooperar con los pequeños y medianos propietarios rurales para establecer fuentes de agua y de pequeños regadíos en sus tierras.

Art 44

Art 45

1. Tamaño de la primera cámara
   El número total de Diputados, así como la representación de cada Estado y del Distrito Federal serán establecidos por ley complementaria proporcionalmente a la población. Los ajustes necesarios deben realizarse en el año anterior a las elecciones, para que ninguna unidad de la Federación tenga menos de ocho ni más de setenta Diputados.
2. Cada Territorio elegirá cuatro Diputados.

Art 46

1. Tamaño de la segunda cámara, Duración de un representante de la segunda cámara
   Cada Estado y el Distrito Federal elegirán tres Senadores un término de ocho años.
2. La representación de cada Estado y del Distrito Federal será renovada cada cuatro años, alternadamente reeligiendo un tercio y dos tercios.
3. Cada Senador será elegido junto a dos suplentes.

Art 47

Art 48

Art 49

Art 50

1. Los Ministros de la Unión podrán comparecer ante el Senado Federal, la Cámara de Diputados, o ante cualquiera de sus Comisiones, por iniciativa propia y con su respectivo comité ejecutivo (Mesa), para reportar asuntos de relevancia a su Ministerio.
2. Los comités ejecutivos de la Cámara de Diputados y del Senado Federal podrán mandar peticiones escritas por información a los Ministros de de la Unión o cualquier personal referida en el encabezado de este artículo. Rechazo o su no contestación en el plazo de treinta días, así como la prestación de informaciones falsas, constituye una ofensa procesable.

Art 51

Art 52

Art 53

1. Desde la fecha de su investidura, Diputados y Senadores serán examinados por el Tribunal Federal Supremo.
2. Desde la fecha de su investidura, miembros del Congreso Nacional no podrán ser arrestados, excepto en delito flagrante por un crimen no bailable. En este caso, el record policial deberá ser mandado dentro de veinticuatro horas a la respectiva Cámara, la cual, por mayoría de voto de sus miembros, deberá decidir sobre su encarcelamiento.
3. Cuando una acusación sea recibida contra un Senador o Diputado por un crimen cometido después de su investidura, el Tribunal Federal Supremo debe notificar a su respectiva Cámara, la cual, por iniciativa de un partido políticos que la represente, y por mayoría de voto de sus miembros, podrá suspender los procedimientos en caso previo a una decisión final.
4. Sobre el recibo del comité ejecutivo, un pedido por suspensión debe ser actuada sobre la Cámara respectiva por un periodo no extendible de cuarenta y cinco días.
5. Una suspensión debe tener cobrar el periodo limitaciones de la duración de un mandato.
6. Diputados y Senadores no están obligados a testificar sobre información recibida o dada por el ejercicio de sus mandatos, tampoco aquellos que confíen en ellos o reciban información de ellos.
7. El llamado de Diputados y Senadores a deben en las Fuerzas Armadas, aun cuando ellos estén en la milicia y aun en tiempo de guerra, dependerá de la previa autorización de la respectiva Cámara.
8. Provisiones de emergencia
   La inmunidad de Diputados y Senadores debe mantenerse sobre estado de sitio y puede suspenderse solo por voto de dos tercios de los miembros de la respectiva Cámara, en caso de actos realizados fuera de las premisas del Congreso Nacional que son incompatibles con la implementación de dicha medida.

Art 54

Art 55

1. Además de los canos definidos en el reglamento interno, el abuso de prerrogativas garantizadas a miembros del Congreso Nacional, o el recibo de beneficios exagerados sin incompatibles con la decencia parlamentaria.
2. En los casos de los incisos I, II y VI, la pérdida del mandato la decide la Cámara de Diputados o del Senado Federal por mayoría absoluta, por iniciativa del respectivo Comité Ejecutivo o partido político representado en el Congreso Nacional, asegurándose defensa completa.
3. En los casos provistos en los incisos III a V la pérdida del mandato será declarada por el Comité Ejecutivo de la respectivaCámara respectiva ex officio , o a instancia de cualquiera de sus miembros, y de un partido político representado en el Congreso Nacional, asegurándose defensa completa.
4. Los efectos de resignación por un legislador sujeto a un procedimiento que busqué o pueda resultar en la pérdida del mandato, en los términos de este artículo, será suspendido hasta la deliberación final referida en el §2° y §3°.

Art 56

1. Reemplazo de legisladores
   El suplente será convocado en casos de vacancia, de investidura en posiciones provistas en este artículo o de licencia de ausencia que exceda los ciento veinte días.
2. Reemplazo de legisladores
   si ocurriese una vacante y no hubiese suplente se hará elección para cubrir la vacante se se mantuviese más de quince meses antes de la finalización del mandato.
3. En el evento del inciso I, el Diputado o Senador podrá optar por la remuneración del mandato.

Art 57

1. Cualquiera de las reuniones organizadas para esas fechas que caigan en sábados, domingos o días festivos, serán trasladadas para el siguiente día hábil.
2. La sesión legislativa no será interrumpida sin la aprobación del proyecto de ley de directrices presupuestarias.
3. Reunión conjunta de cámaras legislativas
   Además de otros casos provistos en esta Constitución, la Cámara de Diputados y el Senado Federal se reunirán en sesión conjunta para:
   1. inaugurar la sesión legislativa;
   2. elaborar el reglamento común y regular la creación de servicios comunes a las dos Cámaras;
   3. recibir el juramento del Presidente y Vicepresidente de la República;
   4. conocer el veto y deliberar sobre él;
4. Comisiones permanente
   Cada Cámara se reunirá en sesiones preparatorias, a partir del 1 de febrero, en el primer año de la legislatura, para la toma de posesión de sus miembros y la elección de su Comité Ejecutivo, por mandato de dos años, prohibiéndose la reelección del mismo cargo en la siguiente elección.
5. Comisiones permanente
   El Presidente del Senado presidirá el comité ejecutivo del Congreso Nacional, y otras posiciones deben ser sostenidas, alternadamente, por los ocupantes de cargos equivalentes en la Cámara de Diputados y en el Senado Federal.
6. Periodos legislativos extraordinarios
   Sesiones extraordinarias del Congreso Nacional se convocarán:
   1. Provisiones de emergencia
      por el Presidente del Senado, en el caso de decreto de estado de defensa o de intervención federal, solicitando autorización para decreto de estado de sitio y para juramento y la toma de cargo del Presidente y del Vicepresidente de la República;
   2. por el Presidente de la República, por los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, o a requerimiento de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras, en caso de urgencia o interés público relevante, en todos los casos, en este inciso con la aprobación de la mayoría absoluta de cada Casa del Congreso Nacional.
7. En las sesiones legislativas extraordinarias, el Congreso Nacional considerará solamente deliberará sobre asuntos para los que fue convocado, excepto en la situación del 8° de este artículo. Pago por compensación por dicha convocatoria está prohibido.
8. Si medidas provisionales se incluyen por fuerza mayor a la fecha de la sesión extraordinaria del Congreso Nacional, dichas medidas debe ser automáticamente incluidas en la lista de la convocatoria.

Art 58

1. Comisiones permanente
   En la Constitución de los comités ejecutivos y de cada comité, la representación proporcional de partidos políticos o grupos parlamentarios que participan en la respectiva Cámara está asegurada en cuanto fuese posible.
2. Comités, basados en asuntos de su jurisdicción, tienen el poder de:
   1. en la discusión y voto de los proyectos de ley de acuerdo con el reglamento, la autoridad de todo el cuerpo es innecesaria, salvo se haga una objeción por un décimo de los miembros de la Cámara;
   2. realizar audiencias públicas con entidades de la sociedad civil;
   3. convocar a los Ministros de Estado Federal para prestar información sobre asuntos inherentes a sus deberes;
   4. recibir peticiones, reclamaciones, o quejas de cualquiera persona contra actos o omisiones de las autoridades o entidades públicas;
   5. solicitar destitución de cualquier autoridad o ciudadano;
   6. examina programas de construcción, planes de desarrollo nacionales, regionales y sectoriales para emitir opiniones sobre ellos.
3. Supervisión legislativa del ejecutivo
   Las comités parlamentarios de investigación, que tendrán los mismos poderes de investigación de las autoridades judiciales, además de otros poderes previstos en los reglamentos de las respectivas Cámaras, serán creadas por la Cámara de los Diputados y por el Senado Federal, conjunta o separadamente, mediante requerimiento de un tercio de sus miembros, para la investigación de un cierto hecho determinado y por un periodo de tiempo. Si fuese apropiado, sus conclusiones deben ser reenviadas a Ministerio Público para determinar la responsabilidad civil o penal de los infractores.
4. Durante receso, el Congreso Nacional debe ser representado por un comité elegido por sus dos Cámaras en la última sesión ordinaria del término legislativo, con poderes definidas por ley y cuya composición debe reflejar la representación proporcional de los partidos políticos tanto como sea posible.

Sub-sección I. Disposiciones Generales

Sub-sección II. Enmiendas a la Constitución

Sub-sección III. Las Leyes

Art 70

Art 71

1. En caso de contratos, el acto de suspensión será adoptado directamente por el Congreso Nacional, el cual solicitará, de inmediato, al Poder Ejecutivo, tomar las medidas apropiadas.
2. Si el congreso Nacional o el Poder Ejecutivo, no adoptarán las medias previstas en el párrafo anterior en el plazo de noventa días, el Tribunal decidirá al respecto.
3. Las decisiones del Tribunal imputando deudas o multas, tendrán efecto de juicios ejecutables.
4. El Tribunal dirigirá al Congreso Nacional, trimestral y anualmente, reportes de sus actividades.

Art 72

1. Si las explicaciones no son provistas o son consideradas insuficientes, el comité solicitará al Tribunal pronunciamiento definitivo sobre la materia en un plazo de treinta días.
2. Si el Tribunal estima que el gasto es irregular y el Comité determina que puede causar daños irreparables o lesiones graves a la economía pública, el Comité propondrá al Congreso Nacional que se suspenda el gasto.

Art 73

1. Los Ministros del Tribunal de Cuentas de la Unión serán nominados entre brasileños que cumplan los siguientes requisitos:
   1. más de treinta y cinco y menos de sesenta y cinco años de edad;
   2. buen carácter moral y reputación intachable;
   3. notorios conocimientos jurídicos, contables, económicos y financieros o de administración pública;
   4. más de diez años de ejercicio como funcionario o de efectiva actividad profesional que exija los conocimientos mencionados en el inciso anterior.
2. Los ministros del Tribunal de cuentas de la Unión será seleccionados:
   1. un tercio por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, siendo dos de ellos elegidos alternadamente de entre auditores y miembros de Ministerio Publico asignado al tribunal de una terna sugerida por el Tribunal, según los criterios de antigüedad y mérito;
   2. dos tercios por el Congreso Nacional.
3. Los Ministros del Tribunal de Cuentas de la Unión tendrán las mismas garantías, prerrogativas, impedimentos, salarios y privilegios que los Ministros del Tribunal Superior de Justicia. Las reglas del artículo 40 aplican a su jubilación y pensiones.
4. Cuando sustituya al Ministro, el auditor tendrá las mismas garantías e impedimentos del titular del cargo y cuando ejerza otros deberes judiciales, como juez del Tribunal Regional Federal.

Art 74

1. Respecto a cualquier irregularidad o ilegalidad, los responsables del control interno deben notificar al Tribunal de Cuentas de la Unión, bajo pena de responsabilidad solidaria.
2. Cualquier ciudadano, partido político, asociación o sindicato tiene potestad para, como provisto por ley, denunciar irregularidades o ilegalidades ante el Tribunal de Cuentas de la Unión.

Art 75

Art 76

Art 77

1. La elección del Presidente de la República significará la elección de su Vicepresidente.
2. Una vez registrado en un partido político, el candidato que obtenga la mayoría de votos, sin contar los blancos o nulo, será considerado Presidente electo.
3. Si ningún candidato obtuviese la mayoría absoluta en primera vuelta, se hará una nueva elección dentro de los veinte días siguientes al anuncio del resultado de los dos candidatos más votados, y quién obtuviese la mayoría de los votos válidos debe considerarse electo.
4. Si antes de realizadas las elecciones ocurriere la muerte, desistimiento o impedimento legal de un candidato, se convocará al candidato con mayor votación entre los restantes.
5. En el caso de los párrafos anteriores, si mas de un candidato con el mismo número de votos permaneciese en segundo lugar, el de mayor edad calificará.

Art 78

Art 79

Art 80

Art 81

1. Si la vacancia ocurriese en los dos últimos años del período presidencial, la elección para ambos cargos será hecha por el Congreso Nacional, treinta días después de producida la última vacante, como provisto ley.
2. En cualquiera de estos casos, los que resulten elegidos deberán completar el período de sus predecesores.

Art 82

Art 83

Art 84

Art 85

Art 86

1. El Presidente quedará suspendido en sus funciones:
   1. en las infracciones penales comunes, si la acusación o queja criminal es recibida por el Supremo Tribunal Federal;
   2. en ofensas impugnadas, después de procesadas por el Senado Federal.
2. Si, transcurrido el plazo de ciento ochenta días, no estuviese concluido el juicio, cesará la suspensión del Presidente, sin perjuicio del regular avance del procedimiento.
3. Inmunidad del jefe de estado
   El Presidente de la República no estará sujeto al arresto por ofensas comunes sin previo juicios de convicción criminal.
4. Inmunidad del jefe de estado
   Durante la vigencia de su mandato, el Presidente de la República no podrá ser responsabilizado por actos no relacionados al ejercicio de sus deberes.

Art 87

Art 88

Sub-sección I. Consejo de la República

Sub-sección II. Consejo de Defensa Nacional

Art 92

1. El Tribunal Supremo Federal, el Consejo Nacional de Justicia y los Tribunales Superiores se encuentran en la Capital Federal.
2. El Tribunal Supremo Federal y los Tribunales Superiores tienen jurisdicción sobre todo el territorio nacional.

Art 93

Art 94

Art 95

Art 96

Art 97

Art 98

1. La ley federal provee la creación de tribunales especiales en el área de Justicia Federal.
2. Los costos y honorarios se utilizarán exclusivamente para financiar servicios bajo el cuidado de actividades específicas de la justicia.

Art 99

1. Los Tribunales prepararán sus propuestas presupuestarias, dentro de los límites estipulados conjuntamente con las demás Sucursales en la Ley de Directivas Presupuestarias.
2. Tras la audiencia de otros tribunales interesados, la propuesta se presentará:
   1. al nivel federal, por los Presidentes del Tribunal Supremo Federal y Tribunales Superiores con la aprobación de sus respectivos Tribunales;
   2. al nivel de los Estados, Distrito Federal y Territorios, por los Presidentes de los Tribunales de Justicia, con la aprobación de sus respectivos Tribunales.
3. Si los organismos mencionados en §2° no elaboran sus propuestas presupuestarias respectivas dentro del plazo establecido en la ley de las directivas presupuestarias, a efectos de la consolidación de la propuesta presupuestaria anual, el Ejecutivo considerará los importes aprobados en la ley presupuestaria vigente ajustándolos de acuerdo con los límites estipulados en §1° de este artículo.
4. En caso de que las propuestas presupuestarias a que se refiere el presente artículo se presenten sin tener en cuenta los límites establecidos en §1°, el Ejecutivo efectuará los ajustes necesarios para la consolidación de la propuesta presupuestaria anual.
5. Durante la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal, no se realizarán gastos o asunción de obligaciones que excedan los límites establecidos en la ley de las directivas presupuestarias mediante la apertura de créditos suplementarios o especiales, a excepción de que esté que previamente autorizado.

Art 100

1. Las deudas de apoyo incluyen las que se derivan de salarios, salarios, ganancias, pensiones y sus provisiones complementarias; beneficios de Seguro Social; Y la indemnización por muerte o incapacidad, basada en responsabilidad civil, en virtud de una sentencia judicial definitiva y no apelable. Estas deudas se pagarán en preferencia sobre todas las demás deudas, excepto las mencionadas en el §2° de este artículo.
2. Las deudas por préstamos cuyos propietarios, ya sean originarios o por herencia, tengan 60 (sesenta) años de edad, o que sufran una enfermedad grave, o personas discapacitadas, según lo definido por la ley, se pagarán con preferencia sobre todas las demás deudas a un valor equivalente a tres veces el fijado por la ley a los efectos de la disposición del §3° de este artículo. El pago de una cantidad fraccionada se permite para este fin, siendo el resto pagado en el orden cronológico de la presentación de la orden judicial de pago.
3. La disposición del encabezamiento de este artículo con respecto a la emisión de órdenes judiciales de pago no se aplica al pago de obligaciones definidas por ley como montos pequeños que deben ser pagados por los referidos Bonos en virtud de una sentencia final no apelable .
4. A los efectos de lo dispuesto en el §3°, los importes diferenciados para las entidades de derecho público podrán ser fijados por su propia legislación según diferentes capacidades económicas, con un importe mínimo igual al importe de la prestación de seguridad social más elevada del régimen general.
5. Los presupuestos de las entidades de derecho público deben incluir los fondos necesarios para el pago de sus deudas derivadas de las sentencias finales no apelables de conformidad con las órdenes judiciales de pago presentadas antes del 1 de julio. El pago se realizará al final del siguiente año fiscal, momento en el cual su valor será actualizado monetariamente.
6. Los créditos presupuestarios y los créditos abiertos se consignarán directamente en el Poder Judicial. Corresponde al Presidente del Tribunal dictar la resolución que permita la ejecución del pago integral y autorizar, a petición del acreedor, la fianza del importe necesario para satisfacer la deuda, pero únicamente en caso de incumplimiento de su derecho De precedencia o de omisión en la asignación presupuestaria de una cantidad necesaria para satisfacer su deuda.
7. El Presidente del Tribunal competente que, por acto u omisión, retrasa o intenta frustrar la liquidación regular de una orden judicial de pago comete un delito impugnable y también será responsable ante el Consejo Nacional de Justicia.
8. Queda prohibido expedir una orden judicial de pago complementaria o complementaria al importe pagado, así como fraccionar, dividir o reducir el valor de su ejecución, a efectos de inclusión como parte del total a que se refiere el §3° de este artículo proporciona.
9. Independientemente de la regulación, en el momento de su emisión, las órdenes judiciales de pago deberán reducirse como compensación por un monto correspondiente a deudas claras y determinadas, inscritas o no en la deuda activa y constituidas contra la El acreedor original por el Tesoro Público del deudor, incluyendo los montos a plazos vencidos, excepto aquellos cuya ejecución fue suspendida en virtud de una impugnación administrativa o judicial.
10. Antes de la emisión de órdenes judiciales de pago, el Tribunal solicitará a la Tesorería Pública deudora que responda dentro de los 30 (treinta) días, bajo pena de pérdida del derecho de reducción, con información sobre deudas que Condiciones establecidas en el §9° para los fines previstos en el mismo.
11. De acuerdo con lo establecido por la ley de la entidad federativa deudora, el acreedor podrá canjear sus créditos en órdenes judiciales de pago para adquirir bienes públicos reales de la entidad federativa respectiva.
12. Tras la promulgación de esta Enmienda Constitucional, la actualización de las sumas requeridas entre la expedición hasta el pago efectivo, independientemente de su naturaleza, se hará de acuerdo con el índice oficial de remuneración básica de las cuentas de ahorro. A efectos de compensación por el retraso, los intereses simples se incluirán al mismo porcentaje que los intereses de las cuentas de ahorro. Se excluirá la incidencia de los intereses compensatorios.
13. Sin necesidad de consentimiento del deudor, el acreedor podrá ceder a terceros, total o parcialmente, sus créditos en órdenes judiciales de pago. Las disposiciones de los §§ 2° y 3° no se aplican al representante legal.
14. La cesión de órdenes judiciales de pago será efectiva sólo después de la comunicación, mediante una petición protocolizada, al tribunal de origen ya la entidad deudora.
15. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, una ley complementaria a esta Constitución Federal establecerá un régimen especial para el pago de créditos por órdenes judiciales de pago del Estado, Distrito Federal y del Condado, los ingresos netos corrientes y la forma y liquidación.
16. Con arreglo a sus criterios exclusivos y en forma de ley, el Sindicato puede asumir deudas de órdenes judiciales de pago del Estado, el Distrito Federal y el Condado, refinanciándolas directamente.
17. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los municipios deberán comparar mensualmente, sobre una base annual, los importes comprometidos de sus respectivos ingresos netos con el pago de órdenes judiciales de pago y obligaciones de poco valor.
18. Para efectos del § 17°, los ingresos netos corrientes significan la suma de los ingresos de impuestos, patrimonio, industria, agricultura y ganadería; De contribuciones y servicios; De corriente Transferencias y otros ingresos corrientes, incluidos los del §1 o del art. 20 de la Constitución Federal, verificado en el Período comprendido entre el segundo mes inmediatamente anterior al Mes anterior y los 11 (once) meses anteriores, excluyendo duplicados y deduciendo:
    1. de la Unión, las cantidades entregadas a los Estados, del Distrito Federal, y a los Municipios por determinación constitucional;
    2. de los Estados, las cantidades entregadas a los municipios por determinación constitucional;
    3. de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, la contribución de los trabajadores por el costo de su sistema de seguridad social y asistencia social y los ingresos por compensación financiera referida el artículo §9° del art. 201 de la Constitución Federal.
19. En caso de que el importe total de las deudas Judiciales en las órdenes de pago judiciales y las pequeñas obligaciones de valor en un período de doce meses supere el promedio del porcentaje comprometido de los ingresos netos corrientes en los inmediatos (cinco) años anteriores, la cantidad que exceda este porcentaje podrá ser financiado, exento de los límites de la deuda en los incisos VI y VII del art. 52 de la Constitución Federal y de cualquier otra limitación de la deuda prevista, con prohibición de vinculación de ingresos previstos en el inciso IV del art. 167 de la Constitución Federal, siendo Inaplicable a financiación.
20. En caso de que existan órdenes judiciales de pago con valores superiores al 15% (quince por ciento) de la cuantía de las ordenes judiciales de pago presentadas en los términos del artículo, el 15% (quince por ciento) del valor de estas órdenes de pago se pagarán al final del siguiente año fiscal y el resto en parcelas iguales en los cinco años fiscales posteriores, incrementados por el interés por el retraso y corrección monetaria, o a través de acuerdos directos a través de Tribunales Auxiliares para la liquidación de Órdenes Judiciales de Pago, con una reducción máxima del 40% (cuarenta por ciento) del valor del crédito actualizado, siempre y cuando no exista recurso de apelación ni defensa judicial pendiente con respecto al crédito y que los requisitos establecidos en los reglamentos emitidos por la entidad federativa sean observados.

Art 101

Art 102

1. La alegación de desobediencia de un precepto fundamental derivado de esta Constitución será oída por el Tribunal Supremo Federal, según lo dispuesto por ley.
2. Precedente judicial
   Las decisiones definitivas del Tribunal Federal Supremo sobre los méritos en acciones directas de inconstitucionalidad y en acciones declarativas de constitucionalidad tendrán efectos erga omnes y serán vinculantes con respecto al resto del Poder Judicial y la administración pública federal, estatal y del condado, tanto Directos e indirectos.
3. Para que el Tribunal examine la admisibilidad de un recurso extraordinario, que sólo puede ser rechazado por la manifestación de dos tercios de sus miembros, el recurrente debe demostrar las repercusiones generales de las cuestiones constitucionales discutidas en el caso, como provisto por ley.

Art 103

1. El Procurador General de la República deberá ser oído previamente en acciones directas de inconstitucionalidad y en todos los casos de competencia del Tribunal Supremo Federal.
2. Cuando se produzca una declaración de inconstitucionalidad por falta de medidas para hacer efectiva una norma constitucional, se notificará a la Sucursal pertinente para que adopte las medidas necesarias y, en el caso de un organismo administrativo, en un plazo de treinta días.
3. Cuando se considere la inconstitucionalidad de una norma legal o un acto normativo en abstracto, el Tribunal Supremo Federal convocará primero al Abogado General de la Unión para que defienda el acto o texto impugnado.
4. Derogado.

Art 103-A

1. El objetivo de un precedente será la validez, interpretación y eficacia de determinadas normas sobre las que existe actualmente controversia entre órganos judiciales o entre órganos judiciales y la administración pública, causando grave inseguridad jurídica y la correspondiente multiplicación de casos sobre cuestiones idénticas.
2. Sin perjuicio de lo establecido por la ley, la aprobación, revisión o cancelación de un precedente puede ser exigida por personas con legitimidad para interponer una acción directa de inconstitucionalidad.
3. Una reclamación ante el Tribunal Supremo Federal será de un acto administrativo o decisión judicial que sea contraria al precedente aplicable o que aplique indebidamente el precedente. Al determinar que se debe otorgar una reclamación, el Tribunal Supremo Federal anulará el acto administrativo o desocupará la decisión judicial impugnada y determinará que se dará otra, con o sin aplicación del precedente, según sea el caso.

Art 103-B

1. El Presidente del Tribunal Supremo Federal y en su ausencia o impedimento, por el Vicepresidente del Tribunal Supremo Federal, presidirá el Consejo.
2. Los demás miembros del Consejo serán nombrados por el Presidente de la República, previa aprobación de su elección por mayoría absoluta del Senado Federal.
3. Si los nombramientos previstos en este artículo no se realizan dentro del plazo legal, la elección será hecha por el Tribunal Supremo Federal.
4. Corresponde al Consejo controlar el funcionamiento administrativo y financiero del Poder Judicial y el desempeño de las funciones funcionales de los jueces. Además de Poderes conferidos por el Estatuto de la Judicatura, el Consejo tendrá la responsabilidad de:
   1. preservar la autonomía judicial y el cumplimiento del Estatuto de la Judicatura, poder dictar actos reglamentarios, dentro del ámbito de su competencia, o recomendar medidas;
   2. salvaguardar el cumplimiento del art. 37 y apreciando, de oficio o de oficio, la legalidad de actos administrativos realizados por miembros o órganos del Poder Judicial, pudiendo destituirlos o revisarlos o fijar un plazo para adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento exacto de la ley, Sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Cuentas de la Unión;
   3. recibir y conocer denuncias contra miembros o órganos del Poder Judicial, inclusive contra sus servicios auxiliares, empleados y agencias que prestan servicios notariales y de registro que actúan por delegación de poderes públicos o oficiales, sin perjuicio de la competencia disciplinaria y correccional de los tribunales. El Consejo podrá asumir jurisdicción sobre los procedimientos disciplinarios en curso y determinar la remoción, disponibilidad o retiro con compensación o beneficios proporcionales al tiempo de servicio y aplicar otras sanciones administrativas, asegurando una defensa completa;
   4. presentar al Ministerio Público, en el caso de delitos contra la administración pública o abuso de autoridad;
   5. revisar, de oficio o bajo demanda, procedimientos disciplinarios de jueces y miembros de tribunales decididos hace menos de un año;
   6. elaborar cada semestre un informe estadístico sobre los casos y sentencias dictadas, por unidad de la Federación, por los distintos órganos del Poder Judicial;
   7. preparar un informe anual que proponga las medidas que considere necesarias con respecto a la situación del Poder Judicial en el País y las actividades del Consejo. Este informe debe formar parte del mensaje del Presidente del Tribunal Supremo Federal enviado al Congreso Nacional con motivo de la apertura de la sesión legislativa.
5. El Ministro del Tribunal Superior de Justicia ejercerá la función de Ministro Fiscalizador y quedará excluido de la distribución de los casos del Tribunal. En adición a las facultades que le confiere el Estatuto de la Judicatura, él o ella es responsable de lo siguiente:
   1. recibir quejas y denuncias de cualquier persona interesada relativas a jueces y servicios judiciales;
   2. ejercer funciones ejecutivas del Consejo en cuanto a inspección general y corrección;
   3. requisar y designar a los jueces, delegarles poderes y requisar a los empleados de los jueces o tribunales, incluidos los de los Estados, el Distrito Federal y los Territorios.
6. El Procurador General de la República y el Presidente del Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil ejercerán su oficio en el Consejo.
7. La Unión, incluyendo el Distrito Federal y sus Territorios, creará centros de reclamación judicial con jurisdicción para recibir denuncias y denuncias de cualquier persona interesada contra miembros u órganos del Poder Judicial, o contra sus servicios auxiliares, dependiendo directamente del Consejo Nacional de Justicia.

Art 104

Art 105

Art 106

Art 107

1. Una ley regulará la remoción o transferencia de jueces de los Tribunales Regionales Federales y determinará su jurisdicción y lugar para sentarse.
2. Los Tribunales Regionales Federales establecerán tribunales itinerantes, los cuales tendrán audiencias y otras funciones jurisdiccionales dentro de los límites territoriales de sus respectivas jurisdicciones, utilizando instalaciones públicas y comunitarias.
3. Los Tribunales Regionales Federales pueden funcionar de manera descentralizada, constituyendo cámaras regionales, a fin de asegurar el pleno acceso a la justicia en todas las fases del proceso judicial.

Art 108

Art 109

1. Los asuntos en los que la Unión sea demandante serán interpuestos en la instancia judicial en la que tenga su domicilio la otra parte.
2. Los casos en contra de la Unión pueden interponerse en la jurisdicción del domicilio del demandante, cuando el hecho o hecho que originó la denuncia se haya producido o en el que se encuentre la cosa que causa la denuncia o en el Distrito Federal.
3. Los casos en que las partes sean una institución de seguridad social y su beneficiario, pero ningún juez federal se encuentre en el distrito, serán juzgados y decididos en el foro de la corte estatal del domicilio del asegurado o del beneficiario; La ley puede permitir que otros casos sean juzgados y juzgados en tribunales estatales.
4. En el caso del párrafo anterior, la apelación que se adopte será siempre ante el Tribunal Regional Federal en el ámbito jurisdiccional del juez de primera instancia.
5. Derecho internacional
   En los casos de violaciones graves de los derechos humanos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos en los que Brasil sea parte, el Procurador General de la República debe sugerir al Tribunal Superior de Justicia, en cualquier fase de investigación o procedimiento, traslado a la jurisdicción de los Tribunales Federales.

Art 110

Art 111

1. Derogado.
   1. derogado;
   2. derogado.
2. Derogado.
3. Derogado.

Art 111-A

1. La ley establecerá la jurisdicción del Tribunal Superior del Trabajo.
2. Funcionarán junto con el Tribunal Superior del Trabajo:
   1. la Escuela Nacional para la Formación y Mejora de los Jueces Laborales, que, entre otras funciones, se encargará de regular los cursos oficiales de ingreso y ascenso en la carrera;
   2. el Consejo Superior de Justicia Laboral, como órgano central del sistema, que se encargará de la supervisión administrativa, presupuestaria, financiera y patrimonial de la Justicia Laboral en los casos primero y segundo, según lo dispuesto por la ley. Las decisiones del Consejo tendrán efectos vinculantes.
3. El Tribunal Superior del Trabajo será competente para conocer y decidir, como materia de jurisdicción original, una reclamación para preservar su jurisdicción y garantizar la autoridad de sus decisiones.

Art 112

Art 113

Art 114

1. Si las negociaciones colectivas no tienen éxito, las partes pueden nombrar árbitros.
2. Si una parte rechaza la negociación colectiva o el arbitraje, las partes, de común acuerdo, pueden presentar un conflicto colectivo de trabajo colectivo. Este conflicto puede ser decidido por los Tribunales del Trabajo, respetando las disposiciones legales mínimas para la protección de la mano de obra, así como aquellas previamente acordadas.
3. En caso de huelga en una actividad esencial, con posibilidad de perjuicio para el interés público, el Ministerio Público del Trabajo deberá entablar un conflicto laboral colectivo, con competencia de los Juzgados del Trabajo para resolver el conflicto.

Art 115

1. Los Tribunales Regionales del Trabajo instalarán un juez itinerante, celebrando audiencias y otras funciones jurisdiccionales dentro de los límites territoriales de sus respectivas jurisdicciones, utilizando instalaciones públicas y comunitarias.
2. Los Tribunales Regionales del Trabajo pueden funcionar de manera descentralizada, constituyendo Cámaras regionales para asegurar el pleno acceso jurisdiccional a la justicia en todas las fases del proceso.

Art 116

Art 117

Art 118

Art 119

Art 120

1. Se constituirán los Tribunales Electorales Regionales:
   1. por elección, por votación secreta:
      1. de dos jueces de los magistrados de los Tribunales de Justicia;
      2. de dos jueces de los tribunales estatales, elegidos por el Tribunal de Justicia;
   2. por un juez del Tribunal Regional Federal que se encuentre en la Capital del Estado o Distrito Federal o en su defecto por un juez federal elegido en cualquier caso por el respectivo Tribunal Regional Federal;
   3. por dos jueces nombrados por el Presidente de la República de seis abogados de notorio conocimiento jurídico y de buen carácter moral, nombrados por el Tribunal de Justicia.
2. El Tribunal Electoral Regional elegirá a su Presidente y Vicepresidente entre los magistrados [del Tribunal de Justicia].

Art 121

1. Remoción del Tribunal Electoral
   Los miembros de los tribunales, los jueces de los tribunales estatales y los miembros de las juntas electorales, en el ejercicio de sus funciones y en la medida que les sea aplicable, gozarán de garantías plenas y no serán removibles.
2. Duración de un juez del Tribunal Electoral, Límite a los periodos de los jueces en el Tribunal Electoral
   Salvo por una razón válida, los jueces de los tribunales electorales desempeñarán sus funciones durante al menos dos años y nunca más de dos períodos consecutivos de dos años, y sus suplentes serán elegidos al mismo tiempo y por el mismo procedimiento, en números iguales para cada categoría.
3. Las decisiones del Tribunal Superior Electoral no son apelables, salvo las contrarias a esta Constitución y las que niegan el habeas corpus o la escritura de seguridad.
4. Las decisiones de los Tribunales Electorales Regionales sólo podrán apelarse cuando:
   1. contravengan una disposición expresa de esta Constitución o ley;
   2. existe divergencia en la interpretación de una ley entre dos o más tribunales electorales;
   3. se trate de inelegibilidad o emisión de certificados de elección en elecciones federales o estatales;
   4. anular los certificados de elección o decretar la pérdida de cargos electivos federales o estatales;
   5. niegan el habeas corpus, el auto de seguridad, el habeas data o un mandato de mandato.

Art 122

Art 123

Art 124

Art 125

1. La jurisdicción de los tribunales se definirá en la Constitución del Estado y el Tribunal de Justicia propondrá la ley de organización judicial.
2. Los Estados tienen facultad para iniciar una acción de inconstitucionalidad de leyes estatales o de condado o actos normativos contrarios a la Constitución del Estado, otorgamiento de legitimidad para actuar en una sola agencia estando prohibida.
3. A propuesta del Tribunal de Justicia, una ley estatal podrá crear un Sistema de Justicia Militar estatal, que consistirá en la primera instancia de los jueces de los tribunales estatales y de los Consejos de Justicia, y en la segunda instancia del propio Tribunal de Justicia, o un Tribunal de Justicia Militar en aquellos Estados en los que el número efectivo de militares es más de veinte mil miembros.
4. La Justicia Militar Estatal tendrá jurisdicción para acusar y juzgar a los miembros de las fuerzas armadas del Estado por crímenes militares definidos por la ley y en acciones judiciales contra actos de disciplina militar, preservando la jurisdicción del jurado cuando la víctima sea civil. Será responsabilidad del tribunal apropiado decidir sobre la pérdida de puesto, la pérdida del rango de los oficiales y la pérdida del grado de los militares.
5. Los jueces de los tribunales de los tribunales militares tendrán jurisdicción para acusar y juzgar por sí mismos los crímenes militares cometidos contra civiles y las acciones judiciales contra actos de disciplina militar. Es responsabilidad del Consejo de Justicia, bajo la presidencia de un juez de un tribunal estatal, acusar y juzgar otros crímenes militares.
6. El Tribunal de Justicia funcionará de manera descentralizada, constituyendo cámaras regionales, a fin de garantizar el pleno acceso a la justicia en todas las fases del procedimiento.
7. El Tribunal de Justicia instalará un juez itinerante, celebrando audiencias y demás funciones jurisdiccionales dentro de los límites territoriales de su respectiva jurisdicción, utilizando instalaciones públicas y comunitarias.

Art 126

Art 127

1. La unidad, la indivisibilidad y la independencia funcional son principios institucionales del Ministerio Público.
2. Reclutamiento de servidores públicos
   Se garantiza al Ministerio Público autonomía funcional y administrativa. Observando lo dispuesto en el art. 169, podrá proponer al Poder Legislativo la creación y abolición de sus cargos y servicios auxiliares; llenándolos de concursos públicos competitivos, o de tales exámenes y comparaciones de credenciales profesionales; la política de remuneración y los planes de carrera. La ley establecerá su organización y funcionamiento.
3. El Ministerio Público elaborará su propuesta presupuestaria dentro de los límites establecidos en la Ley de Directivas Presupuestarias.
4. Si el Ministerio Público no presenta su propuesta presupuestaria respectiva dentro del plazo establecido en la ley de las directivas presupuestarias, el Ejecutivo considerará, para la consolidación de la propuesta presupuestaria anual, los importes aprobados en la ley presupuestaria vigente, ajustados de conformidad con los límites establecidos en la forma de §3°.
5. Si la propuesta presupuestaria a que se refiere este artículo se presenta en desacuerdo con los límites establecidos en el §3°, el Ejecutivo procederá a los ajustes necesarios para consolidar la propuesta presupuestaria anual.
6. Durante la ejecución del presupuesto del presente año fiscal, no se realizarán gastos o asunción de obligaciones que excedan los límites establecidos en la ley de las directivas presupuestarias mediante la apertura de créditos suplementarios o especiales, a menos que se autorice previamente.

Art 128

1. Procurador general
   El Jefe del Ministerio Público de la Unión es el Procurador General de la República, nombrado por el Presidente de la República de miembros de carrera de más de treinta y cinco años, previa aprobación por mayoría absoluta de los miembros de la Senado Federal, por un mandato de dos años. Se puede volver a nombrar.
2. El Procurador General de la República podrá ser destituido por iniciativa del Presidente de la República, previa autorización de la mayoría absoluta del Senado Federal.
3. El Ministerio Público de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios formará una lista de tres nombres de los miembros de la carrera, en la forma de la respectiva ley, para la selección de sus Procuradores Generales, quienes serán nombrados por los Ejecutivo para un mandato de dos años, que permite una renovación.
4. Los Procuradores Generales de los Estados y del Distrito Federal y Territorios podrán ser destituidos por mayoría absoluta de la Legislatura, en los términos de una ley complementaria respectiva.
5. Las leyes complementarias de la Unión y de los Estados, que podrán ser propuestas por los respectivos Fiscales Generales, establecerán la organización, los poderes y los estatutos de cada Ministerio Público, observando respecto de sus miembros:
   1. las siguientes garantías:
      1. la tenencia después de dos años en el cargo, capaz de perder sus posiciones sólo por una sentencia judicial que se ha convertido en definitiva e inapelable;
      2. la no transferibilidad, salvo por razones de interés público, por decisión del órgano colegiado competente del Ministerio Público, por mayoría absoluta de sus miembros, garantizando una defensa plena;
      3. irreductibilidad de la remuneración fija, establecida en el art. 39, §4°, y salvo lo dispuesto en los arts. 37, X y XI, 150, II, 153, III, 153, §2°, 244
   2. las siguientes prohibiciones:
      1. recibir, en cualquier cuenta y bajo cualquier pretexto, honorarios, porcentajes o costos judiciales;
      2. la práctica de la ley;
      3. participar en una empresa comercial, según por ley;
      4. realizar, aun cuando se encuentre en licencia, cualquier otra función pública, excepto la enseñanza;
      5. participar en actividades políticas
      6. recibir asistencia o contribuciones de personas físicas o entidades públicas o privadas bajo cualquier título o pretexto, salvo lo dispuesto por la ley.
6. El artículo 95, párrafo único, V, se aplica a los miembros del Ministerio Público.

Art 129

1. La facultad del Ministerio Público de interponer las acciones civiles previstas en este artículo no impedirá la presencia de terceros en los mismos casos previstos en la presente Constitución y por la ley.
2. Las funciones del Ministerio Público sólo podrán ser desempeñadas por personal de carrera, que deberá residir en el distrito judicial de sus respectivas asignaciones, salvo autorización del jefe de la institución.
3. Reclutamiento de servidores públicos
   El ingreso en la carrera del Ministerio Público se realizará mediante concurso público y comparación de credenciales profesionales, asegurando la participación del Colegio de Abogados de Brasil en dicha competencia y requerirá un título de abogado y un mínimo de tres años de actividades legales, observando el orden de clasificación para las citas.
4. En su caso, las disposiciones del art. 93 se aplican al Ministerio Público.
5. La distribución de los casos en el Ministerio Público será inmediata.

Art 130

Art 130-A

1. Los miembros del Consejo procedentes del Ministerio Público serán nombrados por los respectivos Ministerios Públicos, como provisto por ley.
2. El Consejo Nacional del Ministerio Público será responsable del control del funcionamiento administrativo y financiero del Ministerio Público y del desempeño de las funciones funcionales de sus miembros. Es responsable de:
   1. preservar la autonomía funcional y administrativa del Ministerio Público, poder dictar actos reglamentarios en su área de competencia, o recomendar medidas;
   2. observando el art. 37 y apreciar, de oficio o de demanda, la legalidad de los actos administrativos practicados por los miembros u órganos de los Ministerios Públicos de la Unión y de los Estados. El Consejo Nacional puede desocupar o revisar estos actos, o fijará un plazo en el que se adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento preciso de la ley, sin perjuicio de la competencia de los Tribunales de Cuentas;
   3. recibir y conocer las quejas de los miembros u órganos del Ministerio Público de la Unión y de los Estados, incluso en contra de sus servicios auxiliares, sin perjuicio de la competencia disciplinaria y correccional de la institución. El Consejo Nacional podrá asumir la jurisdicción sobre los procedimientos disciplinarios en curso para determinar la remoción, la licencia o la jubilación con salario o beneficios proporcionales al tiempo de servicio y aplicar otras sanciones administrativas, asegurando una defensa completa;
   4. revisar, de oficio o de oficio, procedimientos disciplinarios de miembros del Ministerio Público de la Unión o de los Estados decididos hace menos de un año;
   5. preparar un informe anual que proponga las medidas que considere necesarias con respecto a la situación del Ministerio Público en el País y las actividades del Consejo que formarán parte del mensaje previsto en el art. 84, XI.
3. Por votación secreta, el Consejo elegirá un Supervisor Nacional entre los miembros del Ministerio Público al que pertenezca. La reelección está prohibida. Tendrá las siguientes responsabilidades, además de las facultades que le confiere la ley:
   1. recibir quejas y denuncias de cualquier persona interesada respecto de los miembros del Ministerio Público y sus servicios auxiliares;
   2. desempeñar funciones ejecutivas del Consejo con respecto a la supervisión general de la inspección;
   3. requisar y designar a los miembros del Ministerio Público, delegándoles poderes y requisar a los empleados de los órganos del Ministerio Público.
4. El Presidente del Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brazil ejercerá oficio en el Consejo.
5. Las leyes estatales y federales crearán centros de quejas para el Ministerio Público, competentes para conocer de quejas y denuncias de cualquier persona interesada contra miembros u órganos del Ministerio Público, incluso contra sus servicios auxiliares, presentándolos directamente al Consejo Nacional del Ministerio Público.

Art 131

1. El jefe de la Defensoría General de la Unión es el Abogado General de la Unión, libremente nombrado por el Presidente de la República de entre los ciudadanos mayores de treinta y cinco años de edad, de notables conocimientos jurídicos y de reputación intachable.
2. Reclutamiento de servidores públicos
   La entrada en las fases iniciales de la carrera de la institución a que se refiere el presente artículo se efectuará mediante concursos públicos y la comparación de las credenciales profesionales.
3. Corresponde al Procurador General del Tesoro Nacional representar a la Unión en lo que respecta a la ejecución de los impuestos no pagados que le correspondan, como provisto por ley.

Art 132

Art 133

Art 134

1. Reclutamiento de servidores públicos
   Una ley complementaria organizará la Defensoría Pública de la Unión y del Distrito Federal y Territorios y establecerá las normas generales para su organización en los Estados, con puestos de carrera, llenados a nivel de entrada a través de concursos públicos y de comparación de profesionales Garantizando a sus miembros la garantía de no transferibilidad y prohibiendo la práctica de la ley fuera de sus funciones institucionales.
2. Se garantiza a los Defensores Públicos del Estado la autonomía funcional y administrativa y el derecho a iniciar su propia propuesta presupuestaria dentro de los límites establecidos en la ley de las directivas presupuestarias, sujeto a lo dispuesto en el art. 99, §2°
3. Las disposiciones del §2° se aplican a los Defensores Públicos de la Unión y del Distrito Federal.
4. Los principios institucionales de la Defensoría Pública son una unidad funcional, indivisible e independiente, aplicando también, cuando correspondan, las disposiciones del art. 93 y del subpárrafo II del art. 96 de esta Constitución Federal.

Art 135

Art 136

1. El Decreto por el que se instituya un estado de defensa determinará el plazo de su duración, especificará las zonas afectadas e indicará, dentro de los términos y límites de la ley, cuáles de las siguientes medidas coercitivas estarán en vigor:
   1. restricciones a los derechos de:
      1. asamblea, aun cuando se realice en las asociaciones;
      2. secreto de la correspondencia;
      3. Telecomunicaciones
         secreto de la comunicación telegráfica y telefónica;
   2. ocupación y uso temporal de bienes y servicios públicos en caso de calamidad pública, siendo la Unión responsable de los daños y gastos resultantes.
2. El estado de defensa no podrá exceder de treinta días y podrá prorrogarse una vez por un período idéntico si persisten los motivos que justifican el respectivo decreto.
3. Cuando esté en vigor un estado de defensa:
   1. la prisión por delito contra el Estado, determinada por la parte que ejecute la medida, será comunicada inmediatamente por dicha parte al juez competente, quien liberará al recluso si la prisión es ilegal; el preso puede solicitar el examen del corpus delicti de la autoridad policial;
   2. la comunicación deberá ir acompañada de una declaración de la autoridad sobre el estado físico y mental del detenido en el momento del arresto;
   3. ninguna persona podrá ser encarcelada o detenida por más de diez días, salvo autorización del Poder Judicial;
   4. se prohíbe el mantenimiento de un recluso en régimen de incomunicación.
4. Cuando se decrete o prorrogue un estado de defensa, el Presidente de la República someterá el acto con su respectiva justificación dentro de las veinticuatro horas al Congreso Nacional, que lo decidirá por mayoría absoluta.
5. Si en recreo, el Congreso Nacional será convocado extraordinariamente en un plazo de cinco días.
6. El Congreso Nacional examinará el decreto dentro de los diez días siguientes a su recepción y continuará funcionando mientras esté en vigor el estado de defensa.
7. Si el decreto es rechazado, el estado de defensa cesará inmediatamente.

Art 137

Art 138

1. En el caso del art. 137, I, un estado de sitio no puede ser decretado por más de treinta días, ni puede cada prolongación exceder un período similar; en el caso del párrafo II, se podrá decretar un estado de sitio durante todo el período de guerra o de agresión extranjera.
2. Periodos legislativos extraordinarios
   Si se solicita la autorización para decretar un estado de sitio durante un receso legislativo, el Presidente del Senado Federal convocará inmediatamente al Congreso Nacional para que se reúna en cinco días en sesión extraordinaria para examinar el acto.
3. El Congreso Nacional permanecerá en sesión hasta el término de las medidas coercitivas.

Art 139

Art 140

Art 141

Art 145

1. Siempre que sea posible, los impuestos serán personales y variarán con la capacidad económica del contribuyente. Para que estos objetivos sean efectivos, la administración tributaria podrá identificar el patrimonio, los ingresos y las actividades económicas del contribuyente, respetando los derechos individuales, según lo provisto por ley.
2. Las tasas no pueden calcularse sobre la misma base que los impuestos.

Art 146

Art 146-A

Art 147

Art 148

Art 149

1. Los Estados, el Distrito Federal y los Condados podrán instituir una contribución, recaudada de sus empleados, para financiar su régimen de seguridad social a que se refiere el art. 40, a una tasa no inferior a la contribución de los funcionarios que ocupan puestos efectivos en la Unión.
2. Las valoraciones sociales y la valoración de la intervención en el ámbito económico mencionadas en el encabezamiento de este artículo:
   1. no se percibirá sobre los ingresos de exportación;
   2. también se aplicará a la importación de productos o servicios extranjeros;
   3. las tarifas pueden ser:
      1. ad valorem, sobre la base de la factura, los ingresos brutos o el valor de la operación y, en el caso de las importaciones, el valor en aduana;
      2. específicos, basados en la unidad de medida adoptada.
3. Un importador individual puede ser tratado como el equivalente de una persona jurídica, según lo dispuesto por la ley.
4. La ley definirá las situaciones en que las cuotas se incurren sólo una vez.

Art 149-A

Art 150

1. La prohibición del inciso III, b, no se aplica a los impuestos previstos en los arts. 148, I; 153, I, II, IV y V; y 154, II; Y la prohibición del inciso III, c, no se aplica a los impuestos previstos en los arts. 148, I; 153, I, II, III y V; y 154, II, ni a la fijación de la base de cálculo de los impuestos previstos en los arts. 115, III; y 156, I.
2. La prohibición contenida en el inciso VI a se extiende a las autarquías y fundaciones instituidas y mantenidas por el Gobierno con respecto al patrimonio, los ingresos y los servicios relacionados con sus propósitos esenciales.
3. Las prohibiciones contenidas en el inciso VI, a, y en el párrafo anterior no se aplican al patrimonio, ingresos y servicios relacionados con la explotación de actividades económicas reguladas por las normas que rigen para empresas privadas o para empresas en las que los usuarios prestan Una contraprestación o pago de precios o tarifas, ni exime a quien haya acordado comprar una propiedad de la obligación de pagar el impuesto sobre la misma.
4. Las prohibiciones contenidas en el subpárrafo VI, incisos b y c, comprenden únicamente el patrimonio, los ingresos y los servicios relacionados con el propósito esencial de las entidades que en él se mencionan.
5. La ley determinará medidas de clarificación de los consumidores sobre los impuestos que graven los bienes y servicios.
6. Cualquier subsidio o exención, reducción de la base de cálculo, concesión de crédito presumido, amnistía o condonación que implique impuestos, honorarios o gravámenes, puede ser otorgado solamente a través de una ley federal, estatal o de condado específica que regula exclusivamente lo arriba mencionado Materia o impuesto o gravamen correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 155, §2°, XII, g.
7. Una ley puede imponer responsabilidad al contribuyente por el pago de un impuesto o gravamen cuyo hecho imponible pueda ocurrir después, asegurando la restitución inmediata y preferencial del monto pagado en caso de que no ocurra el supuesto hecho impuesto.

Art 151

Art 152

Art 153

1. El Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta las condiciones y límites establecidos por la ley, podrá modificar los tipos de los impuestos establecidos en los incisos I, II, IV y V.
2. El impuesto previsto en el apartado III:
   1. se basará en criterios de generalidad, universalidad y progresividad, según provisto por ley;
   2. derogado.
3. El impuesto previsto en el apartado IV:
   1. ser selectivo, basado en la esencialidad del producto;
   2. será no acumulativa, con una compensación contra el impuesto adeudado en cada transacción del monto imputado en transacciones anteriores;
   3. no se impondrán a los productos industrializados destinados a la exportación.
   4. tendrá un impacto reducido en la adquisición de bienes de capital por parte del contribuyente, según provisto por ley.
4. El impuesto provisto en el punto VI del título:
   1. será progresiva y sus tarifas se fijarán de manera que desincentive el mantenimiento de las propiedades improductivas;
   2. no se percibirán sobre las pequeñas propiedades rurales, según lo definido por la ley, cuando sean trabajadas por el propietario si no posee ningún otro bien inmueble;
   3. serán supervisados ​​y cobrados por los Condados que opten por hacerlo, según lo dispuesto por ley, siempre y cuando ello no implique una reducción del impuesto o cualquier otra forma de exención fiscal.
5. El oro, cuando se defina por ley como activo financiero o como instrumento de divisas, estará sujeto exclusivamente al impuesto mencionado en el subpárrafo V del encabezamiento de este artículo, el cual será adeudado en la transacción original; la tasa mínima será del uno por ciento, asegurando la transferencia de la cantidad recaudada en los siguientes términos:
   1. treinta por ciento al Estado, Distrito Federal o Territorio, dependiendo del origen;
   2. setenta por ciento al Municipio de origen.

Art 154

Art 155

1. El impuesto previsto en el apartado I:
   1. puede ser impuesto, con respecto a bienes inmuebles y sus derechos respectivos, por el Estado o Distrito Federal donde se encuentre la propiedad;
   2. podrán ser impuestas, por lo que respecta a bienes muebles, valores y créditos, por el Estado o el Distrito Federal donde el inventario o programa esté probado o el domicilio del donante;
   3. tendrá su jurisdicción regulada por una ley complementaria:
      1. si el donante tiene su domicilio o residencia en el extranjero;
      2. si el fallecido era un residente extranjero o domiciliario, poseía bienes en el extranjero o tenía un inventario probado en el extranjero;
   4. tendrá sus tasas máximas fijadas por el Senado Federal.
2. El impuesto previsto en el apartado II se ajustará a lo siguiente:
   1. será no acumulativa, con una compensación contra el impuesto adeudado por cada transacción de circulación de bienes o prestación de servicios por el monto cobrado sobre los anteriores por el mismo Estado, por otro Estado o por el Distrito Federal;
   2. exención o no incidencia, a menos que se determine lo contrario en la legislación:
      1. no implicará un crédito para compensar el importe adeudado en las operaciones o ejecuciones posteriores;
      2. llevará consigo la anulación de créditos por operaciones anteriores;
   3. puede ser selectivo, dependiendo de la esencialidad de la mercancía o servicios;
   4. una resolución del Senado Federal, por iniciativa del Presidente de la República o de un tercio de los Senadores, aprobada por mayoría absoluta de sus miembros, fijará las tarifas aplicables a las transacciones y ejecuciones interestatales y de exportación;
   5. el Senado Federal podrá:
      1. establecer tasas mínimas para las operaciones internas, mediante resolución por iniciativa de un tercio y aprobada por mayoría absoluta de sus miembros;
      2. fijar tasas máximas para las mismas transacciones para resolver conflictos específicos relacionados con intereses de los Estados, mediante resolución por iniciativa de la mayoría absoluta y aprobada por dos tercios de sus miembros;
   6. salvo exista una decision contraria por los Estados y el Distrito Federal, en los términos del inciso XII, g, las tasas intraestatales de circulación de bienes y prestación de servicios no podrán ser inferiores a las establecidas para las transacciones interestatales;
   7. para las transacciones y rendimientos de bienes y servicios a un consumidor final situado en otro Estado, sea o no el contribuyente, se adopte la tasa interestatal y corresponderá al Estado donde el receptor se encuentre Diferencia entre la tasa interna del Estado y la tasa interestatal;
      1. derogado;
      2. derogado.
   8. responsabilidad por la recaudación del impuesto correspondiente a la diferencia entre la tasa interna y la tasa interestatal tratada en el inciso VII será atribuida a:
      1. el beneficiario cuando el contribuyente;
      2. el remitente cuando el destinatario no sea contribuyente;
   9. se impondrán también:
      1. a la entrada de bienes o mercancías importados del extranjero por una persona física o jurídica, aunque no sea un contribuyente habitual, independientemente de su finalidad, así como de los servicios prestados en el extranjero, imputándose al Estado donde el domicilio o domicilio del establecimiento del destinatario de la mercancía, bienes o servicios;
      2. sobre el valor total de la transacción, cuando la mercancía esté amueblada con servicios no incluidos en la capacidad impositiva de los municipios;
   10. no se impondrán:
       1. sobre las operaciones de transferencia de mercancías al exterior, ni sobre los servicios prestados a los extranjeros, garantizando el mantenimiento y la utilización del importe del impuesto percibido en transacciones y servicios anteriores;
       2. en las operaciones de transferencia a otros Estados del petróleo, incluidos los lubricantes, los combustibles líquidos y gaseosos derivados del petróleo y la energía eléctrica;
       3. sobre el oro, en la situación definida en el art. 153, §5°;
       4. la realización de servicios de comunicación en emisión de sonidos e imágenes con sonido para recepción gratuita y gratuita;
   11. no incluirá en su base de cálculo el monto del impuesto sobre productos industrializados, cuando la transacción entre contribuyentes involucre un producto destinado a industrialización o comercialización y constituya el evento contribuyente para ambos impuestos;
   12. una ley complementaria debe:
       1. definir a sus contribuyentes;
       2. tratar la sustitución de impuestos;
       3. regular el régimen de compensación de impuestos;
       4. establecer la locación de transacciones y circulación de bienes y prestación de servicios para la recaudación del impuesto y definición del establecimiento responsable;
       5. en las exportaciones al exterior excluir de la incidencia de los servicios y productos tributarios distintos de los mencionados en el inciso X, A;
       6. prever el mantenimiento de un crédito por servicios y mercancías enviados a otros Estados y exportados al exterior;
       7. regular la forma en que las exenciones fiscales, incentivos y beneficios serán otorgados y revocados por resoluciones de los Estados y del Distrito Federal.
       8. definir combustibles y lubricantes sobre los cuales el impuesto se impondrá una sola vez, independientemente del uso final, en cuyo caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso X, B;
       9. fijar las bases de cálculo de modo que el impuesto recaiga sobre la totalidad del importe, así como sobre la importación desde el extranjero del bien, mercancía o servicio.
3. Telecomunicaciones
   Con excepción de los impuestos a que se refiere el inciso II del encabezamiento de este artículo y en el art. 153, I y II, no se impondrá otro impuesto sobre transacciones que impliquen energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, subproductos del petróleo, combustibles y minerales del país.
4. En el caso del inciso XII, h, se observará lo siguiente:
   1. en las transacciones relacionadas con lubricantes y combustibles derivados del petróleo, el impuesto se asignará al Estado donde se produzca el consumo;
   2. en las operaciones interestatales entre contribuyentes que impliquen gas natural y sus subproductos y lubricantes y combustibles no incluidos en el inciso I del presente párrafo, el impuesto se repartirá entre los Estados de origen y de destino, manteniendo la misma proporción que ocurre en transacciones con otras mercancías;
   3. en las transacciones interestatales que impliquen gas natural y sus subproductos y lubricantes y combustibles no incluidos en el inciso I de este párrafo, y destinados al no contribuyente, el impuesto pertenecerá al Estado de origen;
   4. los tipos del impuesto se definirán por determinación de los Estados y del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en §2°, XII, g, observando lo siguiente:
      1. serán uniformes en todo el territorio nacional, pero podrán diferenciarse por producto;
      2. pueden ser específicas por unidad de medida adoptada o ad valorem, gravadas sobre el valor de la transacción o sobre el precio del producto o su similar en ventas libremente competitivas;
      3. Pueden ser reducidos y restablecidos, lo dispuesto en el art. 150, III, b, siendo inaplicable.
5. Las normas necesarias para la aplicación de las disposiciones de §4°, incluidas las relativas al destino del impuesto, se establecerá por determinación de los Estados y del Distrito Federal de conformidad con §2°, XII, g.
6. El impuesto previsto en el apartado III:
   1. tendrán tarifas mínimas fijadas por el Senado Federal;
   2. tendrá tarifas diferenciadas de acuerdo con el tipo y la utilización.

Art 156

1. Sin perjuicio de la progresividad en el tiempo a que se refiere el art. 182, §4°, párrafo II, el impuesto previsto en el apartado I puede:
   1. ser progresivo de acuerdo con el valor de la propiedad real; y
   2. tener tasas diferentes de acuerdo con la localización y uso del inmueble.
2. El impuesto previsto en el apartado II:
   1. no se impondrá la transferencia de bienes o derechos incorporados al patrimonio de una persona jurídica para el pago de su capital, ni sobre la transmisión de bienes o derechos derivados de la fusión, incorporación, escisión o disolución de una persona jurídica, a menos que, en tales casos, la actividad preponderante del adquirente sea la compra y venta de dichos bienes o derechos, el arrendamiento de bienes inmuebles o arrendamiento mercantil;
   2. va al condado donde se encuentra la propiedad.
3. Con respecto al impuesto previsto en el inciso II del encabezamiento de este artículo, una ley complementaria debe:
   1. establecer tasas máximas y mínimas;
   2. excluir de su aplicación las exportaciones de servicios;
   3. regular la forma y condiciones, así como las exenciones fiscales, incentivos y beneficios que se otorguen y deroguen.
4. Derogado.

Art 157

Art 158

Art 159

1. A efectos del cálculo de la cantidad a devolver en virtud del inciso I, la parte de la recaudación del impuesto sobre los ingresos y ganancias de cualquier naturaleza perteneciente a los Estados, al Distrito Federal y a los Condados conforme a los arts. 157, I, y 158, I, serán excluidos.
2. Ninguna unidad de la federación podrá recibir una participación superior al veinte por ciento del monto a que se refiere el inciso II y todo excedente se distribuirá entre los demás participantes, manteniendo los criterios de reparto establecidos en el mismo.
3. Los Estados entregarán a los respectivos Condados el veinticinco por ciento de los fondos que reciban en los términos del inciso II, observando los criterios establecidos en el art. 158, párrafo único, I y II.
4. El veinticinco por ciento del monto de los fondos a que se refiere el inciso III que pertenezcan a cada Estado se destinará a los Municipios, conforme a lo dispuesto por la ley a que se refiere el literal mencionado.

Art 160

Art 161

Art 162

Art 163

Art 164

1. Se prohíbe al Banco Central otorgar, directa o indirectamente, préstamos al Tesoro Nacional ya cualquier organismo o entidad que no sea una institución financiera.
2. Para regular la oferta monetaria o los tipos de interés, el Banco Central puede comprar y vender valores emitidos por el Tesoro Nacional.
3. Los saldos en efectivo de la Unión se depositarán en el Banco Central; Los saldos de caja de los Estados, del Distrito Federal, de los Municipios, de los agencias o entidades gubernamentales y de las sociedades controladas por el Gobierno se depositarán en las instituciones financieras oficiales, salvo en los casos establecidos por la ley.

Art 165

1. La ley que instituye el plan multi-anual establecerá, a nivel regional, las directivas, objetivos y metas de la administración pública federal para los gastos de capital y otros gastos resultantes de los mismos y para los programas continuos.
2. La ley de las directivas presupuestarias contendrá los objetivos y prioridades de la administración pública federal, incluyendo los gastos de capital para el siguiente año fiscal, guiará la preparación de la ley presupuestaria anual, preverá cambios en la legislación fiscal y establecerá la políticas de inversión para los agencias oficiales de financiación del desarrollo.
3. El Poder Ejecutivo publicará, dentro de los treinta días siguientes al cierre de cada período de dos meses, un informe en el que se resumirá la ejecución del presupuesto.
4. Los planes y programas nacionales, regionales y sectoriales previstos en la presente Constitución se prepararán de conformidad con el plan multi-anual y serán examinados por el Congreso Nacional.
5. La ley presupuestaria anual incluirá:
   1. el presupuesto fiscal de las Sucursales de la Unión, sus fondos, organismos y entidades de administración directa e indirecta, incluidas las fundaciones instituidas y mantenidas por el Gobierno;
   2. el presupuesto de inversión para las sociedades en que la Unión posea, directa o indirectamente, la mayoría del capital con derecho a voto;
   3. el presupuesto de seguridad social, que abarca todas las entidades y organismos de administración directa o indirecta relacionados con la seguridad social, así como los fondos y fundaciones instituidos y mantenidos por el Gobierno.
6. El proyecto de presupuesto irá acompañado de una demostración regionalizada del efecto sobre los ingresos y los gastos resultantes de exenciones, amnistías, remisiones, subvenciones y beneficios de naturaleza financiera, tributaria y crediticia.
7. Los presupuestos establecidos en los párrafos §5°, I y II de este artículo, compatibles con el plan plurianual, incluirán entre sus funciones la reducción de las desigualdades interregionales de acuerdo con los criterios de población.
8. La ley presupuestaria anual no contendrá disposiciones extrañas que no representen una previsión de ingresos y establecimiento de gastos, pero dicha prohibición no incluye la autorización para crear créditos suplementarios y pedir dinero prestado, incluso anticipando los ingresos, como provisto por ley;
9. Una ley complementaria:
   1. determinar la efectividad y los términos del ejercicio, la preparación y organización del plan plurianual, la ley de las directrices presupuestarias y la ley presupuestaria anual;
   2. establecer normas de gestión financiera y patrimonial por la administración directa e indirecta, así como las condiciones para la institución y funcionamiento de los fondos.
   3. establecer criterios para la ejecución equitativa, así como los procedimientos, que se adoptarán cuando existan impedimentos jurídicos y técnicos, la terminación de lo que queda por pagar y las limitaciones a la programación obligatoria, para la realización de lo provisto en §11° del art. 166.

Art 166

1. Comisiones legislativas
   Un Comité Mixto Permanente de Senadores y Diputados será responsable de:
   1. examinar y emitir su dictamen sobre los proyectos de ley a que se refiere este artículo y sobre las cuentas anuales presentadas por el Presidente de la República;
   2. examinar y emitir su dictamen sobre los planes y programas nacionales, regionales y sectoriales previstos en la presente Constitución, y vigilar y supervisar el presupuesto, sin perjuicio de la actividad de las demás comisiones del Congreso Nacional y de sus Cámaras, Conformidad con el art. 58.
2. Las enmiendas se someterán a la Comisión Mixta, que emitirá su dictamen sobre ellas y será examinada, de conformidad con las normas internas, por el Pleno de las dos Cámaras del Congreso Nacional.
3. Las enmiendas al proyecto de presupuesto anual oa las leyes que lo modifiquen sólo podrán aprobarse si:
   1. son compatibles con el plan multi-anual y con la ley de las directivas presupuestarias;
   2. especifiquen los fondos necesarios, los cuales sólo pueden deberse a la eliminación de los gastos, excluyendo los que se refieren a:
      1. los créditos para personal y sus costos indirectos;
      2. el servicio de la deuda;
      3. transferencias tributarias constitucionales a los Estados, Condados y Distrito Federal; o
   3. están relacionados:
      1. a la corrección de errores u omisiones; o
      2. a las disposiciones del texto del proyecto de ley.
4. Las enmiendas al proyecto de ley sobre las directivas presupuestarias no podrán aprobarse si son incompatibles con el plan multi-anual.
5. El Presidente de la República podrá enviar un mensaje al Congreso Nacional en el que se proponga la modificación de los proyectos de ley a que se refiere este artículo, siempre que el Comité Mixto no haya comenzado a votar la parte por la que se proponga un cambio.
6. Los proyectos de ley sobre el plan multi-anual, las directrices presupuestarias y el presupuesto anual serán presentados por el Presidente de la República al Congreso Nacional de conformidad con la ley complementaria a que se refiere el art. 165, §9°.
7. En la medida en que no entren en conflicto con las disposiciones de esta sección, las demás normas sobre procedimiento legislativo se aplican a los proyectos de ley mencionados en este artículo.
8. Los fondos que, como consecuencia de un veto, modificación o rechazo de la propuesta presupuestaria anual, no tengan gastos correspondientes, podrán utilizarse, en su caso, mediante créditos especiales o suplementarios, con autorización legislativa previa y específica.
9. Enmiendas individuales al proyecto de ley de presupuesto será aprobado con un límite del 1,2% (uno y dos décimos por ciento) de los ingresos netos corrientes proyectados en el proyecto enviado por el Ejecutivo, pero la mitad de este límite porcentual será destinado a acciones y servicios de salud pública.
10. Ejecución de la cantidad destinada a acciones y servicios de salud pública provistos en el § 9o, incluidos los costos, se computarán para el cumplimiento del inciso I del §2° del art. 198, que prohíbe el uso para el pago de personal o cargos sociales.
11. Ejecución de la programación presupuestaria y financiera que se refiere el § 9o del presente artículo es obligatorio, correspondiente al 1,2% (uno y dos décimos por ciento) de la red de los ingresos corrientes recaudados en el período anterior, de con los criterios para la ejecución equitativa de la programación definida en la ley complementaria prevista en el §9 o del art. 165.
12. Ejecución de la programación presupuestaria prevista en el §9° del presente artículo no será obligatorio en los impedimentos de orden técnico.
13. Cuando la transferencia obligatoria de la Unión para su ejecución de la programación prevista en §11° de este artículo es destinada a los Estados, Distrito Federal y Condados, la transferencia será independiente del desempeño por parte de la entidad federativa y no formarán parte de la base para cálculo de los ingresos corrientes netos para la aplicación de los límites sobre los gastos de personal tratados en el párrafo inicial del art. 169.
14. En caso de impedimento técnico para la asignación de gastos que componen la programación, en la forma de §11 del artículo, se adoptarán las siguientes medidas:
    1. dentro de 120 (ciento veinte días) después de la publicación De la Ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Pública Remitirá a la Legislatura las justificaciones para la impedimento;
    2. dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la terminación del período provisto en el inciso I, la Asamblea Legislativa indica al Poder Ejecutivo la reorganización de la programación cuyo impedimento no puede ser superado;
    3. para el 30 de septiembre o dentro de los 30 (treinta) días, tras la terminación del período previsto en el párrafo III, el Ejecutivo enviará un borrador de una ley sobre el re-manejo de la programación cuyo impedimento no puede ser superado;
    4. si, para el 20 de noviembre o dentro de los 30 (treinta) días después del final del período previsto en el en el inciso III, el Congreso Nacional no considere el proyecto de ley, una nueva manipulación será implementada por la Ley Ejecutiva, de acuerdo con los términos provistos para la ley de presupuesto.
15. Después del período previsto en el inciso IV del §14°, la ejecución de la programación presupuestaria prevista en § 11° no son obligatorias en los casos de impedimentos justificados en la notificación prevista en el inciso I del §14°.
16. Lo que queda por pagar se considerará para efectos de la ejecución financiera provistos en §11, hasta un límite del 0,6% (seis décimas del uno por ciento) de los ingresos netos corrientes realizados en el ejercicio fiscal anterior.
17. Si se verifica que la reestimación de los ingresos y gastos puede dar lugar al incumplimiento de la meta fiscal establecida en el Derecho de las directivas presupuestarias, el importe previsto en el §11° de este artículo podrá reducirse hasta la misma la limitación del total de los gastos discrecionales.
18. La ejecución de la programación obligatoria se considerará equitativa si se trata de las enmiendas presentadas de manera igualitaria e impersonal, independientemente de la autoría.

Art 167

1. Ninguna inversión cuya ejecución se extienda más allá de un año fiscal podrá iniciarse sin previa inclusión en el plan plurianual o sin una ley que autorice tal inclusión, bajo pena de impugnación.
2. Los créditos especiales y extraordinarios estarán en vigor en el ejercicio fiscal en que estén autorizados, a menos que el acto que los autorice se promulgue durante los últimos cuatro meses de ese año fiscal, en cuyo caso los límites de sus balances reabiertos se incorporarán al presupuesto del ejercicio siguiente.
3. Sólo se permitirá la apertura de créditos extraordinarios para sufragar gastos imprevisibles y urgentes, como los resultantes de la guerra, la conmoción interna o la calamidad pública, observando lo dispuesto en el art. 62.
4. Atar los propios ingresos generados por los impuestos a que se refieren los arts. 155 y 156, y de los recursos a que se refieren los arts. 157, 158 y 159, I, a y b, y II, se permite como garantía o contragarantía al sindicato y para el pago de las deudas con él.
5. Referencias a la ciencia
   La reclasificación, la reasignación o la transferencia de recursos de una categoría de programación a otra serán admisibles en el ámbito de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, con el propósito de hacer viables los resultados de proyectos restringidos a estas funciones, a través de un acto ejecutivo, sin necesidad de la previa autorización legislativa prevista en el inciso VI del presente artículo.

Art 168

Art 169

1. La concesión de cualquier ventaja o aumento de la retribución, la creación de oficinas, puestos de trabajo y puestos, o cambios en la estructura de carrera, así como la admisión o contratación de personal de cualquier título, por organismos y entidades de administración directa o indirecta, incluidas las fundaciones creadas y mantenidas por el Gobierno, sólo podrán realizarse:
   1. si existe una asignación presupuestaria previa suficiente para cubrir los gastos estimados de personal y los aumentos que se deriven de los mismos;
   2. si existe una autorización específica en la ley de las directivas presupuestarias, con excepción de las empresas públicas y las sociedades de capital mixto.
2. Una vez ejecutado el plazo establecido en la ley complementaria a que se refiere este artículo para la adopción de los parámetros aquí previstos, todas las remesas de fondos federales o estatales a los Estados, Distrito Federal y Condados que no cumplan con los límites mencionados Inmediatamente suspendido.
3. Para el cumplimiento de los límites establecidos como base de este artículo, la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios adoptarán las medidas siguientes durante el período fijado en la ley complementaria a que se refiere el encabezamiento:
   1. reducción de por lo menos veinte por ciento en gastos para oficinas de la comisión y posiciones de confianza;
   2. despido de funcionarios no titulares.
4. Si las medidas adoptadas sobre la base del párrafo anterior son insuficientes para asegurar el cumplimiento de las determinaciones de la ley complementaria a que se refiere este artículo, los funcionarios públicos permanentes pueden perder su cargo, siempre y cuando el acto normativo motivador de cada una de las sucursales especifica la actividad funcional o agencia administrativa o unidad que es objeto de la reducción de personal.
5. El funcionario que pierda su cargo de conformidad con el párrafo anterior tendrá derecho a una indemnización equitativa correspondiente a un mes de remuneración por cada año de servicio.
6. Las oficinas eliminadas de conformidad con los párrafos anteriores se considerarán extinguidas. Queda prohibida la creación de oficinas, puestos de trabajo o cargos con poderes iguales o similares por un período de cuatro años.
7. La ley federal establecerá las normas generales que deben respetarse para la aplicación de las disposiciones de §4°.

Párrafo único

Párrafo único

Párrafo único

Párrafo único

Párrafo único

Párrafo único

Art 194

Art 195

1. Los ingresos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios destinados a la seguridad social se incluirán en sus respectivos presupuestos y no formarán parte del presupuesto de la Unión.
2. La propuesta de presupuesto de seguridad social será elaborada conjuntamente por los organismos responsables de la salud, la seguridad social y la asistencia social, teniendo en cuenta los objetivos y prioridades establecidos en la ley de las directivas presupuestarias, asegurando a cada zona la gestión de sus fondos.
3. Toda persona jurídica que adeude dinero al sistema de seguridad social, según lo establecido por la ley, no podrá contraer con el Gobierno ni recibir prestaciones ni incentivos fiscales o crediticios.
4. La ley puede instituir otras fuentes para garantizar el mantenimiento o expansión de la seguridad social, observando lo dispuesto en el art. 154, I.
5. No podrá crearse, aumentarse ni ampliarse ningún beneficio o servicio de seguridad social sin una fuente de financiación completa correspondiente.
6. Las cotizaciones sociales a que se refiere este artículo sólo podrán percibirse noventa días después de la fecha de publicación de la ley que las instituyó o modificó y las disposiciones del art. 150, III, b no se les aplicarán.
7. Las entidades benéficas de asistencia social que cumplan los requisitos establecidos por la ley están exentas de las cuotas de la seguridad social.
8. Los productores rurales, los co-aseguradores, los aparceros y los pescadores autónomos, así como sus respectivos cónyuges, que llevan a cabo sus actividades como empresa familiar sin empleados permanentes, contribuyen a la seguridad social mediante la aplicación de una tasa al producto de la comercialización de su producción y tendrán derecho a beneficios, según lo dispuesto por la ley.
9. Las evaluaciones previstas en el inciso I del presente artículo pueden tener tasas diferenciadas o bases de cálculo de acuerdo con la actividad económica, la utilización intensiva de la mano de obra, el tamaño de la empresa o la condición estructural del mercado laboral.
10. La ley definirá los criterios para la transferencia de fondos para el sistema unificado de acciones de salud y asistencia social de la Unión para los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, y de los Estados para los Municipios, observando las respectivas contrapartes de los fondos.
11. Queda prohibida la concesión de condonación o amnistía por las cuotas a que se refieren los incisos I, a y II del presente artículo por deudas superiores a las fijadas por la ley complementaria.
12. La ley definirá los sectores de actividad económica de modo que las cotizaciones previstas en los apartados I, b y IV de la partida no sean acumulativas.
13. La disposición del artículo §12° se aplica en caso de sustitución gradual, total o parcial de la cotización percibida en la forma del inciso I, a al recibir o [emitir] una factura.

Art 196

Art 197

Art 198

1. El sistema de salud unificado se financiará, en los términos del art. 195, con fondos del presupuesto de seguridad social de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como otras fuentes.
2. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios aplicarán anualmente en actividades y servicios de salud pública un mínimo de los fondos derivados de la aplicación de porcentajes calculados sobre:
   1. en el caso de la Unión, los ingresos corrientes netos del ejercicio fiscal respectivo no podrán ser inferiores al 15% (quince por ciento);
   2. en el caso de los Estados y el Distrito Federal, el monto de recaudación tributaria a que se refiere el art. 155 y los fondos a que se refieren los arts. 157 y 159, inciso I, a, y inciso II, deduciendo los importes transferidos a los respectivos Municipios;
   3. en el caso de los Condados y el Distrito Federal, el monto de recaudación tributaria a que se refiere el art. 156 y los fondos a que se refieren los arts. 158 y 159, inciso I, letra b, y §3°.
3. Una ley complementaria, que será reevaluada por lo menos cada cinco años, establece:
   1. los porcentajes a que se refieren los incisos II y III de §2°
   2. los criterios de asignación de los fondos de la Unión relacionados con la salud destinados a los Estados, al Distrito Federal y los Municipios, ya los Estados destinados a sus respectivos Municipios, con el objetivo de reducir progresivamente las disparidades regionales;
   3. las reglas de supervisión, evaluación y control de los gastos de salud en los ámbitos federal, estatal, distrital y de los municipios;
   4. derogado.
4. Los administradores locales del sistema de salud unificado deberán admitir a los agentes comunitarios de salud y agentes de lucha contra las enfermedades endémicas mediante un procedimiento de selección pública, de acuerdo con la naturaleza y complejidad de sus competencias y requisitos específicos para su funcionamiento.
5. La ley federal establecerá el régimen jurídico, el salario mínimo nacional profesional, las directivas para los planes de carrera y la regulación de las actividades de los agentes comunitarios de salud y agentes para el control de enfermedades endémicas, con la Unión, de conformidad con la ley, Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, por la ejecución del referido salario mínimo.
6. Además de los casos previstos en el artículo §1° del art. 41 y §4° del art. 169 de la Constitución Federal, los empleados que ejerzan funciones equivalentes a agentes comunitarios de salud o agentes para el combate de enfermedades endémicas pueden perder sus puestos por incumplimiento de requisitos específicos, fijados por ley, para dicho ejercicio.

Art 199

1. Las instituciones privadas podrán participar de forma complementaria en el sistema de salud unificado, de conformidad con sus directivas, mediante contratos o convenios de derecho público, con preferencia por entidades filantrópicas y sin ánimo de lucro.
2. Queda prohibida la asignación de fondos públicos para ayudar o subsidiar instituciones privadas con ánimo de lucro.
3. Queda prohibida la participación directa o indirecta de empresas extranjeras o de capital en asistencia sanitaria en el país, salvo en los casos provistos por ley.
4. La ley establecerá las condiciones y requisitos para facilitar la extracción de órganos, tejidos y sustancias humanos para trasplantes, investigación y tratamiento, así como la recolección, procesamiento y transfusión de sangre y sus subproductos, prohibiendo todo tipo de comercialización.

Art 200

Art 201

1. Se prohíbe la adopción de requisitos y criterios diferenciados para la concesión de prestaciones de jubilación a los beneficiarios del régimen general de seguridad social, salvo en el caso de actividades realizadas en condiciones especiales que perjudiquen la salud o la integridad física y de los asegurados discapacitados, como se define por ley complementaria.
2. Ningún beneficio que sustituya al sueldo o ganancias de aportación del trabajo del asegurado tendrá un valor mensual inferior al salario mínimo.
3. Todos los salarios de contribución incluidos en el cálculo de las prestaciones se actualizarán debidamente, según provisto por ley.
4. El reajuste de los beneficios para mantener su valor real permanentemente se asegura de acuerdo con los criterios definidos por la ley.
5. Está prohibido que a una persona que participe en su propio régimen de seguridad social afiliarse al régimen general de seguridad social como asegurado opcional.
6. La bonificación de Navidad de los jubilados y pensionistas se basará en el valor de los ingresos en el mes de diciembre de cada año.
7. La jubilación en el régimen general de seguridad social está garantizada, según lo dispuesto por la ley, cumpliendo las siguientes condiciones:
   1. contribuciones por treinta y cinco años si son varones, y treinta años, si son mujeres;
   2. sesenta y cinco años de edad, si es hombre, y sesenta años de edad, si es mujer, este límite de edad se reduce en cinco años para los trabajadores rurales de ambos sexos y para aquellos que realizan actividades económicas en familia, incluidos los productores rurales, los mineros de placer y los pescadores autónomos.
8. Los requisitos a que se refiere el inciso I del párrafo anterior se reducirán en cinco años para los docentes que se dedican exclusivamente al desempeño efectivo de las funciones docentes en la enseñanza preescolar, primaria y secundaria.
9. A efectos de jubilación, se garantiza que los períodos de cotización en la administración pública y en la actividad privada, tanto rurales como urbanos, se tendrán en cuenta recíprocamente, en cuyo caso los distintos sistemas de seguridad social se compensarán financieramente, según los criterios establecidos por la ley.
10. La ley regulará la cobertura de los riesgos derivados de los accidentes del trabajo, los cuales serán previstos simultáneamente por el régimen general de seguridad social y por el sector privado.
11. Los ingresos habituales del trabajador, cualquiera que sea su naturaleza, se incluirán en el salario a efectos de las cotizaciones a la seguridad social y, por consiguiente, repercutirán en las prestaciones, en los casos y de conformidad con las disposiciones de la ley.
12. La ley establecerá un régimen especial para la inclusión en la seguridad social de los trabajadores de bajos ingresos y de aquellos que no tengan ingresos propios, que se dediquen exclusivamente al trabajo doméstico dentro de sus hogares, siempre que sean miembros de familias de bajos ingresos, garantizándoles el acceso a prestaciones iguales a un salario mínimo.
13. El régimen especial de inclusión en la seguridad social a que se a §12° del presente artículo tendrá tasas y deducciones inferiores a las que se aplican a los demás asegurados en el régimen general de seguridad social.

Art 202

1. La ley complementaria a que se refiere el presente artículo debe asegurar a los participantes en entidades privadas de seguridad social con información completa sobre la gestión de sus respectivos
2. Las cotizaciones patronales, prestaciones y condiciones contractuales previstas en los estatutos, reglamentos y planes de prestaciones de las entidades privadas de seguridad social no se integrarán en los contratos de trabajo de los participantes ni se integrarán en la remuneración de los participantes, con excepción de los beneficios concedidos, según provisto por ley.
3. Queda prohibida la financiación de las entidades privadas de seguridad social por la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, sus autarquías, fundaciones, empresas públicas, sociedades de capital mixto y otras entidades públicas, salvo en su calidad de patrocinador. En tal situación, en ningún caso su contribución normal podrá ser superior a la del asegurado.
4. Una ley complementaria regulará las relaciones entre la Unión, los Estados, el Distrito Federal o los Municipios, incluidas sus autarquías, fundaciones, sociedades de capital mixto y empresas controladas directa o indirectamente cuando patrocinadores de entidades privadas de seguridad social cerradas y sus respectivas firmas.
5. Una ley complementaria relacionada con el párrafo anterior se aplicará, cundo proceda, a patrocinadores de entidades privadas que posean permisos o concesiones para la prestación de servicios públicos.
6. La ley complementaria a que se refiere el artículo §4° del presente artículo establecerá los requisitos para la designación de funcionarios de entidades privadas privadas de seguridad social y regulará la inscripción de los participantes en los grupos colegiados y los casos de decisión en los que sus intereses sean objeto de debate y deliberación.

Art 203

Art 204

Art 205

Art 206

Art 207

1. A las universidades se les permite contratar profesores, técnicos y científicos extranjeros, según provisto por ley.
2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a las instituciones de investigación científica y tecnológica.

Art 208

1. El acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita es un derecho público subjetivo.
2. El hecho de que el Gobierno no ofrezca la enseñanza obligatoria ni la ofrezca irregularmente implica responsabilidad de la autoridad competente.
3. El Gobierno tiene la responsabilidad de realizar un censo de los estudiantes de la escuela primaria, de asistir a la escuela y de asegurarse, junto con los padres o tutores, de que los estudiantes asistan a la escuela.

Art 209

Art 210

1. La educación religiosa será un curso opcional durante el horario normal de clases en las escuelas primarias públicas.
2. Protección del uso del idioma
   La enseñanza primaria regular se impartirá en lengua portuguesa, garantizando asimismo a las comunidades indígenas el uso de sus idiomas nativos y sus propios procedimientos de aprendizaje.

Art 211

1. La Unión organizará el sistema educativo federal y el de los territorios financiará las instituciones de educación pública federal y ejercerá una función redistributiva y suplementaria en materia educativa, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades educativas y un nivel mínimo de calidad educativa a través de asistencia técnica y financiera a los Estados, Distrito Federal y Municipios.
2. Los condados actuarán con carácter prioritario en la enseñanza primaria y preescolar.
3. Los Estados y el Distrito Federal actuarán con carácter prioritario en la enseñanza primaria y secundaria.
4. En la organización de sus sistemas educativos, la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Condados definirán formas de colaboración, a fin de asegurar la universalidad de la educación obligatoria.
5. La enseñanza primaria pública dará prioridad a la enseñanza regular.

Art 212

1. A los efectos del cálculo provisto en este artículo, los ingresos fiscales transferidos de la Unión a los Estados, al Distrito Federal ya los Condados, ni a los Estados a sus respectivos Municipios, no se considerarán ingresos del Gobierno que hace la transferencia.
2. A los fines de cumplir con el encabezamiento de este artículo, los sistemas educativos federales, estatales y del condado y los fondos empleados de acuerdo con el art. 213 se tendrán en cuenta.
3. En la distribución de los fondos públicos se garantizará prioridad a la satisfacción de las necesidades de la educación obligatoria, cuando se refiera a la universalidad, garantía del nivel de calidad y equidad en los términos del plan educativo nacional.
4. Los programas complementarios de asistencia alimentaria y sanitaria previstos en el art. 208, VII, se financiarán con fondos procedentes de contribuciones sociales y otros fondos presupuestarios.
5. La educación pública básica tendrá como fuente adicional de financiación la valoración de los salarios educativos recaudada de las empresas, como provisto por ley.
6. Las participaciones estatales y municipales de la recaudación de la retribución educativa se distribuirán proporcionalmente al número de alumnos matriculados en la educación básica en sus respectivos sistemas de educación pública.

Art 213

1. Los fondos a que se refiere este artículo podrán ser utilizados para las becas de las escuelas primarias y secundarias, según lo dispuesto por la ley, para aquellos que demuestren que no cuentan con fondos suficientes, siempre que no existan lugares o cursos regulares en el sistema escolar público. Lugar donde reside el estudiante, lo que coloca al Gobierno en una obligación de invertir, en forma prioritaria, en la expansión del sistema de escuelas públicas en esa localidad.
2. Las actividades de investigación, extensión, estímulo y promoción de la innovación realizadas por universidades y/o instituciones de educación profesional o tecnológica pueden recibir apoyo financiero del Gobierno.

Art 214

Art 215

1. El Gobierno Nacional protegerá las expresiones de las culturas populares, indígenas y afro-brasileñas y las de otros grupos participantes en el proceso de la civilización nacional.
2. La ley establecerá fechas conmemorativas muy significativas para diversos segmentos étnicos nacionales.
3. La ley establecerá un Plan Nacional de Cultura, de duración plurianual, que busque el desarrollo cultural del país y la integración de acciones públicas que conduzcan a:
   1. defensa y valorización del patrimonio cultural brasileño;
   2. producción, promoción y difusión de bienes culturales;
   3. formación de personal calificado para las múltiples dimensiones de la gestión cultural;
   4. democratización del acceso a los bienes culturales;
   5. valorización de la diversidad étnica y regional.

Art 216

1. El Gobierno, con la colaboración de la comunidad, promoverá y protegerá el patrimonio cultural brasileño mediante inventarios, registros, vigilancia, decretos de protección de monumentos, expropiación y otras formas de precaución y preservación.
2. Es responsabilidad de la administración pública, según lo dispuesto por la ley, mantener documentos gubernamentales y tomar medidas para ponerlos a disposición de las personas que lo necesiten.
3. La ley establecerá incentivos para la producción y el conocimiento de los bienes y valores culturales.
4. Los daños y amenazas al patrimonio cultural serán sancionados, como provisto por ley.
5. Todos los documentos y sitios que llevan recuerdos históricos de los antiguos escondites de esclavos fugitivos se declaran monumentos históricos.
6. Los Estados y el Distrito Federal pueden obligar hasta cinco décimas del uno por ciento de sus ingresos tributarios netos del fondo estatal para el desarrollo cultural para financiar programas y proyectos culturales, pero estos recursos no podrán utilizarse para el pago de:
   1. gastos de personal y de nómina;
   2. servicio de la deuda;
   3. cualquier otro gasto corriente que no esté vinculado directamente a las inversiones o existencias respaldadas.

Art 216-A

1. El Sistema Nacional de Cultura se basa en una política nacional de cultura y en sus directivas, establecidas en el Plan Nacional de Cultura, y se regirá por los siguientes principios:
   1. diversidad de expresiones culturales;
   2. universalidad del acceso a los bienes y servicios culturales;
   3. fomento de la producción, difusión y circulación de conocimientos y bienes culturales;
   4. cooperación entre las entidades federadas y el público, y actores privados que operan en el área cultural;
   5. integración e interacción en la ejecución de políticas, programas, proyectos y acciones desarrollados;
   6. complementar los roles de los actores culturales;
   7. transversalidad en las políticas culturales;
   8. autonomía de las entidades federadas y de las instituciones de la sociedad civil;
   9. transparencia e intercambio de información;
   10. democratización del proceso de toma de decisiones con participación y control;
   11. articuló y acordó la descentralización en administración, recursos y acciones;
   12. aumento progresivo de los recursos contenidos en los presupuestos públicos para la cultura.
2. La estructura del Sistema Nacional de Cultura, en las respectivas esferas de la Federación, consiste en:
   1. órganos administrativos de la cultura;
   2. consejos de política cultural;
   3. conferencias culturales;
   4. comités inter-administrativos;
   5. planes culturales;
   6. sistemas financieros culturales;
   7. sistemas de información cultural y indicadores de cultura;
   8. programas formativos en el área cultural;
   9. sistemas sectoriales culturales.
3. La ley federal establecerá los reglamentos del Sistema Nacional de Cultura, así como su articulación con respecto a los demás sistemas nacionales o políticas sectoriales del gobierno.
4. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios organizarán sus respectivos sistemas de cultura en sus propias leyes.

Art 217

1. El Poder Judicial sólo conocerá las acciones legales relacionadas con la regulación deportiva y los concursos después del agotamiento de los recursos en los tribunales deportivos, según lo regulado por la ley.
2. Los tribunales deportivos dictarán las decisiones finales dentro de un plazo máximo de sesenta días a partir de la fecha de presentación de la demanda.
3. El Gobierno fomentará el ocio como medio de promoción social.